Nilvia Josefina Flota Ocampo y otros

Expediente 1186/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 24 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1186/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
29/12/2021

Partes del expediente

  • Nilvia Josefina Flota Ocampo y otros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO Vista la certificación de cuenta y en atención a que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa, a quien pudiera causarle perjuicio, haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO DEL ASUNTO COMO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y en razón a que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." DESTINO DEL JUICIO DE AMPARO Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del mencionado Acuerdo General, pues se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se decretó el sobreseimiento, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General antes citado; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el artículo 21 del referido Acuerdo. Asimismo, atento lo ordenado en el artículo 35 del Capítulo Décimo Tercero del referido Acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. CUADERNOS INCIDENTALES En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Acuerdo General referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mencionado Acuerdo General, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, en razón que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General en cita, se determina que es susceptible de depuración, en razón de que se concedió la medida cautelar solicitada, debiéndose conservar la determinación o determinaciones correspondientes. Atento lo ordenado en el primer y segundo párrafo del artículo 35 del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa, de conformidad en el artículo 21 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y por lista a la quejosa.

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo a que este expediente corresponde. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por medio de lista a la parte quejosa en cumplimiento a lo ordenado mediante proveído dictado el tres de enero de dos mil veinte.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atento a la certificación de cuenta, en la cual se hace constar que en este acto se tiene a la vista el amparo en revisión 3051/2019 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, deducido del juicio de amparo 1293/2019 del índice de este juzgado de Distrito, en el cual se advierte que el tribunal revisor emitió criterio en el sentido de que el plazo que se debe de otorgar a la parte quejosa para que regularice su pretensión una vez que ha sido admitida la demanda, es el de quince días previsto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, no así el de cinco días previsto en el numeral 114, en relación con el 108, ambos del citado ordenamiento; criterio que fue adoptado en sesión de tres de junio de dos mil veintiuno y comunicado a este órgano jurisdiccional vía interconexión el treinta de junio siguiente. Asimismo, se advierte que por auto de once de septiembre de dos mil diecinueve, se dio el plazo de cinco días previsto en el artículo 114, en relación con el 108, ambos de la Ley de Amparo, mismo que resulta menor al que, con posterioridad, el propio tribunal revisor consideró aplicable en diversa ejecutoria que constituye un precedente vertical de carácter obligatorio para este juzgado de Distrito en el expediente en el que fue dictado, y un precedente si no obligatorio de carácter persuasivo en los demás asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. De manera que, la decisión adoptada en el amparo en revisión 3051/2019 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, misma que se ha reiterado sistemáticamente en otros precedentes posteriores, puede orientar el criterio de este juzgado, ello a fin de evitar futuras reposiciones del procedimiento de amparo; siendo que, en términos del Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sólo corresponde al Primer y al Cuarto Tribunal Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar, con residencia en la Ciudad de México, resolver la temática que se desprende de dicho acuerdo. Así, al ser solamente dos tribunales los que revisan las decisiones de este órgano jurisdiccional en vía de alzada, se estima adecuado seguir las directrices establecidas a fin de contribuir a la generación de certeza y seguridad jurídica en beneficio del justiciable; máxime que, en el caso, la ampliación del plazo, en sí misma, no se estima atentatoria contra las reglas del procedimiento sino que, por el contrario, posibilita la creación de un estado de cosas que favorece la debida defensa de la parte gobernada sin alterar la equidad en la contienda constitucional en desequilibrio de las demás partes, puesto que, como es de explorado derecho, la extensión de los plazos judiciales en el juicio de amparo en favor del justiciable no es un aspecto que incida indebidamente en la integración de los expedientes, pero sí que lo es su restricción o acortamiento. Es aplicable, por el criterio que la informa, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificada con el número P./J. 22/2018 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 273, que establece: INFORME JUSTIFICADO. EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO RINDA NO PUEDE REDUCIRSE. También, es aplicable, por similitud de razón, la tesis I.9o.P.19 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, página 3022, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dispone: PLAZO DE OCHO DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SI AÚN NO TRANSCURRE EN SU INTEGRIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE SOBRESEER EN EL JUICIO, NI SIQUIERA CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE CELERIDAD Y DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. Atento a la narración de hechos que antecede y con fundamento en los criterios invocados, así como en términos de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, que obliga a este órgano jurisdiccional a impartir justifica sin formalismos excesivos e injustificados, se regulariza el procedimiento en el presente juicio de amparo para el solo efecto de otorgar a la parte quejosa un nuevo plazo de quince días, en observancia y seguimiento de lo dispuesto por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el amparo en revisión 3051/2019, deducido del diverso juicio de amparo 1293/2019 del índice de este juzgado de Distrito, en el cual se advierte que el tribunal revisor emitió criterio en el sentido de que el plazo que se debe de otorgar a la parte quejosa para que aclare su pretensión una vez que ha sido admitida la demanda, es el de quince días previsto en el artículo 111 de la Ley de Amparo. Lo anterior, con fundamento en el numeral 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Así las cosas, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 111, fracción II, y segundo párrafo y 110 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste si es su voluntad ampliar su demanda de amparo y, de ser así, realice lo siguiente: a) Manifieste qué actos en particular atribuye a las autoridades legislativas, esto es, si a las Cámaras de Senadores y de Diputados, ambas del Congreso de la Unión, les reclama la discusión y aprobación de las normas que controvierte en la demanda de amparo, en el ámbito de su respectiva competencia. b) Indique si es su deseo señalar como acto reclamado destacado la promulgación (implícita) del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y atribuirlo al Presidente de la República, puesto que tal circunstancia, incide en la integración de este juicio de amparo. El requerimiento anterior se efectúa de dicha manera, ya que se advierte que la parte quejosa en la demanda de amparo no le atribuyó al Presidente de la República dicho acto, autoridad que de conformidad con el artículo 72, apartado B, de la Constitución Federal, promulgó (implícitamente) el Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionó al Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Lo anterior es así, ya que si bien de la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos no se desprende que tanto su aprobación como su promulgación fuera realizada, de manera expresa, por el Presidente de la República, tal circunstancia es insuficiente para estimar que dicha autoridad no participó en el proceso legislativo del que el citado ordenamiento emanó. Para explicar la decisión que se asume, es útil tener presente que el artículo 72, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indican: "Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. De la transcripción que antecede se desprende que, durante el proceso de creación de leyes, una vez aprobado un proyecto en la cámara de origen, pasará para su discusión a la revisora, la que, de aprobarlo, lo remitirá al Ejecutivo Federal, quien, si no tuviera observaciones qué hacer, lo publicará inmediatamente. En estrecha vinculación con lo anterior, el apartado B del citado precepto constitucional dispone que se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley no devuelto con observaciones a la cámara de origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción, al término del cual, aquella autoridad dispondrá de un diverso plazo de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. En el propio apartado B del artículo 72 constitucional reproducido se señala que, transcurrido el segundo plazo, es decir, el previsto para la promulgación y publicación de la ley o decreto, de que se trate se considerará promulgado, y el presidente de la cámara de origen ordenará, dentro de los diez días naturales siguientes, su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Expuestos tales aspectos, es menester hacer mención del caso concreto, en que, del proceso legislativo respectivo, se obtiene que por oficio con folio DGPL-1P3A.-2074, de ocho de noviembre de dos mil once, el Vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión remitió a su colegisladora, para los efectos constitucionales, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. Seguido el procedimiento correspondiente en la Cámara de Diputados, en su calidad de revisora, se aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto en cita, tal como se observa del diario de los debates de ese órgano, de trece de septiembre de dos mil dieciocho. Como consecuencia del acuerdo alcanzado en ese último cuerpo colegiado se ordenó remitir el proyecto al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales, el que, dentro del plazo de treinta días naturales siguientes, no realizó alguna observación y tampoco lo promulgó ni ordenó su publicación al cabo de los diez días naturales posteriores al término del primer plazo indicado. De ahí que, acorde con lo previsto en el artículo 72, apartado B, de la Constitución, se debe entender que el Presidente de la República aprobó en sus términos, si bien mediante una ficción, el proyecto que le fue remitido, el que, a su vez, por disposición del propio precepto en cita, se consideró promulgado, prueba de lo cual es la determinación adoptada por el Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de ordenar la publicación de la ley cuestionada en el Diario Oficial de la Federación, una vez finalizados los plazos de los que el Ejecutivo Federal disponía para ejercer las facultades que la Constitución le otorga dentro del proceso de creación de leyes. En concordancia con ese razonamiento, se concluye que el Presidente de la República sí tuvo una participación tácita en el proceso legislativo del cual emana el ordenamiento reclamado, en concreto en su promulgación; de ahí que resulte necesario, prevenir a la parte quejosa para que informe si a su interés legal conviene atribuirle el citado acto a dicha autoridad, tal y como se expuso en párrafos que anteceden. Cuestión que debe ser precisada por la parte promovente en su demanda y no dejarla a la interpretación de este órgano jurisdiccional, con la finalidad de crear certidumbre en este Juzgado Federal sobre la totalidad de los actos que se tildan de inconstitucionales y las autoridades responsables, como consecuencia de ello, se eviten violaciones procesales en el asunto que nos ocupa, habida cuenta que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se atribuyen el acto reclamado, estarán en aptitud de rendir con mayor certeza los informes que les sean solicitados y este órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para proveer lo que en derecho corresponda. Resulta necesario hacer del conocimiento de la parte quejosa, que la omisión de atribuir al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la promulgación del Decreto que reclama, daría lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXlll, en relación con los artículos 5, fracción ll y 108, fracciones lll y IV de la Ley de Amparo, los últimos aplicados en sentido contrario, por no encontrarse debidamente integrada la litis. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la tesis visible en la página 54, del tomo III segunda parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra establece: ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Son aplicables también los criterios contenidos en las tesis con números de registro 206049 y 2020126, de rubros: LEYES, AMPARO CONTRA. SU ESTUDIO NO PUEDE HACERSE SI NO SE EMPLAZA AL JUICIO DE GARANTIAS A LA AUTORIDAD QUE LAS EXPIDE. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. CUANDO EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL ÓRGANO DE ESTADO QUE PROMULGÓ EL DECRETO LEGISLATIVO RECLAMADO, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 108, FRACCIÓN III, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. De igual forma cobra aplicación, la Jurisprudencia 2./J. 11/2020 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el 28 de febrero de 2020, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL. EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE IMPUGNE, DEBE SEÑALARSE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar el requerimiento formulado dentro del plazo señalado, esto es, no señalar como actos reclamados y autoridades responsables a los antes mencionados, acompañando en su caso copias del escrito de ampliación necesarias para correr traslado, al momento de resolver el presente asunto se decretará el sobreseimiento en el juicio de amparo por actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXlll, en relación con los artículos 5, fracción ll y 108, fracciones lll y IV de la Ley de Amparo, los últimos aplicados en sentido contrario, por no encontrarse debidamente integrada la problemática a resolver en el juicio. De igual forma, es necesario aclarar que en caso de que la parte quejosa desahogue la prevención en los primeros días del plazo concedido, pero sin cumplir con la totalidad de los requerimientos impuestos, este juzgador procederá a emitir un acuerdo en el que señale las omisiones que subsisten l que deberá notificarse personalmente, a efecto de dar oportunidad a la quejosa de subsanar dichas omisiones antes del vencimiento del plazo concedido originalmente. Esto es, el término de quince días se suspenderá con la presentación del escrito con el que se pretenda desahogar el requerimiento y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído en el que se señalen las omisiones que subsisten. Al respecto, resulta oportuno precisar que el requerimiento formulado se realiza en los términos expuestos debido a que si bien en el acuerdo de once de septiembre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional otorgó a la parte quejosa un término de cinco días para desahogarlo, también lo es que como se indicó, resulta un hecho notorio para este juzgador que posteriormente a esa fecha el citado Tribunal de Alzada remitió a este juzgado de distrito diversos testimonios emitidos en amparos en revisión de su conocimiento en los cuales realiza la precisión de que en aquellos asuntos que se ubiquen en el supuesto en estudio, el término que se debe otorgar a la quejosa es de quince días por los motivos precisados; por lo que, atento a lo anterior, y con el propósito de realizar una debida integración del juicio de amparo en que se actúa, se determinó regularizar el procedimiento y atender al criterio definido por la Superioridad. Por tanto, para dar tiempo a lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las DIEZ HORAS CON VEINTISÉIS MIINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por lista a la parte quejosa en cumplimiento a lo ordenado en auto de dieciocho de julio de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el testimonio y el oficio procedentes del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 2416/2019 y un legajo se copias certificadas del presente juicio de amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que el citado Tribunal Colegiado, en sesión de seis de julio de dos mil veintiuno, resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se desecha el recurso de queja interpuesto por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la última consideración de la presente resolución." Háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que en proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se ordenó suspender el procedimiento en el presente asunto, hasta en tanto el Tribunal de Alzada correspondiente resolviera lo conducente al recurso de queja de que se trata, y toda vez que tal circunstancia acontece; se ordena reanudar el procedimiento en el presente sumario constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora bien, debido a que el legajo de constancias que remite el tribunal son copia certificada de las constancias que obran en original en este expediente las cuales fueron remitidas para la substanciación del aludido recurso de queja, procédase a su destrucción. Notifíquese, por lista a la parte quejosa en cumplimiento al auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve y a las demás partes en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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