Nilson Mauricio Arevalo Vanegas
Expediente 654/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 654/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/06/2017
Partes del expediente
- Nilson Mauricio Arevalo Vanegas
Actuaciones
- Principal
Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso *****, hubiese recurrido el acuerdo dictado el treinta de mayo de dos mil diecisiete; en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA, por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos....vi
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta, signado por el quejoso *****, mediante el cual, da cumplimiento a las prevenciones realizadas en autos de dieciséis y veinticuatro del mes y año que transcurren, es consecuencia se provee; DESECHAMIENTO Ahora, como se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En la especie, a juicio de este órgano federal se actualiza la causa de improcedencia a que alude la fracción XX, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución General de la República, que disponen lo siguiente: El artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal de la República, establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando solo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." Por su parte, el artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". De lo transcrito se desprende que en materia administrativa, de manera previa a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar los medios de defensa procedentes contra el acto de autoridad que se estime lesivo, siempre que conforme a las leyes que los prevén, de oficio o mediante la promoción del juicio o interposición del recurso o medio de defensa legal correspondiente, se suspendan los efectos de los actos impugnados, con los mismos alcances previstos en la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional; independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de defensa, sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de los derechos públicos subjetivos de los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de defensa legalmente reconocidos. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio en comento responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se reclama posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. Ahora, el principio en comento no es absoluto; por el contrario, admite excepciones, algunas de ellas legalmente previstas y otras derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales legalmente facultados para hacerla. En ese sentido, conviene tomar en consideración la tesis 2a. LVI/2000, que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." ACTO RECLAMADO Establecido el marco referencial, en la especie, la parte quejosa reclama: La negativa por parte de la Directora Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, de ingresar al Registro Estatal de Victimas del Gobierno del Estado de Querétaro al hoy quejoso, por medio del oficio número SSC/DEAV/140/2017. Para dar mayor claridad, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó lo siguiente: 1.- Que solicitó la incorporación al padrón nacional de víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, toda vez que hubo una violación a sus derechos fundamentales reconocidos dentro de los autos del toca 1309/2010, derivado del expediente principal 194/2009, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal de Querétaro y solicitó su incorporación a efecto de tener acceso a todos los servicios que incluye ese reconocimiento, entre éstos, la reparación integral del daño al haber sido violentados tales derechos. 2.- Que esa dependencia lo remitió por medio del oficio CEAV/P/975/2016 al Gobernador del Estado, en el cual le solicitó conocer del asunto enviando el soporte documental necesario y en su caso determine el reconocimiento de mi calidad de calidad. 3.- Así, que el Gobernador remitió el expediente al coordinador para la protección de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado, quien a su vez, la envió a la Dirección Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, quien conoció del asunto y de forma posterior le negó la inscripción en el padrón estatal, a través de la emisión del oficio SSC/DEAV/140/2017, de diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Siendo tal determinación lo que constituye el acto aquí reclamado. A fin de entender el alcance del sentido de la presente determinación, resulta conveniente abordar el siguiente marco jurídico. El artículo 34 apartado A, de la Constitución Política del Estado de Querétaro establece: "ARTICULO 34. El funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, se sujetará a lo siguiente: Apartado A. (REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2016) El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro estará dotado de plena autonomía, será independiente de cualquier autoridad administrativa y tendrá su residencia en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro. La Ley establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, los recursos contra sus resoluciones. (REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2016) Asimismo, tendrá a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal y municipal con los particulares y será el órgano competente para imponer, en los términos que disponga la Ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales. (ADICIONADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2016) El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, se compondrá de tres Magistrados propietarios, los cuales serán propuestos por el Titular del Ejecutivo del Estado y electos por cuando menos las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado. (ADICIONADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2016) Para ser Magistrado se deberá contar con experiencia en materia de derecho administrativo de al menos cinco años previos a la designación, satisfacer los requisitos que se señalan en el artículo 28 de la presente Constitución y su designación será para un periodo de doce años. No se podrá ocupar el cargo como propietario en forma consecutiva, ni discontinua, por más de dicho periodo; a su vencimiento, o antes si el Magistrado llega a la edad de setenta años, cesará en sus funciones, tendrá derecho a un haber por retiro y podrá ser considerado Magistrado supernumerario o para otros cargos. (ADICIONADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2016) Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que establezca la Ley y con la misma votación requerida para su designación. Por su parte, los artículos 2, 3 y 4 del título primero, relativo a la Naturaleza y Competencia del Tribunal, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, establecen: "ARTÍCULO 2.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, es un órgano jurisdiccional independiente de cualquier autoridad administrativa, con autonomía para dictar sus fallos, dotado de plena jurisdicción y con el imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones, en todo el territorio del Estado de Querétaro. El Tribunal forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro a que se refieren los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 ter, de la Constitución Política del Estado de Querétaro y estará sujeto a las disposiciones aplicables en dicha materia. El presupuesto aprobado por la Legislatura del Estado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, se ejercerá con autonomía y conforme a lo dispuesto por la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y las demás disposiciones legales aplicables. ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: I. Juez Administrativo: el Juez Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; II. Juzgado Administrativo: el Juzgado Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; III. Magistrado: el Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; IV. Reglamento Interior: el Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; V. Sala Especializada: la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; VI. Sala Superior: la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; VII. Pleno: el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; y VIII. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro ARTÍCULO 4.- El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando se controviertan con motivo de su primer acto de aplicación; II. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y municipales, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; III. Las que nieguen la devolución de aprovechamientos o de algún tipo de contribución contemplada por el Código Fiscal del Estado de Querétaro, indebidamente percibidos por el Estado o el municipio o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales y municipales; V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VI. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal; VII. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado o los municipios, declaren improcedente su reclamación o cuando, habiéndola otorgado, no satisfaga al reclamante. También las que, por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado o al municipio que corresponda el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; VIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro; IX. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; X. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal del Estado de Querétaro, la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro o las disposiciones aplicables, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos; XII. Las sanciones que imponga la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro; y XIII. Las demás que esta y otras leyes establezcan como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias de su competencia. Por su parte, el artículo 41 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso-Administrativo del Estado de Querétaro, dice: "Serán partes en el juicio: I. El actor; y II. El demandado, que podrá ser: a) La autoridad tanto ordenadora como ejecutora de los actos impugnados y, en su caso, las que las sustituyan, así como los organismos públicos descentralizados de la administración pública estatal o municipal o fideicomisos. [...]" De los numerales en comento, se advierte que contra los actos administrativos de los organismos de la administración pública, procede un medio de defensa ordinario por virtud del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados. En efecto, las autoridades responsables, son de aquellos entes a los que hace referencia el citado artículo 41 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso-Administrativo del Estado de Querétaro y, por tanto, dicho Tribunal es competente para conocer y resolver en relación con los actos que por esta vía se combaten, en razón de que se trata de actos administrativos emitidos por una autoridad Estatal en agravio de un particular. En tal virtud, en el presente caso, las autoridades responsables, son de aquellos entes a los que hace referencia el citado artículo 41 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso-Administrativo del Estado de Querétaro y, por tanto, el Tribunal de lo Contencioso es competente para conocer y resolver en relación con los actos que por esta vía se combaten, en razón de que se trata de actos administrativos emitidos por una autoridad Municipal en agravio de un particular. Ello es así pues, la existencia de la instancia de justicia administrativa, tiene como fundamento teleológico el de proporcionar un sistema integral de medios de defensa contra los actos de autoridades administrativas y, por tanto, constituye un medio de defensa ordinario que debe agotarse previo al amparo. De lo anterior de colige, que se ubica en el supuesto marcado en el número 4° fracción VIII, toda vez que estamos en presencia de una resolución definitiva dictada por una autoridad a la que le es aplicable la ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Querétaro, conforme a su artículo 1°, mismo que guarda relación con los diversos ordinales 3º, 11, 12 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Querétaro, que disponen: "ARTÍCULO 1. Esta Ley es de orden público; tiene por objeto regular los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública estatal y municipal, así como de sus órganos descentralizados, fideicomisos y organismos constitucionales autónomos. Este ordenamiento no será aplicable a las materias de juicio político, fiscal, agraria, laboral, electoral, actos de la Universidad Autónoma de Querétaro, ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales." "ARTÍCULO 3. La presente Ley se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas, cuando éstas no señalen procedimientos particulares. En lo conducente, se aplicarán supletoriamente a esta Ley, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro y la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro." "ARTÍCULO 11. La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficiencia, oficiosidad, legalidad, publicidad, igualdad, conveniencia y buena fe, debiendo la autoridad simplificar sus trámites en beneficio del gobernado." "ARTÍCULO 12. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte interesada o de sus representantes legítimos." "Artículo 109. Los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas del Estado y municipios, así como de sus órganos descentralizados y fideicomisos, que pongan fin a un procedimiento o instancia, podrán interponer el recurso de revisión, siendo optativo agotarlo o acudir a la vía jurisdiccional contencioso administrativa" De los artículos anteriormente trascritos, se desprende que existe primordialmente como procedimiento ordinario oponible al acto que en la especie se reclama, el juicio contencioso administrativo que regula la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. De igual modo, el artículo 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Querétaro, señala que es optativo para el afectado interponer el recurso de revisión o acudir a la vía jurisdiccional contenciosa-administrativa, el cual establece: "ARTÍCULO 109. Será optativo para el particular agotar el recurso de revisión previsto en la ley procesal de la materia o iniciar juicio contencioso administrativo ante los juzgados de lo contencioso administrativo. En todo caso, podrán desistirse del recurso interpuesto y acudir ante los juzgados. El ejercicio de la acción ante los juzgados de lo contencioso administrativo extingue el derecho de ocurrir a otro medio de defensa ordinario" Se asocia a lo anterior, que el artículo 20 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Querétaro, prevé: "ARTÍCULO 20. El juicio ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo es improcedente: I. Contra actos emanados de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como de autoridades en materia electoral y laboral; II. Contra actos del propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo; III. Contra actos o resoluciones que hayan sido materia de otro juicio contencioso administrativo; en el que exista identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones reclamadas sean las mismas, siempre que exista sentencia ejecutoria que haya decidido el fondo del asunto; IV. Contra actos que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante la autoridad que lo emitió o ante el propio Tribunal, cuando exista identidad de partes y por el mismo acto administrativo, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; V. Contra actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos del actor; VI. Contra actos o resoluciones que hayan sido tácita o expresamente consentidas; VII. Contra actos consumados de modo irreparable; VIII. Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto alguno, legal o material, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal aplicable." De los preceptos transcritos, se desprende que la intención del legislador local fue la de establecer medios ordinarios de defensa para que el gobernado pudiera a través de los mismos, nulificar actos o resoluciones dictadas en las materias administrativa o fiscal, del ámbito estatal, para ello, en forma optativa previó la procedencia del recurso revisión, o bien, directamente el juicio de nulidad ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Querétaro. Por tanto, si el interesado optare por interponer el recurso de revisión, una vez resuelto, si aún el fallo fuere desfavorable, debe controvertirlo a través del juicio contencioso administrativo, antes de ocurrir al juicio de amparo, precisamente porque la determinación alegada encuadra en los actos administrativos a que se refiere el numeral 20 de la Ley de Justicia Administrativa, aplicado contrario sensu, el cual mediante esta vía podía ser nulificado. En ese sentido, pese a que el ordinal 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Querétaro, otorga al gobernado la potestad de elegir la interposición o no del recurso de revisión, no dejó a su arbitrio la promoción del juicio de nulidad, por tanto, sí tiene la obligación de agotar este último medio de defensa si tiene la intención de que se declare la nulidad del acto que dice le afecta. Respecto de la procedencia de la suspensión del acto reclamado, la Ley de Amparo estatuye que no será necesario agotar ningún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la ley que la establezca exija mayores requisitos para otorgar la referida medida cautelar, que los que la Ley de Amparo, requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados, situación que también se encuentra regulada en la fracción XX, del artículo 61 de la citada Ley de Amparo, como las de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen los requisitos que deben satisfacerse a fin de que el particular esté en aptitud de obtener la suspensión del acto impugnado. De ese modo, los artículos 1°, 19, 20 y 44 al 48 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, disponen lo siguiente: "Artículo 1º. La presente Ley es de orden e interés público. Tiene por objeto regular la impartición de la justicia administrativa en el Estado de Querétaro." "Artículo 2º. La justicia administrativa será impartida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro." "Artículo 4º. Para efectos del presente ordenamiento, toda mención a leyes, autoridades, actos, disposiciones y procedimientos de carácter administrativo, se considerarán comprendidos los de naturaleza fiscal." "Artículo 19. Será optativo para el particular agotar el recurso de revisión previsto en la ley procesal de la materia o iniciar juicio contencioso administrativo ante los juzgados de lo contencioso administrativo. En todo caso, podrán desistirse del recurso interpuesto y acudir ante los juzgados. El ejercicio de la acción ante los juzgados de lo contencioso administrativo extingue el derecho de ocurrir a otro medio de defensa ordinario." "Artículo 20. El juicio ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo es improcedente: I. Contra actos emanados de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como de autoridades en materia electoral y laboral; II. Contra actos del propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo; III. Contra actos o resoluciones que hayan sido materia de otro juicio contencioso administrativo; en el que exista identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones reclamadas sean las mismas, siempre que exista sentencia ejecutoria que haya decidido el fondo del asunto; IV. Contra actos que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante la autoridad que lo emitió o ante el propio Tribunal, cuando exista identidad de partes y por el mismo acto administrativo, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; V. Contra actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos del actor; VI. Contra actos o resoluciones que hayan sido tácita o expresamente consentidas; VII. Contra actos consumados de modo irreparable; VIII. Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto alguno, legal o material, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal aplicable." "Artículo 44. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio, cuando el juzgador presuma la existencia del buen derecho del administrado y se trate de: I. Multa excesiva; II. Confiscación de bienes; III. Privación de libertad por autoridad administrativa; IV. Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a particulares de escasos recursos económicos impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia; y V. Cuando el acto impugnado, de llegar a consumarse, hiciera materialmente imposible la restitución al actor en el pleno goce de sus derechos. En tanto no se pronuncie la resolución que corresponda, el juzgador podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros. La suspensión en estos casos se decretará de plano en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo; ante el juzgador que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato e inexcusable cumplimiento." "Artículo 45. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión si se provoca un perjuicio evidente al interés social o si se contravienen disposiciones de orden público. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, tratándose de los casos previstos en el párrafo segundo y en las fracciones III y IV del artículo que antecede. La suspensión podrá ser revocada o modificada por el juzgador, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días si varían las condiciones por las cuales fue otorgada." "Artículo 46. Cuando sea necesario garantizar el interés fiscal o económico, la suspensión del acto reclamado se concederá previo aseguramiento del mismo, mediante cualquiera de las formas siguientes: I. Depósito en efectivo; II. Prenda o hipoteca; III. Embargo de bienes; y IV. Fianza de compañía autorizada o de persona que acredite solvencia suficiente con bienes inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Los fiadores deberán renunciar expresamente a los beneficios de orden y excusión y someterse, de igual manera, al procedimiento administrativo de ejecución a que hubiere lugar. Si la garantía se hubiese constituido previamente ante la autoridad demandada deberá acreditarlo el particular para los efectos legales del caso. Si la garantía no se otorga dentro de los ocho días siguientes al en que fuere notificado el acuerdo que la hubiera concedido dejará de surtir efectos." "Artículo 47. En los casos en que la suspensión sea procedente, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá sólo si el actor concede garantía bastante para reparar los posibles daños y perjuicios que con su concesión se causaran si no obtuviera sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el juzgador fijará discrecionalmente el importe de dicha garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban antes de la violación, así como para garantizar el pago de los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el monto de la otorgada por el actor." "Artículo 48. La resolución que conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos inmediatamente, aunque se interponga el recurso de revisión." Por su parte, los artículos 125, 126, 127, 128, 129, 130 y 132 de la Ley de Amparo, establecen literalmente lo siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Artículo 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos: I. Extradición; y II. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocionalo psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Del análisis comparativo de los artículos 44 al 47, de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro y de los numerales de la Ley de Amparo, se deduce que el ordenamiento local de mérito, no exige más requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues ambos deben ser solicitados por el agraviado, y en el caso del procedimiento contencioso administrativo, en cualquier momento, mientras éste se encuentre en trámite, así como en el juicio de amparo existe la misma posibilidad antes de que se dicte sentencia ejecutoria en lo principal (artículo 45 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro frente al 128, fracción I y 130, ambos de la Ley de Amparo); la suspensión del acto no debe seguirse en perjuicio del interés social ni contravenir las disposiciones de orden público (artículo 46 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, frente al 128, fracción II, de la Ley de Amparo); La Ley de Enjuiciamiento prevé además, la posibilidad de conceder la suspensión con efectos restitutorios, en los casos que consigna expresamente el artículo 45, entre los que destaca, cuando el juzgador presuma la existencia del buen derecho del administrado. Asimismo, ambos ordenamientos prevén el otorgamiento por parte de la quejosa de una garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la medida suspensional se causaron, en caso de no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo (artículos 46, 47 y 48 de la Ley de Enjuiciamiento Contencioso de mérito frente al artículo 132 de la Ley de Amparo); destacando que la Ley Local contenciosa prevé un término mayor de ocho días para la exhibición de la garantía de mérito bajo apercibimiento de que la medida suspensional dejara de surtir efectos (artículo 47). En tanto que el diverso cuerpo legal en consulta, prevé un plazo de cinco días para tal efecto (artículos 136). De lo que resulta, que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, aunque con diferencias mínimas derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio. En esa tesitura, resulta inconcuso que respecto de los actos reclamados señalados, el juicio de amparo es improcedente, a virtud de ser el juicio contencioso administrativo ante los órganos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, la instancia inmediata en la cual tales actos pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas, de acuerdo a las leyes que la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. En suma, se reitera, al haber incumplido la parte quejosa con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues se insiste, debió promover previamente el juicio de nulidad ante los Juzgados de Justicia Administrativa, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, se torna improcedente la demanda de amparo que ahora se analiza. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC XXII J/2 A del PLENO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, visible en la foja 1477 del Libro 40, Marzo de 2017, Tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN RELACIÓN CON LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUE REGULAN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NO PREVÉN UN PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGAR DICHA MEDIDA CAUTELAR, POR LO QUE DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. De la interpretación conforme del marco normativo con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sigue que la excepción al principio de definitividad contenido en éste, se actualiza cuando las leyes que rijan a los actos a que hace referencia establezcan un plazo mayor al previsto en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Ahora bien, la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo, en sus artículos 44, 45 y 48, en relación con los diversos 35, fracción X, y 44 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ambas del Estado de Querétaro, consideran la suspensión de los actos impugnados una cuestión de importancia en la que no debe existir dilación, por lo que disponen que las determinaciones sobre su otorgamiento deben tomarse de forma inmediata, es decir, de manera muy cercana a la presentación de la solicitud respectiva; de donde se obtiene que no prevé un plazo mayor al de 24 horas establecido en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, pues a partir de que el secretario da cuenta al Juez con la solicitud de suspensión de los actos impugnados, existe la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados; motivo por el cual, no se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio y, por tanto, la promoción del juicio contencioso administrativo resulta obligatoria previo a la del juicio de amparo, pues atiende el propósito del mandato constitucional de que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, lo cual permite el eficaz funcionamiento del sistema jurisdiccional especializado en materia administrativa del Estado de Querétaro, creado precisamente para resolver las controversias entre la administración pública estatal y municipal con los particulares, pues con ello se privilegia el acceso efectivo a la impartición de justicia administrativa local y, además, se reconoce al juicio de amparo como un medio de defensa de tipo extraordinario garante de los derechos humanos. De igual manera, sirve de sustento la tesis aprobada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Séptimo Circuito, que dice: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE PROMOVERSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando en la demanda de amparo formulada en contra de actos de autoridades administrativas locales sólo se invoquen como violados artículos de la Constitución General de la República y no preceptos de alguna ley secundaria, el afectado debió previamente promover ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado el juicio de nulidad correspondiente, a virtud de que las cuestiones de derecho que plantea se refieren a problemas de legalidad, y el tema de inconstitucionalidad es planteado indirectamente a través de la llamada garantía de legalidad, ya que aceptar lo contrario traería como consecuencia que con alegar únicamente violación a disposiciones de la propia Constitución se eludiría el agotamiento del recurso, juicio o medio de defensa ordinarios, según sea el caso, desacatándose así el requisito de definitividad que rige al juicio constitucional." (Página 463, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Noviembre). Máxime que, si las violaciones alegadas por el hoy quejoso, a pesar de lo expresado en su demanda de amparo, no son directas respecto de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino indirectas ya que las mezcla con cuestiones de legalidad al señalar que le niegan su inclusión al Registro Estatal de Víctimas y sus beneficios, esto, sin respetar la Ley General de Víctimas, lo cual no constituye un argumento de violación directa a la Constitución Federal, sino como se dice, de legalidad cuyo estudio compete al ahora Tribunal de Justicia Administrativa de Estado de Querétaro, aunado a que el acto reclamado no carece de fundamentación lo cual se corrobora con el acta circunstanciada y con el oficio SSC/DEAV/140/2017 de fecha diecinueve de abril del año en curso, que anexó a su demanda; por ende, es inconcuso que no se actualiza la excepción al principio de definitividad y, por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia que aquí se analiza Consecuente a lo expuesto, se estima actualizada la causa de improcedencia a que alude la fracción XX, del artículo 61 en relación con el diverso 63 fracción V, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN PERSONAL Finalmente con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, notifíquese de forma personal al promovente, con copia del presente proveído.....VI Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el con escrito de cuenta, signado por el quejoso ******, mediante el cual, pretende dar cumplimiento a la prevención realizada en auto de dieciséis de mayo del año que transcurre; sin embargo, fue omiso en manifestar los antecedentes del acto que reclama bajo protesta de decir verdad, tal como se le requirió en el aludido auto, de conformidad con la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo. En tales circunstancias; dígasele al promovente de mérito que subsiste la prevención formulada por este juzgado federal, en la inteligencia de que con la presentación del escrito de mérito, se interrumpió el término que le fue otorgado, y continuará una vez que se le notifique el presente proveído, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. En apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia 1ª. J 132/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, página 400, con número de registro 2000702 y texto siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo."....VI Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con el que remite el oficio signado por la Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, así como un disco compacto que contiene la sentencia pronunciada en el juicio de amparo 2357/2014 de su índice, derivado del juicio de amparo 151/2014, del índice de este Juzgado, y el original del juicio de amparo en que se actúa. Se ordena acusar recibo al Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Ahora bien, por cuanto hace la sentencia de que se trata, dictada en veinticinco de abril de dos mil diecisiete por el Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa, con motivo del auxilio prestado al Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, se advierte que en los puntos resolutivos de la sentencia de mérito se resolvió: "PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 383/2014 ahora 151/2014 promovido por Industria Envasadora de Querétaro, sociedad anónima de capital variable, por las autoridades y actos detallados en considerando segundo, puntos 1 (fracciones XXI, XXV a XXXVI del artículo 3 y 19, ambos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), 3, 4 y 5, por las razones expuestas en los apartados tercero, quinto y sexto del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege en el juicio de amparo indirecto 383/2014 ahora 151/2014 promovido por Industria Envasadora de Querétaro, sociedad anónima de capital variable, contra los actos y las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, puntos 1 (artículos 1, 2, fracción I, inciso G), 3, fracciones XVIII, XIX y XX y 8, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como el decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa", en especial, el numeral 3.3, del capítulo 3, denominado "del impuesto especial sobre producción y servicios", publicado el veintiséis de diciembre de dos mil trece) y 2, por las razones apuntadas en el último apartado de este fallo." Consecuentemente, agréguese únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes derivado de este juicio, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, toda vez que en el referido juicio de amparo obran las constancias de notificación a las partes (autoridades responsables y Agente del Ministerio Público Federal); más no así la de la parte quejosa; por tanto, se ordena notificar de manera personal la referida sentencia, así como el proveído que se dicta en esta fecha; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.....V ASIMISMO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN FECHA 25/04/2017 POR EL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGION CON RESIDENCIA EN CULIACAN ROSALES, SINALOA, EN LA QUE SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 383/2014 ahora 151/2014 promovido por *****, por las autoridades y actos detallados en considerando segundo, puntos 1 (fracciones XXI, XXV a XXXVI del artículo 3 y 19, ambos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), 3, 4 y 5, por las razones expuestas en los apartados tercero, quinto y sexto del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege en el juicio de amparo indirecto 383/2014 ahora 151/2014 promovido por ******, contra los actos y las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, puntos 1 (artículos 1, 2, fracción I, inciso G), 3, fracciones XVIII, XIX y XX y 8, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como el decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa", en especial, el numeral 3.3, del capítulo 3, denominado "del impuesto especial sobre producción y servicios", publicado el veintiséis de diciembre de dos mil trece) y 2, por las razones apuntadas en el último apartado de este fallo...V
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