Nikolas Pedro Alves Prado
Expediente 1544/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1544/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/11/2023
Partes del expediente
- Nikolas Pedro Alves Prado
- Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, Tijuana, Baja California
Actuaciones
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Agréguense a los autos sin mayor proveído el oficio que remite la Actuaria adscrita al Juzgado Noveno de lo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual pretende rendir informe previo en este asunto; lo anterior, en virtud que mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, se precisó que las autoridades Juez y Actuaria, ambas adscritas, al órgano jurisdiccional referido, no les reviste el carácter de autoridades responsables, lo que se les informó mediante comunicados 31295 y 31296, respectivamente.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que remite la autoridad responsable Jueza Primero de lo Penal de Primera Instancia con sede en esta ciudad, mediante el cual informa en lo que interesa que en la causa penal 778/2018, la defensora particular del procesado Héctor Adán Sarabia Chiquete, presentó constancias que justificaron su inasistencia a la diligencia programada para el pasado tres de noviembre del año en curso, y se adhirió a la manifestación del procesado en el sentido que no desean continuar con el incidente. Asimismo, realizó diversas manifestaciones en cuanto a la concesión de la suspensión definitiva dictada en este cuaderno; al efecto, hágase del conocimiento del promovente, que en la resolución de fecha veintinueve de septiembre del año en curso, se concedió la suspensión definitiva solicitada para los siguientes efectos: ? "Dentro del plazo de cuarenta y ocho horas previsto en el numeral 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales, convoque a las partes a una audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que la autoridad responsable, en concordancia con el principio de contradicción que impera sobre el proceso penal, y demás formalidades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá decretar la apertura a debate sobre la procedencia, proporcionalidad e imposición de la medida cautelar que se le solicite, desde luego prescindiendo de la prisión preventiva oficiosa aquí reclamada, sin perjuicio de analizar cualquiera de los tipos de medidas cautelares que contempla la normativa. En el entendido que la presente suspensión no surtirá el efecto precisado con antelación, ante el supuesto de que la autoridad responsable, al imponer la prisión preventiva reclamada, haya sometido tal medida a debate entre las partes, con las formalidades de ley, con oportunidad para la fiscalía y la persona imputada para expresar sus argumentos sobre el particular, en la audiencia en que se decretó la misma, y que además, al resolver dicha medida la autoridad judicial responsable hubiese justificado la prisión preventiva, realizando una evaluación sobre la necesidad de la medida restrictiva de libertad decretada. Lo anterior, en virtud de que las formalidades y razones de fondo que en su caso, sustentaron la imposición de la medida cautelar reclamada, no constituyen materia de la suspensión del acto reclamado, pues ello sería materia del estudio del fondo del asunto sometido al debate constitucional. Cobra sustento a lo anterior, lo resuelto por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con sede en la Ciudad de México, en sesión de trece de julio de dos mil veintitrés, dentro de la contradicción de criterios 40/2023, suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito al resolver el recurso de queja penal 119/2023 y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al emitir la resolución correspondiente al recurso de queja penal 101/2023. De igual manera, la autoridad responsable de considerar en la nueva determinación, que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada, deberá tomar los siguientes parámetros a los que se ajustará la misma: a) Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) Que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) Que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) Que resulte estrictamente proporcional; y, e) Que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11a.)1 , sustentada por los Plenos Regionales en Materia Penal de la Región Centro-Norte con sede en la Ciudad de México, que expresa en su rubro, lo siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA 1 Materia Común, Penal, Undécima Época, publicada el 22 de agosto de 2023, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro electrónico 2027280 RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO." Sin que represente obstáculo a lo anterior, como lo refiere la juez responsable, que el proceso de origen se tramite de acuerdo al sistema penal acusatorio, ya que el quejoso está en aptitud de así solicitarlo en términos del quinto transitorio del Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones, entre otras, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, como lo señala además, la jurisprudencia 1a./J. 74/20172 de rubro y texto siguientes: "PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016. El análisis de la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva que contempla el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede realizarse de conformidad con el contenido del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, que establece que tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas. La razón del artículo quinto transitorio refiere al entendimiento del artículo 1o. constitucional, según el cual no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza más favorable de la norma del nuevo sistema en relación a la prisión preventiva. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, 2 Emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2015309, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, página 453 modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Además de que, en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita." Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 128, 163 y 166 de la Ley de Amparo, por lo que hace a la medida cautelar reclamada, se concede también la suspensión definitiva únicamente para el efecto que la parte quejosa quede a disposición de este Juzgado, solo en lo que a su libertad personal se refiere, pero a disposición del Juez responsable, para la continuación del procedimiento de la causa penal 778/2018 de su estadística." En mérito de lo anterior, a efecto de no dejar en estado de indefensión al quejoso de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase nuevamente al Juez Primero de lo Penal en esta ciudad, para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba el oficio respectivo, informe lo relativo al cumplimiento a la suspensión definitiva decretada en resolución de veintinueve de septiembre del año en curso. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior precisamente en el término concedido, o no hacer manifestación alguna al respecto, se le impondrá multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo establecido por el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento.
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