Niguel Guerra Soler
Expediente 631/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 631/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/10/2022
Partes del expediente
- Niguel Guerra Soler
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Firmeza. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2, declarar que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Incidentes. No se ordenó su apertura. Documentos originales. No hay para devolver. Constancias o actuaciones. No hay para devolver. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al Capítulo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el informe justificado rendido por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad -en relación a los oficios 14684 y 14685-, sin que ordene dar vista con el mismo a las partes, por motivos que más adelante se expresaran. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida las documentales que anexa a su informe. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto en el informe de referencia. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la legislación aplicable, ténganse como delegados a las personas indicadas para ello en el informe justificado de mérito. Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. ***De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. ****En el caso, los quejosos ****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: ****De lo anterior, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que la parte quejosa esencialmente, se duele de estar alojado por más de treinta y seis horas, en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad, con motivo del procedimiento administrativo migratorio correspondiente, así como su incomunicación y deportación. Ahora, de la constancias enviadas por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el trece de mayo en curso, se otorgó a los ahora gestores del amparo la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de cuarenta y cinco días, por lo que se les dejó en libertad; lo anterior, con independencia de la suspensión de plano otorgada, ya que se le otorgó la libertad en su condición de visitante, y no bajo lo establecido en los artículos 101 y 102, de la Ley de Migración. En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. ****Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las catorce horas con treinta minutos del nueve de junio de dos mil veintidós. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente al autorizado de la parte quejosa.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta singado por el autorizado de la parte quejosa, atento a su contenido se acuerda: Notificaciones por vía electrónica. Como lo solicita el ocursante, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, proceda el Actuario de la adscripción a este Juzgado a realizar las notificaciones al autorizado de la parte quejosa, vía electrónica, a: (A) ****, con nombre de usuario "THG2563". Encargada del SISE. Lo anterior, hágase del conocimiento de la persona encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", por conducto del Actuario Judicial adscrito, para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido de que es responsabilidad de la parte promovente que el nombre de usuario con el que se registró dicho autorizado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esté plasmado en forma clara y precisa, esto es, tal y como debe escribirse, pues de lo contrario, la encargada del aludido sistema no podrá autorizar el acceso respectivo. Acceso al expediente electrónico. Finalmente, por lo que respecta al acceso electrónico al expediente, dígasele que se esté a lo acordado en auto de diez de mayo del año en curso. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a doce de mayo de dos mil veintidós. Oficio. Agréguense a los presentes autos para que obren como correspondan, los oficios y anexos remitidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ensenada Baja California, Baja California, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, remite constancia de la diligencia de ejecución de laudo ordenada en el expediente laboral de origen, llevada a cabo el tres de mayo de dos mil veintidós, de la que se advierte que el Asesor Jurídico del Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, manifestó realizará la investigación documental a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo, por lo que la Junta oficiante le concedió el término de tres días hábiles a efecto de que informe las gestiones realizadas a efecto de cumplir con el laudo de origen. Cuestiones inherentes al tiempo transcurrido en relación al cumplimiento de la sentencia de amparo en el presente juicio. Ahora bien, no obstante que el dieciséis de marzo del año en curso, se hizo del conocimiento a las partes, autoridades responsables y vinculadas la trascendencia de cumplir con la ejecutoria de amparo; por tanto, se reitera lo siguiente: i) Del dictamen presentado por la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal, sobre el informe circunstanciado y la visita a distancia practicada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, se advierte, entre otras cosas, que se requirió a este Juzgado de Distrito, informe detallado de las gestiones que se han realizado para cumplimentar la ejecutoria de amparo de treinta y cinco sentencias de los años dos mil quince a dos mil diecinueve, dentro de las que se encuentra precisamente el presente asunto 194/2018. Por consiguiente, el expediente en que se actúa, sin duda forma parte de las sentencias de supervisión constante y detallada por el Consejo de la Judicatura Federal, dada la excesiva demora de las responsables en dar total cumplimiento. ii) Cabe destacar como hecho relevante, en relación al incumplimiento de las sentencias de amparo, uno de los ejemplos más recientes, en el caso, es el incidente de inejecución de sentencia 1882/2013, resuelto en sesión de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos siguientes: ".PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia. SEGUNDO. Consígnese a DAVID SÁNCHEZ ISIDORO, quien ocupó el cargo de Presidente Municipal de Coacalco de Berriozábal, Estado de México; MANUEL HUICOCHEA CARDELAS, quien ocupó el cargo de Tesorero Municipal de Coacalco de Berriozábal, Estado de México; ROCÍO SERRANO MORENO, quien ocupó el cargo de Síndico Municipal de Coacalco de Berriozábal, Estado de México; MARTHA VILLANUEVA LÓPEZ, JESSICA CLAUDIA CUADROS OLEA, MERCY KARINA ZABALLA VÁZQUEZ, JESÚS MOSQUEDA GONZÁLEZ, GERARDO ALEJANDRO HERNÁNDEZ BARAJAS, ARTURO SALVADOR FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JONATHÁN DOMÍNGUEZ ARREOLA, IGNACIO CUTBERTO LAVADORES MONROY, MARÍA EUGENIA GALLARDO SEVILLA, EDMUNDO VICENTE VARELA MELLADO, CARLOS MIGUEL ALVARADO HERNÁNDEZ, SALVADOR BARRERA SORIANO y ROBERTO GÁMEZ CAMARILLO, quienes ocuparon el cargo de Regidores del Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en turno, por haber incumplido la sentencia constitucional de tres de abril de dos mil trece, dictada en el juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a fin de ser juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 267 de la Ley de Amparo vigente. TERCERO. En el caso de que aún lo ejerzan, quedan inmediatamente separados de sus cargos ERWIN JAVIER CASTELÁN ENRÍQUEZ, LUIS MANUEL SOLANO URBÁN y NORA LUZ CHÁVEZ HERNÁNDEZ, en su carácter de Presidente Municipal, Tesorero Municipal y Síndico Municipal de Coacalco de Berriozábal, Estado de México; de igual forma, se ordena la separación del cargo de JOSÉ ENRIQUE FLORES GONZÁLEZ, CAROLINA CASTAÑEDA SÁNCHEZ, ISRAEL MOSQUEDA MONTIEL, CYNTHIA BENAVIDES CHÁVEZ, FABRICIO JOVANY HERNÁNDEZ TÉLLEZ, LILIANA SANTILLÁN FLORES, SERGIO HERIBERTO DOMÍNGUEZ TORIBIO, HUMBERTO GONZÁLEZ GAISTARDO, JUAN ANTONIO FLORES COTO, LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JACQUELINE ORTEGA ORIZABA, BEATRIZ MONROY GONZÁLEZ y ELVIRA HERNÁNDEZ TÉLLEZ, en su carácter de Regidores del Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, así como la consignación de los antes citados, ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en turno, por haber incumplido la sentencia constitucional de tres de abril de dos mil trece, dictada en el juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a fin de ser juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos previstos en el artículo 267 de la Ley de Amparo vigente. CUARTO. Déjese abierto el presente incidente de inejecución de sentencia para el efecto de que las personas que sustituyan en el cargo a las que aquí se ordena separar de éste y consignar, cumplan con la ejecutoria de amparo. Notifíquese y cúmplase; con testimonio de esta resolución háganse las consignaciones establecidas, dese vista al Procurador General de la República para los efectos de su representación e intervención en los procesos penales respectivos y resérvese el archivo de este expediente de inejecución de sentencia hasta el cumplimiento de la ejecutoria de amparo." iii) También constituye un hecho notorio el diverso incidente de inejecución de sentencia número: 86/2020, derivado del diverso juicio de amparo 186/2015 del índice de este Juzgado de Distrito, en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio ultimátum de diez días a las autoridades del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, para que den total cumplimiento a la sentencia de amparo, bajo apercibimiento de que si persiste su contumacia, se presentará ante el Pleno del Alto Tribunal el proyecto de resolución en el que se proponga su separación del cargo y consignación penal en términos de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, al ser autoridades vinculadas al cumplimiento. Estado de autos. En esta tesitura, visto el estado actual de autos, del que se advierte que hasta el día de hoy no ha sido posible que las autoridades responsables, así como las vinculadas, den total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en relación a ello se precisa: Efectos del fallo protector. los efectos del fallo protector concedido a Fabián Díaz Tapia, Eduardo Fernando Medina Peláez, Juan Francisco Robles Rodríguez, Miguel Ángel Bizueth Loyo, Luis Alfonso Sánchez Madriles, Juan Carlos Morales Arroyo, Juan Pablo Manríquez Preciado, Arturo Navarro López, Felipe de Jesús Trujillo Romero, Ramón Regalado Padilla, Enrique Lara Rosas, Enrique Álvarez Gaspar, Ricardo Cárdenas Peña, Salvador Julián Castellanos Duarte, Raúl Chávez Vargas, José Enrique Peña Otero, Eduardo Lozano Sánchez, Manuel Alejandro Montoya Dahlinger y Francisco Antonio Valenzuela Peralta, y modificados por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad en la ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión laboral 493/2018, son los siguientes: "OCTAVO. Efectos de la concesión En virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para que: El Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, una vez que cause ejecutoria este fallo protector, proceda con prontitud a dictar y tomar todas las medidas necesarias y más eficaces para lograr el cumplimiento total del laudo condenatorio emitido en el juicio laboral 524/2010-III, de su índice; ello en el ámbito de su respectiva competencia, verbigracia, efectuar todos los requerimientos atinentes, hacer efectivos todos los apercibimientos de ley aplicables a cualquier autoridad relacionada al cumplimiento del laudo (multas, vista al Agente del Ministerio Público por la probable comisión de un delito, etcétera); así como también, en relación a la aplicación del medio de apremio consistente en multa, deberá de efectuarlo correctamente conforme las disposiciones legales aplicables derivadas del decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; El Presidente, Oficial Mayor y Tesorera, todos del XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, una vez que cause ejecutoria este fallo protector, ejerzan sus atribuciones legales a fin de que queden satisfechas las prestaciones del juicio laboral 524/2010-III, a las que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, condenó a la municipalidad de mérito. Solo de esa forma se podrá restituir a la parte quejosa en pleno goce de los derechos humanos violados, como el artículo 77 de la Ley de Amparo ordena. En el entendido que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento del laudo en cuestión, eventualmente se vinculará al cumplimiento de este fallo protector, ya que de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento [.]" Ahora, de las constancias obrantes en autos, se desprende que el Tribunal responsable informó que la demandada Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, únicamente ha cumplido en forma parcial con el laudo, por lo que desde el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, la requirió para efecto de que considere las plazas de los actores, aquí quejosos en el presupuesto de egresos correspondiente al siguiente ejercicio fiscal con la categoría de trabajadores de base, debiendo ingresar en la plaza de la última categoría, en el puesto de Peón. Requerimiento para que se cumpla en forma total el fallo protector. Por tanto, antes de imponer las multas respectivas y mandar en inejecución del presente asunto, requiérase de nueva cuenta a todas y cada una de las autoridades siguientes que se encuentran obligadas a dar cumplimiento al fallo protector en el presente juicio: NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO CARGO Luis Bernardo Santillán Guillén Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California. Elizabeth Muñoz Huerta Síndico Procurador del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California Armando Ayala Robles Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California. Benedicto Ancheta Castro Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California Vicente Maldonado del Toro Tesorero Municipal del XXIII Ayuntamiento del Ensenada, Baja California Juan Antonio Guillén Sánchez Oficial Mayor del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California Lo anterior, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, cumplan en forma total con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y remitan de inmediato las constancias con las que acrediten lo anterior, tal como les fue solicitado en el precitado proveído de dieciséis de marzo del año en curso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Dulce Asunción Galindo Jiménez, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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