Nielser Alonso Can Pech

Expediente 342/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
342/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Nielser Alonso Can Pech

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Umán, Yucatán, sin que sea el caso dictar providencia alguna, ya que en proveído de dos de marzo de la presente anualidad, se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, posterior a lo cual, en auto de diecinueve de marzo de la presente anualidad, se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Vistos los presentes autos y atendiendo a que ha transcurrido el término que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión contra el auto de dos de marzo de dos mil veintiuno, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia, el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el Acuerdo antes citado. De conformidad al artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental.

  3. Principal

    Agréguese a estos autos los oficios signados por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad, el Fiscal en Jefe Titular de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Umán, Yucatán, y el correo electrónico enviado por el Fiscal en Jefe Titular de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Umán, Yucatán; con los cuales rinden sus respectivos informes respecto al cumplimiento de la suspensión de plano concedida en el presente juicio de amparo. Asimismo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Ahora bien, de la revisión de las constancias que se acompañaron al informe justificado correspondiente al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado, se advierte que, se advierte que en el presente asunto, por lo que respecta al quejoso Nielser Alonzo Can Pech, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que el promovente del amparo reclamó en el presente juicio la detención fuera de procedimiento e incomunicación ejecutados en su contra. En este sentido, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable antes citada, se aprecia que el veintisiete de febrero del presente año, se ordenó poner en libertad al aquí directo quejoso, toda vez que el delito que se le pretende imputar en la carpeta de investigación de origen, no ameritaba prisión preventiva oficiosa, además de que en autos de dicha indagatoria no obraban datos de prueba suficientes para establecer que existía la necesidad de cautela o riesgo para la víctima o testigos de cargo. Documental a la que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo En este orden de ideas, ya que la autoridad responsable ordenó la inmediata libertad de la parte quejosa, mientras que en el caso a estudio, el promovente de amparo reclamó su detención fuera de procedimiento; en consecuencia, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama, y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto privativo combatido por la solicitante del amparo, restituyéndose al agraviado en el goce de los derechos fundamentales violados. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado por haber quedado sin efecto la detención reclamada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad de proseguirse el trámite del presente juicio. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que al rubro y texto reza: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En la inteligencia que, respecto a la incomunicación que también reclamó el quejoso, no se acreditó en el sumario, cuenta habida que el fedatario público de la adscripción no hizo señalamiento alguno en ese sentido, esto es, no se asentó que efectivamente el quejoso se encontrare incomunicado, ya que incluso tuvo contacto pleno con éste al ratificar la demanda de amparo que nos atañe; ni tampoco el directo impetrante, al ratificar la demanda de amparo relativa, hizo algún señalamiento en el sentido de que efectivamente estuviere incomunicado. En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio por lo que respecta al quejoso Nielser Alonso Can Pech, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en análisis. Ahora bien, por lo que respecta al diverso peticionario de amparo William Efraín Can Pech, toda vez que del informe rendido por el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Umán, Yucatán, se advierte que el quejoso William Efraín Can Pech, fue puesto a disposición del Juez en Turno del Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Umán, Yucatán, el veintisiete de febrero de dos mil veintiuno a las diecisiete horas con treinta minutos. Por tanto, quien esto resuelve estima que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En efecto, mediante demanda presentada el veintiséis de febrero del año en curso, Jesús Antonio Alonzo Torres promovió a favor de William Efraín Can Pech, el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Fiscal en Jefe Titular de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General del Estado, con sede en Umán, Yucatán y otras autoridades, que hizo consistir en la incomunicación y detención fuera de procedimiento del directo quejoso. Sin embargo, de la lectura integral de las constancias que obran glosadas al presente juicio, las cuales, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, merecen eficacia probatoria; se advierte que William Efraín Can Pech fue puesto a disposición de un Juez de Control a efecto de resolver su situación jurídica. De ahí que se estima que, al respecto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Respecto de esta causal, conviene acotar que un cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución, dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En tal virtud, se estima que en el presente caso ha operado el cambio de situación jurídica aludido, toda vez que de las constancias de cuenta se advierte que William Efraín Can Pech fue puesto a disposición del Juez en Turno del Juzgado Primero de Control Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, en Umán. De ahí que deba decirse que la consecuencias jurídicas de la detención reclamada del quejoso William Efraín Can Pech, quedaron sustituidas por su nueva situación jurídica y, por tanto, aquélla no puede ser analizada en el presente juicio de amparo, por tratarse de un estadio procesal diferente; además, no es factible decidir la situación jurídica anterior, precisamente al quedar legalmente sustituida; por lo que cabe considerar que, en el caso, se han consumado irreparablemente las posibles violaciones materia de la reclamación. Es aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia número VI.1°.J/57, visible en la página ciento treinta y nueve, del Tomo VIII- agosto, Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, octava época, materia penal, que a la letra dice: SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de la causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley. Así como, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia I.7º.P.25P, cuyo rubro es: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la inteligencia que, respecto a la incomunicación que también reclamó el quejoso, no se acreditó en el sumario, cuenta habida que el fedatario público de la adscripción no hizo señalamiento alguno en ese sentido, esto es, no se asentó que efectivamente el quejoso se encontrare incomunicado, ya que incluso tuvo contacto pleno con éste al ratificar la demanda de amparo que nos atañe; ni tampoco el directo impetrante, al ratificar la demanda de amparo relativa, hizo algún señalamiento en el sentido de que efectivamente estuviere incomunicado. En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, respecto de los quejosos Nielser Alosno y William Efraín, ambos de apellidos Can Pech; por tanto, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  4. Principal

    Agréguese a estos autos el informe previo relativo a la ampliación de la demanda, rendido por el Director de Seguridad Pública Municipal de Valladolid, Yucatán; y con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, hágase relación del mismo, al celebrarse la audiencia incidental relativa.

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