Nidia Yuriel Velázquez García

Expediente 1037/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1037/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
02/12/2019

Partes del expediente

  • Nidia Yuriel Velázquez García

Actuaciones

  1. Principal

    Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto de seis de noviembre del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental.

  2. Principal

    Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado rendido por Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad, en el que señala que son ciertos los actos reclamados. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba la que se remite con la comunicación de cuenta. De dicha documental que por ser pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. Al respecto, de actuaciones se advierte la parte quejosa reclama la omisión del Actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de realizar el emplazamiento a juicio a la parte demanda en el expediente laboral 4-739/2019. Por tanto, dado que la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de catorce de octubre del año en curso, así como las constancias de emplazamiento a la demandada en el expediente laboral 4-739/2019; en consecuencia, con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, pues cesó el efecto de la omisión reclamada. Derivado de lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, en relación a la autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues es de tal manera clara y evidente la causal de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo ordenado por proveído de veinticuatro de octubre del año en curso, única y exclusivamente en lo concerniente al señalamiento de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con veinte minutos del veinticinco de noviembre del presente año.

  3. Principal

    I. Quejoso. Nidia Yuriel Velázquez García por conducto de su apoderado legal. II. Admisión y formación del expediente. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente; sin tramitarse incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. IV. Audiencia constitucional. Se fijan las doce horas con veinte minutos del veinticinco de noviembre del año en curso para la celebración de la audiencia constitucional. V. Informes y constancias. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo pídanse informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente en que reciba el oficio en que se le solicita, para lo cual, en su caso deberá remitir copia certificada completa y legible de las constancias del expediente fuente de los actos reclamados, incluidas las que no se hayan incorporado al expediente y estén a su disposición; apercibida que de no rendir su informe justificado, con sustento en el segundo de los anteriores preceptos legales se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. También apercibidas que de no rendir el informe solicitado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para la solución de este juicio constitucional o las remitan incompletas o ilegibles total o parcialmente, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización con fundamento en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en matera de desindexación del salario mínimo. VI. Denominación de las autoridades responsables. De conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo la autoridad señalada como responsable o, en su caso, el encargado de la oficina de recibir su correspondencia, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les remita, por lo que en caso de negativa injustificada se tendrá hecha la notificación así como los apercibimientos respectivos y, de ser así, serán responsables del incumplimiento del acuerdo o resolución en cuestión; lo anterior, aun cuando no sea del todo correcta la denominación realizada por la parte quejosa, pues de no ser sustancial la imprecisión de su denominación que no impida su identificación y no exista duda o resulte evidente que sea esa la autoridad responsable deberá recibir los oficios enviados; en el entendido que podrán y deberán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su informe; por tanto, de no recibir el oficio respectivo el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. Asimismo, se le informa a la autoridad responsable y autoridad con carácter de tercero interesado, que sólo se les notificará por oficio los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia, esto en términos de la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253, registro 2002576, cuyo rubro se cita NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. No obstante, dado que el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo establece la obligación de señalar con precisión a las autoridades responsables, se apercibe a la parte quejosa que si incurrió en imprecisión sustancial en la denominación de la autoridad responsable que impida su identificación, sin mayor trámite se tendrá como inexistente y se suspenderá la comunicación con ella, lo cual está acorde con el principio de celeridad procesal, sustentado en el precepto 17 Constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; salvo que antes de la celebración de la audiencia constitucional de las constancias se advierta o el quejoso proporcione su denominación correcta. VII. Causas de improcedencia. En observancia del artículo 64 de la Ley de Amparo, las partes deberán comunicar a este Juzgado cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, con apoyo en el numeral 251 de referida legislación en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en matera de desindexación del salario mínimo. VIII. Tercero interesado. No ha lugar a reconocerle el carácter de tercera interesada Agrosemillas de Navolato, Sociedad Anónima de Capital Variable, virtud que de los antecedentes narrados, bajo protesta de decir verdad, se colige que ésta en su carácter de demandada en el juicio natural, no ha sido emplazada a juicio, sin perjuicio de que una vez que se cuente con las constancias requeridas en vía de informe justificado a las responsables, se provea lo que legalmente corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 2a./J.67/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 265, XXIX, Mayo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual a la letra dice: TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender. IX. Autorizados y expediente electrónico. Se tiene como domicilio procesal y autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a la pasante en derecho Ana María Dueñas Rendón por así haberse solicitado en la demanda de cuenta. En atención a su solicitud consistente en la autorización para presentar promociones y recibir notificaciones en forma electrónica, se autoriza el uso y consulta del expediente electrónico a la parte quejosa, por conducto de su autorizado José Ramón Dueñas Delgado, con clave de usuario "Ramonduenas69". Por tanto, se instruye al Actuario para que las notificaciones personales que se dicten en el expediente, sean notificadas por el sistema electrónico, levantándose la razón correspondiente. De igual manera, se instruye a la oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que se realicen las actuaciones correspondientes en el referido sistema. X. Medios electrónicos. Se autoriza el uso de lector óptico, fotográfico y scanner, para imponerse de acuerdos y resoluciones que se pronuncien en el presente expediente, cuando alleguen a este tribunal los medios necesarios para la realización de la reproducción solicitada, en el entendido de que únicamente podrá realizarse bajo la supervisión del personal adscrito a este órgano jurisdiccional. XI. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la que remite la parte quejosa, la cual se desahoga dada su propia y especial naturaleza y será tomada en consideración al momento de resolver el presente asunto. XII. Transparencia y acceso a la información. Cabe precisar que cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos, conforme a la ley de la materia.

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