Nidia Marisol Ruíz Contreras

Expediente 376/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
376/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
04/05/2021

Partes del expediente

  • Nidia Marisol Ruíz Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el quince de abril del presente año, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver el juicio de amparo 376/2021-VIII-B, promovido por Nidia Marisol Ruiz Contreras (o) Nidia Marisol Ruiz Conttreras, contra los actos que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán y del actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la Demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el día siguiente a este Juzgado, compareció Nidia Marisol Ruiz Contreras (o) Nidia Marisol Ruiz Conttreras, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán y del actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como conforme a los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, materia común, con número de registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: Del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán: La negativa de acordar sobre la aceptación o desechamiento de las pruebas ofrecidas por ambas partes, dentro de los plazos y términos que señala la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral número 213/2017. Del actuario adscrito al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán: La negativa de notificar a las partes el acuerdo antes señalado. TERCERA. Existencia de los actos reclamados. Por un lado, es cierto el acto reclamado al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado, por conducto de su Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." (Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, Materia Común, Tomo II, página 830, registro 1002815. Tesis identificada con el número 749). Por otro lado, es cierto el acto reclamado al actuario adscrito al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán, no obstante que lo negó al rendir su informe justificado, con posterioridad realizó manifestaciones que evidenciaron su existencia, lo que se corrobora con las constancias que remitió el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente de dicho Tribunal, como justificación a su informe de ley y que hizo suyas el actuario mencionado. Cobra aplicación el criterio contenido en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página trescientos noventa y uno, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 211004, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTA. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la invocada Ley de la materia, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 81, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso, de las constancias que anexó en copia certificada el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad a su informe justificado, se advierte que dicha responsable, en dieciséis de marzo del presente año, dictó un acuerdo en el que procedió a resolver sobre la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes actora y demandada, en la audiencia de fecha catorce de junio del dos mil diecinueve, celebrada en el juicio de origen. Seguidamente, en fecha diecisiete de marzo del presente año, el actuario adscrito al mencionado Tribunal, procedió a notificar personalmente a las partes del juicio de origen, el acuerdo antes citado. Las cuales tienen eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado. Se sostiene lo expuesto, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, respetando de esa forma las autoridades responsables el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que el mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTA. Protección de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Nidia Marisol Ruiz Contreras (o) Nidia Marisol Ruiz Conttreras, contra los actos que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán y del actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en la consideración cuarta de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la sexta consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados con lo informado por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Siendo que la notificación del proveído de referencia se realizó tanto a la parte quejosa como a los terceros interesados el dieciocho del actual mes. Por lo que, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia firmada el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en su primer punto resolutivo se concedió a la parte quejosa Juan Manuel Rodríguez Cedillo, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ambas con sede en la Ciudad de México, y Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, para el efecto de que: ".la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, deje sin efectos todas las actuaciones siguientes al proveído de veintidós de febrero de dos mil trece, en el cual con fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio, ordenó que se emplazara al demandado, aquí quejoso, por medio de edictos. Y hecho lo anterior, si persiste el desconocimiento de donde tiene su domicilio el aquí quejoso, a fin de llevar a cabo su correcto emplazamiento, acuerde lo legalmente procedente, siguiendo los lineamientos que aquí se han expresado. Debiendo abstenerse de aplicar el párrafo segundo del artículo 1070 del Código de Comercio, en perjuicio del peticionario del amparo." "La concesión del amparo que ahora se otorga, se hace extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados al actuario de su adscripción, toda vez que al ser ilegal los de la ordenadora, los de la ejecutora siguen la misma suerte, al ser una consecuencia directa de aquéllos." Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la resolución de mérito y se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento. En el entendido que las diversas autoridades responsables Congreso General y Presidente Constitucional, ambos de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, no tenían que ejecutar acto alguno, pues se les reclamó conductas de naturaleza legislativa en cuanto al proceso de creación y aprobación de publicación de la norma tildada de inconstitucional, concretamente, el artículo 1070 del Código de Comercio; la cual no puede quedar insubsistente por tratarse de una disposición de orden público de carácter general e impersonal. Con la finalidad de cumplir con el fallo protector, mediante oficio 485/2021, de fecha nueve de marzo del año en curso, la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en estas ciudad, en funciones de Juez del mismo ramo con motivo de la ausencia accidental de la titular, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa propia fecha, mediante la cual, para dar cumplimiento a lo ordenado, dejó sin efectos todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 1873/2011, a partir del auto de fecha veintidós de febrero del año dos mil trece, en el que se ordenara el emplazamiento del demandado RODRÍGUEZ CEDILLO por medio de edictos. Lo que se corroboró con el diverso oficio sin número de fecha once del propio mes y año, signado por el actuario judicial adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en el que hizo saber que la determinación pronunciada por la Juez responsable, el nueve de marzo del año actual, fue publicada en el ejemplar del Diario Oficial del Estado, correspondiente. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que las referidas autoridades responsables se ajustaron a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitieron, ya que atendieron cabalmente a los efectos amparadores que les fueron señalados como directrices bajo las que debían ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendieron en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo en el que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que continúe en la Secretaría de este Juzgado el anexo que la Juez responsable adjuntó en su oportunidad a su informe justificado; por tanto, devuélvase a la referida autoridad, para los efectos legales conducentes. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y terceros interesados.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, a ocho de marzo de dos mil veintiuno. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de cuenta, se tiene a ********************, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de las siguientes autoridades con sede en esta ciudad, que hizo consistir en: ACTOS RECLAMADOS: Del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán: La negativa de acordar sobre la aceptación o desechamiento de las pruebas ofrecidas por ambas partes, dentro de los plazos y términos que señala la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral número ********************. Del actuario adscrito al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán: La negativa de notificar a las partes el acuerdo antes señalado. RADICACIÓN. Al respecto, SE ACUERDA: fórmese expediente, regístrese con el número 376/2021-VIII-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la demanda de referencia como en derecho procede. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se tramita el incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado amerita su tramitación oficiosa, conforme al numeral 127 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. En la cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sólo podrá alegar verbalmente la parte quejosa cuando se trate de actos de los previstos en el citado numeral de la referida legislación. Sin menoscabo que, de considerarlo necesario, las partes podrán hacer valer sus alegatos por escrito o de manera electrónica. Y de ser necesario el desahogo de pruebas que requieran la presencia de las partes en el órgano jurisdiccional, en términos del precepto 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, reformado por los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021, en relación al periodo de vigencia, se procurará hacerlo mediante el uso de herramientas tecnológicas como la videoconferencia, sin perjuicio, que de ser estrictamente necesario se podrán llevar a cabo en el recinto judicial siguiendo los lineamientos que al efecto prevé el citado Acuerdo General, durante la vigencia del mismo. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Mandamiento que deberán cumplir las autoridades responsables a través de la vía ordinaria (de manera física), entregando el informe ante la oficina de correspondencia respectiva; toda vez que la permisibilidad de hacerlo al correo institucional de este juzgado sólo fue por el periodo de suspensión contenido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, que emitió el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como en la circular CAP/3/2020, emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal; de tal manera que de hacerlo de maneras distintas se tendrán por no rendido. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. De igual manera, tal y como lo establece el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado al ********************; con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, con transcripción del presente proveído, hágasele de su conocimiento la existencia de este asunto, por medio de oficio que al efecto se le gire, debiendo anexarle copia simple de la demanda, a fin de que pueda apersonarse a este juicio si así le conviniere. Exhortando al tercero interesado a continuar el presente juicio, a través del esquema de "juicio en línea", en la forma y condiciones que en el presente acuerdo se señalan en la parte final del mismo, a fin de poder continuar en todo momento con la tramitación del presente juicio. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dese la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia autorizada del presente acuerdo y copia simple de la demanda. CONOCIMIENTO DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que, en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el valor de treinta unidades de Medida y Actualización, equivalente a $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos, sesenta centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, ******************** y ********************. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, la instrumental de actuaciones en todo cuanto favorezca a sus intereses y presuncional en su doble aspecto, a que se refiere en su demanda, las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. EXHORTACIÓN AL TRÁMITE DE "JUICIO EN LÍNEA". Además, en atención a lo indicado en el considerando Noveno, artículos 28, 29 y 31 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021; se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; estando a su disposición el aplicativo de firma electrónica en los enlaces señalados en el Transitorio Décimo Primero, del referido Acuerdo General 21/2020, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021. Así como deberán proporcionar un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, en términos de lo dispuesto en el numeral 5, fracción I del multicitado Acuerdo General 21/2020, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021; para establecer comunicaciones no procesales. Lo anterior a fin de estar en la posibilidad de continuar en todo momento con el juicio de amparo, pues de no ser así podría llegarse al supuesto de excepción de no poder continuar con el trámite del mismo hasta su conclusión, pues de presentarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 19 del citado Acuerdo General 21/2020, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021, eventualmente, podría suspenderse el trámite del presente juicio de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. JUSTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTOS SIN NECESIDAD DE GIRAR OFICIO. Sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, Lo anterior, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese, haciéndolo personalmente al tercero interesado y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y regístrese.

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