Nidia Guadalupe Ríos Majalca

Expediente 798/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
798/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Nidia Guadalupe Ríos Majalca
  • Subdelegado de la Subdelegación Juárez 1 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    El veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario Lic. Jesús Manuel Mora Bustillos.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, de los mismos se advierte que mediante proveído de diecinueve del presente mes y año, se dio vista a la parte quejosa con el oficio y constancias remitidas por la autoridad, Titular de la Subdelegación Juárez 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez, Chihuahua, con sede en la localidad, consistente en la constancia de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de fecha doce de septiembre de dos mil veintitrés, de la cual se desprende que la quejosa ********************, se encontraba activa y vigente, registrada con el patrón, ******************** asimismo dicha autoridad precisa que los actos que originaron la baja de la quejosa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, fueron responsabilidad del citado patrón, sin embargo precisa que de incurrir dicha moral en algún otro incumplimiento de sus obligaciones ante la autoridad responsable, se procederá a requerir a dicha empresa su regularización a fin de no afectar los derechos de sus trabajadores. Ahora bien, la quejosa fue omisa en desahogar la vista antes precisada, por lo que en atención a lo expuesto y acreditado por la autoridad, Titular de la Subdelegación Juárez 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez, Chihuahua, con sede en la localidad, se estima que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque cesaron los efectos del acto reclamado en este juicio. Para arribar a tal conclusión, conviene tener presente el texto del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, en el que se establece la causal de improcedencia de que se trata. Tal precepto legal dice así: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". La lectura de ese numeral obliga a considerar improcedente el juicio de amparo, cuando cesan los efectos del acto reclamado en la propia vía constitucional. En relación con tal causal de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para su actualización no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado en el juicio de amparo, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, en virtud de que la razón que justifica esa improcedencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad reclamado, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo. Tal criterio jurídico está contenido en la tesis jurisprudencia ciento noventa y ocho, visible en la página doscientos dieciséis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Con lo anterior se puede advertir que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el propio acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado. En tal tesitura, la cesación de los efectos de los actos reclamados significa que la autoridad que los pronunció deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de su propia insubsistencia. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que tal causal de improcedencia, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del propio juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, como en el caso, el de obligar a la autoridad a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que exija. Por tanto, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En la especie, importa recordar que la parte inconforme reclamó, a través de la presente vía, la negativa en la prestación de atención y servicios médicos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Unidad de Medicina Familiar 48, sin justificación. En relación con lo anterior, debe tomarse en consideración que la propia parte quejosa exhibió con su demanda de amparo la constancia de vigencia de derechos y refirió le había sido notificada el once de agosto del año en curso, de la que se desprende que la misma había causado baja, aparentemente el veinticinco de julio de dos mil veintitrés, razón por la cual en ese momento le había sido negado la prestación de atención y servicios médicos, sin embargo, como lo expone la autoridad, ello derivo de que el patrón de la quejosa había incurrido en incumplimiento de sus obligaciones, sin embargo, mediante oficio 22477/2023, la autoridad Titular de la Subdelegación Juárez 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez, Chihuahua, remitió la constancia de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de fecha doce de septiembre de dos mil veintitrés, de la cual se desprende que la quejosa ********************, se encontraba activa y vigente, registrada con el patrón, ********************. Con esto no hay duda de que con tal actuar se destruyó el acto reclamado en forma total e incondicional, desde luego, junto con sus efectos, porque a final de cuenta se procedió en el sentido de respetar el derecho que la parte impetrante demandó como vulnerado en este juicio. Si esto es así, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en este juicio, pues con esa actuación se destruyeron todos los efectos de manera total e incondicional del acto, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del propio particular, o habiéndola irrumpido la cesación no dejó algún rastro, con lo cual, sin duda, se actualiza la causal de improcedencia que nos ocupa. Sobre ese particular, cabe invocar la tesis de jurisprudencia trescientos noventa y cinco, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos diecisiete del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN, Segunda Sección, que dice así: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En congruencia con todo lo anterior lo procedente en este caso es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente controvertido constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Resulta aplicable a lo dicho, por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 386, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que es del texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No sobra decir que las causas de improcedencia y de sobreseimiento contenidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, por las razones que la informan, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página mil ciento sesenta y siete, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías." Como consecuencia de lo antes determinado, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se encontraba programada para su celebración a las diez horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    se tiene al Titular de la Subdelegación Juárez 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez, Chihuahua, con sede en la localidad, dando cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, mediante auto de siete de septiembre del año en curso. Asimismo, téngasele remitiendo la constancia de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de fecha doce de septiembre de dos mil veintitrés, de la cual se desprende que la quejosa Nidia Guadalupe Ríos Majalca, se encuentra vigente con el patrón Grupo Seinem de Ciudad Juárez, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, así como alegando que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, al haber cesado los efectos del acto reclamado por la parte quejosa. En consecuencia, se ordena dar vista con lo anterior a la parte quejosa, para que en el término de tres días computados legalmente, manifieste lo que a su interés legal convenga, pues de conformidad con lo previsto por el artículo 64, de la Ley de Amparo, que impone a las partes la obligación de comunicar las causales de improcedencia de las que tengan conocimiento. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    se tiene al Titular de la Subdelegación Juárez 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez, Chihuahua, con sede en la localidad, informando a este Juzgado que una vez realizados los trámites y cumplido los requisitos legales correspondientes por el patrón Grupo Seinem de Ciudad Juárez, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, respecto de su registro patronal A83 80312 10, el cual quedó debidamente restablecido ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y con ello los derechos de los trabajadores que tiene registrados, entre ellos los de la quejosa Nidia Guadalupe Ríos Majalca, por lo que su derecho a recibir atención médica y de cualquier tipo que brinde ese instituto, se encuentra vigente, pudiendo desde este momento acudir a su clínica familiar correspondiente a recibir los servicios institucionales requeridos. Se ordena dar vista con lo anterior a la parte quejosa, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Asimismo, téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su respectivo ocurso, y nombrando como delegados a los profesionistas a que hace referencia, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Finalmente, se ordena requerir a la autoridad Titular de la Subdelegación Juárez 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez, Chihuahua, con sede en la localidad, para que en el término de tres días, computados legalmente, remitas las constancias donde acredite su dicho. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, siendo el valor diario actual de dichas unidades el de (103.74), con apoyo en los artículos 237, fracción I y 254 de la Ley de Amparo. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa.

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