Nicte Ha Rivero Medina
Expediente 211/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Fiscal Investigador de la Agencia Decimo Tercera del Fuero Comun
- Nicte Ha Rivero Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
IV. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el once de mayo del presente año. Por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Por otro lado, no existiendo motivo legal alguno para que continúe al buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, las copias certificadas de la carpeta de investigación 1775/13ª/2015, que el Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Fiscalía Trece de Investigación situada en la ciudad de Valladolid, Yucatán, acompañó a su informe justificado; devuélvanse y pídase a la aludida autoridad que informe a este órgano jurisdiccional cuando las haya recibido, como constancia de su recepción. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él
- Principal
IV. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que del análisis íntegro de la demanda de amparo, así como del informe justificado rendido por el Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Fiscalía Trece de Investigación situada en la ciudad de Valladolid, Yucatán, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa consiste en la omisión de realizar las diligencias necesarias para integrar e investigar los hechos denunciados en la carpeta de investigación número 1775/13ª/2015, que se lleva ante la autoridad anteriormente citada. Al caso, se estima que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal. Los numerales en cita señalan lo siguiente: "Art. 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." De la primera disposición transcrita, interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley. En ese sentido, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, establece que la víctima u ofendido deberá impugnar ante el Juez de Control competente, entre otras, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos para la debida integración de la carpeta de investigación. Ello es así ya que la intención del Constituyente Permanente, dentro del nuevo esquema procesal, es que el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita al respecto procederá el juicio de amparo. Es necesario destacar que por decreto de reforma y adición publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se determinó reformar los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115; y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su régimen transitorio se fijaron los plazos y condiciones para la entrada en vigor del citado decreto, de lo dispuesto en sus artículos primero y segundo, se advierte que la Federación, los Estados y la Ciudad de México (actualmente), en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal acusatorio. La Federación, los Estados y la Ciudad de México (actualmente), adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito. Ahora, respecto de las restantes reformas Constitucionales que atañen al sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, el Constituyente, para su entrada en vigor, estableció dos supuestos, que son los que se contemplan en los artículos segundo y tercero transitorios del decreto de reformas. El artículo segundo transitorio establece que el sistema procesal penal acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación del decreto. En ese contexto, si la impugnación de un acto se hace con posterioridad a la declaratoria de vigencia del nuevo sistema penal acusatorio, indudablemente que su confrontación debe hacerse conforme al nuevo texto Constitucional. De ahí que se estime que la víctima u ofendido deben impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, ante el Juez facultado para tal efecto, dentro del sistema acusatorio que rige a nivel federal, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en contra de las omisiones en que incurran al respecto, procederá el juicio de amparo, de conformidad con el actual artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional y el numeral 107, fracción VII, de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior la quejosa acude a esta instancia constitucional en su calidad de víctima reclamando la omisión de realizar las diligencias necesarias para integrar e investigar los hechos que denunció en la carpeta de investigación número 1775/13ª/2015, que se lleva ante el Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Fiscalía Trece de Investigación situada en la ciudad de Valladolid, Yucatán. Bajo dicha manifestación, el suscrito considera que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra el acto reclamado la parte quejosa previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de impugnación innominado, en virtud de que el artículo 20 Constitucional, en su apartado C, fracción VII, establece la obligación del agraviado de Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En efecto, el mencionado medio de impugnación encuentra su sustento legal en lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". (Lo destacado en negrilla es de este Juzgado). De la lectura del anterior precepto legal, se desprende que en contra de las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, el legislador otorgó a los gobernados un medio de impugnación ordinario innominado el cual debe agotar previo a acudir al juicio de amparo. En ese sentido, de la interpretación de los preceptos legales, se advierte un derecho fundamental de la víctima u ofendido de impugnar las omisiones y determinaciones que el Ministerio Público emita dentro de la carpeta de investigación; dentro de ellas está precisamente el de abstenerse a investigar, que implica un acto negativo. Dicha omisión puede ser impugnada ante el Juez de Control competente, quien en una audiencia podrá estimar que la actuación ministerial es ilegal y deberá conminarlo a que practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, si es que no se justifica la procedencia de la determinación de la representante social impugnada o alguna otra, que lo faculte para dejar de investigar. Sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario innominado, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, soslayando la intención de legislador permanente, pues bastaría aducir que una omisión o abstención del fiscal investigador, durante la integración de la carpeta de investigación es violatoria de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. De lo hasta aquí destacado se advierte que el citado artículo 61, en su fracción XXIII, establece que el juicio de amparo es inadmisible en los casos en que su procedencia esté restringida por alguna disposición de la Constitución General de la República; incluido el numeral 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, de donde se desprende el derecho de la víctima y ofendido de impugnar las determinaciones ahí referidas ante el Juez facultado dentro del sistema penal acusatorio instaurado. En consecuencia, si el acto reclamado consiste en la omisión de realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos denunciados en la carpeta de investigación número 1775/13ª/2015, que se lleva ante el agente del Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Fiscalía Trece de Investigación situada en la ciudad de Valladolid, Yucatán, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto, derivada de la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto constitucional antes citado. En ese contexto, es evidente que contra el acto reclamado, no es procedente el juicio de amparo indirecto, dado que en su caso, sólo será reclamable en la vía constitucional, aquella que emita el Juez de Control, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a la anterior determinación, lo resuelto por mayoría de votos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en la contradicción de tesis 233/2017 sobre el derecho de la víctima u ofendido de delito a impugnar ante autoridad judicial omisiones del Ministerio Público, la cual se encuentra pendiente de ser publicada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es decretar de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diecisiete minutos del catorce de mayo del año en curso. Sin que sea óbice acordar respecto al carácter de terceros interesados que podría recaerles en el presente asunto a ARMANDO MAY CEN y MARIO AGAPITO RODRÍGUEZ, toda vez que el resultado de la presente determinación no le causa ningún perjuicio. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
- Principal
IV. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que del análisis íntegro de la demanda de amparo, así como del informe justificado rendido por el Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Fiscalía Trece de Investigación situada en la ciudad de Valladolid, Yucatán, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa consiste en la omisión de realizar las diligencias necesarias para integrar e investigar los hechos denunciados en la carpeta de investigación número 1775/13ª/2015, que se lleva ante la autoridad anteriormente citada. Al caso, se estima que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal. Los numerales en cita señalan lo siguiente: "Art. 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." De la primera disposición transcrita, interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley. En ese sentido, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, establece que la víctima u ofendido deberá impugnar ante el Juez de Control competente, entre otras, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos para la debida integración de la carpeta de investigación. Ello es así ya que la intención del Constituyente Permanente, dentro del nuevo esquema procesal, es que el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita al respecto procederá el juicio de amparo. Es necesario destacar que por decreto de reforma y adición publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se determinó reformar los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115; y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su régimen transitorio se fijaron los plazos y condiciones para la entrada en vigor del citado decreto, de lo dispuesto en sus artículos primero y segundo, se advierte que la Federación, los Estados y la Ciudad de México (actualmente), en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal acusatorio. La Federación, los Estados y la Ciudad de México (actualmente), adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito. Ahora, respecto de las restantes reformas Constitucionales que atañen al sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, el Constituyente, para su entrada en vigor, estableció dos supuestos, que son los que se contemplan en los artículos segundo y tercero transitorios del decreto de reformas. El artículo segundo transitorio establece que el sistema procesal penal acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación del decreto. En ese contexto, si la impugnación de un acto se hace con posterioridad a la declaratoria de vigencia del nuevo sistema penal acusatorio, indudablemente que su confrontación debe hacerse conforme al nuevo texto Constitucional. De ahí que se estime que la víctima u ofendido deben impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, ante el Juez facultado para tal efecto, dentro del sistema acusatorio que rige a nivel federal, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en contra de las omisiones en que incurran al respecto, procederá el juicio de amparo, de conformidad con el actual artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional y el numeral 107, fracción VII, de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior la quejosa acude a esta instancia constitucional en su calidad de víctima reclamando la omisión de realizar las diligencias necesarias para integrar e investigar los hechos que denunció en la carpeta de investigación número 1775/13ª/2015, que se lleva ante el Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Fiscalía Trece de Investigación situada en la ciudad de Valladolid, Yucatán. Bajo dicha manifestación, el suscrito considera que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra el acto reclamado la parte quejosa previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de impugnación innominado, en virtud de que el artículo 20 Constitucional, en su apartado C, fracción VII, establece la obligación del agraviado de Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En efecto, el mencionado medio de impugnación encuentra su sustento legal en lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". (Lo destacado en negrilla es de este Juzgado). De la lectura del anterior precepto legal, se desprende que en contra de las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, el legislador otorgó a los gobernados un medio de impugnación ordinario innominado el cual debe agotar previo a acudir al juicio de amparo. En ese sentido, de la interpretación de los preceptos legales, se advierte un derecho fundamental de la víctima u ofendido de impugnar las omisiones y determinaciones que el Ministerio Público emita dentro de la carpeta de investigación; dentro de ellas está precisamente el de abstenerse a investigar, que implica un acto negativo. Dicha omisión puede ser impugnada ante el Juez de Control competente, quien en una audiencia podrá estimar que la actuación ministerial es ilegal y deberá conminarlo a que practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, si es que no se justifica la procedencia de la determinación de la representante social impugnada o alguna otra, que lo faculte para dejar de investigar. Sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario innominado, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, soslayando la intención de legislador permanente, pues bastaría aducir que una omisión o abstención del fiscal investigador, durante la integración de la carpeta de investigación es violatoria de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. De lo hasta aquí destacado se advierte que el citado artículo 61, en su fracción XXIII, establece que el juicio de amparo es inadmisible en los casos en que su procedencia esté restringida por alguna disposición de la Constitución General de la República; incluido el numeral 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, de donde se desprende el derecho de la víctima y ofendido de impugnar las determinaciones ahí referidas ante el Juez facultado dentro del sistema penal acusatorio instaurado. En consecuencia, si el acto reclamado consiste en la omisión de realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos denunciados en la carpeta de investigación número 1775/13ª/2015, que se lleva ante el agente del Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Fiscalía Trece de Investigación situada en la ciudad de Valladolid, Yucatán, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto, derivada de la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto constitucional antes citado. En ese contexto, es evidente que contra el acto reclamado, no es procedente el juicio de amparo indirecto, dado que en su caso, sólo será reclamable en la vía constitucional, aquella que emita el Juez de Control, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a la anterior determinación, lo resuelto por mayoría de votos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en la contradicción de tesis 233/2017 sobre el derecho de la víctima u ofendido de delito a impugnar ante autoridad judicial omisiones del Ministerio Público, la cual se encuentra pendiente de ser publicada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es decretar de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diecisiete minutos del catorce de mayo del año en curso. Sin que sea óbice acordar respecto al carácter de terceros interesados que podría recaerles en el presente asunto a ARMANDO MAY CEN y MARIO AGAPITO RODRÍGUEZ, toda vez que el resultado de la presente determinación no le causa ningún perjuicio. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
- Principal
IV. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Fiscalía Trece de Investigación situada en la ciudad de Valladolid, Yucatán, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte atendiendo a la voluminosidad de las constancias que la autoridad de mérito acompañó al informe de cuenta, consistente en copias certificadas de la carpeta de investigación 1775/13ª/2015 de su índice; con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar con los referidos documentos, el cual estará a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado.
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