Nicte Ha Rivero Medina
Expediente 1003/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1003/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Nicte Ha Rivero Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA VIII.- Mérida, Yucatán, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual acusa recibo del oficio 26017/2021 de fecha dieciocho de agosto del año en curso, con el que se le comunico que causó estado el auto de uno de junio del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Notifíquese.
- Principal
MESA VIII.- Mérida, Yucatán, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el uno de julio de dos mil veintiuno, dictada por este Juzgado, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN". NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VIII.- Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos el informe justificado y anexo rendido por el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercero Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, y remite las constancias que integran el expediente laboral de origen. Por otra parte, de conformidad con los artículos 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justifica Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince y toda vez que las copias anexas al informe justificado, son de gran extensión, extráigase del mismo copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado, a fin de que se integre a este expediente, y fórmese un cuaderno auxiliar con las constancias remitidas, las que obrarán por cuerda separada, quedando a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, del informe justificado y constancias remitidas por la responsable, se aprecia que se actualiza una causal de improcedencia que produce el sobreseimiento de este juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, por las razones que a continuación se exponen. INTRODUCCIÓN. NICTE HA RIVERO MEDINA, reclama del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercero Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, la omisión de dar contestación a su petición presentada el trece de noviembre de dos mil veinte, en el cual se sustituya perito en rebeldía, ya que el perito de la autoridad responsable a nombrado con anterioridad y no ha protestado dicho cargo que le confiere en autos del juicio ordinario civil 598/2016, así como la denegación de justicia en la que incurre la autoridad responsable al tener paralizado el juicio de origen. HECHOS. Del informe justificado rendido por la autoridad responsable y copias certificadas del juicio ordinario civil 598/2016, se advierte que la autoridad responsable dicto un acuerdo el veintiuno de junio del año en curso, la autoridad responsable dio contestación a la petición formulada por la parte quejosa el trece de noviembre del año en curso, ello le fue notificado a la parte actora el veintitrés de junio del año en curso; las cuales tienen valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la demanda de amparo, en relación al acto aquí reclamado, se advierte lo siguiente: 1.- Copia certificada del auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, emitido en autos del juicio ordinario civil 598/2016, en el que dio contestación a la petición de la parte quejosa, en el que no accedió a lo solicitado y declaro por precluido el derecho de la parte actora para impulsa el perfeccionamiento de la prueba de inspección judicial. 2.- Notificación de fecha veintitrés de junio de dos mil veintiuno, por lista realizada a la parte actora (quejoso). CONTEXTO LEGAL. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, párrafo primero, dice: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: I. . . "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto" reclamado."...." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de sus derechos humanos violados. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ANÁLISIS. Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, la suscrita estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que hace improcedente el presente juicio de amparo indirecto, esto es, han cesado los efectos del citado acto reclamado que la parte quejosa atribuye a la autoridad responsable. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en esencia la omisión de dar contestación a su petición presentada el trece de noviembre de dos mil veinte, en el cual se sustituya perito en rebeldía, ya que el perito de la autoridad responsable a nombrado con anterioridad y no ha protestado dicho cargo que le confiere en autos del juicio ordinario civil 598/2016, así como la denegación de justicia en la que incurre la autoridad responsable al tener paralizado el juicio de origen. Ahora bien, del legajo de copias certificadas que remitió la autoridad responsable con su informe justificado, antes relatadas y valoradas, se advierte que dictó el auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, emitido en autos del juicio ordinario civil 598/2016, en el que dio contestación a la petición de la parte quejosa, en el que no accedió a lo solicitado y declaro por precluido el derecho de la parte actora para impulsa el perfeccionamiento de la prueba de inspección judicial, ello le fue notificado a la parte actora el veintitrés de junio del año en curso, (posterior a la presentación de la demanda de amparo). De lo anteriormente reseñado, puede inferirse que si la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión de dar contestación a su petición presentada el trece de noviembre de dos mil veinte, en el cual se sustituya perito en rebeldía, ya que el perito de la autoridad responsable a nombrado con anterioridad y no ha protestado dicho cargo que le confiere en autos del juicio ordinario civil 598/2016, así como la denegación de justicia en la que incurre la autoridad responsable al tener paralizado el juicio de origen; y de las constancias remitidas por la responsable que acompañó a su oficio de cuenta, se advierte que el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, dio contestación a la petición de la parte quejosa, en el que no accedió a lo solicitado y declaro por precluido el derecho de la parte actora para impulsa el perfeccionamiento de la prueba de inspección judicial, (posterior a la presentación de la demanda de amparo); en tal virtud, resulta incuestionable que el acto omisivo que se le reclama ha cesado en sus efectos, actualizándose en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que se actualiza la citada causal de improcedencia manifiesta e indudable, pues han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que las cosas se restablecieron a la situación anterior que se tenía antes del acto que dio origen a la promoción del juicio constitucional, de modo tal, que produjo el resultado de una sentencia concesora, en la medida en que ya ha sido emitido el acto omisivo que la parte quejosa reclamó, pues ha sido restituida en el goce de sus derechos violados, en virtud de que la abstención imputada a la responsable, ha dejado de existir, con lo cual se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada la señalada en el artículo 17 Constitucional. Cabe agregar que el no sobreseer respecto de la emisión de la resolución, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, Tesis 2a./J. 59/99, visible en la página 38, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". CONCLUSIÓN. Por lo anteriormente expuesto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la fecha cual está fijada para las diez horas con diez minutos del veintisiete de julio del año en curso; por tanto déjese sin efectos la misma. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE y personalmente.
- Principal
CITATORIO.- MESA VIII.- Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos el informe justificado y anexo rendido por el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercero Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, y remite las constancias que integran el expediente laboral de origen. Por otra parte, de conformidad con los artículos 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justifica Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince y toda vez que las copias anexas al informe justificado, son de gran extensión, extráigase del mismo copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado, a fin de que se integre a este expediente, y fórmese un cuaderno auxiliar con las constancias remitidas, las que obrarán por cuerda separada, quedando a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, del informe justificado y constancias remitidas por la responsable, se aprecia que se actualiza una causal de improcedencia que produce el sobreseimiento de este juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, por las razones que a continuación se exponen. INTRODUCCIÓN. NICTE HA RIVERO MEDINA, reclama del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercero Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, la omisión de dar contestación a su petición presentada el trece de noviembre de dos mil veinte, en el cual se sustituya perito en rebeldía, ya que el perito de la autoridad responsable a nombrado con anterioridad y no ha protestado dicho cargo que le confiere en autos del juicio ordinario civil 598/2016, así como la denegación de justicia en la que incurre la autoridad responsable al tener paralizado el juicio de origen. HECHOS. Del informe justificado rendido por la autoridad responsable y copias certificadas del juicio ordinario civil 598/2016, se advierte que la autoridad responsable dicto un acuerdo el veintiuno de junio del año en curso, la autoridad responsable dio contestación a la petición formulada por la parte quejosa el trece de noviembre del año en curso, ello le fue notificado a la parte actora el veintitrés de junio del año en curso; las cuales tienen valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la demanda de amparo, en relación al acto aquí reclamado, se advierte lo siguiente: 1.- Copia certificada del auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, emitido en autos del juicio ordinario civil 598/2016, en el que dio contestación a la petición de la parte quejosa, en el que no accedió a lo solicitado y declaro por precluido el derecho de la parte actora para impulsa el perfeccionamiento de la prueba de inspección judicial. 2.- Notificación de fecha veintitrés de junio de dos mil veintiuno, por lista realizada a la parte actora (quejoso). CONTEXTO LEGAL. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, párrafo primero, dice: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: I. . . "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto" reclamado."...." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de sus derechos humanos violados. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ANÁLISIS. Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, la suscrita estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que hace improcedente el presente juicio de amparo indirecto, esto es, han cesado los efectos del citado acto reclamado que la parte quejosa atribuye a la autoridad responsable. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en esencia la omisión de dar contestación a su petición presentada el trece de noviembre de dos mil veinte, en el cual se sustituya perito en rebeldía, ya que el perito de la autoridad responsable a nombrado con anterioridad y no ha protestado dicho cargo que le confiere en autos del juicio ordinario civil 598/2016, así como la denegación de justicia en la que incurre la autoridad responsable al tener paralizado el juicio de origen. Ahora bien, del legajo de copias certificadas que remitió la autoridad responsable con su informe justificado, antes relatadas y valoradas, se advierte que dictó el auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, emitido en autos del juicio ordinario civil 598/2016, en el que dio contestación a la petición de la parte quejosa, en el que no accedió a lo solicitado y declaro por precluido el derecho de la parte actora para impulsa el perfeccionamiento de la prueba de inspección judicial, ello le fue notificado a la parte actora el veintitrés de junio del año en curso, (posterior a la presentación de la demanda de amparo). De lo anteriormente reseñado, puede inferirse que si la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión de dar contestación a su petición presentada el trece de noviembre de dos mil veinte, en el cual se sustituya perito en rebeldía, ya que el perito de la autoridad responsable a nombrado con anterioridad y no ha protestado dicho cargo que le confiere en autos del juicio ordinario civil 598/2016, así como la denegación de justicia en la que incurre la autoridad responsable al tener paralizado el juicio de origen; y de las constancias remitidas por la responsable que acompañó a su oficio de cuenta, se advierte que el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, dio contestación a la petición de la parte quejosa, en el que no accedió a lo solicitado y declaro por precluido el derecho de la parte actora para impulsa el perfeccionamiento de la prueba de inspección judicial, (posterior a la presentación de la demanda de amparo); en tal virtud, resulta incuestionable que el acto omisivo que se le reclama ha cesado en sus efectos, actualizándose en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que se actualiza la citada causal de improcedencia manifiesta e indudable, pues han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que las cosas se restablecieron a la situación anterior que se tenía antes del acto que dio origen a la promoción del juicio constitucional, de modo tal, que produjo el resultado de una sentencia concesora, en la medida en que ya ha sido emitido el acto omisivo que la parte quejosa reclamó, pues ha sido restituida en el goce de sus derechos violados, en virtud de que la abstención imputada a la responsable, ha dejado de existir, con lo cual se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada la señalada en el artículo 17 Constitucional. Cabe agregar que el no sobreseer respecto de la emisión de la resolución, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, Tesis 2a./J. 59/99, visible en la página 38, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". CONCLUSIÓN. Por lo anteriormente expuesto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la fecha cual está fijada para las diez horas con diez minutos del veintisiete de julio del año en curso; por tanto déjese sin efectos la misma. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes.
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