Nicole Alessandri Vázquez Flores

Expediente 2000/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 51 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2000/2019
Año
2019
Actuaciones
51
Última actuación
03/03/2023

Partes del expediente

  • Nicole Alessandri Vázquez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 51.

  1. Principal

    Visto el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por sentencia de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve (fojas 66 a 71), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la justicia federal. Inconforme con dicha determinación por auto de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve (foja 78) se tuvo al Titular del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal en Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social interponiendo recurso de revisión, mismo que por auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve fue enviado a la superioridad. Finalmente, por auto de diez de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido testimonio dictado por Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dentro del toca de revisión principal 646/2019, cuyo punto resolutivo textualmente dice: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en el considerando último del fallo recurrido, la Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra los actos de las autoridades responsables que se indicaron en el resultado primero de la sentencia..." Por lo que en ese mismo auto se requirió a las autoridades responsables, en razón de que en la ejecutoria en la que se concede el amparo a la parte quejosa, se advierte que textualmente dice: ".para el efecto de que la autoridad responsable, realice todas aquellas gestiones necesarias para otorgar las citas necesarias a la menor quejosa a efecto de que se le otorgue el tratamiento que requiere, dentro de un lapso de quince días. Ello, en virtud de que dicho instituto es responsable de proporcionar ese servicio, que forma parte integrante del derecho de acceso a la salud, consagrado en el artículo 4º constitucional.." Al respecto, por oficio presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, la Directora de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría Centro Medico de Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, remitió diversas copias certificadas de las que destaca se realizó cirugía a la menor aquí quejosa el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, asimismo, el quince de febrero de dos mil veintiuno, acudió para retiró de puntos de herida y fue dada de alta de cardiocirugía y es enviada a cardiología pediátrica. Posteriormente, acudió a cita médica el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en la que se le realizó eco de control sin efectos residuales que ameriten manejo quirúrgico, herida quirúrgica cerrada ya cicatrizada alta y seguimiento por cardiología pediátrica, señalando cita para el seis de julio de dos mil veintiuno, lo que se proveyó en auto de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, y se ordenó su notificación personal. Luego, se recibieron varios oficios por parte de la autoridad responsable en las que señaló diversas citas médicas (tres de septiembre de dos mil veintiuno, veintidós de enero, veinticuatro de febrero, veintiocho de junio, uno de septiembre y cinco de octubre de dos mil veintidós, veintidós de enero y veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés), siendo omisa en presentarse a las mismas, pese a ser notificada de manera personal por esté juzgado federal y por conducto del asesor judicial como representante de la menor. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la jurisprudencia 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año en curso, con el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). En razón de lo anterior, del análisis comparativo de los efectos de la ejecutoria de amparo y del anexo destacado, se desprende que la autoridad encargada de dar cumplimiento a la sentencia esto es, el Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Estado de Jalisco, al haber otorgado la atención médica solicitada, realizando la cirugía necesaria y señalando citas médicas de seguimiento, lo anterior, en cumplimiento a la sentencia dictada en autos, por lo que con dicha conducta se atiende al núcleo esencial de los efectos de la concesión de amparo; en consecuencia, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 2ª./J.201/2009 visible en la página 301, del tomo XXX, Diciembre de 2009, de la Novena Época, correspondiente a la Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ".EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Lo anterior con independencia de que el quejoso, en caso de que lo estime pertinente, pueda hacer valer los medios de defensa establecidos en la ley. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Asimismo el presente asunto carece de valor documental. Finalmente, visto el estado que guarda el expediente electrónico derivado de este amparo, del que se advierte que no obran agregadas la totalidad de constancias de notificación ordenadas en el presente asunto; en consecuencia, se requiere al Actuario Judicial de la adscripción para que a la brevedad posible realice las acciones necesarias para incorporar la totalidad de constancias de notificación al referido expediente electrónico, a fin de que se encuentre debidamente integrado en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Una vez hecho lo anterior, deberá certificar lo correspondiente a fin de dar de baja el expediente a la mesa respectiva.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta firmado por la Directora de la unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente, Guadalajara, Jalisco, mediante el cual, manifiesta la forma en que ha dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, anexando al efecto las constancias que así lo acreditan; en consecuencia, se ordena dar vista a la parte quejosa con el comunicado y anexos de mérito, para que dentro del término de tres días, a que alude el numeral 196, primer párrafo de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga, bajo apercibimiento de que no obstante no hacerlo dentro de dicho lapso, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable no ha informado lo referente al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 17 Constitucional, así como en el 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo, requiérase a la Directora de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, informe los actos realizados a efecto de cumplir con la ejecución de la sentencia o para el caso de que ya lo haya realizado lo acredite con las constancias correspondientes, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá multa equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido con el artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, dado que de autos se advierte que la niña quejosa no ha acudido al menos a las tres últimas citas médicas señaladas por la autoridad responsable, requiérase a su progenitor, para que en el término de tres días informe a este juzgado Federal, la causa o motivo de tales inasistencia; de igual forma manifieste cuál es el estado de salud actual de su hija N.A.V, asimismo requiérase a su representante especial para que manifieste lo que a su derecho corresponda.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Directora de la Unidad de Alta Especialidad Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente, Guadalajara, Jalisco, mediante el cual pretende cumplir con el requerimiento de quince de noviembre del año en curso, asimismo anexa y exhibe constancias en que manifiesta que la menor quejosa ********************F, no acudió a su cita programada para el cinco de octubre del año en curso, además hace del conocimiento a este Juzgado de Distrito que la menor en cita no se encuentra vigente como derechohabiente, ni tampoco en la conservación de sus derechos, por tanto, según dice el Instituto Mexicano del Seguro Social, autoridad responsable en este sumario, es jurídicamente incompetente para otorgar atención médica a la parte quejosa, por tanto, se provee: Si tiene a la autoridad oficiante, en vías de cumplimiento al fallo protector, informando la circunstancia de que la niña quejosa no fue presentada en la cita médica programada para el cinco de octubre de dos mil veintidós. Ahora bien, en cuanto a lo mencionado por la citada Directora, en el sentido de que es legalmente incompetente para seguir como responsable del cumplimiento del fallo protector, en razón de que la niña quejosa dejó de ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y no se encuentra dentro del periodo de conservación de derechos, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, pues ello atentaría al interés superior del menor, lo que no es jurídicamente dable. En efecto, resulta relevante tener presente, que en la fecha en que se emitió el fallo protector (el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve), confirmado por el superior en resolución de nueve de julio de dos mil veinte, se declaró constitucionalmente, que era el instituto responsable, quien debía resarcir la transgresión al derecho a la salud de la niña quejosa, por la falta de atención eficaz y oportuna de su padecimiento cardiaco; por tanto, dado que es dicha institución de salud, la que en cumplimiento a la tutela constitucional decretada, es la que cuenta con todos sus antecedentes clínicos, su diagnóstico, el registro y evolución de su tratamiento, al menos por lo que a los últimos tres años; por ello es que no es posible declararla legalmente incompetente para continuar como responsable del cumplimientos de los efectos del amparo y protección de la Justicia de la Unión otorgados, por el hecho de que ********************, haya dejado de ser sujeta de los beneficios de salud que dicho instituto presta, por falta de vigencia de su afiliación; esto es así, pues a tal circunstancia administrativa, es preponderante como interés superior de la menor, el salvaguardar su salud, ya que de estimarse lo contario, implicaría derivar su tratamiento a otra entidad de salud, que desconoce totalmente su caso clínico, retrasando la restauración de su salud, al tener que someterse a una nueva valoración y diagnóstico, lo que sin duda iría en detrimento de su bienestar poniendo en riesgo su vida. Lo anterior, aunado a que la actual responsable del cumplimiento, continua con la función primordial de prestar los servicios de salud, entre los que se encuentran los que la quejosa necesita. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate." "Registro digital: 2022889 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a. XV/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, página 1224 Tipo: Aislada DERECHO HUMANO A LA SALUD. EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS HASTA EL MÁXIMO DE LOS RECURSOS DE QUE DISPONGA PARA LOGRAR PROGRESIVAMENTE SU PLENA EFECTIVIDAD. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece el cual, por su parte, se limitó a justificar esa falta de entrega por la inexistencia física del medicamento. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en aras de garantizar el derecho humano a la salud, el Estado debe adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, su plena efectividad. En esa tesitura, tiene la carga de la prueba de demostrar que realizó el esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición para satisfacer, con carácter prioritario, sus obligaciones mínimas requeridas en materia de salud. Justificación: Lo anterior, en virtud de la diferencia entre la "incapacidad" y la "renuencia" del Estado a cumplir con dicha garantía, en atención a que la "incapacidad" del Estado para garantizar el derecho humano a la salud parte de su obligación de adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, o bien, justificar que se ha hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos de que dispone para garantizar ese derecho; mientras que la "renuencia" del Estado se presenta cuando no está dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que disponga para dar efectividad al derecho a la salud, violando entonces las obligaciones que ha contraído en virtud del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De ahí que las violaciones del derecho a la salud pueden producirse por no adoptar las medidas necesarias que emanan de las obligaciones legales, como no contar con políticas o legislación que favorezca el nivel más alto de salud posible, o no hacer cumplir las leyes existentes en la materia." "Registro digital: 2022890 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a. XIII/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, página 1225 Tipo: Aislada DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA ASISTENCIA MÉDICA Y EL TRATAMIENTO A LOS PACIENTES USUARIOS DE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE INTEGRE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DEBEN GARANTIZARSE DE FORMA OPORTUNA, PERMANENTE Y CONSTANTE. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos, tomando particular importancia cuando se trata de padecimientos en los que el éxito del tratamiento dependa, principalmente, del óptimo cumplimiento en la toma de medicamentos, es decir, en aquellos casos en los que la adherencia deficiente al tratamiento sea determinante para la progresión de la enfermedad. Justificación: Ello, pues la lucha contra las enfermedades, en términos amplios, representa la práctica de esfuerzos individuales y colectivos del Estado para facilitar la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia y servicios médicos, lo cual no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino también al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. Esto como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud, reconocido en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 11 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño." Ahora bien, dado que de autos se advierte que la niña quejosa no ha acudido al menos a las tres últimas citas médicas señaladas por la autoridad responsable, requiérase a su progenitor, para que en el término de tres días informe a este juzgado Federal, la causa o motivo de tales inasistencia; de igual forma manifieste cuál es el estado de salud actual de su hija ********************

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