Nicolasa Zuñiga Cobos
Expediente 1048/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1048/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Nicolasa Zuñiga Cobos
Actuaciones
- Principal
Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto de doce de diciembre del año en curso (foja 17), ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran cinco años- al haberse tenido por no presentada la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. Se señala como fecha probable para tal efecto el treinta de diciembre de dos mil veinticuatro.
- Principal
"...se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dos de diciembre del año en curso. Con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda con que se formó este expediente...".
- Principal
Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho...Regístrese con el número 1048/2019-VIII que le correspondió. Antes de proveer lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este Órgano Federal la analizó atendiendo a las disposiciones de la Ley de Amparo y específicamente el artículo 114. El dispositivo mencionado otorga la facultad de prevenir al promovente del amparo a efecto de que aclare su demanda cuando éste incurra en las deficiencias, irregularidades u omisiones que se detallan, para lo cual deberá hacer las aclaraciones que correspondan o presentar las copias faltantes dentro del término de cinco días, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada. Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo, fracciones IV y V estatuyen: ARTÍCULO 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito, o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice en la que se expresará: [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. [.] Como se advierte del artículo mencionado, es obligación del gobernado precisar el acto que reclama de cada autoridad, así como los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del reclamo. Ello, con la finalidad de reunir los requisitos que establece el artículo citado. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte señala como autoridades ordenadoras a: 1. Juez Primero de Primera Instancia, 2. Procuraduría General de la República, de este Distrito en Materia Penales (sic), 3. Junta de Conciliación y Arbitraje; y, 4. Jefe de la Oficina de Hacienda. Y dentro de las ejecutoras al Juzgado de juicios orales. Al parecer todas con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz. De las que reclama: "La posible orden de aprehensión dictada en mi contra fuera de todo procedimiento judicial así como multas constantes que se están determinando en mi contra." Es evidente, señala dos autoridades cuya facultad deriva de la investigación de delitos del orden penal, una más que su actuación se restringe a asuntos de tipo laboral y otra a lo administrativo. De la narrativa de hechos no se advierte el origen de lo reclamado en la demanda (el tipo de juicio del que emana) o la(s) multa(s) que haya(n) determinado las autoridades. Las autoridades (3) y (4) carecen de atribución para emitir órdenes de aprehensión. Pues no son competentes para conocer asuntos de naturaleza penal. Aunque es cierto existe la posibilidad que la referida Junta emita determinaciones que pudieran traducirse en una posible privación a la libertad de la parte impetrante [como lo pudiera ser el arresto como medida de apremio] derivada de algún procedimiento que ante ella se tramiten. En los antecedentes refiere lo siguiente: - Actualmente es Regidora Tercera de San Andrés Tuxtla, Veracruz y que dicho cargo lo tiene desde hace dos años. - Que ha recibido notificaciones de una demanda laboral que empezó varios años atrás de su cargo como regidora. - Que el jurídico de dicho municipio es el que se encarga de todo lo legal. Quien recibe todas las notificaciones. - Le acaba de llegar -veintiocho de noviembre- un documento por parte de Hacienda del Estado con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, haciéndole acreedora a una multa impuesta a cada regidor por más de dieciocho mil pesos moneda nacional ($18,000.00). - Agrega tiene conocimiento que el encargado del área jurídica nunca dio contestación a la demanda, ni acudió a las audiencias. Afirma teme por su integridad física, ya que después de la notificación, si dicho municipio a través del área jurídica no paga, tendrá problemas legales. Refiere las responsables tratan de privarla de la libertad, sin haber cometido delito alguno, ni infracción a reglamentos gubernativos ni de la policía. Nada dice de cómo concluye que las autoridades denominadas 3. Junta de Conciliación y Arbitraje y 4. Jefe de la Oficina de Hacienda, ambas con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, participaron en el mandato de captura. Como ya se dijo, si bien la primera (3) puede emitir órdenes privativas de libertad. Éstas corresponden a órdenes de arresto con motivo del incumplimiento de mandatos o requerimientos. En cuyo procedimiento intervienen parte actora y demandada. Y para que ello suceda el cauce procesal normal implica el conocimiento previo de un litigio donde, siendo parte, es conminado a cumplir algún mandato. Apercibido, para el caso de inobservarlo, con la imposición de una medida de apremio entre las que se encuentra el arresto en términos de la fracción III artículo 198 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz. Además, no refiere en los antecedentes circunstancias relativas al juicio laboral. Tampoco vierte dato alguno relativo al documento donde le fue informada la multa superior a dieciocho mil pesos moneda nacional ($18,000.00). En este orden, es claro que la quejosa ha tenido conocimiento de la sustanciación de un determinado proceso en la vía laboral donde el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla -en el que actualmente es Regidora Tercera- fue demandado. Incluso, refiere se han impuesto multas con motivo del incumplimiento de los mandatos ahí emitidos. No obstante, no es claro si como acto se duele de un mandato privativo de libertad -que puede referirse a una orden de aprehensión, detención, presentación, arresto, búsqueda- librado contra su persona por cualquiera de las autoridades mencionadas como responsables. O bien, si su intención es ostentarse como extraña al procedimiento laboral y con motivo que le notificaron la multa de dieciocho mil pesos pretende reclamarla de manera concreta. Derivado de ello, la privación de la libertad emanada dentro del referido juicio. La demanda -como ya se dijo- carece de esa información. Así, se previene a la parte quejosa para que cumpla con lo que más adelante se precisará. Tendrá para hacerlo el término de cinco días contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído. Sus manifestaciones deberán ser bajo protesta de decir verdad. Deberá acompañar las copias necesarias para correr traslado a las partes del escrito aclaratorio. Por tanto, la parte quejosa deberá -bajo protesta de decir verdad- indicar: I. Determinar concretamente el acto reclamado por el que pretende sea sustanciado el presente sumario constitucional, a saber: I.1. Mandato privativo de libertad -que puede referirse a una orden de aprehensión, detención, presentación, arresto, búsqueda- librado contra su persona. Que emane de algún proceso penal, laboral, o incluso administrativo, seguido ante alguna de las autoridades señaladas como ordenadoras. I.2. Si pretende controvertir constitucionalmente la imposición de la multa que le fue notificada o concretamente algún acto privativo de libertad derivado del juicio laboral donde el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla -en el que actualmente es Regidora Tercera- fue demandado. En caso afirmativo, deberá especificar: - El número de expediente laboral. - Las partes que integran la contienda. Ya que a su contraparte le reviste el carácter de tercera interesada. Supuesto en el que deberá exhibir una copia más para traslado. Señalar su nombre y domicilio (si no conoce este último dato -domicilio- manifestarlo bajo protesta de decir verdad). - El estado procesal, a saber, la etapa en que se encuentra. En el entendido que la prevención implica decida si reclama el acto privativo de libertad o actuaciones del juicio laboral como multa, un apercibimiento concreto o incluso todo el juicio como tercera extraña. Lo que debe aclarar para fijar la litis. Pues en un sólo juicio de amparo no es dable impugnar actos de distinta naturaleza jurídica y procesal. En cualquier caso, deberá considerar complementar las copias de la demanda para correr traslado, pues señaló ocho autoridades como ordenadoras y ejecutoras, además debe ser notificado el Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, dos copias más se requieren para el incidente de suspensión, y una más para cada tercero interesado, de ser el caso. Y solo exhibió diez copias de la demanda. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo de la ley de la materia. Hágase saber que el desahogo a la prevención efectuada, únicamente podrá realizarla quien promueve la demanda por constituir un acto de carácter personalísimo, lo que implícitamente conlleva que sólo la directa quejosa puede formular esa protesta. Así también, se le hace saber que se debe conducir con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que les consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la ley de la materia. Respecto de las copias de traslado exhibidas, consérvese por separado en la secretaría de este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar.
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