Nicolasa Gracia Varela
Expediente 20/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 15 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 20/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 15/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Nicolasa Gracia Varela
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de quince de enero de dos mil veintiuno: Apizaco, Tlaxcala, quince de enero de dos mil veintiuno. Radicación de demanda Vista la demanda de amparo que promueve Nicolasa García Varela, contra actos del Notario número Tres de la Demarcación de Hidalgo, Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 20/2021-I. Acto reclamado De la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".el haber tirado ilegalmente la escritura pública, de una fracción del predio denominado "Zamora", propiedad de la suscrita Nicolasa García Varela y de mi señor esposo de nombre C. JOSÉ LUIS ROMERO SUAREZ, hoy difunto; el titular de la Notaría Numero Dos, no leyó en su integridad la escritura pública número 359, fojas 186 vuelta y 187 frente, de fecha veintinueve de enero del año dos mil quince, además para esa época mi esposo ya estaba ciego, por efectos de la diabetes y, en el protocolo del Notario en cita, no señala su discapacidad, misma que se acreditará en el proceso, en consecuencia ignoró a la suscrita quejosa en mi calidad de esposa y copropietaria de la fracción del predio denominado "ZAMORA", para la formalidad de otorgamiento de la firma en su libro de notarios, para perfeccionar la compraventa de una fracción de nuestro predio, al señor C. JOSÉ LUIS ROMERO JUÁREZ, toda vez que en la escritura pública aparece como casado y la suscrita siempre fui su legítima esposa. (...)". Se desecha demanda de amparo Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En este contexto, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Los artículos trascritos establecen, en lo que interesa, que el juicio de derechos humanos tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Ley Fundamental de la Nación, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y que es autoridad responsable la que (con independencia de su naturaleza formal, pues puede ser un particular cuando realice actos equivalentes a los de autoridad), dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece que procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, respecto de la anterior ley reglamentaria, que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso, tal como se plasmó ahora en la nueva Ley de Amparo. En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, deben coexistir las siguientes condiciones: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En esa tónica, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/2007-PS, entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente en Materia de Trabajo del mismo circuito, haciendo una interpretación de los Códigos de Procedimientos Civiles de los Estados de Jalisco y Nuevo León, concluyó que el Notario Público, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. En efecto, el Máximo Tribunal del País estableció que la intervención que tiene el notario público en el procedimiento testamentario es como simple fedatario de los actos o hechos que para su autenticidad le son sometidos por los interesados. Agregó que el notario no es un funcionario o servidor público sino que, conforme con el sistema jurídico mexicano, la institución del notariado es sui géneris ya que, por un lado, se encomienda para su desempeño a particulares, licenciados en derecho, mediante la expedición de la patente respectiva, después de haber presentado los exámenes de oposición correspondientes; que por otro lado, se trata de una función de orden público, toda vez que el notario actúa por delegación del Estado, con el objeto de satisfacer necesidades de interés social como lo son la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos, por tanto, es un servicio público regulado por el Estado, de ahí la obligación del notario para actuar y prestar sus servicios cuando sea requerido. Determinó que el notario es un particular que por disposición de ley, por un acto de delegación del Estado, recibe la fe pública, que es originalmente un atributo del propio aparato gubernamental por virtud de su imperio, y es ejercida a través de los órganos estatales y del mismo notario; que incluso, la propia legislación notarial ha establecido la incompatibilidad del ejercicio notarial con cargos públicos o de elección popular, lo que corrobora que no se trata de un empleado o funcionario público; de ahí que, si se considera que el notario público no puede reputarse como un servidor público, sino que es un particular que actúa mediante la patente que el Estado le otorga para dar fe pública de los actos e instrumentos que ante él se realicen, no puede decirse, por tanto, que sus actos son por mandato de ley, además, la función notarial no es compatible con el desempeño de cargos públicos, y su actuar está condicionado a que los particulares soliciten sus servicios, por lo que no existe una relación de supra a subordinación en su actuación, aunado a que a través de sus actos no se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; en esa tesitura, sus actos no pueden considerarse como actos de autoridad. Estableció en el sentido de que la función del notario público cuando se separa del procedimiento sucesorio porque no existe controversia entre los interesados, no era similar a la que desarrollaba el Juez, esto es, no constituía un acto definitivo, pues en el supuesto que alguno de los interesados no estuviera conforme, los notarios carecen de la facultad de solucionar dicho conflicto y hacer cumplir sus determinaciones, a diferencia de los Jueces. También que la relación entre notario y el particular no cumplía con la característica de supra a subordinación que distinguía a las relaciones de las autoridades con los gobernados, ya que el trámite cuando se separaba del procedimiento jurisdiccional era optativo para las partes, y en todo caso requería de su consentimiento para acatar las determinaciones de dicho fedatario público. De acuerdo con lo anterior, refirió Nuestro Máximo Tribunal, que al analizar las funciones que desempeñaban los notarios públicos al tramitar una cuestión cuando no existía controversia, era posible concluir que cuando se reclama la falta de llamamiento al procedimiento de sucesión tramitado ante dichos fedatarios, éstos no tenían el carácter de autoridades responsables, pues la falta de llamamiento no constituía un acto definitivo, pues en caso de suscitarse una controversia, el notario dejaría de conocer y se continuaría el trámite ante un órgano jurisdiccional. Luego entonces concluyó que tomando en consideración las notas distintivas de los actos de autoridad establecidas por ese Alto Tribunal, entre las cuales se encontraba que "para emitir esos actos de no se requiera acudir a los órganos jurisdiccionales ni se precise del consenso de la voluntad del afectado", y siendo que en el caso concreto, de ocurrir controversia consistente en haber "tirado ilegalmente la escritura pública, de una fracción del predio denominado "Zamora", propiedad de la suscrita Nicolasa García Varela.", era necesario acudir ante el Juez competente, a fin de que dicte la determinación respectiva, por ello, el notario público no podría ser considerado como autoridad responsable. Por otro lado, debe tomarse en consideración que la remuneración de la labor notarial no proviene del erario público, sino del particular que acude a solicitar la prestación de sus servicios, de acuerdo con el arancel respectivo, y sólo actúa a petición de parte, esto es, sólo presta sus servicios cuando una persona física o moral interesada en el otorgamiento de una escritura o en hacer constar un hecho o un acto jurídico se lo solicita y, en ese contexto, la actuación notarial es obligatoria, lo cual encuentra fundamento en el artículo 10 de la Ley del Notariado del Estado, que en lo conducente establece: "Artículo 10. El Notario no será remunerado con cargo al erario del Estado; sus honorarios serán cubiertos por quienes soliciten sus servicios, en los términos del Arancel vigente y en su defecto serán determinados por convenio con el solicitante". Como se observa, es el propio particular quien acude a solicitar la prestación de los servicios notariales y quien paga por los mismos, por tanto, la actuación de los notarios, no puede ser considerada como un acto de autoridad. Además, debe tomarse en cuenta que la subordinación de las relaciones jurídicas es una característica esencial de las relaciones entre las autoridades del Estado y los particulares, en las que se ubica a las primeras en un plano de superioridad respecto de los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se encuentra regulado por el derecho público y se caracterizan por la unilateralidad de los actos provenientes de las autoridades, sin que para ello sea necesario el consentimiento de los particulares. Por ello, ya establecido que una de las notas esenciales de los actos de autoridad la constituye el hecho de que a través de los actos unilaterales se cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, es preciso señalar que los actos del notario público en el Estado, de acuerdo con la normatividad que los rige, tienen tales efectos. Los artículos 6, fracción XV y 83 de la Ley del Notariado del Estado de Tlaxcala, disponen: "Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: (.) XV. Notario. El profesional del derecho, investido de fe pública por delegación del Estado para ejercer las funciones propias del notariado de acuerdo con esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables; (.)". "Artículo 198. Son obligaciones y atribuciones del Director, las siguientes: I. Practicar u ordenar la práctica de inspecciones ordinarias y especiales a las notarías del Estado; II. Comunicar por escrito a la superioridad las faltas que ameriten suspensión o remoción del cargo, en que incurran los notarios en ejercicio de sus funciones, sugiriendo la sanción que deba imponerse; III. Resolver las quejas presentadas en contra de los notarios; IV. Sancionar administrativamente a los notarios conforme a las disposiciones de la presente Ley; V. Intervenir en la entrega y recepción de notarías; VI. Realizar estudios para identificar las necesidades del servicio notarial en el territorio del Estado; VII. Llevar los registros de expedición de Constancias de Aspirante y de Patente de Notario, de sellos y firmas de estos últimos y de los Convenios de Asociación que celebren los notarios. En estos registros se asentarán la fecha de los nombramientos, los días que hayan dejado de actuar los notarios y las licencias, suspensiones y remociones de los mismos; VIII. Llevar un registro de los testamentos que autoricen los notarios y de los cuales hayan dado aviso en los términos de la presente Ley y rendir a las autoridades los informes que soliciten; IX. Expedir, a petición de los notarios, de los interesados o por orden judicial, los testimonios o copias certificadas de las escrituras que obren en los Protocolos depositados en el Archivo; X. Dirigir, controlar y supervisar el manejo del Archivo y de los Registros Públicos en el Estado; XI. Tramitar los asuntos relacionados con el notariado del Estado, y XII. Las demás que le señalen esta Ley y otros ordenamientos aplicables". De los artículos transcritos se puede observar que la función del notario esencialmente consiste en dar fe para hacer constar actos, negocios y hechos jurídicos a los que se deba o quiera dar autenticidad y seguridad jurídica conforme con las leyes, además de ilustrar a las personas que le soliciten sus servicios, debiendo recibir, interpretar y dar forma a la voluntad de las mismas. Esto es, el notario es un delegatario del Estado para dar fe pública de los actos y hechos jurídicos que se celebran ante él con el fin de brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica respecto de los mismos. En este orden de ideas, debe entenderse que el notario, a través de la fe pública que le es conferida, sólo hace constar los actos y hechos jurídicos que ocurren ante él, sin que de ello pueda entenderse que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. El hecho de que en ocasiones, por determinación de ley, como requisito formal se requiera de la intervención del notario para dar fe de un acto o hecho jurídico, de ninguna manera puede entenderse como un acto de autoridad, ya que, como se ha establecido, dicha intervención sólo tiene como efecto brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica respecto de dichos actos o hechos. En este sentido, la fe pública notarial sólo debe considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el notario tanto al Estado como al particular, al determinar que el acto se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto, sin que lo anterior signifique que a través de la función notarial se cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Por ello, como se ha establecido, los actos del notario en cuestiones de sucesiones no pueden ser considerados actos de autoridad. Consecuentemente, si en el particular se reclama en esencia la "tirado ilegalmente la escritura pública, de una fracción del predio denominado "Zamora", propiedad de la suscrita Nicolasa García Varela.", no implica la realización de actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del amparo, ya que sólo autentica y da forma a los instrumentos donde constan los actos, hechos o negocios jurídicos que celebran las partes que en ellos intervienen, razón por la cual no impone disposiciones normativas ni modifica alguna situación jurídica de manera unilateral, ni afecta la esfera legal de las partes, considerando también para ello, que en las sucesiones, su actuaciones es optativa y no definitiva, pues en caso de inconformidad, se debe acudir a la potestad del Juez correspondiente, por lo que es claro que no se está en presencia de una autoridad, para los efectos del amparo; lo que configura la causal de improcedencia en comento, e impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso por identidad de razón la Jurisprudencia emitida por Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1ª./J. 41/2019, 16 de agosto de 2019, decima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, respecto del acto reclamado al Notario Público Número Tres de la Demarcación de Hidalgo, Tlaxcala. Determinación que se hace extensiva respecto a las restantes autoridades responsables, por tener el carácter de ejecutoras y no reclamárseles violaciones por vicios propios. En apoyo a lo anterior, se hace mención que igual criterio se sostuvo en el amparo indirecto 378/2019-II, el cual fue confirmado por el Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, dentro del recurso de queja 110/2019. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Domicilio para oír y recibir notificaciones Como lo solicita expresamente la parte promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el que señala en su escrito de demanda , y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Vázquez Muñoz y América Ramírez Mimientzi por contar con cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Karina Saldaña Guerrero por no contar con dicho registro. Se tiene señalado correo electrónico y número telefónico En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, téngase a la promovente señalando correo electrónico jus_firma@gmail.com y número telefónico, a fin de entablar comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Resguardo de documentos. Ahora bien, respecto a las documentales que anexa a su escrito inicial de demanda, se ordena su resguardo en la secretaría de este Juzgado Federal, previa copia certificada que se obtenga para que obre en autos. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Vallejo Rivera Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE).jmv
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