Nicolas Torres Ramírez y Otros.

Expediente 425/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
425/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
30/08/2021

Partes del expediente

  • Nicolas Torres Ramírez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Vistos los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la demanda de amparo origen del presente asunto, sin que la parte promovente haya interpuesto recurso de queja, dentro del plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2º, se declara que dicho auto ha causado estado Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Por analogía de razón, con apoyo en el numeral 18, fracción a), del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que si bien se tuvo por no presentada la demanda de amparo, lo cierto es, que se decretó la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamado por la parte quejosa; sin que obste lo anterior, el hecho de que dicho numeral refiera únicamente por cuanto hace al incidente de suspensión, cuando en éste se haya concedido la medida cautelar ya sea provisional, definitiva o ambas, pues lo cierto es que la suspensión de plano se equipara a una suspensión definitiva; asimismo, este asunto no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo de mérito; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a la depuración del expediente; terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente asunto a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción y actuación a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, se autoriza al Secretario y/o Actuario adscritos, a firmar los oficios que deriven de este acuerdo. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese sin mayor proveído, el oficio 434/2021 procedente del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado el despacho 56/2021, orden 104/2021, derivado del juicio de amparo en que se actúa; lo anterior, toda vez que mediante acuerdo de seis de mayo del actual, se tuvo por recibido el oficio y su anexo, proveyéndose lo conducente respecto a su contenido. Por otra parte, visto el estado procesal que actualmente guarda el presente juicio de amparo, así como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido a la parte promovente, para que desahogara la prevención formulada en auto de diez de mayo de este año, transcurrió del diecisiete al veintiuno de mayo del año en curso, como se detalló en la certificación de cuenta, sin que hubiere dado cumplimiento a la misma. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo que dio origen a este expediente. Hágase del conocimiento de la parte promovente este proveído y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones de Ley en el libro correspondiente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintiuno. DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN. Vista la diligencia de siete de mayo de este año, se advierte que los quejosos Nicolás Torres Ramírez y Welliams o Williams Giovany Salinas Silva, ratificaron la demanda de amparo presentada en su favor por Antonio Fabián Martínez Zárate; por tanto, se tiene por ratificado dicho libelo. En ese contexto, se tiene a la vista de nueva cuenta la demanda de amparo, y al efecto se provee: PREVENCIÓN. Ahora bien, una vez precisado lo anterior, del contenido de la demanda de amparo, se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: Los artículos 108, fracción IV y V, 112 y 114, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará: [.]. IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación". "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; [.]. IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado". En tales condiciones, previo a proveer sobre la admisión o no de la demanda que se intenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 112 y 114, todos de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que dentro del término de CINCO días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación personal del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: 1. Precisar qué acto u actos reclama en específico de cada una de las autoridades responsables. En este punto se abre un paréntesis, ciertamente la demanda de amparo fue presentada en favor de los directos quejosos, misma que al encontrarse ajustada a las hipótesis que establecen los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se le otorgó el trámite de urgente y se decretó de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados, para que cesara la privación de la libertad personal fuera de procedimiento e incomunicación; sin embargo, al haber sido ratificada y haberse proveído sobre la suspensión de plano, resulta necesario -como se dijo- que se aclare la demanda en ese sentido, es decir, respecto a los actos que en específico reclama a cada autoridad. 2. Aclare el acto reclamado de la incomunicación; es decir, si ésta aconteció mientras estuvieron detenidos en la Agencia Municipal de San José Manialtepec, Villa de Tututepec, Juquila, Oaxaca, el veintisiete de abril de dos mil veintiuno; o se trata de diverso acontecimiento y momento. En el primer supuesto -incomunicación mientras estuvo detenido- deberá indicar en qué consistió y cuánto tiempo abarcó. En el segundo supuesto -incomunicación derivada de otro momento- deberá señalar cuándo ocurrió, en qué consistió y a qué autoridad se lo reprocha. En su defecto, manifieste si existió o no la incomunicación que dijo el promovente se encontraban sufriendo. 3. Amplié el capítulo de antecedentes bajo protesta de decir verdad, a efecto de que este órgano jurisdiccional conozca todos los antecedentes relacionados con cada uno de los actos aquí reclamados y no de forma generalizada; en este sentido, deberá precisar la forma del acontecimiento o inminencia de cada acto, su motivo o causa -si es que lo conoce-. Ello, con la finalidad de contar con suficientes elementos para admitir o desechar -según corresponda- la demanda de amparo que dio origen a este juicio de amparo. Sirve de apoyo por sus consideraciones esenciales, la tesis aislada sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, página 393, Tomo CVIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto. "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. El Juez de Distrito ante quien se presente la demanda, mandará aclararla, no sólo cuando el quejoso haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la Ley de Amparo, sino también cuando en ella encuentre alguna irregularidad; cuando no se hayan expresado con precisión el acto reclamado; o cuando no se haya exhibido las copias que señala el artículo 120 de la propia Ley, previniendo al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que correspondan, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades y deficiencias que deben llenarse para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo; en la inteligencia que si no lo hace se tendrá por no interpuesta la demanda. Es improcedente el agravio que se haga valer en el sentido de que no se previno al quejoso se hiciera la aclaración, con apercibimiento de que en caso de no hacerla, se tendría por no interpuesta la demanda, ya que el artículo 146 de la Ley de Amparo que es el que establece el procedimiento de aclaración de la demanda, no dispone que deba hacerse al promovente de la misma, tal apercibimiento." APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que de no cumplir con las prevenciones dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, en términos del artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". Finamente, se precisa que lo relativo a la forma de notificación y autorizados, exhortación del juicio en línea, habilitación de días y horas inhábiles, transparencia y gratuidad del servicio, fue acordado en auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguense a los presentes autos para que surtan sus efectos legales el oficio 434/2021 procedente del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido Oaxaca, y anexo que se acompaña, consistente en diversas constancias relativas al despacho 5/2021 de su índice; mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado el despacho 56/2021, orden 104/2021, derivado del juicio de amparo en que se actúa. Esto es así, pues la actuaria de la adscripción del juzgado despachado, entregó los oficios -4373, 4374, 4375 y 4376- a las autoridades responsables Presidente, Síndico y Comandante de la Policía Municipal de la Villa de Tututepec, Juquila, Oaxaca, así como Agente de Policía de San José Manialtepec, perteneciente a dicho municipio, conforme se aprecia en la diligencia practicada el veintinueve de abril de este año y los acuses de recibo adjuntados; por tanto, téngaseles debidamente notificadas del auto de veintiocho de abril de este año, por el que se les pidió su informe sobre la suspensión de plano. Sin embargo, la citada fedataria pública no encontró a los directos quejosos, en razón esencial que al constituirse en las instalaciones que ocupa la Agencia de Policía Municipal de San José Manialtepec, Villa de Tututepec, Juquila, Oaxaca, le fue informado que los directos quejosos se encontraban detenidos en dicho lugar, por la comisión de faltas administrativas, en específico, por insultos verbales a la autoridad municipal, pero fueron liberados en la tarde del veintiocho de abril de este año. En consecuencia, dése de baja y háganse las anotaciones de Ley en el Libro de Gobierno respectivo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otro lado, glósese a los autos el escrito al parecer firmado por los directos quejosos Nicolás Torres Ramírez y Williams o Welliams Giovany Salinas Silva, por el cual pretenden ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por Antonio Fabián Martínez Zárate. En este tenor, del estado de autos y la certificación secretarial que antecede se desprende lo siguiente: - El escrito que se recibe, en lo que interesa, se encuentra firmado por Welliams Giovany Salinas Silva; en tanto la demanda que se promovió a su favor fue con el nombre de Williams Giovany Salinas Silva; en tal virtud téngase al directo agraviado con ambos nombres, hasta que realice manifestación en la que aclare dicha situación. - En auto de veintiocho de abril de este año, se tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por Antonio Fabián Martínez Zárate, en favor de los directos quejosos Nicolás Torres Ramírez y Williams Welliams Giovany Salinas Silva, en la que reclamó actos a las autoridades responsables consistentes en ataques a la libertad fuera de procedimiento e incomunicación, por lo que, se decretó la suspensión de plano y de oficio de los aludidos actos reclamados, para el efecto esencial relativo a que cesara la privación de la libertad personal fuera de procedimiento e incomunicación de los nombrados. - En ese propio proveído, se libró despacho 56/2021, orden 104/2021, al Juzgado Mixto de Puerto Escondido, Oaxaca, en turno, para que por su conducto, comisionara a quien correspondiera, para que de manera inmediata se constituyera en las agencias policiales de San José Malinaltepec, perteneciente al municipio de la Villa de Tututepec, Juquila, Oaxaca donde -al parecer- se encontraban detenidos los directos impetrantes; o en su caso, indagara sobre su paradero, y una vez localizados, los requiriera para que en el acto de la diligencia o bien dentro del plazo de tres días manifestaran si ratificaban o no la demanda promovida a su favor. - Por acuerdo de tres de mayo último, se tuvo a la Agencia de Policía Municipal de San José Manialtepec, Villa de Tututepec, Juquila, Oaxaca, rindiendo su informe sobre la suspensión de plano decretada en este asunto, en el que informó que los directos quejosos habían sido detenidos el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecinueve horas con diez minutos, por la comisión de faltas administrativas, en específico, por insultos verbales y calumnias realizados a la autoridad municipal, siendo remitidos a la cárcel; pero fueron puestos en libertad a las dieciocho horas con cincuenta minutos del veintiocho de abril del actual. Informe sobre la suspensión de plano que se encuentra corroborado con la exposición vertida por la actuaria adscrita al juzgado despachado. De ahí, que se estime que en ningún momento la citada fedataria pública tuvo a la vista a los directos quejosos, y por ende, tampoco les hizo del conocimiento la prevención formulada en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; esto es, que en el acto de la diligencia o bien dentro del plazo de tres días manifestaran si ratificaban o no la demanda promovida a su favor. En esta línea, conviene destacar lo que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. Tal precepto legal prevé los supuestos en que se reclamen actos que por su naturaleza -grave- imposibilitan materialmente a los agraviados a acudir personalmente a solicitar el amparo, por lo que, es necesaria la ratificación de la demanda para que se pueda convalidar lo expuesto por la persona que la promovió en su favor. En otras palabras, la demanda de amparo es el medio por el cual el directo quejoso revela su intención de accionar en la vía constitucional y formula su pretensión ante el Juez de Distrito, mientras que la ratificación es la confirmación de ese deseo, el que inicialmente se pretendió exteriorizar por otra persona en nombre del quejoso; es decir, es una forma de autentificar el escrito inicial presentado en nombre de quien realmente pretende instar en la vía constitucional. Sin embargo, se estima que esa ratificación en la especie tiene que desahogarse ante presencia judicial, pues como se vio, en ningún momento la actuaria de la adscripción del juzgado despachado tuvo a la vista a los citados quejosos, ni le fue mostrado algún documento por la citada responsable que ampare que hayan sido puestos en libertad, por lo que, no han sido prevenidos para ratificar la demanda en los términos apuntados; en tal virtud, no se tiene por ratificada la demanda con el escrito que se provee al parecer firmado por los directos agraviados. Ahora, el aludido precepto legal impone al juzgador de amparo a dictar las medidas necesarias para lograr la comparecencia de los directos agraviados para recabar la manifestación relativa a si ratifican o no la petición de amparo solicitada a su nombre, incluso dictar las que fueran actualizándose con motivo de la información que se allegara, todo con el fin de lograr tal cometido, sin que al momento se haya logrado su comparecencia, pues como se ha dicho, al constituirse la actuaria judicial de referencia, en el lugar en que le fue informado se encontraban detenidos, ya habían sido liberados, por lo que nunca los tuvo a la vista para cerciorarse que efectivamente fueran ellos y estar en aptitud de formularles la aludida prevención. No obsta a lo anterior, que en el escrito que se provee, se haya anexado copia de las credenciales de elector de los directos quejosos y el recibo por el pago de una multa por la cantidad de doscientos pesos, pues ello no acredita que efectivamente hayan sido liberados en el lugar que se encontraban detenidos, ni que sean las mismas personas las que firman el referido ocurso. En consecuencia, por seguridad jurídica, en términos del artículo 17 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, requiérase a los directos quejosos Nicolás Torres Ramírez y Williams o Welliams Giovany Salinas Silva, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, se presenten en las instalaciones que ocupa este Juzgado Federal, debidamente identificados (pasaporte, credencial de elector o cédula profesional), a efecto que ante presencia judicial manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su favor por Antonio Fabián Martínez Zárate, pues es necesario crear certeza en dos temas principales, que hayan sido liberados y que es su deseo ratificar la demanda instada en su favor. En este sentido, hágasele del conocimiento a los directos agraviados que en términos del "ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", este órgano jurisdiccional cuenta con la limitante para que el público en general, ingrese al edificio para la práctica de diligencias. En esa virtud, deberá agendar cita en el micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", sistema "Agenda OJ" dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que mediante proceso automatizado se le otorgue un Código QR que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional para tal fin, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. No obstante lo anterior, también se les requiere para que en el plazo de tres días, computado legalmente, proporcionen su domicilio convencional, a efecto que en caso de imposibilidad material o jurídica de asistir, se provea lo conducente para obtener la multicitada manifestación. Notifíquese personalmente a los directos quejosos.Así lo proveyó y firma Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Leonardo Morales Castillo, Secretario Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. DOY FE.

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