Nicolas Sillas Vergara

Expediente 99/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
99/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
06/05/2019

Partes del expediente

  • Nicolas Sillas Vergara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    * TEPIC, NAYARIT, SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el siete de marzo del año en curso (fojas 297 y 298), el delegado de las autoridades responsables Tesorero y Jefe de Catastro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de ocho de marzo pasado (fojas 299), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación se notificó a la aludida parte procesal el catorce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 301 a 303); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del diecinueve al veintidós de ese mes; y en su oportunidad la autorizada de la quejosa realizó manifestaciones de su parte (fojas 304 a 307). Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. **En ese sentido, mediante sentencia emitida el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete (fojas 144 a 167), se determinó sobreseer y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: *En esas condiciones, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, y siguiendo los lineamientos sostenidos por el órgano superior, al resolver el amparo en revisión 1/2016, relacionado con el juicio de amparo indirecto 782/2012, lo procedente es conceder a Moray Applegate Curiel, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de garantías, en virtud de que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, las cuales son el factor para calcular la base del tributo en análisis, violan el principio de proporcionalidad tributaria. Ello, porque la base del impuesto no refleja el valor comercial o de mercado de los inmuebles; por ello, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, no le exija la cantidad total al quejoso (correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete), por concepto de impuesto predial respecto del inmueble con cuenta predial U044757, con clave catastral 20-046-01-003-006-000, ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por una disposición autoaplicativa en perjuicio de la disposición tildada de inconstitucional. Por tanto, los efectos de la protección constitucional abarcan en lo presente y en lo futuro, mientras no sea modificada la mecánica del tributo. Es aplicable la jurisprudencia 92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintidós, tomo I, materia constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA". Además, la jurisprudencia 151, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento ochenta y siete, Tomo I, materia constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA." Asimismo, dicha concesión comprende a las autoridades denominadas Tesorero Municipal y Jefe de Catastro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con residencia en Valle de Banderas, quienes participaron en la elaboración y autorización de las tablas declaradas inconstitucionales dentro del presente juicio de garantías. Resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia, que a la letra dice: * Luego, y toda vez que, en tratándose de inconstitucionalidad de leyes reclamadas en amparo indirecto, el efecto de la sentencia que otorga la protección federal, consiste, -además- en dejar insubsistentes los actos de aplicación reclamados, e impedir que el dispositivo combatido pueda volverse a aplicar válidamente en perjuicio del quejoso, es por lo que, se hace extensiva la concesión del amparo antes decretada a los actos reclamados, pues al haberse declarado inconstitucional los preceptos tildados inconstitucionales de la Ley de Ingresos del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, por lo que, es incuestionable que también lo serán éstos; por tanto, resulta innecesario abordar los motivos de disenso hechos valer por el gestionante del amparo, respecto a los mismos, ya que a nada práctico conduciría su estudio, cuando a la postre se han dejado sin efecto legal alguno. Se cita al respecto, la jurisprudencia, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN." Luego, mediante ejecutoria de cinco de octubre de la anualidad pasada (fojas 206 a 218), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro del amparo en revisión 882/2017 de su índice, relativo al juicio de amparo en que se actúa, se desechó el recurso de revisión interpuesto. Además, resulta necesario precisar que por ejecutoria de veintitrés de agosto del año inmediato anterior, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 107/2017, derivado del sumario constitucional 215/2017 del índice de este Juzgado de Distrito, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que se debía requerir a las autoridades responsables a efecto de que remitieran documento oficial idóneo con el que acreditaran que fue nulificado el adeudo por concepto del cobro del impuesto predial materia de la Litis planteada; y, de esa manera corroborar que la cuenta de la parte quejosa no presenta saldo a liquidar por ese concepto. Circunstancia que por auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 245 a 247), se invocó como hecho notorio para esta Juzgadora en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su arábigo 2. De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar el aludido Tesorero y Jefe de Catastro responsables, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: No exigir el pago con motivo del impuesto predial reclamado para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, respecto de la cuenta predial U044757, con clave catastral * por tratarse de una ley autoaplicativa la que reclama, en lo presente y en lo futuro, mientras no sea modificada la mecánica del tributo. Exhibir documento oficial idóneo con el cual se acredite que fue nulificado el adeudo por concepto del cobro del impuesto predial reclamado. Lo que conlleva a desincorporar de la esfera jurídica del peticionario de garantías la obligación tributaria en la parte declarada inconstitucional. Ahora bien, por oficio y anexo presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el siete de marzo de dos mil diecinueve (fojas 297 y 298), el delegado de las autoridades responsables Tesorero y Jefe de Catastro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, remitió copia certificada del comunicado sin número, de cuatro de ese mismo mes y año, suscrito por el aludido Tesorero responsable, dirigido al quejoso Moray Applegate Curiel, por el que le comunica que se desincorporó de su esfera jurídica lo previsto en los preceptos 18, 19, 21 y 33 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit y 9 de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, respecto de la cuenta predial U044757, con clave catastral 20-046-01-003-006-000, por lo que no existe adeudo por concepto del cobro del impuesto predial, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Determinación que le fue notificada a la parte promovente del amparo, por conducto de la Actuaria Judicial adscrita a este Órgano Federal, el catorce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 301 a 303), por así haberse ordenado mediante acuerdo de ocho del mes próximo pasado (fojas 299 y 300), por los motivos ahí expuestos. Por su parte, el aquí quejoso Moray Applegate Curiel, por conducto de su autorizada en términos amplios Alejandra Garcidueñas Casillas, manifestó que la ejecutoria no se encontraba cumplida, toda vez que los entes responsables continuaban aplicando en su perjuicio las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; añadiendo que a su consideración únicamente se deberá declarar cumplida la ejecutoria de amparo si se exhibe un comprobante de no adeudo fiscal y se eliminan de la página web del Ayuntamiento aludido los registros de adeudo. Refiriendo que de la consulta a la página oficial del ayuntamiento responsable, se desprende que la cuenta predial del quejoso está activa y presenta un adeudo, entre otros, en noviembre de dos mil diecisiete, con lo cual se evidencia que las responsables no han desincorporado de su esfera jurídica las disposiciones que se han declarado inconstitucionales. En ese sentido, resultan fundados los motivos de inconformidad del agraviado, puesto que la ejecutoria emitida en este expediente tiene como finalidad que las responsables, desincorporen de la esfera jurídica del promovente del amparo las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Sin embargo, no obra constancia de la que se evidencie que la cuenta catastral del inmueble materia de la litis no presenta adeudo con relación al impuesto de mérito para el año fiscal indicado. Aunado a ello de una búsqueda en el Sistema de Innovación para la Administración Gubernamental, se advierte que la responsable ha sido omisa en dar cumplimiento total al fallo protector, pues respecto de la cuenta predial U044757, con clave catastral 20-046-01-003-006-000, a nombre de Moray Applegate Curiel, se aprecian seis adeudos en el sistema por diversas cantidades del ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Entonces, si los efectos del amparo son que no se apliquen los preceptos legales declarados inconstitucionales, esta juzgadora de amparo debe asegurarse de que las responsables eliminen cualquier base para hacerlo, como lo es la información que aparece en la página de internet, razón por la que procede obligar a la responsable a que demuestre que en su página de internet no existe adeudo a cargo del quejoso por concepto de impuesto predial por el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. De ahí que, esta Juzgadora debe requerir a las autoridades responsables para que acrediten, con documento oficial idóneo, que fue nulificado el adeudo por concepto del cobro del impuesto predial, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, respecto de la cuenta predial U044757, con clave catastral 20-046-01-003-006-000 del predio ubicado en Bahía de Banderas, y, de esta manera, corroborar que la cuenta del promovente no presenta saldo a liquidar por este concepto. Se arriba a tal conclusión, debido a que en la sentencia protectora, expresamente se estableció que los efectos del amparo consistían en que las cosas volvieran al estado en que se encontraban antes de la violación de garantías; lo que indefectiblemente implica que deben desaparecer de la esfera jurídica de la parte quejosa todos los efectos de las normas declaradas inconstitucionales, lo que desde luego conlleva que en los registros de las autoridades responsables no conste adeudo a cargo del quejoso, por concepto de impuesto predial por el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en lo referente al predio indicado. Lo anterior, pone de manifiesto que las autoridades responsables no han dado cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, al no exhibir constancia de no adeudo, lo que se podría traducir en un defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Entonces, con sustento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, mediante oficio y anexo consistente en la consulta realizada en el Sistema de Innovación para la Administración Gubernamental, REQUIÉRASE POR ÚLTIMA OCASIÓN al Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para que dentro del término de CINCO DÍAS siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido, esto es, remita las constancias con las que acredite que efectivamente no se le exigirán a la quejosa las cantidades reflejadas en el sistema de innovación para la administración gubernamental, a nombre de Moray Applegate Curiel, de la cuenta predial U044757, con clave catastral * para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en el numeral 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a CIEN VALORES DIARIOS de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Finalmente, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la ley citada. *

  2. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el dos de abril del año actual (fojas 531 y 532), el delegado de las autoridades responsables denominadas Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, Dirección General de Administración, Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, Dirección General de Tesorería y Dirección de Pago Electrónico, todas con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Por acuerdo de tres de abril del año en curso (foja 533), se dio vista a Siomara Rodríguez Chávez, en su carácter de beneficiaria del extinto quejoso Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, con el referido oficio, para que indicara lo que a su interés legal conviniera; asimismo, se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ** Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario (fojas 335 a 343), se sobreseyó en parte en el juicio y en otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, Dirección General de Administración, Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, Dirección General de Tesorería y Dirección de Pago Electrónico, todos con residencia en esta ciudad, para efecto de que las responsables dentro del ámbito de su competencia realicen las gestiones necesarias para cancelar los descuentos realizados al salario y a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, le devuelva las cantidades de dinero que le fueron descontadas al quejoso con motivo de los créditos reclamados, al no existir convenio o autorización para proceder con las deducciones materia del presente juicio. Ante ello, a través del oficio recibido en este Juzgado Federal el dos de abril del año actual (fojas 531 y 532), el delegado de las autoridades responsables denominadas Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, Dirección General de Administración, Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, Dirección General de Tesorería y Dirección de Pago Electrónico, todas con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y al efecto, remitió copia de la transferencia bancaria a favor de Siomara Rodríguez Chávez, en su carácter de beneficiaria del extinto quejoso Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, valiosa por la cantidad de $1,205.69 (mil doscientos cinco pesos 69/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata. En razón de lo anterior, es evidente que con ello se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del numeral ordinal 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplido. Por otra parte, con fundamento en lo que dispone el artículo 214 de la Ley en comento, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues por una parte se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar emitida tanto en la provisional como en la definitiva, se concedió, respecto de los actos reclamados (fojas 20 a 23 y 28 a 32 del original del cuaderno incidental); razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. **

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por el Delegado de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, a través del cual, informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el comunicado y anexo de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará en la espera de que informe el acatamiento total del mismo. Notifíquese.

  4. Principal

    * TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se aprecia que la notificación del proveído de veinticinco de febrero del año en curso (fojas 147 y 148), mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, fue practicada a la parte quejosa, el uno de marzo del presente año (foja 152), surtió sus efectos al siguiente día hábil, sin que se haya interpuesto recurso alguno contra la misma, dentro del término que prevé el precepto 86 de la legislación de la materia; por tanto, conforme lo dispuesto en los ordinales 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 Constitucionales, por disposición expresa en su precepto 2°, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son destruibles, debido a que la medida cautelar se negó respecto de todos los actos reclamados; por ende, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. En tanto que el cuaderno original, es susceptible de destrucción una vez que transcurran más de cinco años. *

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