Nicolás Rosendo López

Expediente 1704/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1704/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Nicolás Rosendo López

Actuaciones

  1. Principal

    Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

  2. Principal

    Petición. La autoridad responsable Junta Especial número uno de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla: a.- Rinde su informe justificado; y, b.- Ofrece pruebas. Se tiene por rendido el informe justificado. Pruebas. Se admiten las pruebas ofrecidas. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la autoridad responsable, manifiesta y acredita que a las doce horas con treinta minutos del veintiséis de octubre del año en curso, desahogó la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, como lo acredita con las documentales que adjunta, que al efecto, se observa: Documentos a los que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, los actos reclamados cesaron en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de la autoridad responsable han sido destruidos, en forma total e incondicional, al haberse desahogado a las doce horas con treinta minutos del veintiséis de octubre de la presente anualidad, la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral D-1/201/2021, como quedó evidenciado. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las doce horas con cincuenta minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Estado procesal. Visto el estado procesal de autos y las certificaciones de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, el plazo de quince días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo concedido a la autoridad responsable en acuerdo de veintiséis de septiembre del año en curso del año en curso, esto es para rendir su informe justificado, transcurre del veintinueve de septiembre al veinte de octubre de la presente anualidad, toda vez que fue notificada el veintiocho de septiembre del mismo año, como se evidencia de la imagen siguiente: ---- Oficio. La autoridad responsable Junta Especial Número Uno de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, solicita se le conceda una prórroga a efecto de estar en posibilidad de rendir su informe con justificación, ello, por las razones que indica. En tal sentido, indíquesele a la aludida autoridad responsable, que se le concede una prórroga para el efecto que indica, consistente en TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y posteriormente a que concluya el plazo de quince días para rendir su informe justificado. Diferimiento. En tal sentido, a fin de dar oportunidad a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional. Fecha y hora. En consecuencia, se fijan para su celebración las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la autoridad responsable por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia.

  4. Principal

    7.- ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y/O INCISO C), Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA,*** EL ACUERDO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo concedido a las partes para desahogar la vista que se les mandó dar mediante proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, respecto de las constancias exhibidas por la autoridad responsable a fin de acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo, y al ser éste una cuestión de orden público, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se procede a verificar si se encuentra o no cumplida. Sentencia. El treinta y uno de marzo del año en curso, se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sentencia que confirmó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante ejecutoria de cuatro de agosto de dos mil veintidós, emitida dentro del recurso de revisión 287/2022, de su índice; esto, para que la autoridad responsable procediera en los siguientes términos: ".En tal virtud, con base en las razones antes expresadas, al haber resultado fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, en contra del acto reclamado del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para el efecto de que: 37. a) Una vez que esta sentencia cause ejecutoria, en el plazo de tres días, a través del área que corresponda emitan el acuerdo, resolución o dictamen en la que se pronuncien sobre la procedencia o no de la solicitud de pensión requerida y lo notifiquen a .. Requerimiento de cumplimiento. Confirmada la sentencia, el diecinueve de agosto de este año, se requirió a la autoridad responsable cumpliera con la ejecutoria. Cumplimiento de la autoridad. En cumplimiento a lo anterior, el Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, manifestó mediante oficio recibido en este Juzgado de Distrito el uno de septiembre de dos mil veintidós, haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo y adjuntó al mismo diversas constancias, de las que se advierte que la responsable realizó lo siguiente: El seis de julio de dos mil veintidós, emitió el acuerdo correspondiente a la solicitud de pensión requerida por .., misma que le fue notificada el quince de julio siguiente. Vista Con lo anterior se mandó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, término que transcurrió conforme a la certificación secretarial de cuenta. Desahogo Las partes no desahogan la vista. Valoración Este juzgado federal encuentra que la autoridad responsable satisface los efectos del fallo protector, en virtud de que el seis de julio pasado, emitió el acuerdo correspondiente a la solicitud de pensión requerida por Yolanda Rodríguez López, misma que le fue notificada el quince de julio del año en curso. Declaración de cumplimiento. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo,1 se concluye que la autoridad responsable dio total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos, restituyendo así al impetrante del amparo en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido... Inconformidad. Ahora bien, por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de la parte quejosa de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo está en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202 del referido ordenamiento legal. ...

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