Nicolás Rodriguez Rodriguez

Expediente 858/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
858/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Nicolás Rodriguez Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que se desechó la demanda de amparo, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto, además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del mismo de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo que promueve Sandra Vanessa Rodríguez Castillo, en representación del directamente agraviado Nicolás Rodríguez Rodríguez, contra actos de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado y de otras autoridades, con nueve copias que acompaña; por una violación que estima a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 4°, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 858/2020-I, y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa deberá ser manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo se desprende que los actos reclamados los hace consistir en la omisión de proporcionar la atención médica adecuada, integral y pertinente que conlleve a una pronta rehabilitación, la cual aduce se le está negando; empero, como de la certificación que antecede se desprende que a favor de dicho impetrante ya se promovió promovido diversa demanda de amparo, sustancialmente en los mismos términos que la de cuenta, por lo que se determina que su tramitación es notoriamente improcedente y por tanto, debe desecharse, por las consideraciones que a continuación se relatan: El artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." La hipótesis legal en cita alude al supuesto en que un juicio de amparo resulta improcedente, cuando el acto que en él se reclama, sea materia de otro juicio de la misma naturaleza, promovido por el mismo quejoso respecto de las mismas autoridades responsables, aun cuando sea promovido por diversa persona en su representación y se aduzcan en uno y otro, distintas violaciones constitucionales, lo que significa estar ante la institución procesal de la litispendencia. De acuerdo a la doctrina procesal, esa figura requiere que un litigio esté vigente, es decir, pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, en otras palabras, en el momento en que cause ejecutoria o quede firme la determinación que haya concluido el juicio primigenio. Cabe hacer notar que en distingo a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, la actual Ley Reglamentaria modificó el texto de la fracción que preveía la causal de improcedencia analizada, siendo que el texto anterior sí detallaba qué debe entenderse cuando se aludía a un juicio "pendiente de resolución", esto es, ya sea que se encuentre substanciando en primera o única instancia, o bien en revisión. Así, del texto anterior, era factible extraer que la figura de litispendencia podía surtirse en tres momentos: Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio; Aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo; y, Si existe recurso de revisión en contra de la sentencia, hasta antes del dictado del fallo correspondiente. Precisión que si bien es verdad, no se contiene gramaticalmente en el texto vigente de la fracción X, del precepto 61, de la vigente Ley de Amparo, ya que únicamente prevalece la expresión que alude a un juicio de amparo precedente "pendiente de resolución", también es verdad que ésta debe ser interpretada acorde con la naturaleza y teleología de la institución jurídica que acoge, asimismo, en forma sistemática, con el texto integral del precepto 61 de la Ley de Amparo. En efecto, se destaca que la litispendencia es una institución procesal que tiene como finalidades fundamentales las siguientes: Que se guarde la unidad del proceso; Que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio; y, Evitar que se pronuncien sentencias contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. Entonces, con el objetivo de proteger la unidad del proceso, el principio de economía procesal y sobre todo, evitar la emisión de resoluciones contradictorias en asuntos iniciados por las mismas partes, con el mismo objeto y pretensión, se entiende que la litispendencia debe operar siempre que se encuentre vigente el primigenio juicio, lo que significa que aún no debe existir cosa juzgada en el litigio planteado en primer orden, y en esa postura, al hablar de un "litigio pendiente", se tiene que puede manifestarse en tres momentos, como ya se dijo: a) antes del dictado de la sentencia en el primer juicio; b) aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo; y, c) si existe recurso de revisión en contra de la sentencia, hasta antes del dictado del fallo correspondiente. Ello es así, porque, aun cuando no lo recoge textualmente la fracción X, del numeral 61, de la vigente Ley de Amparo, lo cierto es que de la lectura integral de dicho precepto, no se advierte diversa fracción que en específico contemple en forma fragmentada cada uno de los tres supuestos en que se puede manifestar la institución de la litispendencia, y por otra parte, la fracción XI, del mismo numeral sí contempla como diverso motivo de improcedencia del juicio de amparo, la institución de la cosa juzgada; todo lo cual, lleva a concluir que la causal de improcedencia materia del presente análisis sí puede manifestarse en cualquiera de los tres supuestos ya indicados, esto es, antes del dictado de sentencia; luego de dictada la sentencia, pero antes de causar ejecutoria; o bien, durante la substanciación del recurso de revisión. Aunado a lo anterior, cabe decir que de considerar lo contrario, esto es, que la actual fracción X, del precepto 61, de la Ley de Amparo, sólo prevé los casos en que aún no se ha dictado resolución, ocasionaría dos efectos perniciosos para la administración de justicia, a saber: a) Se tendría que retrasar la emisión de sentencia en el o los juicios de amparo presentados en un segundo lugar; y, b) Obligaría al órgano de justicia a emitir sentencias exactamente iguales a la emitida en el juicio promovido en primer lugar. Así, para la actualización de la litispendencia es necesario que se actualicen los siguientes elementos constituvos: a) Que el acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque sean promovidas por diversa persona en su representación y las violaciones constitucionales sean diversas. Los anteriores requisitos, se encuentran probados con los datos que constan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), ya que se desprende que ante el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado, con sede en esta ciudad, se presentó diversa demanda de amparo promovida a favor de Nicolás Rodríguez Rodríguez, la cual se registró bajo el consecutivo 656/2020, en la que señaló igualmente como acto reclamado la omisión de proporcionar la atención médica adecuada, integral y pertinente que conlleve a una pronta rehabilitación, la cual aduce se le está negando; señalando como autoridades responsables a la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado y otras autoridades. Diverso juicio, en el que se concedió la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, circunstancia que se toma como hecho notorio para el expediente en que se actúa. De lo anteriormente relacionado se colige que en ambos juicios de amparo el aquí quejoso se duele de los mismos actos reclamados. Siguiendo con la exposición, el requisito de la causal comentada, esto es, que los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, también se colma porque de los datos arrojados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se colige que en el juicio 656/2020, se advierte que se encuentra celebrada la audiencia constitucional, la cual se verificó el cuatro de noviembre del año en curso y pendiente para la elaboración de la sentencia conducente; consecuentemente, se clarifica que dada la fase procedimental que prevalece en el primigenio juicio de amparo, no existe todavía cosa juzgada, puesto que se encuentra en trámite. Luego, se insiste, de la confrontación de los datos antes mencionados, se advierte que ambos procedimientos de amparo fueron promovidos a favor de Nicolás Rodríguez Rodríguez, básicamente por los mismos actos y contra las mismas autoridades; consecuentemente, es dable afirmar que, dicho acto reclamado es materia de estudio en el juicio de amparo 656/2020, cuya determinación emitida en el mismo se encuentra en trámite. Por los razonamientos que han sido expuestos, se resuelve que en este caso, la acción constitucional es notoriamente improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, se desecha de plano la demanda de amparo en análisis. Cabe puntualizar que al no existir sentencia ejecutoria en el indicado juicio de amparo, la suspensión de plano decretada en ese procedimiento, continúa vigente hasta esta fecha; por lo que se encuentran expeditos los derechos del directo agraviado, para hacerlos valer ante el órgano jurisdiccional invocado. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, toda vez que no se proporcionan los datos respecto de que se encuentren facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo señala el segundo párrafo del citado numeral. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 21 de este último ordenamiento, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles. Notifíquese personalmente al promovente.

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