Nicolás Roberto Bernardino Cruz

Expediente 957/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
957/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/08/2023

Partes del expediente

  • Nicolás Roberto Bernardino Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico de la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrieron el auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por ******************** para todos los efectos legales correspondiente. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Así mismo, en términos de los artículos 12, 14 y 20, fracción IV del Acuerdo General antes citado, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo, el expediente relativo es susceptible de destrucción una vez que transcurran TRES AÑOS de haberse dictado el acuerdo de asunto concluido, término que se computara a partir de que surta efectos la notificación de tal declaratoria. Hágase constar lo anterior en la carátula respectiva, en términos del diverso artículo 34. Concluido el plazo señalado, una vez al año, previamente a la realización de la vista de inspección que corresponda, se deberá destruir el expediente en el que se actúa y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, con las formalidades a las que se refiere los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General señalado. Se hace constar que en presente asunto NO existen documentos originales aportados por las partes, ni se ordenó la formación de anexos. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, trece de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes el oficio firmado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en Materia de Amparo a este Juzgado de Distrito. En su atención, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias simples de las constancias que obran en el presente cuaderno de antecedentes, toda vez que el original se remitió al Tribunal de Alzada para la sustanciación del recurso de revisión. No obstante lo anterior, puede obtener la impresión correspondiente de los acuerdos, publicados en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, la cual contiene las firmas electrónicas de los funcionarios públicos que lo suscribieron, la cual para efectos jurídicos es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita, que da por validado el contenido del acuerdo correspondiente, ya que es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que son utilizados como medio de identificación del firmante.

  3. Principal

    TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DE LA RESOLUCION DE TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADA EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE LA REFERIDA RESOLUCIÓN A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL ENUNCIA: Agréguese para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el escrito firmado por ********************por propio derecho, contra actos del Comité Vecinal del fraccionamiento Privadas de Santa Matilde y otras autoridades. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 957/2023-5, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E- Del mismo modo, a fin de cumplir con el artículo 3º de la Ley de Amparo, y con el objeto de facilitar a los justiciables el acceso a los expedientes mediante el empleo de los medios electrónicos fórmese el expediente electrónico relativo. DETERMINACIÓN En principio, debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al respecto conviene citar por las razones que informan la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, 11 y 217, todos de la Ley de Amparo. Previo al estudio de la indicada causa de improcedencia, se precisa que el quejoso señala como acto reclamado lo siguiente: "Bajo protesta de decir verdad, lo es la violación a los derechos inscritos en los artículos 5 y 16 constitucional, lo anterior es así, en virtud de que los señalados como autoridades responsables han venido ejerciendo en mi perjuicio actos de molestia, buscando obstruir el libre desarrollo de mi profesión dentro de mi domicilio, pues, abusando del cargo que ostentan el Comité Vecinal, el señor ********************y su cónyuge llevan un largo periodo de tiempo acosándome a mí y a mi familia, asi como ejerciendo actos de invasión a la privacidad de mi domicilio mediante la toma de fotografías y videos de mi persona, mi familia y domicilio.." Y, como autoridades responsables a ********************, así como al "señor ********************y su cónyuge, en su carácter de representantes de la privada". Precisado el acto reclamado, se transcriben los mencionados de normativos legales, a saber: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito". Conforme a los preceptos transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen, provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, en términos del citado ordinal 5, fracción II. Por ello, para determinar si en el caso las autoridades señaladas como responsables por la parte quejosa tienen ese carácter para los efectos del presente juicio de amparo, debe precisarse lo siguiente: El Constituyente y el legislador no han definido qué debe entenderse por autoridad para los efectos del juicio de amparo, ello, puesto que ni los artículos 103 y 107 constitucionales ni en la ley reglamentaria de los preceptos mencionados se define con precisión el vocablo en cuestión, siendo que el legislador únicamente ejemplificó las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo; empero, no delimitó las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, para efectos de la procedencia de dicho juicio. Por lo cual, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de los tribunales federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien al respecto ha sustentado la jurisprudencia P. XXVII/97, emitida por el Pleno, de rubro AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". De lo anterior se obtiene que, una autoridad, para efectos del amparo, es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun contra ella. Por tanto, las características de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. En esa tesitura, para arribar al concepto de autoridad para efectos del amparo debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir las controversias que surgen de ellas, se crea en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral; la nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, siendo que las partes están en el mismo nivel, puesto que en las relaciones de coordinación existe bilateralidad. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos; este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De lo anterior se advierte que el ejercicio de la acción constitucional está reservado al gobernado que resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o de la indebida aplicación de la ley. En consecuencia, para efectos del presente asunto, es dable precisar con claridad cuándo un ente público actúa como ente dotado de imperio, es decir como autoridad y cuándo como sujeto de derecho privado. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, así como del estudio integral de la misma se advierte que el quejoso reclama de ********************, así como al "señor ********************y su cónyuge, en su carácter de representantes de la privada" y, el acto que hace consistir: ". que los señalados como autoridades responsables han venido ejerciendo en mi perjuicio actos de molestia, buscando obstruir el libre desarrollo de mi profesión dentro de mi domicilio, pues, abusando del cargo que ostentan el Comité Vecinal, el señor ********************y su cónyuge llevan un largo periodo de tiempo acosándome a mí y a mi familia, así como ejerciendo actos de invasión a la privacidad de mi domicilio mediante la toma de fotografías y videos de mi persona, mi familia y domicilio...". Deriva de una problemática entre particulares, tan es así que dentro de los hechos que se narra refiere que han acudido a instancias mediadoras, reconociéndose el carácter de particular, puesto que los señalados como responsables han actuado como particulares, sin estar investido de imperio, al tratarse de una relación de coordinación, que es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano y, siendo así, es manifiesta la causal de improcedencia invocada. En ese tenor, al ser una relación de coordinación entablada entre particulares, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por la ley. Ello es así, debido a que los supuestos actos de molestia que generan los particulares no derivan de una norma general, sino de problemáticas entre particulares, por lo que las señaladas como responsables carecen de imperio, característica que revisten las autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciónfracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, 11 y 217, todos de la Ley de Amparo; y, en esas condiciones con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DELA LEY DE AMPARO." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene únicamente como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como autorizados en términos restringidos a las personas que refiere, esto es, para oír y recibir notificaciones al no acreditar contar con registro de cedula profesional ante el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acredite lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerla como autorizada en términos amplios. CONSULTA ELECTRÓNICA Se autoriza la consulta electrónica a través de los usuarios "LCJUR" y "LZConsultoresJuridicos", los anteriores de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y procesos de oralidad; ello con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia. En consecuencia, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dé el trámite correspondiente a efecto de que se pueda consultar vía internet el expediente en que se actúa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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