Nicolas Reyes Sotero
Expediente 284/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 284/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/04/2017
Partes del expediente
- Nicolas Reyes Sotero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de abril de dos mil diecisiete. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra e la sentencia de diecisiete de marzo del presente año (fojas 27 a 30), en el que se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. El original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III del ya citado Acuerdo), pues se negó la suspensión del acto reclamado. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Principal
V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 284/2017-V promovido por Nicolás Reyes Sotero, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público del Primer Turno adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres, con sede en Toluca, Estado de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete (fojas 2 a 5), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta Ciudad de Toluca, el cual por razón de turno fue remitido el día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito de Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Nicolás Reyes Sotero, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades responsables que a continuación se precisan: "III.-Autoridad o Autoridades Responsables: III.1.- Ordenadora.- C. AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, del primero, segundo y tercer turno adscritos al CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES, CON SEDE EN TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, dependiente de la PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO. 111.2.- Ejecutora.- C. COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL. IV.-Acto u omisión que de cada Autoridad se reclama: De las Autoridades Responsables ordenadoras: La orden de Aprehensión o Detención dictada en ml contra fuera de procedimiento. De la Responsable Ejecutora.- El cumplimiento que se pretende dar a dicha orden." (sic). SEGUNDO. El peticionario de amparo argumenta en su demanda, que el acto de autoridad que combate, vulnera en su perjuicio sus derechos fundamentales y las garantías, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Mediante acuerdo de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó el respectivo informe justificado a las autoridades responsables; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Mediante proveído de veintisiete de febrero pasado (foja 17), se tuvo por inexistentes a la autoridad denominada por el quejoso como "Comisario General de la Policía Ministerial del Estado de México", dada la imposibilidad para ser notificada con dicha denominación. QUINTO. El día de hoy tuvo verificativo la audiencia constitucional, misma que se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 1°, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 1º, fracción V, 48, 51 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; máxime que el acto reclamado pretende ejecutarse dentro de la jurisdicción en que ejerce su competencia este órgano jurisdiccional (Ciudad de Toluca). SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, debe precisarse que el acto reclamado en esta vía constitucional consiste, esencialmente, en: ( La emisión de la orden de aprehensión o detención dictada en su contra y su ejecución. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." No representa un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia antes invocada interprete la legislación de amparo abrogada, de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- así como tampoco lo son las demás tesis aislada y jurisprudencia que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. TERCERO. Las autoridades responsables Agentes del Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres de Toluca, Primer, Segundo y Tercer turno, todos del Estado de México, (fojas 19, 15 y 21, respectivamente), al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados; sin que el peticionario de amparo haya desvirtuado con prueba en contrario, tal aseveración. Es aplicable la jurisprudencia 310, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, primera parte, Sexta Época, materia común, con número de registro 394266, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Al respecto, cabe destacar que las autoridades responsables solicitaron sobreseer el presente juicio de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: - - - (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítula anterior." En esa tesitura, al no existir el acto reclamado consistente en la emisión de la orden de aprehensión y/o detención emitida en su contra, así como su ejecución, y al no haber aportado el impetrante ningún medio de prueba idóneo, encaminado a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6673, del Tomo LXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 324127, que establece: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en el primer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76 y 78 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Nicolás Reyes Sotero, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que quedaron precisadas en esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el licenciado José Mauricio Neira Villarreal que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 284/2017-V, promovido por Nicolás Reyes Sotero, contra actos del Agente del Ministerio Público del Primer Turno adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres, con sede en Toluca, Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito recibido el veintidós de febrero del año en curso, en este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Nicolás Reyes Sotero, promovió demanda de amparo contra los actos y autoridades que se precisan a continuación: "III.-Autoridad o Autoridades Responsables: III.1.- Ordenadora.- C. AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, del primero, segundo y tercer turno adscritos al CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES, CON SEDE EN TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, dependiente de la PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO. 111.2.- Ejecutora.- C. COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL. IV.-Acto u omisión que de cada Autoridad se reclama: De las Autoridades Responsables ordenadoras: La orden de Aprehensión o Detención dictada en ml contra fuera de procedimiento. De la Responsable Ejecutora.- El cumplimiento que se pretende dar a dicha orden." (sic). SEGUNDO. Por auto de veintidós de febrero del presente año (fojas 5 a 9), se formó por duplicado el presente incidente de suspensión, se solicitó informe previo a las autoridades responsables, se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. Mediante proveído de veintisiete de febrero pasado (foja 17), se tuvo por inexistentes a la autoridad denominada por el quejoso como "Comisario General de la Policía Ministerial del Estado de México", dada la imposibilidad para ser notificada con dicha denominación. El día de hoy tuvo verificativo la audiencia incidental, misma que se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de esta resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la precisión de que la parte quejosa reclama: - La emisión de la orden de aprehensión o detención dictada en su contra y su ejecución. SEGUNDO. Los Agentes del Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres de Toluca, Primer, Segundo y Tercer turno, todos del Estado de México, al rendir su informe previo negaron la existencia del acto reclamado. En esa circunstancia, al no existir elemento de prueba que desvirtúe la negativa que sostienen las autoridades responsables señaladas, cobra firmeza el contenido de su informe y en consecuencia, lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada puesto que no hay materia sobre qué decretarla, atento al criterio que informa la jurisprudencia VI.2o. J/19, visible en el tomo II, Julio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Es de igual forma aplicable al caso la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página trescientos cincuenta y seis del Semanario Judicial de la Federación en su décimo tomo, Octubre de mil novecientos noventa y dos, que establece: "INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y no se desvirtúa tal negativa, deben tenerse como inexistentes los mismos". Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se niega a Nicolás Reyes Sotero, la suspensión definitiva solicitada, contra el acto de las autoridades y los motivos expuestos en el considerando segundo de la presente resolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Incidental
II. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Titular de la Delegación Estado de México del Instituto Federal de la Defensoría Pública, a través del cual comunica la imposibilidad de dar cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, por las razones expuestas en el oficio que se atiende. Ahora, toda vez que el artículo 20 Bis de la Ley de Federal de la Defensoría Pública establece: "Artículo 20 Bis. A fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y a la asesoría jurídica a favor de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, a través del acceso a la jurisdicción en la lengua indígena nacional en que sean hablantes, el Instituto Federal de Defensoría Pública actuará en coordinación con traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que aquéllos pertenezcan. Para los efectos a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto celebrará convenios de colaboración con las instituciones que puedan coadyuvar a la obtención de esos fines y promoverá la formación tanto de defensores públicos como de asesores jurídicos bilingües indígenas." Por tanto, requiérase al Director General del Instituto Federal de la Defensoría Pública, a efecto que dentro del término de tres días computados legalmente proporcione el nombre de una persona que tenga certificación para poder fungir como intérprete de la lengua mazahua y asistir a las quejosas durante el trámite del presente sumario constitucional. Apercibido que de no hacerlo así se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a treinta veces la Unidad de Medida de Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que el artículo 20 Bis de la Ley de la Defensoría Pública, establece que el Instituto Federal de Defensoría Pública actuará en coordinación con traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que aquéllos pertenezcan, a fin de garantizar el derecho a la defensa y a la asesoría jurídica a favor de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. Para tales efectos, el citado precepto legal establece que el Instituto celebrará convenios de colaboración con las instituciones que puedan coadyuvar a la obtención de esos fines y promoverá la formación tanto de defensores públicos como de asesores jurídicos bilingües indígenas. De ahí, que existe una obligación legal por parte de dicha institución de proporcionar una defensa integral a los gobernados, lo que implica que deberán tomar en consideración el entorno social bajo el cual se desarrolla cada uno de sus patrocinados para cumplir con sus fines.
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