Nicolas Pech Caamal
Expediente 1020/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 33 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1020/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 22/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Nicolas Pech Caamal
- Petronila Canul Trujeque
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta signado por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, y el anexo que acompaña, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. Sin embargo, no es el caso dictar mayores providencias, toda vez que mediante proveído de dieciocho de junio actual se tuvo por cumplido el fallo protector en el presente juicio y se ordenó su archivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y la cuenta que antecede, se aprecia que mediante proveído de cinco de junio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación a ambas partes del acuerdo de mérito se realizó el once de junio actual por medio de la lista de estrados, sin que a la fecha alguna de ellas hubiera hecho manifestación al respecto. En consecuencia, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia dictada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en el primer punto resolutivo se concedió a NICOLÁS PECH CAAMAL y PETRONILA CANUL TRUJEQUE, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto que la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán: "... deje insubsistente las diligencias de emplazamiento realizadas en el juicio natural y todo lo actuado a partir de las mismas, incluyendo el embargo, pues al estar viciado dicho emplazamiento, también lo están todos sus frutos; y ordene lo conducente a fin de que el actuario que corresponda, emplace debidamente a los demandados." Posteriormente, en auto de quince de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la juez responsable. A fin de cumplir con la sentencia ejecutoria, la aludida juez, mediante oficio 790 de treinta de mayo de dos mil dieciocho, informó que en la propia fecha dictó un acuerdo por el que dejó insubsistente la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, el citatorio, el emplazamiento realizado a la parte demandada y el embargo del inmueble, dejando de tal modo, sin efecto todas las actuaciones procesales posteriores a dicho emplazamiento y comisionando además al actuario de su adscripción, para que realizara de nueva cuenta el emplazamiento ordenado por auto de diecisiete de junio de dos mil trece atendiendo las puntualizaciones señaladas en la ejecutoria de amparo (fojas 184 a 186). Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable se encontraba obligada a dejar insubsistentes las diligencias de emplazamiento realizadas en el juicio de origen y todo lo actuado a partir de las mismas, lo que así realizó y acreditó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexar para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA Y QUEJOSO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y la cuenta que antecede, se aprecia que mediante proveído de cinco de junio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación a ambas partes del acuerdo de mérito se realizó el once de junio actual por medio de la lista de estrados, sin que a la fecha alguna de ellas hubiera hecho manifestación al respecto. En consecuencia, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia dictada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en el primer punto resolutivo se concedió a NICOLÁS PECH CAAMAL y PETRONILA CANUL TRUJEQUE, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto que la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán: "... deje insubsistente las diligencias de emplazamiento realizadas en el juicio natural y todo lo actuado a partir de las mismas, incluyendo el embargo, pues al estar viciado dicho emplazamiento, también lo están todos sus frutos; y ordene lo conducente a fin de que el actuario que corresponda, emplace debidamente a los demandados." Posteriormente, en auto de quince de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la juez responsable. A fin de cumplir con la sentencia ejecutoria, la aludida juez, mediante oficio 790 de treinta de mayo de dos mil dieciocho, informó que en la propia fecha dictó un acuerdo por el que dejó insubsistente la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, el citatorio, el emplazamiento realizado a la parte demandada y el embargo del inmueble, dejando de tal modo, sin efecto todas las actuaciones procesales posteriores a dicho emplazamiento y comisionando además al actuario de su adscripción, para que realizara de nueva cuenta el emplazamiento ordenado por auto de diecisiete de junio de dos mil trece atendiendo las puntualizaciones señaladas en la ejecutoria de amparo (fojas 184 a 186). Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable se encontraba obligada a dejar insubsistentes las diligencias de emplazamiento realizadas en el juicio de origen y todo lo actuado a partir de las mismas, lo que así realizó y acreditó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexar para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta signado por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, y anexo que acompaña, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos convenga. Apercibidos que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Finalmente, en cuanto a la solicitud de la autoridad oficiante, relativa a que se le otorgue una prórroga a fin de que pueda dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no ha lugar a acceder de conformidad, pues atendiendo los efectos por los que se concedió la protección de la Justicia Federal, a juicio del suscrito, se cuenta con los elementos necesarios para resolver lo conducente respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, y cúmplase.
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