Nicolas Pardo Viera
Expediente 489/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Nicolas Pardo Viera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la entrega del cheque número **********, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, a nombre de ***********, quejoso en este juicio de amparo, por la cantidad de $*************. Lo anterior, toda vez que, tal como se advierte del estado procesal que guardan los autos, en proveído de quince de abril de dos mil veintiuno, se declaró cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, ordenándose el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido.
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Director Jurídico, en representación de la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita se le proporcione el escrito inicial de demanda, sentencia emitida en autos y recibos de pago a nombre del aquí quejoso, para efectos de cumplir con el fallo protector emitido en autos. Lo anterior, toda vez que, tal como se advierte del estado procesal que guardan los autos, en proveído de quince de abril de dos mil veintiuno, se declaró cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, ordenándose el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa, con las constancias remitidas por el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales, en ausencia del Procurador Fiscal del Estado y en representación de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en el presente juicio constitucional, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, apercibida que de no hacerlo, este Órgano de Control Constitucional, de oficio, resolvería si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo; sin que se pronunciara al respecto, tal y como se advierte de la certificación de cuenta. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia dictada por este Juzgado se resolvió lo siguiente: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión del juicio de amparo. En razón de lo expuesto procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa reclamada, específicamente su artículo 50, fracciones II y III, dada su inconstitucionalidad, y no le sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformada. Dicha concesión se hace extensiva al acto concreto de aplicación que se reclama, consistente en el pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignados en el recibo de pago con número de folio 11- 000664878, de tres de junio de dos mil veinte, por la cantidad total de $**********, expedido a nombre del aquí quejoso, para el efecto de que sea devuelta a éste tal cantidad que pagó por la aplicación del artículo 50, fracciones II y III, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Sin que ello implique que la parte quejosa quede exenta de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados del servicio prestado por el Estado, sino sólo deberá cubrir las cuotas previstas en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, esto es, diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que se realizó la inscripción de la escritura en que se hizo constar el acto traslativo de dominio y contrato de crédito cuya inscripción fue solicitada al Registro Público de la Propiedad, de que se trata. Lo anterior, considerando que, el costo promedio de un servicio de inscripción por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en tratándose de gestiones realizadas para el registro de documentos público o privados, entre otros, por medio de los cuales se adquiera la propiedad de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, por herencia, legado o donación, entre cónyuges, entre ascendientes y descendientes en línea recta, en cualquier grado, equivale al monto de una cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medica y Actualización a la fecha de la operación, según se desprende del inciso b) de la propia fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, a fin de que se devuelva a la peticionaria del amparo las cantidades que por concepto de derechos enteró con motivo del pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignado en el referido recibo de pago. La devolución de mérito deberá realizarse, desde luego, descontando el importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. En la inteligencia que la tutela protectora, si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron a la formación y promulgación de la norma controvertida, no implica por parte de éstas, la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Concesión que se hace extensiva a la cantidad pagada por concepto "Pro-Educ.", a razón de una tasa adicional del diez por ciento sobre el monto de los derechos que se causaron por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, conforme al artículo 111, fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa (foja 14, sexto párrafo). Ello, en atención a que dicho importe se encuentra íntimamente vinculado con el precepto declarado inconstitucional, ya que la base sobre la que se aplica dicha tasa, lo constituye el derecho por registro o inscripción de documentos. En el caso, el citado recibo de pago, a nombre de la parte quejosa, por concepto de compraventa y contrato de crédito del que se advierte que sobre dicho monto se aplicó la tasa del diez por ciento, para determinar el importe de la contribución relativa al apoyo a la educación a cargo de la parte quejosa. Por tanto, también deberá devolverse al impetrante de amparo, las cantidades de $******, y $***************, toda vez que al haberse declarado inconstitucional el artículo 50, fracción II y III de la ley en comento, no existe base sobre la cual pueda aplicarse la tasa correspondiente al pago por concepto de apoyo a la educación. En el entendido que dichas cantidades se encuentran incluidas en el monto total de $***********. Sin que pase desapercibido que el recibo de pago expedido a la parte quejosa fue por la cantidad total de $************; sin embargo, en esa cantidad total se contempló el monto de $*********** y el diez por ciento adicional $********* por el concepto de certificado de existencia o libertad de gravamen previsto en el artículo 50 fracción XXIV inciso B) de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, y el cual no fue impugnado de inconstitucional en el presente juicio. De ahí que la cantidad total a devolver en este caso con motivo de la concesión del amparo, sería la de $***************** que resulta de restar a la cantidad total de $******************* que ampara el recibo, la de $************** y el diez por ciento adicional $**************. En el entendido de que la cantidad que procede devolver a la parte quejosa deberá incluir actualizaciones (foja 14, sexto párrafo). Con la finalidad de cumplir lo anterior, la autoridad responsable efectuó los actos siguientes: a) Oficio SAF-PF-0861/2021 de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, por medio del cual el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales, en ausencia del Procurador Fiscal del Estado y en representación de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de la entrega del cheque número 0003767, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, a nombre de Nicolás Pardo Viera, quejoso en este juicio de amparo, por la cantidad de $26,440.20 (veintiséis mil cuatrocientos cuarenta pesos 20/100 moneda nacional). En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y lo llevado a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió, atento que realizó lo que se le indicó en el fallo de amparo. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, en el artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración, los expedientes de juicios de amparo, en los que se haya concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente.
- Principal
El Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales, en ausencia del Procurador Fiscal del Estado y en representación de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, informa que hizo entrega del cheque de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno a la parte quejosa, y remite constancia de entrega respectiva de diecinueve de marzo del año en curso. En consecuencia, con lo anterior dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente a la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en la inteligencia que la actuación antes mencionada se encuentra en autos para su consulta; APERCIBIDA.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
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