Nicolás Ortiz Santamaría

Expediente 1068/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1068/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Nicolás Ortiz Santamaría

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese sin mayor proveído el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, del que se advierte la imposibilidad de entregar el oficio siguiente: OFICIOAUTORIDAD RESPONSABLERAZÓN DE IMPOSIBILIDAD DE ENTREGA303852. Presidente de la Comisión de Evaluación de Tiendas Escolares de la Secretaría de Educación (Iván Luis Montiel). (con anexo). Cambió de domicilio. Ya que por cuanto hace a dicha autoridad, mediante interlocutoria del pasado veintiuno de noviembre, se resolvió la suspensión definitiva por lo que respecta a dicha autoridad responsable, al haber rendido su informe previo. Se estima innecesario que se glose el oficio contenido en la pieza postal de cuenta, en virtud de que en autos ya obra la minuta respectiva, por lo que únicamente se agrega la pieza postal para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Atento al oficio de cuenta, recibido en línea y signado de manera electrónica por el apoderado legal de la Secretaría de Educación de Veracruz, en representación del 1. Secretario de Educación de Veracruz, y del 2. Presidente de la Comisión de Evaluación de Tiendas Escolares de la Secretaría de Educación de Veracruz, con residencia en Xalapa, cuya personalidad acredita en términos del instrumento notarial que acompaña, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente: En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, ténganse por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, como sus delegados a las personas que cita. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, ténganse como PRUEBAS de las responsables de mérito, la documental que anexa a su oficio de cuenta, la instrumental de actuaciones, y la presuncional legal y humana a que hace referencia al final de su informe, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la aludida audiencia que al efecto se celebre. CONSULTA ELECTRÓNICA Respecto de su solicitud en el sentido de que se le permita la consulta vía internet del expediente electrónico; como lo solicita, se le autoriza a José Manuel Hernández Yoval, la consulta vía internet, con el nombre de usuario JMHY23, en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Lo anterior, siempre que se encuentre previamente registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En esas condiciones, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expediente (SISE) para que proceda a dar de alta a la parte promovente con el nombre de usuario proporcionado, y se encuentre aptitud de consultarlo y seguir su trámite, ello, para los efectos legales conducentes. Sin que pase inadvertido para el suscrito que de la lectura integral del oficio de cuenta, no se haya asentado correctamente el número del juicio de amparo 1068/2023, lo cual obedeció a un error mecanográfico, ya que todos los demás datos corresponden a este expediente; por lo que en aras de una pronta y expedita administración de la justicia de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 Constitucional, se provee lo conducente. Siendo ilustrativa al respecto la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro orden de ideas, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante acuerdo del pasado diecisiete de octubre, se reservó de acordar el escrito signado por Nicolás Ortiz Santamaría, por su propio derecho, y como Director de la Escuela Telesecundaria "Manuel Fuentes Sarabia" con clave 30DTV1196Z, zona 62, sector 04, y anexo que acompaña, parte quejosa en el presente asunto, hasta en tanto se encontrara integrada la litis constitucional, por lo que cumplida que fue dicha condición se provee los conducente. Téngasele incorporando nuevos actos reclamados; por lo que, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, en concordancia con el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, se tiene por ampliada su demanda de amparo respecto de los siguientes actos: El oficio SEV/COTUES/0196/2023, de 28 de septiembre de 2023, por el cual se le hace del conocimiento: ". que el 09 de octubre de la presente anualidad se ha comisionado al Lic. Jesús Humberto Reyes Rendón, enlace jurídico de esta Comisión de Evaluación de Tiendas Escolares, para realizar actividades de supervisión e inspección y realizar acuerdos para el debido establecimiento y funcionamiento de la Tienda Escolar en el Centro de Trabajo a su digno cargo. El oficio SEV/COTIES/23-24-539/2023 de fecha 6 de septiembre de 2023, asunto: Servicio de venta de alimentos. El cual le notifican que la concesión es de C. Beatriz Morgado Santiago, y le solicitan: ". coadyuvar en tareas de supervisión para evitar actividades de ambulantaje en el perímetro de la escuela que usted dirige." En consecuencia, téngase por AMPLIADA LA DEMANDA DE AMPARO, por cuanto hace a dichos actos. NOTIFICACIÓN A LA FISCAL ADSCRITA Con apoyo en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien deberá corrérsele traslado con la copia del escrito de ampliación de demanda para los efectos legales procedentes. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Tomando en consideración que la audiencia constitucional se encuentra fijada para el treinta de noviembre próximo, empero, como en esta fecha se ha tenido por ampliada la demanda por cuanto hace a los actos arriba antes citados, y las autoridades responsables una vez notificadas deberán rendir su informe justificado dentro del plazo de quince días, y cuando éste sea rendido, se dejará a vista de las partes por el plazo de ocho días, evidente resulta que llegada esa fecha, no se encontrará debidamente integrado el asunto para dictar sentencia. En consecuencia, a fin de no dejar sin defensa a ninguna de las partes, en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que el suscrito determina diferir anticipadamente la audiencia constitucional arriba antes citada y, en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. INFORME JUSTIFICADO Y CONSTANCIAS Asimismo, en términos de los artículos 115, 116 y 117, todos de la Ley de Amparo, con copia del escrito de ampliación, requiérase a las citadas autoridades responsables, para que dentro del PLAZO DE QUINCE DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, rindan su informe justificado, en el que deberán manifestar en forma expresa y clara, si son o no ciertos los actos que se les atribuyen, asimismo con copia del escrito de ampliación de la demanda de amparo, córrase traslado a las demás partes. Ello sin perjuicio que debe pronunciarse por todos los actos antes mencionados, además de exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercibidos que de no rendir su informe con justificación, se presumirá cierto el o los actos reclamados, o de no remitir las referidas constancias, en la sentencia respectiva, se le impondrá multa de cien hasta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, de conformidad con la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. Asimismo, se solicita a la autoridad ordenadora, de ser su caso, remita la resolución reclamada en disco compacto o al correo electrónico oficial 4jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. APERCIBIMIENTO AUTORIDADES En el entendido de que las autoridades responsables se encuentran obligadas a recibir los oficios que se le envían y en caso de que no corresponda a su denominación correcta o ésta sea incompleta, pero sí existe la autoridad, deberá comunicarlo por escrito a este juzgado con su informe justificado. En ese sentido, se hace saber que si se niega a recibir un oficio, sin causa justificada, se tendrá por hecha la notificación de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, siendo responsable de toda consecuencia legal; asimismo, con fundamento en el artículo 245 de la ley en cita, se le impondrá multa de cien hasta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). SE REQUIERE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Ahora, de conformidad con el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, al reclamarse actos materialmente administrativos y que la parte quejosa aduce la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, se previene a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado complementen en esos aspectos el acto reclamado, apercibidas que de resultar cierto el acto reclamado y no acatar lo requerido, en observancia al artículo 124 último párrafo de la propia ley, ante la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en la sentencia concesoria que eventualmente se dicte, se estimará que el acto reclamado presenta un vicio de fondo que impide a las responsables su reiteración. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de las nuevas autoridades señaladas como responsables, que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, únicamente le serán notificadas por oficio, las determinaciones previstas como personales para las demás partes, así como aquellas que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a la autoridad responsable que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx puede realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se significa a las autoridades señaladas como responsables que no es necesario acusar recibo de notificaciones, salvo en los casos que expresamente este Juzgado de Distrito así lo solicite; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta, energía eléctrica y recursos económicos en mensajería oficial y telegráfica; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Por otro lado, requiérase a las partes que en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, informen a este Juzgado cuando se haya actualizado alguna causa de sobreseimiento; por tanto, de ser el caso, deberán remitir de inmediato copias certificadas de las constancias respectivas; advertidos de que en caso de no hacerlo, se le impondrá multa de cien hasta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. PRUEBAS De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales, así como una memoria "USB", que anexa a su escrito de ampliación; sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 124 de la mencionada ley. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que sea el caso de proveer en el incidente de suspensión, en virtud de que de la lectura integral del escrito de ampliación de demanda, se advierte que no lo solicitó, lo anterior en términos del artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, salvo lo dispuesto en el diverso artículo 127 de la propia Ley, éste sólo puede abrirse cuando lo solicite la parte quejosa y en el caso, éste no fue solicitado expresamente, además de que no existe un capítulo específico de suspensión. Notifíquese en términos de ley.

  3. Incidental

    En Boca del Río, Veracruz, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido de la secretaria Ingrid Alvarez Cruz, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 1068/2023, promovido por Nicolás Ortiz Santamaría, por su propio derecho, y como Director de la Escuela Telesecundaria "Manuel Fuentes Sarabia" con clave 30DTV1196Z, zona 62, sector 04, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. Abierto el período de pruebas, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que exhibió junto con su escrito de demanda, y la secretaria hace constar que las demás partes no las ofrecieron. A lo anterior, el juez acuerda: con fundamento en los artículos 143, segundo párrafo y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia de acuerdo a su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que ni las partes, ni el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, los formularon, por lo que se cierra este período, y el juez, procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 1068/2023; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Nicolás Ortiz Santamaría, por su propio derecho, y como Director de la Escuela Telesecundaria "Manuel Fuentes Sarabia" con clave 30DTV1196Z, zona 62, sector 04, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLESFOJA SENTIDO 1. Secretario de Educación en Veracruz (Zenyazen Roberto Escobar García) Línea Cierto 2. Presidente de la Comisión de Evaluación de Tiendas Escolares de la Secretaría de Educación (Iván Luis Montiel). Línea Cierto Xalapa, Veracruz. De las que reclama: ". Oficio no. SEV/COTIES/0189/2023 de fecha 26 de septiembre de 2023, Xalapa, Ver., dirigido C. BIBIANA GUADALUPE URBINA CRUZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "MANUEL FUENTES SARABIA" CLAVE 30DTV1196Z." En acuerdo del pasado nueve de octubre, este Juzgado negó la suspensión provisional del referido acto, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que el acto reclamado en esta instancia es el que ha quedado precisado en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se otorga valor indiciario a las documentales exhibidas por la parte quejosa, al tratarse de copias fotostáticas simples que no fueron objetadas por las partes. Con fundamento en los artículos 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2º, se les otorga valor probatorio de indicio a la documental exhibida por el quejoso (foja 08), en tanto no fue objetada por las demás partes. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables 1. Secretario de Educación en Veracruz (Zenyazen Roberto Escobar García), y 2. Presidente de la Comisión de Evaluación de Tiendas Escolares de la Secretaría de Educación (Iván Luis Montiel), ambas con sede en Xalapa, Veracruz, negaron el acto reclamado; sin embargo, de las manifestaciones que realizan en su informe previo que rindieron conjuntamente, se advierte que es cierto el acto que se le atribuye, de ahí que esa negativa queda desvirtuada, lo anterior, en observancia además a la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. QUINTO. Procedencia de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que lo solicite la parte quejosa; b) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y, d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva respecto del contenido del oficio SEV/COTIES/0189/2023 de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, dirigido a Bibiana Guadalupe Urbina Cruz, presidenta de la asociación de padres de familia de la escuela telesecundaria "Manuel Fuentes Sarabia" con clave 30DTV1196Z, en el que se le acordó: ". en ninguna parte de los referidos lineamientos en cita se establece que a sugerencia del comité de padres de familia se designe a un concesionario de la tienda escolar, toda vez que el procedimiento es seguido en cuanto a la normatividad aplicable, por lo cual resulta improcedente su petición." ". que la concesionaria c. Reyna Beatriz Herrera Francechy cumplió con los requerimientos establecidos dentro de la convocatoria y los multicitados lineamientos en tiempo y forma, otorgándosele así el nombramiento SEV/COTIES/23-24-275/2023, por lo cual es la única persona autorizada PARA VENDER ALIMENTOS DENTRO DE LA Tienda Escolar de la escuela en cita." Al respecto, con fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional y 128 de la ley de la materia, se niega la suspensión definitiva, puesto que de otorgarse se dejaría sin materia el juicio principal. Ciertamente, del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, así como de los diversos 128, 131 y 147 de la Ley de Amparo, se desprende lo siguiente: Que la suspensión en el juicio de amparo participa de la naturaleza de las medidas cautelares, entendidas éstas como instrumentos provisionales que permiten conservar la materia del litigio y a la vez evitar que se causen daños graves o irreparables a las partes o a la sociedad durante la tramitación del asunto, por lo que tiene como objeto preservar la materia del juicio y asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate y para evitar que el acto reclamado cause daños o perjuicios a la parte quejosa hasta en tanto se decida sobre el derecho que pretende en el juicio y esto lo hace mediante medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios provisionales) dependiendo de la naturaleza y efectos del acto reclamado. A través de la suspensión se puede impedir la ejecución de determinados actos o efectos hasta en tanto se resuelve en definitiva el expediente principal, a fin de evitar daños o perjuicios irreparables al quejoso y conservar viva la materia del juicio, para lo cual es necesario analizar: a) La apariencia del buen derecho; b) Las posibles afectaciones al interés social; y, c) La posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. El objetivo primordial de la institución de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, previsto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 128 de la Ley de Amparo, es mantener viva la materia de ese juicio, impidiendo que el acto que lo motiva se consume irreparablemente y haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitándole así los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarle. Sobre la aplicación de estos preceptos, resulta necesario citar la tesis jurisprudencial 1a./J.70/2019 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 73, diciembre de 2019, tomo I, página 286, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Como se advierte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación examinó el artículo 107, fracción X, primer párrafo, constitucional Federal, así como el precepto 147 de la Ley de Amparo, y señaló que esos numerales dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios). Además, precisó dicha sala que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa, negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues, lo primordial es atender a las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, debido a que eso es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en mantener las cosas en el estado en que se encontraban o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. Cuidando en todo momento que el otorgamiento de la medida no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Bajo esa premisa, si en el caso la parte quejosa reclama, en esencia, lo acordado el citado el contenido del oficio SEV/COTIES/0189/2023 de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se comunica que en ningún de los Lineamientos Generales para la Concesión de Venta de Alimentos por particulares, Recepción, Administración, Distribución y Comprobación de los Ingresos Obtenidos de las Tiendas Escolares dentro de los planteles públicos del nivel educativo de Secundaria y Bachillerato General, de fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve, se establece que a sugerencia del Comité de Padres de Familia se podrá hacer designación de concesionario de la tienda escolar, de ahí resulta improcedente su petición de que se envié concesionario a la Escuela Telesecundaria "Manuel Fuentes Sarabia" Clave 30DTV1196Z, o en su caso, se designe a la persona propuesta para la venta y preparación de alimentos; destacando que la concesionaria Reyna Beatriz Herrera Francechy cumplió con los requerimientos establecidos dentro de la convocatoria y los citados lineamientos, en tiempo y forma, por lo que se le otorgó el nombramiento SEV/COTIES/23-24-275/2023, siendo la única persona autorizada para vender alimentos dentro de la Tienda Escolar de la escuela en cita. De lo anterior, resulta patente que debe negarse la suspensión solicitada, porque de concederse la medida cautelar en los términos pretendidos, se agotaría la materia del juicio de amparo en lo principal, lo cual lo dejaría sin materia de análisis. Dicho de otro modo, atendiendo al fin que persigue la parte quejosa, respecto de los efectos de la medida cautelar que solicitó, material y legalmente no es posible su concesión, porque su otorgamiento coincidiría exactamente con lo que en su momento se resuelva en el juicio de amparo, pudiendo, de concederse tal medida, agotar o dejar sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Por esas razones, no es dable que, con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su resolución, pues, se tendrían que emitir consideraciones propias de un análisis de mayor profundidad, con mayores elementos de juicio, lo que es propio del análisis del fondo del asunto; todo lo cual, además desvanece toda posibilidad de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con el interés social. Asimismo, es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.) (registro 2026730) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, Materias(s): Común, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." En ese contexto, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la ley de Amparo, se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a Nicolás Ortiz Santamaría, por su propio derecho, y como Director de la Escuela Telesecundaria "Manuel Fuentes Sarabia" con clave 30DTV1196Z, zona 62, sector 04, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el diverso considerando quinto. Notifíquese en términos de ley.Así lo resolvió y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Ingrid Alvarez Cruz, con quien actúa y da fe.

  4. Incidental

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a José Luis Flores Hernández y Ricardo García Martínez, en su carácter de terceros interesados, el proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese el escrito de cuenta signado por José Luis Flores Herández, en su carácter de tercero interesado; en atención a su contenido, téngase por desahogada la vista que se le otorgó en auto de veintidós de septiembre del año en curso y, por hechas sus manifestaciones, mediante el cual se le tiene oponiéndose a la devolución a la parte quejosa del billete de depósito N929960 por la cantidad de $21,025.99 (veintiún mil veinticinco pesos, 99/100 moneda nacional). En consecuencia, con fundamento en los artículos 156, 66 y 67 de la Ley de Amparo; 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de referencia, se le tiene promoviendo incidente de reclamación de daños que se dicen ocasionados con motivo de la suspensión decretada en este asunto; háganse las anotaciones correspondientes; córrase traslado a las partes por el plazo de tres días para que expresen lo que a sus derechos convengan y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Asimismo, ténganse por anunciada las documentales que ofrece como prueba de su parte, reservándose sobre su admisión, hasta en tanto se abra el período de pruebas correspondiente, tal como lo establecen los referidos numerales 67 y 360 de la legislación y código en comento. Notifíquese en términos de ley.

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