Nicolás Martínez Rojas

Expediente 364/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
364/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
24/04/2018

Partes del expediente

  • Nicolás Martínez Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    pral. 364/18 6-b% San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. ... Notifíquese y personalmente al quejoso...

  2. Principal

    PRAL 364/2018 6B" En nueve de abril de dos mil dieciocho. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ...

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de abril de dos mil dieciocho. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional, el seis de este mes y año, promovida por Nicolás Martínez Rojas, contra actos del juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca y otras autoridades; consistentes en a) la ilegal calificación de la detención, en la audiencia de comunicación de imputación; b) vinculación a proceso; c) la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva dictada en la causa penal 04/2018; y d) suspensión de sus derechos políticos; por tanto, con la boleta de turno de amparos indirectos, con la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 364/2018. 2. Desechamiento. En el caso, se estima que debe desecharse de plano la demanda, en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, pues conforme a la lectura integral de la misma, queda de manifiesto que el medio de control constitucional que intenta por la vía indirecta, es evidente e indudablemente improcedente, por lo que se actualiza la causa prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18. En efecto, el numeral 113 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" La anterior disposición legal es el fundamento con el cual este órgano de control constitucional estima que se debe desechar la demanda de amparo; además, es ineludible precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; por lo que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta, es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que se ve actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación gramatical de los dos primeros preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término de quince días. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. De la interpretación del último precepto citado, se advierte que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 163172, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Así como la tesis III.2o.P.137 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el nueve de marzo de dos mil dieciocho, Décima Época, Registro 2016394, del rubro y texto siguientes: "PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, LAS DETERMINACIONES QUE SE TOMEN EN LAS AUDIENCIAS ORALES SE TIENEN POR NOTIFICADAS EN ESE ACTO Y SURTEN SUS EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE. De los artículos 63, 82, fracción I, inciso a) y último párrafo, así como 84, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que las partes que asistan a las audiencias orales, así como quienes estaban obligados a acudir a ellas formalmente, deben tenerse por notificados en ese acto, de las determinaciones que ahí se tomen, sin necesidad de formalidad alguna, atento a los principios que rigen a los juicios orales, particularmente, los de inmediación, continuidad y concentración, y dichas notificaciones surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas, por lo que el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, debe computarse a partir del día posterior al en que surte efectos esa notificación, conforme a la ley del acto, como lo establece el numeral 18 de la Ley de Amparo." A fin de dar claridad a esta determinación y conocer por qué motivo el quejoso Nicolás Martínez Rojas promovió el juicio de amparo fuera del término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, se hace necesario precisar que del propio contenido de la demanda, se advierte que reclama los siguientes actos: a) La ilegal calificación de la detención; b) La vinculación a proceso; c) La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva; y d) La suspensión de sus derechos políticos, todos ellos dictados en la causa penal 04/2018. De las propias manifestaciones que hizo el quejoso, bajo protesta de decir verdad, se advierte que la fecha en que quedó notificado, según su manifestación expresa, fue el dieciséis de febrero del año en curso (foja 5); aseveración a la que se le debe otorgar credibilidad plena como confesión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2°. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 193-198, Primera Parte, Sección Segunda, página 71, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". En ese contexto, en atención a lo dispuesto en el citado artículo 18 de la Ley de Amparo, el término para la presentación de la demanda de amparo debe computarse desde el día siguiente a aquél en que surtió efectos la citada notificación, es decir, desde el veinte de febrero al doce de marzo de dos mil dieciocho, dado que la notificación antes referida se hizo el dieciséis de febrero del año en curso y surtió efectos el diecinueve siguiente, tal como se deduce de los siguientes recuadros: FEBRERO 2018 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Conocimiento de los actos. 17 18 19 Surte efectos 20 Inicio del cómputo de quince días. 21 22 23 24 25 26 27 28 MARZO 2018 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Último día presentación demanda. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Lo anterior, sin contar los días veinticuatro, veinticinco de febrero, tres, cuatro, diez y once de marzo del año en curso, por ser sábados y domingos e inhábiles, en términos del numeral 19 de la Ley Amparo. Por tanto, se arriba a la conclusión que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo ha transcurrido en exceso, tomando en consideración que se hizo conocedor de los actos, desde el dieciséis de febrero de este año; y el escrito de demanda de amparo, se presentó hasta el seis de abril del año en curso ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, con lo cual se considera tácitamente consentido el acto reclamado. Es aplicable por similitud de condiciones jurídicas, la Tesis Aislada de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3212, Tomo LXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Registro 328325, cuyo contenido dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS. La fracción XII de artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley; y el artículo 21 establece, que el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismo. De acuerdo con lo expuesto, es evidentes que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquel término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, si es que como se dijo, no obstante que el quejoso tuvo conocimiento de ellos, no los reclamó con la debida oportunidad. Ahora bien, respecto a actos derivados de otros consentidos, también cabe decir que el juicio constitucional no procede, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte." No es obstáculo que la parte quejosa en el escrito de demanda argumente que por tratarse de actos privativos de libertad, el amparo puede promoverse en cualquier tiempo (foja 8); sin embargo, en el caso, se estima que no se actualiza la excepción al término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo, establecido en el numeral 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados no derivan de un procedimiento de extradición, no se trata de una sentencia definitiva, la resolución controvertida no priva total o parciamente, en forma temporal o definitiva, la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; tampoco se trata de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada o de los prohibidos por el numeral 22 Constitucional, ni existe violación al artículo 22 constitucional, como lo pretende hacer valer el quejoso. Es así, toda vez que los actos reclamados fueron emitidos dentro de un procedimiento penal acusatorio (juicio oral), el cual se rige por el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la resolución en que se declaró legal la detención se dictó el auto de vinculación a proceso y en ese mismo acto se resolvió la solicitud de medida cautelar; actos que emanaron de la causa penal 4/2018, del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. En consecuencia, tal determinación se emitió dentro de un procedimiento penal seguido en forma de juicio, en la que se concede la oportunidad de aportar pruebas y alegar e, incluso, inconformarse, y aun cuando afectan la libertad personal del ahora quejoso, no deben ser catalogados como un actos fuera de juicio. Por otro lado, debe decirse que la determinación a la que se arriba no se contrapone con lo establecido en la reforma del artículo 1° constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, donde se contempló el deber de los órganos jurisdiccionales de procurar la protección más amplia de los derechos y obligaciones del gobernado; ya que, el no cumplir con los plazos establecidos en los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, sería interpretar en sentido diverso el contenido de la norma y dar un alcance no previsto por el legislador para hacer procedente lo que no es; y más aún, que cualquier determinación de este tipo, pudiera combatirse en cualquier momento, incluso, días antes de concluir la etapa de juicio, sin respetar los plazos establecidos en la ley. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 487, Libro 3 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Décima Época, Registro 2005717, del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Así como la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), de la misma Sala, visible en la página 530, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro 2002359, del contenido siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Aunado a lo anterior, si bien es cierto que el segundo párrafo del artículo 1° constitucional reconoce el principio pro persona, conforme al cual las normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar de acuerdo a la Constitución Federal y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, sin embargo, ello no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, cuando no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Décima Época, Registro 2004748, del contenido siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Asimismo, es aplicable la tesis aislada 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1587, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro 2002179, con rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." No es inadvertido que respecto al acto en el que se cuestiona la ilegalidad de la ratificación de detención decretada en la audiencia inicial dentro del procedimiento penal, pudiera actualizarse diversa causa de improcedencia; sin embargo, a ningún fin práctico conduciría analizar cada causa de improcedencia, dado que es de estudio preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda de amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis aislada XV.3o.5 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 2907, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2013941, con rubro y texto siguientes: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN DECRETADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL. EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, SI AL TÉRMINO DE DICHA DILIGENCIA SE DICTA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y SE RESUELVE LA FASE DE DISCUSIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. El juicio de amparo indirecto en el que se reclama la legalidad de la ratificación de la detención decretada en la audiencia inicial dentro del procedimiento penal de corte acusatorio y oral, es improcedente si al término de dicha diligencia, habiéndose llevado a cabo la imputación, se dicta el auto de vinculación a proceso y se resuelve la fase de discusión de medidas cautelares, dado que no es factible emitir un pronunciamiento respecto a ese acto sin afectar las ulteriores situaciones jurídicas creadas con posterioridad, toda vez que, en primer orden, la afectación a la libertad ambulatoria derivada de la detención en flagrancia es sustituida por la imposición de una medida cautelar, además de que una declaratoria en torno a que la detención resultó arbitraria impactaría en el auto de vinculación a proceso, en razón de que los datos de prueba obtenidos directa e inmediatamente con motivo de esa actuación ilegal deben ser excluidos; por consiguiente, en ese supuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al existir un cambio de situación jurídica que hace imposible analizar las violaciones que se hubieran cometido con motivo de la ratificación de la detención del gobernado. Sin que lo anterior implique una prohibición o impedimento para que la autoridad común, posteriormente, determine que deben excluirse pruebas por derivar de una detención ilegal, pues la calificación de la detención es un pronunciamiento preliminar dictado en la primera fase de la audiencia inicial con base en datos de prueba, es decir, con la mera enunciación realizada de diversos actos de investigación que obran en la carpeta respectiva, procedimiento penal en el que aún no existe una investigación pormenorizada para determinar con base en pruebas la verdad histórica de los hechos; además, en el procedimiento penal acusatorio, el auto de vinculación dictado en esa audiencia tiene por efecto, entre otros, autorizar una investigación judicializada que tiene como fin fundamental el esclarecimiento de los hechos." Así como la diversa III.2o.P.255, Tomo XXXII, Octubre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 163630, con rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. CUÁNDO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE DETERMINADAS CAUSALES. De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si el Juez de Distrito advierte que el acto que se reclama fue consentido tácitamente, porque la presentación de la demanda resultó extemporánea, aun cuando pudiera existir alguna otra causal, como es la inobservancia del principio de definitividad; debe considerarse actualizada la primera de esas causales, esto es, la prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque al ser extemporánea la demanda, a ningún fin práctico conduce analizar cualquier otro motivo de improcedencia, porque es preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda de garantías." Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 de la ley de la materia, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. 3. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo; y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a José Manuel Bautista López y Alma Zulma Zacarías Vargas, por no haberse encontrado registro de sus cédulas profesionales en el sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mediante el acceso informático a la página servercjf3/regprof. 4. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, desde ahora se habilita al actuario judicial adscrito, para que realice las notificaciones personales que se ordenen, en días y horas inhábiles. 5. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 6. Anotaciones. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico, siempre y cuando así proceda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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