Nicolás Martínez Magdaleno

Expediente 954/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
954/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
22/11/2021

Partes del expediente

  • Nicolás Martínez Magdaleno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, que desechó la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Morelia, Michoacán, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Nicolás Martínez Magdaleno, por medio del cual cumple con la prevención formulada mediante proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por Nicolás Martínez Magdaleno, se desprende que reclama del Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán: La resolución interlocutoria de quince de agosto de dos mil veintiuno, por la que se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad y personería promovido por el aquí quejoso dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen 386/2021. De los antecedentes del acto reclamado que manifestó bajo protesta de decir verdad, se advierte que: El tres de mayo de dos mil veintiuno, el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, aperturó el juicio ejecutivo mercantil 386/2021, con motivo de la demanda promovida por Anayelli Guillén Orozco, a través de sus endosatarios en procuración. Con motivo de ello, el primero de junio siguiente, el actuario adscrito a ese juzgado, se constituyó en el domicilio del aquí quejoso para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Una vez que compareció él aquí quejoso a contestar la demanda, interpuso incidente de falta de personalidad y personería, al considerar que el nombre y firma del acreedor inicial y el de la persona a quien endosó en propiedad el documento base de la acción varían con relación al auto de inicio de fecha tres de mayo pasado; seguido el incidente por su trámite legal, el quince de agosto siguiente se dictó sentencia, que lo declaró improcedente. Siendo este el acto aquí reclamado. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo; [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución interlocutoria de quince de agosto de dos mil veintiuno, por la que se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad y personería promovido por el aquí quejoso dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen 386/2021. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio natural de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor del promovente, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el juicio de origen sea adverso al aquí expuesto, de manera que mientras éste no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría al promovente del amparo. Así, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa para ser considerado como de imposible reparación. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En esas condiciones, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción V y 172, fracción XII; todos de la Ley de Amparo, y por consecuencia, SE DESECHA la demanda de amparo, promovida por Nicolás Martínez Magdaleno, por propio derecho, contra actos del Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Joaquín Leafar Reynoso Esparza, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, así como a Omar Alejandro Rodríguez Rangel, toda vez que acredita contar con la facultad para ejercer la profesión de abogado, con copia de su cédula profesional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Nicolás Martínez Magdaleno, por medio del cual cumple con la prevención formulada mediante proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por Nicolás Martínez Magdaleno, se desprende que reclama del Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán: La resolución interlocutoria de quince de agosto de dos mil veintiuno, por la que se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad y personería promovido por el aquí quejoso dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen 386/2021. De los antecedentes del acto reclamado que manifestó bajo protesta de decir verdad, se advierte que: El tres de mayo de dos mil veintiuno, el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, aperturó el juicio ejecutivo mercantil 386/2021, con motivo de la demanda promovida por Anayelli Guillén Orozco, a través de sus endosatarios en procuración. Con motivo de ello, el primero de junio siguiente, el actuario adscrito a ese juzgado, se constituyó en el domicilio del aquí quejoso para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Una vez que compareció él aquí quejoso a contestar la demanda, interpuso incidente de falta de personalidad y personería, al considerar que el nombre y firma del acreedor inicial y el de la persona a quien endosó en propiedad el documento base de la acción varían con relación al auto de inicio de fecha tres de mayo pasado; seguido el incidente por su trámite legal, el quince de agosto siguiente se dictó sentencia, que lo declaró improcedente. Siendo este el acto aquí reclamado. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo; [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución interlocutoria de quince de agosto de dos mil veintiuno, por la que se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad y personería promovido por el aquí quejoso dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen 386/2021. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio natural de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor del promovente, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el juicio de origen sea adverso al aquí expuesto, de manera que mientras éste no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría al promovente del amparo. Así, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa para ser considerado como de imposible reparación. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En esas condiciones, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción V y 172, fracción XII; todos de la Ley de Amparo, y por consecuencia, SE DESECHA la demanda de amparo, promovida por Nicolás Martínez Magdaleno, por propio derecho, contra actos del Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Joaquín Leafar Reynoso Esparza, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, así como a Omar Alejandro Rodríguez Rangel, toda vez que acredita contar con la facultad para ejercer la profesión de abogado, con copia de su cédula profesional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 954/2021. De conformidad con el Acuerdo General 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto de dos mil veintiuno, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Agréguese la demanda promovida por Nicolás Martínez Magdaleno, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 108, fracción V, así como el 114, fracción II y relativos a la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda, se estima necesario requerir a la parte quejosa a fin de que, en el plazo de CINCO DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le haga, bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente: ÚNICO. Narre de manera cronológica los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, toda vez que de la lectura íntegra a su demanda, no se advierte que lo haya hecho. Circunstancia que resulta ineludible para estar en condiciones de proveer sobre la admisión o no de la demanda de amparo y fijar la Litis constitucional. Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo acordado en este proveído en el plazo indicado y de no acompañar copias suficientes del documento con el que dé cumplimiento para correr traslado a las partes, se tendrá por no presentada, atento a lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia. En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por el peticionario o su apoderado jurídico, pues los autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. Así como la diversa Jurisprudencia 1a./J. 50/2014, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Libro 9, Tomo I, Agosto 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Por otro lado, se advierte que la parte quejosa únicamente anexó cuatro copias de su escrito inicial de demanda, por tanto, hágasele del conocimiento que para la apertura del incidente de suspensión deberá anexar una más, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se postergará la apertura del incidente de suspensión. En el entendido de que de igual forma deberá exhibir las suficientes de su escrito de cumplimiento de prevención, esto es una para la autoridad responsable, una para correr traslado a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, una para emplazar a la tercera interesada y dos para formar el cuaderno incidental, el cual se tramita por duplicado y cuerda separada. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2a. /J. 86/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE." SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizada (escaneado), directamente al correo electrónico del Juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del Juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gerardo Idelfonso Medina, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que a Omar Alejandro Rodríguez Rangel, únicamente para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acredite contar con la facultad para ejercer la profesión de abogado. CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del referido Acuerdo General 13/2020, reformado por los diversos 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, relativo al Esquema de Trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública Derivado del virus COVID-19, téngase a la parte quejosa proporcionando la dirección de correo electrónico omarora74@gmail.com, para efecto de establecer comunicación; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2021, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

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