Nicolas Jn Michel
Expediente 764/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 34 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 764/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 24/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Nicolas Jn Michel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que a la fecha no obren en autos los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables, por medio de los cuales se les notificó la resolución referida, en razón de que su sentido no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Córdoba, Veracruz, a las diez horas con diez minutos del treinta de septiembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 764/2021, promovido por .. con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la licenciada... Jueza Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Córdoba, quien actúa con la licenciada Xiomara Gómez Galicia, secretaria que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas; sin que resulte necesario llevar a cabo la presente diligencia por videoconferencia, en atención a que ninguna de las partes proporcionó un correo electrónico para remitirle el enlace correspondiente y tampoco envió copia de su identificación para comparecer a la misma. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente: escrito de demanda de amparo signada por ..; e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Por otro lado, la secretaria hace constar que en proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por inexistente a la autoridad responsable 18. Titular de los Retenes y Volantas del Instituto Nacional de Migración, con sede en Acayucan, Veracruz. Acto seguido, la Jueza acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias de cuenta. Abierto el periodo probatorio, la Secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, consistentes en la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, mismas que fueron relacionadas en proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno. Acto continuo, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas relacionadas, dada su especial naturaleza; luego al no haber más pruebas que desahogar, se da por concluida esta etapa. Abierto el período de alegatos: La Secretaria hace constar que la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, no formularon alegatos en el juicio en que se actúa, por lo que no hicieron uso del derecho concedido por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Acto continuo, la Jueza acuerda: Al no existir alegatos formulados por las partes, se da por concluido este periodo procesal. Con lo que concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional, por lo anterior se levanta esta acta para constancia, y se pasa al estudio del expediente para dictar sentencia. Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 764/2021, promovido por ...contra actos del 1. Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; que consideraron violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 11, 17, 33 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, 1... acudieron a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, señalando como actos reclamados los siguientes: - La orden de deportación. - La orden de detención y su ejecución. SEGUNDO. Admisión a trámite de la demanda de amparo. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en esta ciudad, al que por cuestión de turno correspondió conocer del asunto, mediante auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Inexistencia de Autoridad. En proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por inexistente a la autoridad responsable Titular de los Retenes y Volantas del Instituto Nacional de Migración, con sede en Acayucan, Veracruz. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en razón de que los actos reclamados, de ser ciertos, tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: - La orden de deportación. - La orden de detención y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, 1. Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México; 2. Subrepresentante Federal Zona Sur de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tapachula, Chiapas; 3. Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Chiapas, con sede en Tapachula; subdirectora de área, encargada de la Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la 4. Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Villahermosa, Tabasco; 5. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con residencia en Veracruz; 6. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Puebla, Puebla; 7. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo; 8. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Coahuila, con sede en Saltillo; 9. Sub representante Federal en suplencia por ausencia del Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad Juárez; 10. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México; 11. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, con sede en Toluca; 12. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Pachuca, Hidalgo; 13. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí; 14. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Querétaro, con sede en Querétaro; subdirector de Control y Verificación Migratoria en suplencia por ausencia del 16. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en León, Guanajuato; 17. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas; y 19. Subdirectora de Área, encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos B en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Villahermosa; al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados. Por su parte, la autoridad responsable 15. Titular del Instituto Nacional de Migración (Titular de Oficina de representación del Instituto Nacional en el estado de Nuevo León), con residencia en Monterrey, Nuevo León, fue omisa en rendir su respectivo informe justificado; pese a estar debidamente notificada para ello, tal y como consta del acuse de recibo que obra en autos; sin embargo, toda vez que las autoridades ordenadoras negaron la existencia de los actos que se le reclaman, no ha lugar a presumirle ciertos los mismos, al no tener orden que ejecutar. Los quejosos ofrecieron como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, sin embargo dichas probanzas no desvirtúan la negativa de las autoridades responsables, toda vez que de las constancias que obran en autos no se desprende elemento alguno que acredite la existencia de los actos reclamados. En tales condiciones, si los peticionarios de amparo no aportaron medio de convicción que desvirtuara la negativa pronunciada por las autoridades responsables en torno a los actos reclamados, en la especie es claro que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, por lo que ante tal circunstancia procede, sobreseer en el presente juicio. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También es aplicable la jurisprudencia número I.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que, por auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ., contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando tercero de este fallo y por los motivos ahí expuestos. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, doce de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable 15. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey; aún no ha rendido su informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificada del oficio con el cual se hizo de su conocimiento la radicación del presente juicio de amparo y se le requirió dicho informe. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la citada autoridad para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en términos de su artículo 2o, respecto del acto consistente en la orden de detención y su ejecución, así como sus antecedentes, remita copias certificadas, completas, legibles y ordenadas, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para dar cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, Tomo V, correspondiente al mes de febrero de 1997, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término concedido, o de no informar por escrito el impedimento legal que tengan para ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida de Actualización, conforme a su valor diario, de conformidad con lo previsto por los artículo 237 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y objetivamente atendiendo a la carga de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración, la que se fija objetivamente, atendiendo a las cargas de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias; la cual se llevará a cabo por videoconferencia. Por tanto, se requiere a las partes para que, hasta cinco días antes de la fecha para la audiencia constitucional, por una parte, proporcionen un correo electrónico en el que se remitirá el enlace correspondiente para llevarla a cabo, y por otra, remitan copia de la identificación oficial vigente de la persona que comparecerá a la misma. En el entendido que, de no cumplir con lo anterior, la audiencia se celebrará sin su comparecencia. Resulta innecesario librar oficio a las autoridades responsables que ya rindieron sus informes justificados, para comunicarles el motivo por el cual se difirió la audiencia constitucional, en razón que se encuentra en aptitud legal de consultar la nueva fecha en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo_ini.asp; por lo que notifíquese por oficio únicamente a la autoridad responsable que no ha rendido su informe justificado.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable 15. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey; aún no ha rendido su informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificada del oficio con el cual se hizo de su conocimiento la radicación del presente juicio de amparo y se le requirió dicho informe. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la citada autoridad para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en términos de su artículo 2o, respecto del acto consistente en la orden de detención y su ejecución, así como sus antecedentes, remita copias certificadas, completas, legibles y ordenadas, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para dar cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, Tomo V, correspondiente al mes de febrero de 1997, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término concedido, o de no informar por escrito el impedimento legal que tengan para ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida de Actualización, conforme a su valor diario, de conformidad con lo previsto por los artículo 237 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y objetivamente atendiendo a la carga de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración, la que se fija objetivamente, atendiendo a las cargas de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias; la cual se llevará a cabo por videoconferencia. Por tanto, se requiere a las partes para que, hasta cinco días antes de la fecha para la audiencia constitucional, por una parte, proporcionen un correo electrónico en el que se remitirá el enlace correspondiente para llevarla a cabo, y por otra, remitan copia de la identificación oficial vigente de la persona que comparecerá a la misma. En el entendido que, de no cumplir con lo anterior, la audiencia se celebrará sin su comparecencia. Resulta innecesario librar oficio a las autoridades responsables que ya rindieron sus informes justificados, para comunicarles el motivo por el cual se difirió la audiencia constitucional, en razón que se encuentra en aptitud legal de consultar la nueva fecha en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo_ini.asp; por lo que notifíquese por oficio únicamente a la autoridad responsable que no ha rendido su informe justificado
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