Nicolás Javier Ovalle Mendoza
Expediente 972/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 972/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Nicolás Javier Ovalle Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a tres de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de nueve de diciembre de dos mil veintidós, en que se sobreseyó, en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a nueve de diciembre de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 972/2022-V. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por **********, en la que demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente, Actuario y/o Ministro Ejecutor, ambos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, así como el Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de quienes reclamó: (.) Se les reclama la omisión de tomar las medidas necesarias para que la ejecución del crédito laboral obtenido en mi favor para que sea pronta y expedita, lograr el cumplimiento aun en contra de la voluntad del vencido, omitir darle curso a la fase de ejecución del Laudo de fecha 30 de Septiembre del 2021, impedir el general la cita con el C. Actuario para realizar el requerimiento de pago y/o embargo a al tercero perjudicado, de requerirlo del pago o en su caso de no realizar el pago de embargarles bienes de su propiedad dentro del juicio generador 1/17/3466, no obstante que he acudido en forma pacífica y respetuosa, se le solicito proveyera para la ejecución del laudo mediante escritos que fuera recibido por la oficialía general de la H. Junta Especial en fechas del 14 de febrero del 2022 y 05 de Octubre del 2022, con números de promoción 2856-22 y 17642-22 de manera respectiva, sin que hasta la fecha le recayera u ordenara mediante acuerdo el mandato de ejecución, en relación al juicio laboral 1/17/3446. (.) SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se radicó con el consecutivo 972/2022-V, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Atento a ello, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama la omisión de acordar su solicitud de ejecutar el laudo dictado en el expediente de origen 1/17/3446. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Presidente y el Coordinador de Actuarios de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje y el Secretario General de la Junta de Conciliación y Arbitraje, convinieron en la existencia del acto que se les endilga, aduciendo que el nueve de noviembre pasado se proveyó sobre la solicitud del quejoso y, para corroborar lo anterior, remitió copia certificada del auto en comento. A las documentales reseñadas se les reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. De lo que se deduce que es cierto el acto que reclama la quejosa, pues a la fecha de la presentación de la demanda -veintiuno de octubre de dos mil veintidós- no se había proveído respecto de su petición de cinco de octubre del presente año en el expediente 1/17/3446. En tales condiciones, debe reputarse cierta la existencia de los actos atribuidos a las autoridades precisadas en la demanda de amparo. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo en cita. En ese sentido, este órgano advierte que en la especie ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Conforme a dicha causal la acción de amparo se torna improcedente cuando los efectos del acto reclamado son destruidos de forma total e incondicional, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de su emisión, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional y sin dejar huella en su esfera jurídica. En apoyo a las anteriores consideraciones se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, de junio de 1999, página 38, registro digital 193758, que a la letra dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Para arribar a dicha conclusión basta destacar como antecedentes de los actos reclamados, los siguientes: 1. El cinco de octubre de dos mil veintidós, la parte aquí quejosa, en el expediente 1/17/3446, peticionó al Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, se despachara mandamiento de ejecución. 2. El nueve de noviembre de dos mil veintidós, la Junta responsable acordó el escrito presentado por la parte actora; precisando, que ello era a efecto de proveer en la suspensión decretada con motivo de la demanda de amparo directo promovida en contra de la sentencia dictada en el expediente de origen; fijando fecha y hora para llevar a cabo la reinstalación del justiciable en su puesto de trabajo. Luego, lo acordado el nueve de noviembre de dos mil veintidós y sus efectos, trascienden ineludiblemente al acto reclamado en este juicio, pues la omisión que la quejosa reclamó a la autoridad responsable ha quedado subsanada al proveer lo relativo a la ejecución del laudo. Por ello, este órgano encuentra una barrera jurídica para analizar las actuaciones reclamadas, en virtud de que el nueve de noviembre del año que transcurre, la autoridad laboral emitió acuerdo pronunciándose respecto a la solicitud del quejoso en el expediente 1/17/3446 . En sustento a lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, de febrero de 1998, página 210, registro digital 196820, del contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 972/2022-V, promovido por **********. Notifíquese por lista electrónica; y por oficio a las autoridades señaladas como responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, Presidente, Secretario General y Coordinador de Actuarios en representación del Actuario, todos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad; como dispone el artículo 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por otra parte, de la certificación de cuenta se deprende que la audiencia constitucional se encuentra fijada para la fecha en que se actúa; atento a lo anterior, se difiere su celebración, fijando para tal efecto las diez horas con cincuenta minutos del nueve de diciembre de dos mil veintidós. Finalmente, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. IRS
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el contenido del oficio SEADS/698/2022 de veintiséis de octubre del presente año, se advierte que la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó la adscripción de la **********, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Por otro lado, agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el ocurso signado por el agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito y en atención a su contenido téngasele formulando los alegatos que deja vertidos en su escrito de cuenta y hágase relación los mismos al celebrarse la audiencia constitucional, en términos de los artículos 119 y 124 de la ley de la materia. Finalmente, en relación a las copias que solicita, deberá de estarse a lo proveído en auto de veinticinco de octubre del presente año. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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