Nicolás Hurtado Flores

Expediente 894/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
894/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Nicolás Hurtado Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días en consecuencia, se declara que el auto de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda amparo promovida por ****************, por su propio derecho, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, d

  2. Principal

    RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida, por su propio derecho, contra actos del Tribunal de Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados con excepción del precepto citado en primer término, mediante diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre del año en cita, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 894/2023-VI. Anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico. DESECHAMIENTO. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. En el caso, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La resolución de tres de julio de dos mil veintitrés emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México dictada en la causa penal ********************, en la que ordenó notificar a los órganos de prueba ofrecidos por la representación social, por conducto del juzgado para que se presenten a la audiencia de juicio fijada el uno de agosto de dos mil veintitrés. Así, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por aquellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Por tanto, procede el amparo indirecto contra actos realizados en un juicio, que sean de imposible reparación entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo. Luego entonces, la resolución de tres de julio de dos mil veintitrés emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México dictada en la causa penal ********************, en la que ordenó notificar a los órganos de prueba ofrecidos por la representación social, por conducto del juzgado para que se presenten a la audiencia de juicio fijada el uno de agosto de dos mil veintitrés; no implica que necesariamente dicha situación influirá en la determinación que tome el tribunal de origen al resolver el fondo del asunto. En ese sentido, la resolución con la que concluya el juicio de la causa penal ******************** del índice del Tribunal de Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, del cual deriva el acto reclamado, incluso, puede resultar favorable a la parte quejosa y aún en el supuesto de serle adversa, puede alegar esta violación mediante juicio de amparo directo que promueva contra la resolución definitiva, de conformidad con lo dispuesto en la ley de la materia. Lo anterior, confirma que el acto reclamado, no quebranta en perjuicio de la parte quejosa, de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, ya que sólo produce efectos formales o intraprocesales, por tratarse de actos que carecen de una consecuencia de imposible reparación. Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo; por tanto, SE DESECHA la presente demanda de amparo, promovida, por propio derecho. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis número II.3o.P.57 P (10a.), emitida por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal Del Segundo Circuito, visible en el Libro 64, página 2662, Tomo III, Marzo de 2019, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL SER UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. En el artículo 113 de la Ley de Amparo se faculta al juzgador para desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y -de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Aunado a ello, debe tenerse la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en cada caso concreto, de modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Asimismo, en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa fracción V -en sentido contrario- del artículo 107, ambos de la ley de la materia, se establece que los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto, cuando afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, cuya afectación no puede ser reparada aun obteniendo sentencia favorable; lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando sólo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. En estas circunstancias, cuando se reclame una determinación emitida en la etapa de juicio oral mediante la cual se inadmita una prueba ofertada por la defensa, el amparo indirecto es improcedente, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal que no tiene ejecución de imposible reparación, pues no impide el ejercicio actual y real de un derecho sustantivo, al contrario, ese acto constituye una violación a las leyes del procedimiento, en términos del artículo 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece, por un lado, que las violaciones procesales (como es el acto reclamado) deben ser impugnadas en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, de ser ésta desfavorable a los intereses del quejoso y, por otro, dispuso que en los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento, entre otras, cuando no se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, como lo reclamado en el caso." Lo resaltado es propio. Sin que pase inadvertido, que el quejoso en el capítulo de antecedentes refiere que promovió recurso de revocación, en contra de la determinación de tres de julio de dos mil veintitrés emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México dictada en la causa penal ********************, resuelto en esa misma data, declarándolo improcedente y confirmando la resolución impugnada, lo cual no fue señalado como acto reclamado destacado; sin embargo, de haberse indicado como tal, el presente juicio de amparo, igualmente resultaría improcedente, por los motivos expuestos en párrafos precedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora, toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29, ambos de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación del presente auto y las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le hagan por medio de las listas que se publican en los estrados de este juzgado de Distrito, y en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, en términos del último párrafo del numeral 21, de la Ley de la materia, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, practique las notificaciones que deriven del presente trámite, en días y horas inhábiles. Se hace destacar que el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para dar materialidad a las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tienen por autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, a ********************y ********************, ya que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y por lo que hace a las diversas personas que señala, se les tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos de la última parte, del segundo párrafo, del precepto en cita, por así solicitarlo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Toda vez que el promovente proporcionó el nombre de usuario "********************" en términos de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente asunto; por tanto, instrúyase a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) para que realice las gestiones necesarias. MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO PROCESALES Y USO MEDIOS ELECTRÓNICOS En otro orden de ideas, se tiene al promovente proporcionando las direcciones de correo electrónico ramirezseguraalvaro@gmail.com y roberttoperez@gmail.com, para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios; sin que esto implique que tal medio se tenga para oír y recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así. Asimismo, acorde a lo previsto en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la oficiante, la utilización de medios electrónicos digitales para la consulta de este expediente. EXHORTACIÓN A CONTINUAR EL JUICIO EN LINEA En términos de los artículos 257, fracción I, y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se sugiere a la parte quejosa que, de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el enlace:https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionale s, además, proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17 constitucional. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactada la Secretaria encargada del asunto, Greta Santos Hernández, a saber: 5553870500, extensión 1392, dentro de un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al presente asunto. TRANSPARENCIA Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 30 y 42 del Acuerdo General el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, de conformidad con el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Así mismo se hace de su conocimiento que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como por lo establecido en el Acuerdo General el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y reformado mediante el diverso acuerdo publicado el veintiséis de marzo de dos mil veinte, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial.

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