Nicolás González Torres
Expediente 1172/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 23 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1172/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 18/12/2020
Partes del expediente
- Nicolás González Torres
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este juzgado federal el cuatro de noviembre de dos mil veinte, el Delegado del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de cinco de noviembre de la presente anualidad, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia emitida dentro del presente sumario constitucional, el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "[.]1. Los artículos 24, fracción V, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por el amparista, determinadas en el recibo de pago exhibido por el quejoso previstas en el artículo 24, fracción V de la ley declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que dicho recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó el quejoso. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. [.]". En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, mediante la cual confirmó la sentencia de amparo; por lo cual, se requirió por el cumplimiento a la misma. En ese sentido, el siete de septiembre de dos mil veinte, el Delegado del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que se habían remitido los datos del quejoso a la Dirección General de Tesorería, a efecto de realizar la transferencia a dicha parte; posteriormente, cuatro de noviembre de este año, mediante oficio, dicho delegado acreditó la transferencia efectuada al justiciable, de la que se advierte que devolvió la cantidad de $33,855.80 (treinta y tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 80/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $32,605.48 (treinta y dos mil seiscientos cinco pesos 48/100 moneda nacional), sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el treinta de abril de dos mil diecinueve y el veintiocho de octubre del año que transcurre, se realizó la transferencia al multicitado quejoso; empero, los trámites que efectuó la responsable a efecto de realizar los pagos comenzaron en el mes de julio, según las cuentas aritméticas que adjuntó a su oficio recibido el siete de septiembre de este año. Por lo que, el período de actualización comprende del mes de marzo del año próximo pasado al mes de julio de esta anualidad. Por tanto, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de julio del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo del año próximo pasado fue de 103.476; y para el mes de julio de este año de 107.444. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.038347056322239. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $32,605.48 (treinta y dos mil seiscientos cinco pesos 48/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $33,855.80 (treinta y tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 80/100 moneda nacional); se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $1,250.32 (un mil doscientos cincuenta pesos 32/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $33,855.80 (treinta y tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 80/100 moneda nacional). Consecuentemente, es evidente que con ello se ha restituido a la parte agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección federal, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Delegado del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, remite copia de la transferencia efectuada a la parte aquí quejosa, misma que ampara la cantidad condenada en autos; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el libelo y anexo de cuenta; para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Finalmente, no pasa inadvertido que el citado delegado de la responsable, refiera ser el Director Jurídico Contencioso de la dependencia a que hace mención; sin embargo, del informe justificado rendido por el Recaudador de Rentas el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, se advierte que el mismo fue señalado como delegado; sin que al día de hoy hubiera informado a este Juzgado su cambio de nombramiento. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Delegado del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, remite copia de la transferencia efectuada a la parte aquí quejosa, misma que ampara la cantidad condenada en autos; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el libelo y anexo de cuenta; para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Finalmente, no pasa inadvertido que el citado delegado de la responsable, refiera ser el Director Jurídico Contencioso de la dependencia a que hace mención; sin embargo, del informe justificado rendido por el Recaudador de Rentas el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, se advierte que el mismo fue señalado como delegado; sin que al día de hoy hubiera informado a este Juzgado su cambio de nombramiento. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual *****, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, solicita se haga efectivo el apercibimiento de multa a la responsable en virtud de que no ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo; sin embargo, previo proveer conforme a su petición, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a dicha responsable, a fin de que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, informe el acatamiento al fallo protector. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la ley de la materia se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Finalmente, se hace del conocimiento de la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada. NOTIFÍQUESE.
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