Nicolás González Escutia

Expediente 1581/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1581/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Nicolás González Escutia

Actuaciones

  1. Principal

    UN ACUERDO NOTIFICACION PERSONAL AL QUEJOSO

  2. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO HECHO AL QUEJOSO Y SE LE NOTITICA POR MEDIOD E LISTA EL ACUERDO DE VEINTE D EDICIEMBRE QUE DICE: Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de cuatro de diciembre del año en curso (foja 21 a 26), por el cual se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Por otro lado, en términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichas constancias podrán ser destruidas junto con el expediente. Finalmente, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  3. Principal

    UN ACUERDO NOTIFICACION PERSONAL AL QUEJOSO

  4. Principal

    SE HACE EFECETIVO EL APERCIBIMIENTO HECHO AL QUEJOSO Y SE LE NOTITICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE CUATRO DE DICIEMBNRE QUE DICE:Por recibida la demanda de amparo promovida por Nicolás González Escutia, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno como juicio de amparo 1581/2019. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del contenido de la demanda de amparo, se evidencia que el acto reclamado consiste, esencialmente, en la ejecución de la sentencia dictada en el expediente 913/2018, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, realizada mediante diligencia de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Por lo que hace al acto reclamado éste órgano de control constitucional advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de dicha legislación, ya que dicho acto reclamado por el solicitante de amparo se encuentra consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados, los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos ... Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada a la parte quejosa, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija; o bien, al día siguiente en que la peticionaria de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados, o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que la parte quejosa se hubiese ostentado sabedora de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley; no se impugna una sentencia condenatoria que impone pena de prisión; tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que la parte quejosa acude a esta vía constitucional para reclamar la ejecución de la sentencia dictada en el expediente 913/2018, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, realizada mediante diligencia de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Luego, del contenido de los antecedentes de los actos reclamados narrados por el quejoso en su escrito inicial de demanda, se desprende que éste tuvo conocimiento del acto que tilda de inconstitucional, desde el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, pues en esa fecha manifiesta que se presentaron diversas personas en el inmueble de su propiedad ubicado en Avenida Independencia, número 722, Barrio de la Concepción, Municipio de San Mateo Atenco, México, una de ellas se identificó como diligenciario del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, a efecto de requerir a Verónica González Escutia, a fin de que hiciera entrega del inmueble a Mario Fructuoso González Escutia, ante lo cual el quejoso manifestó su oposición. Tal manifestación debe considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto que se analiza en este apartado, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir el acto reclamado transcurrió del diecinueve de agosto al seis de septiembre de dos mil diecinueve, previo descuento de los días inhábiles en términos de lo establecido en el artículo 19 de la ley de la materia. Ello considerando que se toma en cuenta para computar el plazo respectivo a partir de que el peticionario del amparo se ostentó sabedor de la diligencia realizada con la finalidad de poner en posesión del inmueble que defiende, a diversa persona y, por ende, el plazo de quince días para presentar la demanda, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, inició al día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento de tal acto de molestia, pues desde ese momento tuvo noticia del acto de autoridad correspondiente, derivado de un mandamiento judicial. En esas condiciones, si la demanda de amparo de cuenta fue presentada hasta el tres de diciembre de dos mil diecinueve, como se corrobora de la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca (foja 1), resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Nicolás González Escutia, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México y otra autoridad, por notoriamente improcedente. De conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de cuenta. Luego, acorde con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Atento a la certificación de cuenta, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Silvano Sánchez Palacios y José Antonio Ramírez Becerril, pues cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y de conformidad con la última parte del citado precepto legal, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las diversas personas que se mencionan en la demanda de cuenta, toda vez que carecen de registro en dicho sistema.

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