Nicolas Garcia Juarez
Expediente 309/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 309/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/09/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Nicolas Garcia Juarez
- Gobernador del Estado de Puebla
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el tres de septiembre de dos mil veinte, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 399, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. Finalmente, se ordena indicar la valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, por lista a su autorizado, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público Federal adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante la secretaria Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. (FIRMADO ELECTRONICAMENTE) (FIRMADO ELECTRONICAMENTE) En la propia fecha se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe "2020. AÑO DE LEONA VICARIO BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA" PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Avenida Osa Menor, número 82, piso 12, Ala Sur, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula. DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE JUICIO DE AMPARO: 309/2020. OF.146-1 1. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA. OF.146-2 2. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. OF.146-3 3. DIRECTOR GENERAL DE CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. OF.146-4 4. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL REGIONAL DE CHOLULA, PUEBLA. OF.146-5 5. PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL REGIONAL DE CHOLULA, PUEBLA. OF.146-6 6. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. OF.146-7 7.DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA DEL ESTADO DE PUEBLA.. OF. 146-8 MPF AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO (NO RESPONSABLE). EL DIA DE HOY EN JUICIO DE AMPARO 309/2020 PROMOVIDO POR NICOLÁS GARCÍA JUÁREZ POR CONDUCTO DE SU DEFENSOR PARTICULAR FLAVIO ALBERTO CARRO POBLANO, SE DICTÓ LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el tres de septiembre de dos mil veinte, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 399, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. Finalmente, se ordena indicar la valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, por lista a su autorizado, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público Federal adscrito. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante la secretaria Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. (FIRMADO ELECTRONICAMENTE) (FIRMADO ELECTRONICAMENTE) LO QUE COMUNICO A USTED EN VÍA DE NOTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE. MARIBEL PEREDA CORVERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON SEDE EN SAN ANDRÉS, CHOLULA
- Principal
la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan, la demanda presentada por Flavio Alberto Carro Poblano a nombre de Nicolás García Juárez (fojas 1 a 9); así como los informes justificados rendidos por las autoridades responsables que así lo hicieron: 3. Director General de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla; 4. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla; 5. Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla; 6. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla; 7. Director General de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla (fojas 91, 109, 95, 39 y 40, 124 y 125 y 93, respectivamente); así como los acuerdos que los tuvieron por recibidos. A lo anterior, el juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede, para los efectos legales conducentes. Abierto el período probatorio: La Secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por el 3. Director General de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por su representación (fojas 33 a 35), consistente en el oficio que giró dicha autoridad al Director del Centro Penitenciario de Cholula, Puebla, para que de inmediato diera cumplimiento a la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional a favor del directo quejoso; del 4. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla; del 5. Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, consistentes en fotografías digitales donde se advierte a una persona del sexo masculino, que refieren las responsables es el quejoso, recibiendo papel higiénico, sandalias de baño y una cobija (que es lo se aprecia); dictamen médico practicado a Nicolás García Juárez el nueve de mayo del actual por la médico titular de dicha institución; la tarjeta informativa 331/SEG Y CUST de la misma fecha, de la entrega de los alimentos del citado quejoso y fotografías digitales de dichos alimentos, de entrega de pertenencias y medicamento al referido peticionario de amparo; hoja de control de uso de lavaderos para ropa y trastes en donde se advierte el nombre de éste, así como de llamadas telefónicas; del menú del seis al doce de mayo del año en curso; y, de la clasificación del dormitorio del quejoso (fojas 27 y 28, 30 y 31; 55 a 65; 67 a 75; 96 a 108; y, 110 a 122, respectivamente); y, del 7. Director General de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, el oficio DGPEP/JUR/2020/2520, que giró al Encargado de Despacho de la Dirección de Operaciones Policiales. Enseguida, el juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relacionadas por la secretaria, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos: La secretaria certifica que ninguna de las partes los formuló. A continuación, el juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede y, por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Por lo que, al no existir escrito u oficio pendiente por acordar ni diligencia por practicar, concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional; por tanto, se levanta esta acta para constancia, y se pasa al estudio del expediente con el propósito de dictar sentencia. V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 309/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Flavio Alberto Carro Poblano a nombre de Nicolás García Juárez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. En ocho de mayo de dos mil veinte, la secretaria de guardia recibidó físicamente la demanda de amparo presentada por Flavio Alberto Carro Poblano a nombre de Nicolás García Juárez, al tratarse de actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUTORIDADES ORDENADORAS: 1. Gobernador Constitucional del Estado de Puebla. 2. Secretario General del Gobierno del Estado de Puebla. 3. Director General de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. 4. Director del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. 5. Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla. AUTORIDADES EJECUTORAS: 1. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla. 2. Director General de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Puebla. "ACTO RECLAMADO.- Reclamo de las responsables ORDENADORAS la arbitraria ORDEN DE INCOMUNICACIÓN de mi representado NICOLÁS GARCIA JUÁREZ, dentro del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Cholula, Puebla, misma que viola en su totalidad y en su perjuicio sus DERECHOS HUMANOS y GARANTÍAS DE LEGALIDAD, contempladas en los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales, y de las EJECUTORAS reclamo la EJECUCIÓN del acto reclamado." (foja 3). La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14 y 22, de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Trámite del juicio. En acuerdo de ocho de mayo de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo con el número 309/2020-B, se le dio trámite, proveyéndose la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado (incomunicación), ordenándose la ratificación de la demanda de amparo por parte del directo quejoso Nicolás García Juárez, la cual, en diligencia de la misma fecha ratificó ante el actuario de la adscripción en el lugar de su reclusión. TERCERO. Admisión de la demanda de amparo. Mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil veinte, se admitió la demanda de garantías, sin aperturar incidente de suspensión porque respecto del acto de incomunicación se concedió la suspensión de oficio en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, finalmente, atento la manifestación del directo quejoso de que no se le habían proporcionado alimentos, cobijas y artículos de aseo personal, se requirió a las autoridades responsables justificaran que le habían proporcionado comida de forma diaria al peticionario de amparo, cobijas y artículos de aseo personal. CUARTO.- Cita para audiencia. En acuerdo de tres de agosto de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid 19, quedó levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, que operaría hasta que se notificara a las partes emplazadas la nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo que en el caso ya ocurrió. En el entendido de que el levantamiento de la suspensión implicó la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio; celebrándose la audiencia constitucional en sus fases de pruebas y alegatos al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda de amparo, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: Del 1. Gobernador Constitucional del Estado de Puebla; 2. Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla; 3. Director General de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla; 4. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla; 5. Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla; 6. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla; y, 7. Director General de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla. La incomunicación en su lugar de reclusión Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla. TERCERO. Existencia e inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO."** I. INEXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS. Al respecto, las autoridades responsables: 3. Director General de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla; 6. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla; y, 7. Director General de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, al rendir sus informes justificados manifestaron que no son ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, consistentes en la incomunicación del directo quejoso: Nicolás García Juárez. Sin que al efecto, de las constancias que remitieron las autoridades responsables: 4. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla; y, el 5. Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, en apoyo a su informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se advierta la participación de dichas autoridades en la incomunicación que refiere el quejoso dentro del centro de reclusión en donde está privado de su libertad. Por su parte, las diversas autoridades responsables: 1. Gobernador Constitucional del Estado de Puebla; y, 2. Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla, omitieron rendir su informe justificado, no obstante que se les notificó el oficio por el cual se les requirió el mismo; sin embargo, no opera la presunción de certeza prevista en el artículo 117 de la Ley de Amparo, porque de las constancias existentes en autos tampoco se advierte la participación de éstas en la incomunicación que reclama el quejoso dentro del centro de reclusión en donde se encuentra interno. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio respecto de los actos reclamados a dichas autoridades. II. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Por su parte, las autoridades responsables: 4. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla; y, el 5. Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, al rendir sus informes justificados manifestaron que no es cierto el acto reclamado (incomunicación); sin embargo, dicha negativa se desvirtua porque de la diligencia asentada por el actuario judicial de la adscripción el ocho de mayo del actual, se advierte la existencia de dicho acto. Como se advierte del contenido siguiente: ".que no tiene golpes, ni daños físicos, manifiesta que no le han proporcionado alimentos desde el día miércoles. .me informa que no ha sido torturado físicamente, pero que no le han proporcionado alimentos desde el día miércoles tampoco tiene cobijas, ni cosas para aseo personal. Me manifiesta que estuvo incomunicado desde el miércoles pero el día de hoy a las 5:45 le permitieron hablar con su hermano David García Juárez, con lo que terminó la incomunicación. Me informa que sabe que está segregado por la información que contenía una memoria que le fue proporcionada por la Institución (CERESO Cholula), que contiene supuestamente películas y música prohibidas dentro del lugar de internamiento. Dice que no le han enviado por escrito el por qué o la causa de su segregación..". Esto es, al momento de la presentación física de la demanda de amparo que fue a las quince horas con cincuenta y dos minutos del ocho de mayo de dos mil veinte, como se advierte de la certificación del acuerdo de esa misma fecha, el quejoso sí estaba incomunicado; por tanto, se desvirtúa la negativa de las autoridades responsables y se tiene por cierto el acto que se les atribuye. Y, si bien, existen dos llamadas telefónicas realizadas por el directo quejoso: Nicolás García Juárez son del nueve de mayo de dos mil veinte, a las dieciséis horas y dieciséis horas con diez minutos a su hermano y madre respectivamente, así advierte de la hoja de control de llamadas telefónicas de dormitorio B que anexaron las responsables a sus informes registrados en este juzgado Federal con folios 5287 y 5288, respectivamente. Certeza de acto que se corrobora con las fotocopias certificadas de las constancias que remitieron las autoridades responsables: 4. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla; y, 5. Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, las cuales, ya han sido valoradas en párrafos precedentes, de las que no se advierte que el aquí quejoso haya tenido comunicación antes del ocho de mayo del actual con su abogado, familiares o persona de confianza. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Luego, es cierto el acto reclamado consistente en la incomunicación del aquí quejoso por parte de las autoridades: 4. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla; y, 5. Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla. CUARTO. Improcedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causales de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica que obliga a indagar, previo al estudio de fondo, si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causal de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el suscrito juzgador Federal advierte, de oficio, que respecto a la incomunicación reclamada a las autoridades indicadas con los ordinales 4 y 5, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Hecha esta precisión, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar del 4. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla; y, del 5. Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, la incomunicación dentro de su lugar de reclusión. Al rendir su informe justificado las referidas autoridades responsables manifestaron que no es cierto el acto reclamado; sin embargo, como consta en párrafos precedentes, se tuvo por desvirtuada dicha negativa, porque en la diligencia levantada por el actuario de la adscripción el ocho de mayo de dos mil veinte, se advierte que asentó: ". Me manifiesta que estuvo incomunicado desde el miércoles pero el día de hoy a las 5:45 le permitieron hablar con su hermano David García Juárez, con lo que terminó la incomunicación." en tanto que la demanda de amparo fue recibida físicamente a las quince horas con cincuenta y dos minutos de ese día, razón por la cual, hasta ese momento sí existía el acto reclamado, pero cesó a las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de mayo del actual, pues el mismo quejoso refirió que le permitieron hablar con su hermano. Además, existen dos llamadas telefónicas realizadas por el directo quejoso: Nicolás García Juárez el nueve de mayo de dos mil veinte, a las dieciséis horas y dieciséis horas con diez minutos a su hermano y madre respectivamente, así advierte de la hoja de control de llamadas telefónicas de dormitorio B que anexaron las responsables a sus informes registrados en este juzgado Federal con folios 5287 y 5288, respectivamente. En ese sentido, la incomunicación reclamada ha cesado, pues a partir de las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de mayo de dos mil veinte Nicolás García Juárez, ha tenido comunicación con su hermano y madre. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso normativo 63 fracción V, del ordenamiento legal en cita. Atento a lo anterior, el suscrito juez Federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de conceptos de violación respecto al acto reclamado, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de garantías, impide al juzgador para pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." Por otra parte, no pasa inadvertido para el suscrito juez Federal que en la diligencia de ocho de mayo de dos mil veinte, el actuario de la adscripción asentó: ".que no tiene golpes, ni daños físicos, manifiesta que no le han proporcionado alimentos desde el día miércoles. .me informa que no ha sido torturado físicamente, pero que no le han proporcionado alimentos desde el día miércoles tampoco tiene cobijas, ni cosas para aseo personal." Pues, mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil veinte, se requirió a las autoridades responsables: 4. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla y 5. Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, justificaran ante este órgano jurisdiccional que le habían proporcionado comida de forma diaria al aquí quejoso, cobijas y artículos de aseo personal, lo que hicieron a través de los oficios DCRSRCG/DJ/351/2020 y DCRSRCG/DJ/352/2020, en donde negaron que el quejoso Nicolás García Juárez, no esté recibiendo alimentos desde el miércoles seis de mayo de dos mil veinte, cobijas, ni cosas para aseo personal, toda vez que refirieron que en los registros y bitácoras de la institución penitenciaria aparece que se le han proporcionado los servicios que requiere, adjuntando a su informe la bitácora de actividades diarias con fotografías; registro de depósito de pertenencias y fotografías de entrega de productos de aseo personal, con lo cual, por auto de diez de mayo del actual, se dio vista al quejoso mediante notificación personal en el lugar de su reclusión, sin que éste realizara manifestación alguna al respecto. En efecto, las responsables para justificar la entrega de alimentos al aquí quejoso remitieron copias certificadas de la entrega de alimentos a personas privadas de su libertad, de seis y nueve de mayo de dos mil veinte, en donde se advierte el nombre del aquí quejoso; el menú que le dieron del seis al doce de mayo del actual y, fotografías digitales de desayuno, comida y cena. También remitieron fotografías digitales de entrega de pertenencias y medicamento. De ahí que en este aspecto se estima colmada la omisión que refirió el peticionario de amparo referente a sus alimentos, cobija y artículos de aseo, quien al notificarle lo señalado por las autoridades responsables no hizo manifestación alguna. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Nicolás García Juárez por conducto de Flavio Alberto Carro Poblano, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, en términos de los diversos tercero y cuarto de la misma. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, entregándole copia autorizada de esta sentencia; por oficio a las autoridades responsables; y, al agente del Ministerio Público Federal adscrito.Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante la secretaria Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. (FIRMADO ELECTRONICAMENTE) (FIRMADO ELECTRONICAMENTE) En la propia fecha se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe "2020. AÑO DE LEONA VICARIO BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA" PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Avenida Osa Menor, número 82, piso 12, Ala Sur, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula 309/2020-C OF.121-1 1. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA. OF.121-2 2. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. OF.121-3 3. DIRECTOR GENERAL DE CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. OF.121-4 4. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL REGIONAL DE CHOLULA, PUEBLA. OF.121-5 5. PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL REGIONAL DE CHOLULA, PUEBLA. OF.121-6 6. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. OF.121-7 7. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA DEL ESTADO DE PUEBLA. OF. 121-6 MPF AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO (NO RESPONSABLE). EL DIA DE HOY EN JUICIO DE AMPARO 309/2020 PROMOVIDO POR NICOLÁS GARCÍA JUÁREZ POR CONDUCTO DE SU DEFENSOR PARTICULAR FLAVIO ALBERTO CARRO POBLANO, SE DICTÓ LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Andrés Cholula, Puebla, once horas con cincuenta minutos del tres de septiembre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 309/2020-B, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Maribel Pereda Corvera, Secretaria que autoriza y da fe, procedió a celebrarla sin la asistencia de las partes. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan, la demanda presentada por Flavio Alberto Carro Poblano a nombre de Nicolás García Juárez (fojas 1 a 9); así como los informes justificados rendidos por las autoridades responsables que así lo hicieron: 3. Director General de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla; 4. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla; 5. Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla; 6. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla; 7. Director General de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla (fojas 91, 109, 95, 39 y 40, 124 y 125 y 93, respectivamente); así como los acuerdos que los tuvieron por recibidos. A lo anterior, el juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede, para los efectos legales conducentes. Abierto el período probatorio: La Secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por el 3. Director General de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por su representación (fojas 33 a 35), consistente en el oficio que giró dicha autoridad al Director del Centro Penitenciario de Cholula, Puebla, para que de inmediato diera cumplimiento a la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional a favor del directo quejoso; del 4. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla; del 5. Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, consistentes en fotografías digitales donde se advierte a una persona del sexo masculino, que refieren las responsables es el quejoso, recibiendo papel higiénico, sandalias de baño y una cobija (que es lo se aprecia); dictamen médico practicado a Nicolás García Juárez el nueve de mayo del actual por la médico titular de dicha institución; la tarjeta informativa 331/SEG Y CUST de la misma fecha, de la entrega de los alimentos del citado quejoso y fotografías digitales de dichos alimentos, de entrega de pertenencias y medicamento al referido peticionario de amparo; hoja de control de uso de lavaderos para ropa y trastes en donde se advierte el nombre de éste, así como de llamadas telefónicas; del menú del seis al doce de mayo del año en curso; y, de la clasificación del dormitorio del quejoso (fojas 27 y 28, 30 y 31; 55 a 65; 67 a 75; 96 a 108; y, 110 a 122, respectivamente); y, del 7. Director General de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, el oficio DGPEP/JUR/2020/2520, que giró al Encargado de Despacho de la Dirección de Operaciones Policiales. Enseguida, el juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relacionadas por la secretaria, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos: La secretaria certifica que ninguna de las partes los formuló. A continuación, el juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede y, por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Por lo que, al no existir escrito u oficio pendiente por acordar ni diligencia por practicar, concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional; por tanto, se levanta esta acta para constancia, y se pasa al estudio del expediente con el propósito de dictar sentencia. V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 309/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Flavio Alberto Carro Poblano a nombre de Nicolás García Juárez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. En ocho de mayo de dos mil veinte, la secretaria de guardia recibidó físicamente la demanda de amparo presentada por Flavio Alberto Carro Poblano a nombre de Nicolás García Juárez, al tratarse de actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUTORIDADES ORDENADORAS: 1. Gobernador Constitucional del Estado de Puebla. 2. Secretario General del Gobierno del Estado de Puebla. 3. Director General de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. 4. Director del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. 5. Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla. AUTORIDADES EJECUTORAS: 1. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla. 2. Director General de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Puebla. "ACTO RECLAMADO.- Reclamo de las responsables ORDENADORAS la arbitraria ORDEN DE INCOMUNICACIÓN de mi representado NICOLÁS GARCIA JUÁREZ, dentro del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Cholula, Puebla, misma que viola en su totalidad y en su perjuicio sus DERECHOS HUMANOS y GARANTÍAS DE LEGALIDAD, contempladas en los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales, y de las EJECUTORAS reclamo la EJECUCIÓN del acto reclamado." (foja 3). La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14 y 22, de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Trámite del juicio. En acuerdo de ocho de mayo de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo con el número 309/2020-B, se le dio trámite, proveyéndose la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado (incomunicación), ordenándose la ratificación de la demanda de amparo por parte del directo quejoso Nicolás García Juárez, la cual, en diligencia de la misma fecha ratificó ante el actuario de la adscripción en el lugar de su reclusión. TERCERO. Admisión de la demanda de amparo. Mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil veinte, se admitió la demanda de garantías, sin aperturar incidente de suspensión porque respecto del acto de incomunicación se concedió la suspensión de oficio en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, finalmente, atento la manifestación del directo quejoso de que no se le habían proporcionado alimentos, cobijas y artículos de aseo personal, se requirió a las autoridades responsables justificaran que le habían proporcionado comida de forma diaria al peticionario de amparo, cobijas y artículos de aseo personal. CUARTO.- Cita para audiencia. En acuerdo de tres de agosto de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid 19, quedó levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, que operaría hasta que se notificara a las partes emplazadas la nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo que en el caso ya ocurrió. En el entendido de que el levantamiento de la suspensión implicó la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio; celebrándose la audiencia constitucional en sus fases de pruebas y alegatos al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda de amparo, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: Del 1. Gobernador Constitucional del Estado de Puebla; 2. Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla; 3. Director General de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla; 4. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla; 5. Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla; 6. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla; y, 7. Director General de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla. La incomunicación en su lugar de reclusión Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla. TERCERO. Existencia e inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO."** I. INEXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS. Al respecto, las autoridades responsables: 3. Director General de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla; 6. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla; y, 7. Director General de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, al rendir sus informes justificados manifestaron que no son ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, consistentes en la incomunicación del directo quejoso: Nicolás García Juárez. Sin que al efecto, de las constancias que remitieron las autoridades responsables: 4. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla; y, el 5. Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, en apoyo a su informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se advierta la participación de dichas autoridades en la incomunicación que refiere el quejoso dentro del centro de reclusión en donde está privado de su libertad. Por su parte, las diversas autoridades responsables: 1. Gobernador Constitucional del Estado de Puebla; y, 2. Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla, omitieron rendir su informe justificado, no obstante que se les notificó el oficio por el cual se les requirió el mismo; sin embargo, no opera la presunción de certeza prevista en el artículo 117 de la Ley de Amparo, porque de las constancias existentes en autos tampoco se advierte la participación de éstas en la incomunicación que reclama el quejoso dentro del centro de reclusión en donde se encuentra interno. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio respecto de los actos reclamados a dichas autoridades. II. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Por su parte, las autoridades responsables: 4. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla; y, el 5. Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, al rendir sus informes justificados manifestaron que no es cierto el acto reclamado (incomunicación); sin embargo, dicha negativa se desvirtua porque de la diligencia asentada por el actuario judicial de la adscripción el ocho de mayo del actual, se advierte la existencia de dicho acto. Como se advierte del contenido siguiente: ".que no tiene golpes, ni daños físicos, manifiesta que no le han proporcionado alimentos desde el día miércoles. .me informa que no ha sido torturado físicamente, pero que no le han proporcionado alimentos desde el día miércoles tampoco tiene cobijas, ni cosas para aseo personal. Me manifiesta que estuvo incomunicado desde el miércoles pero el día de hoy a las 5:45 le permitieron hablar con su hermano David García Juárez, con lo que terminó la incomunicación. Me informa que sabe que está segregado por la información que contenía una memoria que le fue proporcionada por la Institución (CERESO Cholula), que contiene supuestamente películas y música prohibidas dentro del lugar de internamiento. Dice que no le han enviado por escrito el por qué o la causa de su segregación..". Esto es, al momento de la presentación física de la demanda de amparo que fue a las quince horas con cincuenta y dos minutos del ocho de mayo de dos mil veinte, como se advierte de la certificación del acuerdo de esa misma fecha, el quejoso sí estaba incomunicado; por tanto, se desvirtúa la negativa de las autoridades responsables y se tiene por cierto el acto que se les atribuye. Y, si bien, existen dos llamadas telefónicas realizadas por el directo quejoso: Nicolás García Juárez son del nueve de mayo de dos mil veinte, a las dieciséis horas y dieciséis horas con diez minutos a su hermano y madre respectivamente, así advierte de la hoja de control de llamadas telefónicas de dormitorio B que anexaron las responsables a sus informes registrados en este juzgado Federal con folios 5287 y 5288, respectivamente. Certeza de acto que se corrobora con las fotocopias certificadas de las constancias que remitieron las autoridades responsables: 4. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla; y, 5. Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, las cuales, ya han sido valoradas en párrafos precedentes, de las que no se advierte que el aquí quejoso haya tenido comunicación antes del ocho de mayo del actual con su abogado, familiares o persona de confianza. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Luego, es cierto el acto reclamado consistente en la incomunicación del aquí quejoso por parte de las autoridades: 4. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla; y, 5. Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla. CUARTO. Improcedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causales de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica que obliga a indagar, previo al estudio de fondo, si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causal de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el suscrito juzgador Federal advierte, de oficio, que respecto a la incomunicación reclamada a las autoridades indicadas con los ordinales 4 y 5, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Hecha esta precisión, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar del 4. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla; y, del 5. Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, la incomunicación dentro de su lugar de reclusión. Al rendir su informe justificado las referidas autoridades responsables manifestaron que no es cierto el acto reclamado; sin embargo, como consta en párrafos precedentes, se tuvo por desvirtuada dicha negativa, porque en la diligencia levantada por el actuario de la adscripción el ocho de mayo de dos mil veinte, se advierte que asentó: ". Me manifiesta que estuvo incomunicado desde el miércoles pero el día de hoy a las 5:45 le permitieron hablar con su hermano David García Juárez, con lo que terminó la incomunicación." en tanto que la demanda de amparo fue recibida físicamente a las quince horas con cincuenta y dos minutos de ese día, razón por la cual, hasta ese momento sí existía el acto reclamado, pero cesó a las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de mayo del actual, pues el mismo quejoso refirió que le permitieron hablar con su hermano. Además, existen dos llamadas telefónicas realizadas por el directo quejoso: Nicolás García Juárez el nueve de mayo de dos mil veinte, a las dieciséis horas y dieciséis horas con diez minutos a su hermano y madre respectivamente, así advierte de la hoja de control de llamadas telefónicas de dormitorio B que anexaron las responsables a sus informes registrados en este juzgado Federal con folios 5287 y 5288, respectivamente. En ese sentido, la incomunicación reclamada ha cesado, pues a partir de las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de mayo de dos mil veinte Nicolás García Juárez, ha tenido comunicación con su hermano y madre. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso normativo 63 fracción V, del ordenamiento legal en cita. Atento a lo anterior, el suscrito juez Federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de conceptos de violación respecto al acto reclamado, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de garantías, impide al juzgador para pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." Por otra parte, no pasa inadvertido para el suscrito juez Federal que en la diligencia de ocho de mayo de dos mil veinte, el actuario de la adscripción asentó: ".que no tiene golpes, ni daños físicos, manifiesta que no le han proporcionado alimentos desde el día miércoles. .me informa que no ha sido torturado físicamente, pero que no le han proporcionado alimentos desde el día miércoles tampoco tiene cobijas, ni cosas para aseo personal." Pues, mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil veinte, se requirió a las autoridades responsables: 4. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla y 5. Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, justificaran ante este órgano jurisdiccional que le habían proporcionado comida de forma diaria al aquí quejoso, cobijas y artículos de aseo personal, lo que hicieron a través de los oficios DCRSRCG/DJ/351/2020 y DCRSRCG/DJ/352/2020, en donde negaron que el quejoso Nicolás García Juárez, no esté recibiendo alimentos desde el miércoles seis de mayo de dos mil veinte, cobijas, ni cosas para aseo personal, toda vez que refirieron que en los registros y bitácoras de la institución penitenciaria aparece que se le han proporcionado los servicios que requiere, adjuntando a su informe la bitácora de actividades diarias con fotografías; registro de depósito de pertenencias y fotografías de entrega de productos de aseo personal, con lo cual, por auto de diez de mayo del actual, se dio vista al quejoso mediante notificación personal en el lugar de su reclusión, sin que éste realizara manifestación alguna al respecto. En efecto, las responsables para justificar la entrega de alimentos al aquí quejoso remitieron copias certificadas de la entrega de alimentos a personas privadas de su libertad, de seis y nueve de mayo de dos mil veinte, en donde se advierte el nombre del aquí quejoso; el menú que le dieron del seis al doce de mayo del actual y, fotografías digitales de desayuno, comida y cena. También remitieron fotografías digitales de entrega de pertenencias y medicamento. De ahí que en este aspecto se estima colmada la omisión que refirió el peticionario de amparo referente a sus alimentos, cobija y artículos de aseo, quien al notificarle lo señalado por las autoridades responsables no hizo manifestación alguna. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Nicolás García Juárez por conducto de Flavio Alberto Carro Poblano, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, en términos de los diversos tercero y cuarto de la misma. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, entregándole copia autorizada de esta sentencia; por oficio a las autoridades responsables; y, al agente del Ministerio Público Federal adscrito. Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante la secretaria Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. (FIRMADO ELECTRONICAMENTE) (FIRMADO ELECTRONICAMENTE) LO QUE COMUNICO A USTED EN VÍA DE NOTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020. MARIBEL PEREDA CORVERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON SEDE EN SAN ANDRÉS, CHOLULA
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