Nicolás Filiberto García Hernández

Expediente 1621/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1621/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
22/10/2020

Partes del expediente

  • Nicolás Filiberto García Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    V i s t a la razón de cuenta y advirtiéndose que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, al respecto: DECLARACION DE EJECUTORIA. Ha causado ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvase a su lugar de origen la copia certificada del juicio sucesorio intestamentario 674/2013 que el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, remitió como apoyo de su informe justificado, la cual obraba en un cuaderno auxiliar por separado del presente expediente. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. ACUERDO GENERAL, DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES: Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos tres años, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el artículo 21 inciso a) del citado Acuerdo General. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, toda vez que se concedió la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la suspensión, exceso o defecto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General. Sin que haya lugar a ordenar notificar personalmente el presente acuerdo a las partes, toda vez que en el presente asunto no se exhibieron documentos originales, por lo que no es necesario que se otorgue el termino de los noventa días a que se refiere el artículo 21 del multicitado acuerdo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1621/2019, promovido por...; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, la parte quejosa por propio derecho demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y el acto reclamado que a continuación se indican: Autoridad responsable: Juez Segundo de lo Civil del distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. Diligenciario Par adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. Acto reclamado: ...A).- LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE EN LA QUE SE CONDENA AL QUEJOSO A ENTREGAR EL BIEN INMUEBLE UBICADO..., TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRA FUNDADA Y MOTIVADA Y EL PROCEDIMIENTO SE DECLARO EN REBELDÍA EN MI PERJUICOI DEBIDO A LA FALTA DE FIRMA DE ABOGADO PATRONO DE MI ESCRITO DE CONTESTACIÓN Y SE DECLARÓ PERDIDO MI DERECHO EN EL PROCEDIMIENTO MISMO QUE SE ENCONTRÓ VICIADO. B).- EL AUTO DE FECHA CATORCE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE EN SUS PUNTOS PRIMERO Y SEGUNDO ESPECIALMENTE EN EL QUE SE ME REQUIRIÓ DE LA ENTREGA DEL BIEN INMUEBLE QUE POSEO Y DEL CUAL SE ME PRETENDE DESPOJAR TODA VEZ QUE COMO LO MANIFIESTO LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA NO SE ENCUENTRA FUDADA Y MOTIVADA POR VICIOS EN EL PROCEDIMIENTO Y EN CONSECUENCIA EN DICHO TÉRMINO DE TRES DÍAS SE ME APERCIBE QUE EN CASO DE NO ENTREGARLO SE ORDENARA EL DESALOJO CON AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA. ... II.- EL CIUDADANO DILIGENCIARIO NON ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE TEHUACAN PUEBLA. De esta autoridad responsable se reclama la ejecución de la orden de desalojo y el apercibimiento con auxilio de la fuerza pública toda vez que como lo he señalado con anterioridad toda vez que la sentencia interlocutoria de fecha veintinueve de marzo del dos mil diecinueve y el auto de fecha catorce de agosto del dos mil diecinueve son resoluciones violatorias al debido proceso. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. TERCERO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, se registró la demanda como 1621/2019, y se previno al quejoso para que manifestara bajo protesta de decir verdad la fecha de conocimiento de la resolución de veintinueve de marzo del año pasado, apercibiéndolo que para el caso de no hacerlo, se tendría por no presentada (fojas 10 y 11 de autos). Luego, y toda vez que no dio cumplimiento con dicho requerimiento, el diecinueve de noviembre siguiente, se tuvo por no presentada (foja 30 de autos). Inconforme con dicha determinación el aquí quejoso interpuso recurso de queja, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, quien lo registro con el número Q-329/2019 y por ejecutoria de veintisiete de febrero del año en curso, declaró fundado el citado medio de impugnación, pues consideró que el quejoso desahogó la prevención hecha por este juzgado a través de su escrito presentado el treinta y uno de octubre del año pasado (fojas 52 a 68 de autos). Por lo que el diecisiete de marzo siguiente, se admitió la demanda de amparo, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención legal que le compete quien formuló pedimento; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, lo que así aconteció (fojas 106 y 107), y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO. A causa de la emergencia sanitaria derivada por el brote del virus COVID-19, el Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general, por lo que por Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó la suspensión de funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del miércoles dieciocho de marzo levantándose la suspensión a partir del tres de agosto de dos mil veinte, por lo que en proveído de cinco del mes y año en cita, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII Constitucionales, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, pues se reclama un acto emitido por una autoridad civil con residencia en el territorio sobre el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden a plenitud del estudio íntegro de la demanda y sus anexos, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, página 255, con el rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así, en cumplimiento a lo anterior, se advierte que la parte quejosa reclama: Al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacan, Puebla: La interlocutoria de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro del incidente de entrega de bien inmueble promovido por..., en su carácter de albacea provisional de la sucesión, dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes... de su índice, y en el cual se condenó al demandado, aquí quejoso, a la entrega del bien inmueble ubicado en la calle..., actualmente... sin número, que a decir de..., le corresponde el número..., del Barrio... de Santiago Miahutlán, Puebla. El auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve, en el cual, entre otras determinaciones, se turnaron los autos al Diligenciario adscrito, a fin de que procediera a requerir a..., para que en el término de tres días entregara el inmueble materia de la controversia a... en su carácter de albacea provisional de la masa hereditaria, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procedería a su desalojo con auxilio de la fuerza pública. Al Diligenciario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacan, Puebla: La ejecución de la orden de entrega. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Secretaria de Acuerdos en Funciones de Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán; Puebla, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado (fojas 89 a 92 de autos). El Diligenciario Impar adscrito al Juzgado responsable, al rendir su respectivo informe, se adhirió al que rindiera su superior jerárquico (foja 83 de autos), por lo que se tienen por ciertos los actos de ejecución que se le imputan. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de las diversas constancias del juicio sucesorio intestamentario..., que remitió la autoridad judicial responsable como sustento a su informe justificado, a la que por tratarse de documento público se le concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato de su artículo 2. CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. De las copias certificadas deducidas del juicio generador del acto reclamado, que remitió la Secretaria de Acuerdos en Funciones de Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán; Puebla, como justificante de sus actos, valoradas en el párrafo que antecede, se advierten los siguientes antecedentes: 1. Por escrito presentado el doce de julio de dos mil trece,..., denunció la sucesión intestamentaria a bienes de...; así como de... (fojas 2 a 25 del cuaderno auxiliar). 2. El veintinueve de julio de dos mil trece, el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, tuvo por denunciada la sucesión intestamentaria a bienes de...; así como de..., la radicó con el número..., nombró como albacea provisional a..., ordenó notificar la sucesión a..., todos de apellidos..., ordenó la publicación por edictos de dicha sucesión a efecto de que comparecieran a deducir sus derechos las personas que creyeran tenerlos, y se tuvo exhibiendo el inventario y avalúo de los bienes de la masa hereditaria (fojas 104 a 106 del cuaderno auxiliar). 3. El treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, se designó como nuevo albacea de la sucesión a..., quien aceptó y protestó el cargo el veintiuno de abril siguiente (fojas 132 a 136 del cuaderno auxiliar). 4. El catorce de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo apersonándose a... a la sucesión origen de los actos reclamados (fojas 158 vuelta a 165 del cuaderno auxiliar). 5. El nueve de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo a... promoviendo incidente de entrega de bien inmueble en contra de..., respecto del inmueble ubicado en...; por ser parte de la masa hereditaria (fojas 270 a 276 del cuaderno auxiliar). 6. El trece de noviembre siguiente, no se acordó el escrito presentado por el aquí quejoso por el que pretendía dar contestación a la incidencia promovida en su contra, por no estar signada por el abogado patrono designado, en términos del artículo 19 del Código Adjetivo Local (foja 289 del cuaderno auxiliar). 7. Por interlocutoria de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se resolvió el incidente de entrega de bien inmueble, determinándose lo siguiente: ...PRIMERO.- Este juzgado es competente para conocer y fallar el INCIDENTE DE ENTREGA DE BIEN INMUEBLE, promovido por... EN SU CARÁCTER DE ALBACEA PROVISIONAL de la Masa Hereditaria a bienes de... SEGUNDO.- Por las consideraciones lógico-jurídicas que se han expuesto en la parte considerativa de esta resolución, se declara que... probó la acción intentada en el INCIDENTE DE ENTREGA DE BIEN INMUEBLE. TERCERO.- Como consecuencia de los resolutivos que anteceden se condena al demandado..., a hacer la entrega del bien inmueble ubicado en...; entrega que deberá realizarse dentro del término de tres días a que cause ejecutoria la presente sentencia, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a su desalojo con auxilio de la fuerza pública. CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución se ordena engrosar a la pieza principal el presente expedientillo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y CÚMPLASE. (foja 308 vuelta y 309 del cuaderno auxiliar). Interlocutoria que constituye uno de los actos reclamados en el presente juicio de amparo. 8. El once de julio de dos mil diecinueve, previo citatorio, se notificó personalmente al aquí quejoso, la interlocutoria de mérito (fojas 309 vuelta y 310 del cuaderno auxiliar). 9. Inconforme con dicha determinación,..., el treinta de julio del año pasado interpuso recurso de apelación (fojas 316 a 326 del cuaderno auxiliar). 10. El catorce de agosto de dos mil diecinueve, la responsable acordó, en la parte que interesa, lo siguiente: ...con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3444, 3447 y 3452 del Código Sustantivo Civil, aplicado supletoriamente a los diversos 88 y 677 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado en vigor, en cumplimiento al punto resolutivo tercero de la resolución dictada con fecha veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, como lo solicita el ocursante, se orden turnar los autos al Ciudadano Diligenciario Adscrito a este Juzgado, a fin de que en forma personal y asociado de la parte actora incidental, se constituya en el domicilio del demandado... señalado en autos, y proceda a requerirle para que haga entrega del bien inmueble ubicado en..., con las medidas y colindancias descritas en la sentencia interlocutoria, de manera provisional, a virtud de que no se ha hecho la adjudicación definitiva, al actor incidental... en su carácter de albacea provisional de la masa hereditaria a bienes de..., entrega que deberá realizar dentro del término de tres días posteriores, a la notificación de este auto, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá a su desalojo con el auxilio de la fuerza pública. (foja 328 del cuaderno auxiliar). Siendo éste el otro acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causas de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable a foja 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, con el rubro siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA INTERLOCUTORIA DE VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, DICTADA EN EL INCIDENTE DE ENTREGA DE BIEN INMUEBLE, TRAMITADO DENTRO DEL JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 674/2013 DEL ÍNDICE DEL JUEZ RESPONSABLE, A TRAVÉS DE LA CUAL SE CONDENÓ AL AQUÍ QUEJOSO ENTREGARA EL INMUEBLE MATERIA DE LA CONTROVERSIA. En el caso, por cuanto hace al citado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los arábigos 17 y 18 de la ley en cita, establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De las precitadas reglas deriva que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera del término de quince días contado a partir de que: a) haya surtido efectos, de acuerdo a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) se haya ostentado sabedor del acto reclamado. Ahora bien, debe precisarse que en el juicio de amparo que ahora se resuelve no se actualiza ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de un contenido o efecto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Lo anterior es así, ya que el quejoso reclama la interlocutoria de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro del incidente de entrega de bien inmueble promovido por Faustino Francisco García Hernández, en su carácter de albacea provisional de la sucesión, dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes... de su índice, y en el cual se condenó al demandado, aquí quejoso, a la entrega del bien inmueble ubicado en..., que no encuadra en las excepciones que prevé el ordinal 17 de la Ley de Amparo vigente, por lo que debe operar la regla general de quince días. Asimismo, de las copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario..., del índice del juez responsable, documental pública a la que se le otorgó valor probatorio pleno en el considerando que antecede, se advierte que el aquí quejoso es parte en el referido juicio, pues se le tuvo apersonándose en su carácter de descendiente directo de los de cujus por auto de cuatro de octubre de dos mil dieciséis (fojas 158 vuelta y 165 del cuaderno auxiliar); que dio contestación a la incidencia promovida en su contra (fojas 279 y 280 del cuaderno auxiliar autos) la cual no se tuvo por presentada por no contar con la firma de su abogado patrono (foja 289 del cuaderno auxiliar), la cual fue resuelta el veintinueve de marzo del año pasado, y la cual constituye el acto reclamado (fojas 305 a 309 del cuaderno auxiliar). Por tanto, el término para la interposición de la demanda, debe computarse a partir de que haya surtido efectos, de acuerdo a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; luego, en términos del artículo 51 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, las notificaciones surten efectos desde el día en que se practican. Por tanto, si dicha determinación se le notificó personalmente el once de julio de dos mil diecinueve (310 del cuaderno auxiliar), el término para la presentación de la demanda transcurrió del veintinueve de julio al dieciséis de agosto de dos mil diecinueve descontando los días quince a veintiséis de julio, por ser el período correspondiente a las vacaciones de la autoridad responsable; así como los días veintisiete y veintiocho de julio, tres, cuatro, diez y once de agosto, todos del año pasado, por ser sábados y domingos. En consecuencia, tomando en cuenta que la demanda de amparo origen del presente juicio se presentó el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, debe concluirse que ello se hizo fuera del término legal de quince días. Al respecto se cita la jurisprudencia 18/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN CUENTA COMO HÁBILES TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO. Del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 5/95, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, febrero de 1995, página 40, se desprende que para determinar la oportunidad en la presentación de una demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no deben excluirse del cómputo respectivo, los días hábiles en que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento haya suspendido labores, ya que sólo deben excluirse los días que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan como inhábiles, aunque los haya laborado la autoridad responsable y los días en que no haya laborado la autoridad responsable. No es óbice a lo antes expuesto lo previsto en el artículo 26 de la ley de la materia, en el sentido de que no se computarán los días hábiles no laborados por el juzgado o el tribunal en que deban hacerse las promociones, toda vez que tal disposición debe entenderse referida únicamente a los días hábiles en que la autoridad responsable haya suspendido sus labores, en tanto que es a ésta a la que le corresponde recibir la demanda de garantías por disposición expresa del artículo 163 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, se reitera, si la quejosa no ejerció dentro del término legal el juicio de amparo, es evidente que consintió tácitamente el citado acto reclamado; por lo que, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma Ley y decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 14 es consultable en la página 11, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto siguientes: ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Así como la diversa Jurisprudencia J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1931 del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN EL AUTO DE CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, A TRAVÉS DEL CUAL SE TURNARON LOS AUTOS AL DILIGENCIARIO ADSCRITO, A FIN DE QUE PROCEDIERA A REQUERIR A..., PARA QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS ENTREGARA EL INMUEBLE MATERIA DE LA CONTROVERSIA A... EN SU CARÁCTER DE ALBACEA PROVISIONAL DE LA MASA HEREDITARIA, CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO, SE PROCEDERÍA A SU DESALOJO CON AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA. Por cuanto hace al citado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 217.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. - - - La Jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Ahora bien, la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, no establece una causa de improcedencia específica, sino una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de algún supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Por otra parte, el artículo 217 del ordenamiento legal en cita, se refiere a que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la creada por los Plenos de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria para los Juzgados de Distrito y otras autoridades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de amparo es improcedente contra actos derivados de actos consentidos, como se observa en la publicada con el número 17 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 12, del volumen VI, Apéndice de 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. Ahora bien, los presupuestos para que se configure esta causa de improcedencia, son los siguientes: a) Que el acto origen del reclamado haya sido notificado a la parte quejosa. En efecto, no se puede decir que un acuerdo es consecuencia de otro diverso si éste no se dio a conocer al quejoso, al notificársele el acto que reclama en amparo; b) Que el mismo acto sea susceptible de recurrirse en amparo, ya que para que se pueda estimar que el acto reclamado en un juicio de amparo es consecuencia de otro anterior que fue consentido, es indispensable que éste sea susceptible de recurrirse por la misma vía, pues de lo contrario, no sería posible hablar del consentimiento del acto, para los efectos del amparo; c) Que el acto origen del reclamado en amparo cause, por sí solo, perjuicio al quejoso. Esto es así, porque no basta para sobreseer en el amparo, que una resolución o providencia sea consecuencia legal, forzosa o directa de otra resolución anterior, sino que es necesario que la resolución primera afecte los derechos o intereses del quejoso; d) Que los actos derivados de otros consentidos: I. Consistan en la repetición de éste; o, II. Sean consecuencia legal y necesaria del que se reputa como consentido; y, III. Se encuentren implícitos o comprendidos en él; y e) Que su inconstitucionalidad se haga depender exclusivamente del acto de que se derivan. Es decir, el juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto que derivan. Apoya el criterio anterior, la tesis número 3, del Pleno del Máximo Tribunal, publicada en la página 9, del volumen 217-228 Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con el rubro y texto siguientes: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Esto es, el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otro que la ley reputa como consentido; es decir, que entre el acto reclamado y el anterior que se consintió, exista una relación de causa y efecto; o sea, que se traduzca en una consecuencia legal, forzosa o directa del primer acto de autoridad. El consentimiento existe por el inejercicio del derecho de impugnación destinado a promover algún medio de defensa en contra del acto de autoridad; es decir, por la falta de interposición de los recursos previstos en la ley, o en su caso del juicio de garantías, toda vez que son éstos los que legalmente pueden impedir la firmeza de aquellos actos, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, modificarlos o dejarlos insubsistentes, y por la misma razón, es solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa, los que sirven como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta como demostración de la falta de consentimiento. La justificación de esta causa de improcedencia radica en que el juicio de amparo no puede ser el remedio extraordinario para analizar la constitucionalidad de un acto de autoridad, cuyo antecedente necesario no fue impugnado por el gobernado mediante un recurso ordinario y en su caso el juicio de amparo, ya que suponer lo contrario, implicaría dejar a los quejosos ante la posibilidad de promover el amparo en contra del acto posterior, aun cuando su situación jurídica sea la misma que frente al primer acto del procedimiento. Pues bien, de acuerdo con la narración de antecedentes del acto reclamado previamente efectuada, se estima que en el caso en concreto se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque, si bien es cierto, en esta instancia constitucional el ahora quejoso reclama el acuerdo de catorce de agosto del año pasado, donde se le otorgó un término de tres días para entregar al aquí tercero interesado el inmueble materia de la controversia, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a su desalojo con auxilio de la fuerza pública; ello, en cumplimiento a lo resuelto en la interlocutoria de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Determinación que en su caso es la que incide en la esfera jurídica del aquí quejoso, pues en ella se condenó al quejoso a la entrega del predio materia del incidente promovido por el aquí tercero interesado, y que estuvo en posibilidad de impugnar a través del juicio de amparo; empero, al no hacerlo, el acto que reclama debe reputarse como acto derivado de otro consentido, pues es una consecuencia directa de aquél que consintió, en la medida en que la orden de entrega del predio que aquí defiende, es en función de lo resuelto por la autoridad judicial responsable en la interlocutoria de veintinueve de marzo del año pasado, de forma tal que el acuerdo de catorce de agosto de dos mil diecinueve, no podría emitirse sin la existencia de dicha determinación. En consecuencia, se afirma que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a estudio, porque el acuerdo de catorce de agosto del año pasado, dictado en el incidente de entrega de bien inmueble derivado del juicio sucesorio intestamentario 674/2013 del índice de la responsable, , y que constituye el acto reclamado, no es más que la consecuencia de la determinación contenida en la interlocutoria de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, donde se decretó a favor del aquí tercero interesado la entrega de dicho predio, la cual fue consentida por el quejoso al no impugnarla a través del juicio de amparo, no obstante de haber tenido conocimiento de ella; siendo ésta la que en realidad le depara el perjuicio del que ahora se duele. A lo anterior, resulta aplicable, la tesis 43, visible en la Página 839, Tomo X del mes de julio de 1999, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia. De igual forma, es aplicable la tesis III.1o.A.11 K, visible en la página 582, Tomo III, Mayo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por ende, si el auto de siete de septiembre de dos mil diecisiete se consintió en la medida que no fue combatido en tiempo a través del juicio constitucional, entonces el acto que por esta vía se impugna no puede más que tenerse como derivado de aquel catalogado como consentido. En consecuencia, al actualizarse las citadas causales de improcedencia, lo procedente es sobreseer el presente asunto en términos de lo antes señalado, respecto de los actos reclamados al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución imputados al Diligenciario Impar adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, al no reclamarse por vicios propios. Lo anterior, con apoyo en términos de la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 286, Volumen 91-96, Sexta Perta, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por..., contra el acto y autoridades precisados en el resultando primero, en términos del último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, visto su contenido se provee: EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO COMUNICA EL AUTO DE RADICACIÓN DEL RECURSO DE QUEJA. Téngase a la superioridad informando que registró el citado recurso con el número Q-329/2019, y lo admitió.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa ...... en atención a su contenido se provee: SE PROMUEVE RECURSO DE QUEJA. Se tiene por interpuesto el medio de defensa promovido contra el auto de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, en términos de los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo vigente. Remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en Turno, el original y copia simple del escrito de agravios, el informe correspondiente y las constancias necesarias para la resolución del citado recurso

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