Nicolas Escorcia Ortega y otra
Expediente 948/2015 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 948/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Nicolas Escorcia Ortega y otra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Juicio de Amparo Directo
A SUS AUTOS EL OFICIO DE CUENTA, SIGNADO POR LA JUEZA TERCERA CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, EN ATENCION A SU CONTENIDO TENGASELE ACUSANDO RECIBO DE LO QUE REFIERE Y ESTESE A LO ORDENADO EN PROVEIDO QUE ANTECEDE. FINALMENTE, DEVUELVASE EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA AL ARCHIVO.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante oficio 6601, de nueve de octubre del año en curso, se informó al Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, que se tuvo por consentida la resolución de veinticinco de septiembre del año en curso, que desechó por improcedente la demanda de garantías, remitiendo al efecto el expediente 236/2014, del índice de la autoridad referida líneas arriba; así mismo, del acuse de mensajería y paquetería express Mexpost, con número de registro EE883473952MX, y la impresión de la guía de rastreo respectiva, se advierte que fue enviado el trece de los corrientes, y recibido el catorce siguiente; en mérito de lo anterior y toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni documento original que devolver, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; por otra parte, con fundamento en la fracción II, del punto vigésimo primero, del capítulo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito; el expediente en que se actúa es destruible y carece de relevancia documental, toda vez que no se encuentra en los supuestos que prevé el último párrafo del numeral y acuerdo citado.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, IMPUGNARA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DESECHO DE PLANO POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE GARANTIAS PROMOVIDA; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. EN TAL VIRTDU, DEVUELVASE EL EXPEDIENTE 236/2014 A SU LUGAR DE ORIGEN, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE FECHA DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: ... Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticinco de septiembre de dos mil quince. Visto el oficio 2156/2015, signado por la Jueza Tercera Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, registrado en la oficialía de partes con el número 5835/2015; mediante el cual remite original de la demanda de amparo, con escrito de presentación, promovida por Nicolás Escorcia Ortega y Carmen Flores Islas; cuatro copias de lo anterior, diverso escrito, constancia de emplazamiento y expediente 236/2014; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el presente caso el suscrito advierte que respecto de la demanda promovida se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el diverso 62, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio y aun preferente, por ser una cuestión de orden público. En virtud de lo anterior y, al analizar el libelo constitucional en cuestión, cabe apuntar que el ordinal 17 de la Ley de Amparo, establece como término para la interposición del juicio constitucional es de quince días, los cuales se computarán de acuerdo a lo que dispone el diverso numeral 18, que textualmente refiere lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". De lo anterior, se deduce que dicho término debe contarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rige, o a aquel en que haya tenido conocimiento o sabedor del acto reclamado; es decir, para realizar el cómputo mencionado en el caso a estudio, la ley aplicable resulta ser el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, ya que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de tres de agosto de dos mil quince, dictada por la Jueza Tercera Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, dentro del expediente 236/2014, derivado del Juicio Oral Mercantil promovido por Yocundo René Zaragoza Tenorio, en su calidad de endosatario en procuración de Bernabé Zaragoza Tolentino, en contra de Nicolás Escorcia Ortega y Carmen Flores Islas. Por otra parte, de las constancias integrantes del expediente en mención, las que por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2º, se observa que notificación de la sentencia de tres de agosto de dos mil quince se realizó a los aquí quejosos por medio de instructivo entregado a Guillermo Islas Juárez, el doce de agosto de dos mil quince, la cual surtió sus efectos en el momento mismo en que se realizó, atento a lo establecido por el ordinal 127 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, que a continuación se transcribe: "Artículo 127.- Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación.". Asimismo, la certificación realizada en el escrito de demanda conforme a lo ordenado por el numeral 178, fracción I, de la ley de la materia, indica como fecha de notificación del acto reclamado a los ahora quejosos, el doce de agosto de dos mil quince, misma que coincide con la asentada en el expediente referido; así como data de presentación de la demanda el ocho de septiembre del año en curso, mediando como días inhábiles entre ellas los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de agosto; cinco y seis de septiembre de dos mil quince. Bajo ese orden de ideas y toda vez que la notificación del acto reclamado surtió sus efectos al día siguiente a aquel en que se practicó, atento a lo establecido por este tribunal colegiado en la tesis: TC292002.10CI1, del siguiente rubro y texto: "NOTIFICACIONES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO). Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo en vigor, disponen, que el plazo genérico para la interposición del amparo es de quince días, y que el cómputo del mismo iniciará desde el día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Ahora bien, del análisis de los arábigos 109 a 126, del capítulo V, denominado Notificaciones, del Título Segundo, intitulado Reglas Generales, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo se advierte, que no hay una regla específica, que determine el momento a partir del cual surten efectos las notificaciones. En ese sentido, para suplir la oscuridad o insuficiencia de esa disposición, se debe acudir al principio interpretativo pro personae, contenido en el párrafo segundo del artículo 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, consecuentemente, a preferir las interpretaciones que más favorezcan los derechos de la persona humana, y armonizarlo con la garantía de los particulares al acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la propia Constitución; y establecer, que aun cuando el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, no prevea expresamente cuándo surten efectos las notificaciones, atendiendo al mayor beneficio para las partes, el juzgador deberá considerar, que surten sus efectos al día siguiente al en que se practiquen, pues sólo así, el quejoso contará con uno más para acceder a la jurisdicción mediante la presentación de su demanda de amparo, lo que no sucedería en el caso de que surtieran efectos el mismo día.". El término de quince días para la presentación de la demanda de garantías transcurrió del catorce de agosto al tres de los corrientes, descontando los días inhábiles indicados en el párrafo que precede; por lo tanto, si la demanda fue presentada ante la responsable hasta el ocho de septiembre de dos mil quince, es inconcuso que la misma se presentó extemporáneamente, razón por la que el acto reclamado fue tácitamente consentido por la parte quejosa, amén de que no se encuentra en ninguno de los casos excepcionales contenidos en el numeral 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el diverso 62, ambos del ordenamiento legal anteriormente invocado, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Nicolás Escorcia Ortega y Carmen Flores Islas, en contra de la sentencia de tres de agosto de dos mil quince, dictada por la Jueza Tercera Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, dentro del expediente 236/2014, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j) y III; de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo a las partes para su conocimiento. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para tales efectos, los indicados en la demanda de amparo. En su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de treinta de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de la misma anualidad y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, última reforma publicada el doce de diciembre de dos mil siete, derogó en términos de su artículo cuarto transitorio, los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, y cuya última reforma fue publicada el ocho de mayo de dos mil quince, en concordancia con lo preceptuado en el artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º, 3º, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; por último, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
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