Nicolas Chávez Adame
Expediente 147/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 147/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 28/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Nicolas Chávez Adame
- Nicolas Chávez Adame y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto el estado de los autos y en atención a la cuenta secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la determinación que sobreseyó fuera de audiencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, conforme a lo estipulado en el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo es DESTRUIBLE el duplicado del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto vigésimo del acuerdo, procédase a la destrucción del incidente. En ese orden de ideas, y en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser DEPURADO; porque se concedió la suspensión definitiva, asimismo se deja sin efectos las medidas cautelares decretadas en el mismo; por lo que una vez transcurridos cinco años de dictada la resolución definitiva, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencias respectivas. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica. Por otra parte de autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en proveído de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, se recibió el billete de depósito número N790128, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), mismo que el quejoso*********************, exhibió para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados; por tanto, se deja a disposición del referido quejoso el citado certificado de depósito, a fin de que comparezca a recibirlo ante este Juzgado federal debidamente identificado con credencial de validez oficial que contenga su fotografía y razón de su recibo correspondiente, o de lo contrario se le aplicará el término que establece el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, para su prescripción a favor del Fisco Federal (dos años). Finalmente, toda vez que no es necesario seguir conservando las copias certificadas de la causa penal 182/2017-I, que envió el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad capital; remítanse a su lugar de origen, en el entendido que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de que se recibió el citado anexo, se tomará como acuse de recibo.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre únicamente como corresponda el oficio y anexo signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad capital, por medio del cual informa que a través del diverso oficio número 921 de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, remitió las copias certificadas relativas al auto de plazo construccional; sin que haya lugar a proveer al respecto dado que el cuatro de abril de dos mil diecisiete, se acordó lo que en derecho corresponde respecto del oficio y anexo señalado.
- Principal
En un principio, visto el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad capital, por medio del cual informa que el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, dictó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso Nicolás Chávez Adame; con lo anterior, se advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo. Estos es así, dado que de las constancias remitidas por el Juez de la causa a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que ha operado un cambio de situación jurídica, respecto del acto reclamado en esta vía constitucional, por lo que, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, la suscrita juzgadora procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde sobre las consecuencias jurídicas, que en el presente asunto genera la emisión del referido auto de plazo constitucional. Sobre el tema, la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". Conforme a la fracción del precepto legal transcrito, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y en el mismo se suscita un cambio de situación jurídica, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en tal procedimiento sin afectar el nuevo contexto en que se ubica el quejoso. En el caso, el acto reclamado consistió en "la orden de aprehensión" dictada en contra de Nicolás Chávez Adame, por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad capital, en autos de la causa penal 182/2017-I, por el delito de motín en agravio de la sociedad, y de Cesar Fructuoso Vázquez Mendoza. Luego, de acuerdo a las constancias exhibidas por la responsable de mérito, cuyo valor probatorio es pleno en términos de los numerales citados en párrafos precedentes; se advierte que el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal de origen, decretó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso. Lo anterior conduce a estimar que, conforme a lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada, ya que no se puede decidir en el procedimiento de amparo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el presente juicio, habida cuenta que la demanda de amparo fue presentada el trece de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mientras que el auto de formal prisión es de data veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. En efecto, ya que durante la secuela del procedimiento en el juicio de amparo, se decretó a la parte quejosa auto de formal prisión, que generó un cambio de situación jurídica; en consecuencia, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas de la orden de aprehensión. Entonces, el cambio de situación jurídica en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, en virtud que la sola emisión del auto de formal prisión implica que el quejoso se circunscribe ahora a un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional de la orden de aprehensión que aduce es inconstitucional, de modo que las violaciones cometidas en la primera (orden de aprehensión), deben considerarse consumadas de modo irreparable y precisamente por tal motivo, se surte una causa manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si en nada puede variar el resultado del fallo que será en el mismo sentido. Tiene aplicación la Jurisprudencia con número de registro 171841, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, divulgada en la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 26, consultable en la página cincuenta, de la literalidad siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR.". En consecuencia, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado a las autoridades ejecutoras, por no haber sido combatidos por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Tiene aplicación la tesis con número de registro 239008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, divulgada en la Séptima Época, en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 24, Tercera Parte, consultable en la página cincuenta, de la literalidad siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las doce horas con treinta minutos del once de abril de dos mil diecisiete (foja 35). Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y terceros interesados, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
Visto el oficio y anexo signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad capital, mediante el cual informa que el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, decretó la detención legal del inculpado aquí quejoso Nicolás Chávez Adame, en cumplimiento a la orden de aprehensión librada el nueve de febrero de dos mil diecisiete, por el delito de motín, en la causa penal 182/2017-I de su índice, asimismo, que en la misma data rindió su declaración preparatoria y solicitó la ampliación del término constitucional el cual fenecerá a las veintiún horas con veinticinco minutos del veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad capital, de conformidad en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres siguientes a la notificación del presente auto remita copia certificada del auto de plazo constitucional que dicte en la causa penal 182/2017-I de su índice, que instruye al aquí quejoso. En el entendido que las constancias relativas al plazo constitucional, las deberá dirigir al juicio de amparo principal lo anterior a efecto de estar en aptitud de acordar lo conducente en el citado juicio toda vez que podría actualizarse una causal de improcedencia. Tiene aplicación al caso la tesis P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues a aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Estela Platero Salado, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
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