NICOLÁS CARMELO ELORZA PACHECO y Otros.
Expediente 1/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- NICOLÁS CARMELO ELORZA PACHECO y Otros.
- Nicolás Carmelo Elorza Pacheco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. III. Así también, se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. IV. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil veinte. Agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, por medio del cual, el Juez de Control del circuito judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, informa que quedó legalmente notificado del sobreseimiento dictado fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa; solicitando se le informe una vez que quede firme dicha resolución para que pueda acordar lo procedente en autos de la causa penal ********************/********************; lo cual se hará de su conocimiento en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Vistos los autos, se advierte que el pasado veintiséis de octubre, se declaró fundado el incidente innominado de falsedad de firma de la demanda de amparo, promovido por la agente del Ministerio Público de la Mesa Doce, adscrita al Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado, en su carácter de tercero interesada en este juicio, en consecuencia, se determinó que las firmas que aparecen en la demanda de amparo origen del juicio de amparo en que se actúa, no corresponden a Martha Elvia Jiménez Lázaro y Nicolás Carmelo Elorza Pacheco (quejosos), para todos los efectos legales a que haya lugar en este expediente. En mérito de lo anterior, se estima que en el caso, ha sobrevenido una causa de improcedencia que impide continuar con la tramitación de este asunto. En efecto, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6º de la Ley de Amparo, al haber resultado fundado el incidente innominado de falsedad de firma, interpuesto por la agente del Ministerio Público de la Mesa Doce adscrita al Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado (tercera interesada). Siendo aplicables, por analogía, los siguientes criterios: "DEMANDA DE AMPARO. AL SER LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO RELATIVO UN CASO ANÁLOGO AL DE LA AUSENCIA DE ÉSTA, LA ACCIÓN DE AMPARO ES IMPROCEDENTE. Si bien la falta de firma en el escrito de demanda de amparo torna improcedente la acción de tutela constitucional, ante la ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional, resulta un caso análogo al anterior el hecho de que durante la tramitación del juicio de garantías se sustancie la objeción de falsedad de la firma que calza el ocurso inicial de amparo, y éste resulte fundado, porque en ese supuesto no puede tenerse como válida la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional; por tanto, sobreviene la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 4o., ambos de la Ley de Amparo. "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, POR FALTA DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, SI DEL INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMAS SE LLEGA A LA CONVICCIÓN DE QUE LA QUE CALZA EL ESCRITO DE DEMANDA NO CORRESPONDE A LA DEL PROMOVENTE. Si como resultado del incidente de falsedad de firmas que calzan, tanto el escrito de demanda de amparo como el diverso con que aquélla se acompaña, se llega a la convicción de que tales signaturas no corresponden al promovente del juicio de garantías, ello actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como principio básico para la procedencia del aludido juicio la obligación de seguirse siempre a instancia de parte agraviada; pues en tal virtud, la falta de correspondencia de dichas firmas con la del solicitante del amparo, implica la inexistencia de la voluntad de éste, y como consecuencia la falta de instancia de parte agraviada. En consecuencia, ante la falta de expresión de un acto volitivo de los particulares a quienes podrían perjudicar los actos reclamados, este juzgado concluye que debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional promovida a nombre de Martha Elvia Jiménez Lázaro y Nicolás Carmelo Elorza Pacheco, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin que haya lugar a realizar pronunciamiento a la demanda, o alguna otra promoción o actuación que pudiera implicar una "ratificación" del escrito de demanda, porque ello implicaría hacer verdadero lo falso, lo cual resulta jurídicamente Improcedente. "DEMANDA DE AMPARO. LA RATIFICACIÓN DE LA FIRMA QUE LA CALZA, NO IMPIDE LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE EN QUE SE CUESTIONA SU AUTENTICIDAD. La facultad de la autoridad jurisdiccional de prevenir al quejoso para que se presente a ratificar la firma que calza el escrito de amparo tiene como finalidad que el juzgador tenga la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue el quejoso, máxime si ésta discrepa con alguna de las firmas que obran en autos. Sin embargo, el hecho de que se hubiere reconocido ante la presencia judicial la mencionada firma, no proscribe la posibilidad de que se cuestione su autenticidad a través del incidente respectivo, ya que precisamente el motivo de la impugnación incidental recae en su autenticidad, de manera que de llegarse a la conclusión de que tal grafismo es apócrifo, no es factible otorgar efectos jurídicos a un reconocimiento respecto de una firma que no fue puesta por el puño y letra del recognocente, pues ello sería tanto como volver verdadero lo que es falso, además de que desvirtuaría la materia propia de la impugnación incidental, rompiendo así el equilibrio procesal entre las partes." Por tanto, al no existir motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, se estima procedente sobreseer fuera de audiencia con base en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En vista de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional (catorce horas con cuarenta minutos del diez de noviembre de dos mil veinte). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA
- Incidental
RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA Correspondiente al incidente innominado de falsedad de firma planteado por la agente del Ministerio Público de la Mesa Doce, adscrita al Sector Metropolitano, de la Fiscalía General del Estado. I. ANTECEDENTES Mediante escrito recibido en este juzgado el tres de enero de dos mil veinte, ** y **, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamaron del Juez de Control en Materia Penal del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, que hicieron consistir en: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra en la causa penal **, el nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Previo el cumplimiento de la prevención contenida en auto inicial, el nueve de enero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda. II. TRÁMITE DEL INCIDENTE Mediante oficio 91, de treinta y uno de enero de dos mil veinte, la agente del Ministerio Público de la Mesa Doce, adscrita al Sector Metropolitano, de la Fiscalía General del Estado, promovió incidente innominado de falsedad de firma de la demanda de amparo indirecto origen de este expediente. El cuatro de febrero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito dictó un acuerdo en donde admitió el citado incidente; dio vista a las partes por el plazo de tres días, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera y ofrecieras las pruebas que estimaran pertinentes; sin que hicieran uso de ese derecho. En auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, se admitieron las pruebas ofrecidas por la incidentista, consistentes en la documental relativa a copia certificada de la causa penal digital **, del índice del Juzgado de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, que exhibió la autoridad responsable como justificación a su informe rendido en autos, y la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, tendente a acreditar que las firmas dubitables que calzan la demanda de amparo son falsas. El diecinueve de octubre de dos mil veinte, se recibió en este Juzgado el dictamen del experto oficial en documentos cuestionados adscrito a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, Delegación Estatal en Oaxaca. En proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver el presente incidente en términos del artículo 66 de la Ley de Amparo, en virtud de que es competente para resolver la cuestión principal, luego entonces, resulta competente para resolver los incidentes que de él deriven. IV. ESTUDIO Los argumentos en los que la agente del Ministerio Público de la Mesa Doce adscrita al Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado, funda el incidente innominado de falsedad de firma de la demanda de amparo indirecto, así como del escrito de siete de enero de dos mil veinte, por el que cumplieron con la prevención que se les hizo en el auto inicial y que por lo tanto, forma parte integra de la demanda, en virtud de que en la causa penal digital **, del índice del Juzgado de Control del distrito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, de la cual emana el acto reclamado, se encuentran estampadas firmas totalmente distintas e indubitables de los ahora quejosos. Ahora, el artículo 122 de la Ley de Amparo faculta al juzgador para que aprecie la falsedad o autenticidad de los documentos que las partes presenten, con base en las probanzas que éstas ofrezcan; empero, ello sólo se contrae a establecer si los mismos son falsos o auténticos, pero no para determinar la existencia o validez del acto que contengan, y menos aún para determinar la comisión de algún delito en su confección; el precepto normativo aludido, dispone lo que a continuación se reproduce: "Artículo 122. Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes; en la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta Ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia." En efecto, apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenido en la tesis I.9o.C.33 K, publicada en la página 1476, Tomo XXII, septiembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 177286 del rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE OBJECIÓN DE FALSEDAD DE DOCUMENTO. EL JUEZ DE DISTRITO CARECE DE FACULTADES PARA PRONUNCIARSE EN RELACIÓN A LA EXISTENCIA JURÍDICA O VALIDEZ DEL ACTO CONTENIDO EN EL DOCUMENTO IMPUGNADO. De conformidad con el artículo 153 de la Ley de Amparo, es dable que las partes objeten un documento de falso en el juicio de garantías, y si bien, en términos generales, la falsedad puede comprender la intención de los contratantes, en la medida de que éstos se apartan de la realidad, no es dable que el Juez de Distrito se pronuncie en ese sentido, pues el artículo citado lo constriñe a examinar y pronunciarse sólo respecto a la autenticidad del documento, para lo cual el objetante está obligado a demostrar que el documento mismo es falso, es decir, que en su caso fue suscrito por persona distinta a quien se dice que lo otorgó, o que los sellos que contiene no son auténticos o, incluso, que el papel utilizado para su elaboración, no lo es, etcétera. Lo anterior, porque la finalidad del incidente es desvirtuar la autenticidad de la prueba documental ofrecida por alguna de las partes, y si bien es cierto que probados esos extremos en el juicio de amparo es dable dejar de conferirle valor probatorio al documento, y con ello dejar de tomar en cuenta el acto jurídico que contiene, tal pronunciamiento no puede comprender los aspectos referentes a la existencia o validez del referido acto." Asimismo, es ilustrativa la tesis VI.1º.C. 31 K emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible a foja 1737, Tomo XXV, Febrero de 2007, registro 173298, que expresa lo siguiente: "FALSEDAD DE DOCUMENTOS EN EL AMPARO. LA OBJECIÓN RELATIVA DEBE REFERIRSE A SU AUTENTICIDAD, ES DECIR, A SU CONTINENTE Y NO A SU CONTENIDO, PUES ÉSTE ES MATERIA DE ANÁLISIS AL DICTARSE SENTENCIA. El artículo 153 de la Ley de Amparo establece: "Si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el Juez suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes; en dicha audiencia, se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento.-Lo dispuesto en este artículo sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, de la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio.-Cuando el Juez desechare la objeción presentada, podrá aplicar al promovente que la propuso una multa de diez a ciento ochenta días de salario.". Ahora bien, si el motivo de la objeción no es el contenido de un documento, sino su eficacia probatoria, porque en la fecha en que se ratificó ante el notario público, éste no había recibido su constancia para actuar como tal, y el sello de la notaría que calzaba dicha ratificación no correspondía al registrado ante el Archivo General de Notarías, esa objeción encuadra en lo previsto en el mencionado artículo 153, que autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes, pues en su párrafo segundo precisa los alcances o la materia de tal objeción, al señalar que ésta sólo da competencia al Juez para apreciar dentro del juicio de amparo, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que permite establecer que la objeción de falsedad de un documento, debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues éste es materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente, con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos." Asimismo, el artículo 66 de la Ley de Amparo, refiere: "Artículo 66. En los juicios de amparo se sustanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia". Lo anterior, faculta a este juzgador a resolver este incidente innominado al que se le ha dado trámite, sin necesidad de esperar a que se celebre la audiencia constitucional, con la finalidad de dar celeridad al procedimiento. Ahora, como se indicó la agente del Ministerio Público de la Mesa Doce adscrita al Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en su carácter de tercero interesada en este juicio, promovió incidente innominado de falsedad de firmas de la demanda de ampro y del escrito por el que los quejosos cumplieron con la prevención, al considerar que en la causa penal digital **, del índice del Juzgado de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, de la cual emana el acto reclamado, se encuentran estampadas firmas totalmente distintas e indubitables de los ahora quejosos y para acreditar su dicho ofreció la prueba documental, consistente en copia certificada de la causa penal digital mencionada y que fue remitida por la autoridad judicial responsable como anexo a su informe justificado, así como la pericial en materia de caligrafía y grafoscopía. En auto de cuatro de febrero de dos mil veinte, se admitió la incidencia plateada; en proveído de veintisiete de febrero de dos mil veinte, se tuvieron por ofrecidas las pruebas documental y pericial en materia de caligrafía y grafoscopía y se ordenó su preparación. Ahora bien, el motivo de la objeción, es porque la agente del Ministerio Público de la Mesa Doce adscrita al Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado, afirmó que la firma contenida en la demanda de amparo no correspondía a la de los quejosos, pues en la causa penal donde se origina el acto reclamado, existen firmas indubitables totalmente distintas de los aquí quejosos. Para acreditar lo anterior, se desahogó la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, en la que los quejosos ** y ** no designaron perito de su parte; la representante social incidentista tampoco nombró perito de su parte, mientras que, en auxilio de las labores de este juzgado, actuó el perito oficial Jasiel Rendón Bravo como perito en materia de documentos cuestionados. Perito que protestó el cargo, como consta en autos, y a efecto de desahogar la referida pericial, solicitó se tramitara su acceso al Juzgado de Control del distrito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, a efecto de poder examinar las firmas base de cotejo que fueron señaladas por la oferente de la prueba y que se encuentran estampadas en diversas diligencias que obran en la causa penal ** del índice de dicho órgano jurisdiccional. Por escrito de dieciséis de octubre de dos mil veinte, el perito oficial exhibió su dictamen pericial. Luego, para realizar la valoración y alcance de las pruebas aportadas por la incidentista, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2, en el que se desprende que el juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación; a no ser que la ley fije las reglas, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba. Así, del contenido de la prueba pericial en comento, se advierte que el experto oficial auxiliar de este Juzgado Federal, que lo es Jasiel Rendón Bravo, después de llevar a cabo el estudio comparativo de las firmas cuestionadas y las indubitables, concluyó lo siguiente: "Conclusión. Primera: no procede de un mismo origen gráfico la firma que obra en la demanda de amparo a nombre de c. **, de fecha 07 de enero del año 2020 en relación con las firmas con las que se encuentras (sic) estampadas en diversos escritos y actuaciones dentro de la causa penal número **, documentos descritos en el apartado correspondiente. Última: No es posible realizar estudio comparativo en materia de grafoscopía sobre la firma a nombre de Nicolás Carmelo Elorza que obran en la demanda de amparo de fecha 07 de enero del año 2020 y sobre las firmas que obran en la causa penal ** ya que son de un diseño distinto sin relación de elementos gráficos". Así, el perito expuso las diferencias que advirtió entre los rasgos físicos de las firmas base del cotejo y las firmas cuestionadas, señalando cada una de las características físicas entre unas y otras, lo que permitió ilustrar a este juzgador sobre la autenticidad de las firmas cuestionadas. Entonces, para determinar la valoración de la citada prueba pericial, debe atenderse a lo establecido en el artículo 119 de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba. El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia." Por su parte, para la valoración de la prueba pericial, es menester señalar el contenido de los artículos 146 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establecen: "ARTICULO 146.- La parte que desee rendir prueba pericial, deberá promoverla dentro de los diez primeros días del término ordinario o del extraordinario, o en su caso, por medio de un escrito en que formulará las preguntas o precisará los puntos sobre que debe versar; hará la designación del perito de su parte, y propondrá un tercero para el caso de desacuerdo. El tribunal concederá, a las demás partes, el término de cinco días para que adicionen el cuestionario con lo que les interese, previniéndolas, que, en el mismo término, nombren el perito que les corresponda, y manifiesten si están o no conformes con que se tenga como perito tercero al propuesto por el promovente. Si, pasados los cinco días, no hicieren las demás partes el nombramiento que les corresponde, ni manifestaren estar conformes con la proposición del perito tercero, el tribunal, de oficio, hará el o los nombramientos pertinentes, observándose lo dispuesto en la parte final del artículo 145, en su caso." "ARTICULO 211.- El valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del tribunal." Al respecto, de la lectura particular del segundo artículo en comento, se advierten ciertas directrices, a saber: a) No hay obligación de que al ofrecerse la prueba pericial se proponga un perito por parte del oferente; b) El Juez de Distrito es quien tiene la obligación de nombrar al especialista que estime conveniente para la práctica de la diligencia; c) La selección del perito debe hacerse con conocimiento de las partes a fin de que, en su caso, puedan formular algún impedimento que tuvieran para que intervenga en el asunto; d) La designación del perito oficial no impide a las demás partes que puedan ofrecer un experto en la misma ciencia o arte para que, asociado al nombrado por el Juez, o por separado, rinda su dictamen respectivo; e) El Juez de Distrito debe vigilar que a las partes se les brinde la posibilidad de ofrecer oportunamente un versado en la materia de la pericial, para que formule un diverso dictamen conjunta o separadamente con el perito del juzgado; f) No hay obligación para las partes, incluida la oferente, de proponer un especialista adicional, sino que es potestativo hacerlo; y, g) Una vez que las partes, incluida la oferente, no hicieron uso de su derecho para adicionar un perito para el desahogo de la prueba, no hay sanción procesal alguna expresamente prevista, como no sea la que naturalmente derivaría de su inactividad en tal sentido, es decir, sólo puede declararse la pérdida de su derecho para allegar al juicio un diverso dictamen. Así, una vez analizado el dictamen anterior, debe concederse eficacia probatoria al dictamen del perito oficial **, el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo genera certeza para este juzgador respecto de que las firmas estampadas en el escrito inicial de demanda no corresponden a ** y **. Lo anterior, ya que el experto desarrolló su dictamen con base a los estudios realizados, a las técnicas que tuvo a su alcance y las operaciones que su ciencia le sugirió, expresando los hechos y circunstancias para fundamentar su opinión; además la pericial fue emitida por un órgano especializado de prueba, en esa virtud, tiene eficacia probatoria para acreditar que las firmas que calzan el escrito de demanda de amparo, como de ** y ** no fueron asentadas de su puño y letra. Cobra aplicación la jurisprudencia número doscientos cincuenta y seis, visible en la página ciento ochenta y ocho, Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000 intitulada: "PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. Dentro del amplio arbitrio de la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma ilegal, o aceptando o desechando el único o lo varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros." Lo anterior es así, considerando la garantía de imparcialidad del perito oficial, dada la presunción de neutralidad de la institución a la que pertenece el experimentado que lo emite, así como el alejamiento de posibles intereses privados, proporcionando su dictamen como auxiliar de este juzgador y contribuyó con su deber, ciencia y conciencia, a determinar la falsedad de las firmas, al ser experticial en la materia, por lo que, si se requiere conocimientos técnicos especiales, así como profesionista capacitado, hace razonable la aceptación de su dictamen y es claro que esa opinión se encuentra fundada en un principio lógico inobjetable y atendiendo a que su tarea consiste ante todo en proporcionar a la autoridad reglas de experiencia que éste ignora, y frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor peso que los expresados en los dictámenes, en sana crítica este juzgador está en aptitud de aceptar sus conclusiones, el cual no fue objetado por ninguna de las partes. Bajo esa premisa, si las firmas contenidas en el escrito de demanda de amparo, no fueron plasmadas por ** y *, como se infiere de la conclusión a la que arribó el perito; entonces, resulta fundado el incidente innominado de falsedad de firma promovido por la agente del Ministerio Público de la Mesa Doce adscrita al Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en su carácter de tercero interesada, estimando, por tanto, que el escrito de demanda no es un documento auténtico en cuanto a su continente, circunstancia que así se determina exclusivamente para los efectos del presente juicio de amparo; lo cual será tomado en consideración al resolver el asunto que se trata. Máxime que, a simple vista, se aprecia que las firmas que calzan el escrito de demanda origen del expediente a que corresponde esta incidencia, tienen características distintas a las que obran en las constancias deducidas de la causa penal digital ** del índice del Juzgado de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, que en copia certificada fueron remitidas en formato DVD, que acompañó la responsable como justificación a su informe rendido en autos, y que se ilustra como sigue: **. **. Demanda de amparo Firmas base del cotejo 1 2 3 V. DECISIÓN En las relatadas circunstancias, se declaran fundados los hechos argumentados por la parte incidentista, y en consecuencia, se determina que las firmas que aparecen en la demanda de amparo origen de este incidente, no corresponden a las de ** y **. En ese tenor, este juzgador, RESUELVE PRIMERO. Es procedente el incidente innominado de falsedad de firma de la demanda de amparo indirecto promovido por la agente del Ministerio Público de la Mesa Doce adscrita al Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado. SEGUNDO. Se declara fundado el incidente innominado de falsedad de firma de la demanda de amparo indirecto promovido por la agente del Ministerio Público de la Mesa Doce adscrita al Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado, únicamente para los efectos legales a que haya lugar en el juicio de amparo 1/2020 del índice propio. Notifíquese.
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