Nicolás Cárdenas Juárez
Expediente 122/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 122/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Nicolás Cárdenas Juárez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del término legal, contra el auto que desechó la demanda de amparo, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que éste ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
EXPEDIENTE PRINCIPAL 122/2023-IV PROMOCIÓN: 1646. En ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez con la demanda que antecede. Conste. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de febrero de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 122/2023-IV, la demanda promovida por Nicolás Cárdenas Juárez, por derecho propio. DESECHAMIENTO En el caso se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es procedente contra la última resolución de tribunales del trabajo realizada fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, cuando se trata de una omisión de la autoridad responsable en ejecución de sentencia, la cual, impacta en el derecho sustantivo establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la acción de amparo procede cuando exista una abierta dilación o una paralización del proceso jurisdiccional, pues de lo contrario no puede hablarse de una afectación a derechos sustantivos. Ahora, al analizarse la demanda de amparo, este juzgado de distrito advierte que la parte quejosa reclama: "La omisión de la autoridad responsable de acordar lo solicitado en la promoción de once de enero de dos mil veintitrés, consistente en llevar a cabo la ejecución correspondiente en el juicio laboral SAE/2163/2009". En el caso, el acto reclamado constituye un acto después de concluido el juicio, pues de los antecedentes que la propia parte quejosa refiere en su demanda de amparo, se advierte que el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se dictó laudo en el expediente laboral SAE/2163/2009. Por su parte, el artículo 252 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, señala que en caso de incumplimiento del laudo o convenio, el Tribunal o Sala, a petición de la parte interesada, dictará auto de requerimiento de pago y embargo, estableciendo los medios de apremio que podrán ser empleados para su cumplimiento y realizará las diligencias necesarias para su ejecución. Entonces, la autoridad después de que se presentó el escrito en cita, debía emitir inmediatamente el acuerdo correspondiente, esto es, el doce de enero del año en curso, y si bien se advierte que ya transcurrió el plazo para que se proveyera lo conducente; lo cierto es que el acto reclamado no queda comprendido en el supuesto de procedencia establecido en el citado artículo 107, fracción IV, porque no es un acto de imposible reparación, ya que no transgrede ni afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se llega a la anterior determinación, dado que la omisión reclamada no afecta directa e inmediatamente el derecho sustantivo fundamental relativo a la impartición de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se da la excepción que haga procedente el amparo; es decir, que exista una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total, ya que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dos de febrero de dos mil veintitrés), sólo habían transcurrido dieciséis días hábiles desde la presentación de su escrito ante la responsable, por lo que este Juzgador considera que no hay un detrimento en los derechos humanos de la parte quejosa, en virtud que es necesario conceder debida oportunidad a la autoridad a fin de realizar la tramitación correspondiente, y con ello dar una respuesta congruente a la petición ante ella presentada y se le haga de su conocimiento. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086. "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Sin que con la presente determinación se deje en estado de indefensión a la parte quejosa, quien es actora en el juicio de origen, ya que en términos de la jurisprudencia 2a./J. 12/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, visible en la página 1927, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo III, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto: "DILACIÓN EXCESIVA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA LABORAL. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE UN AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, NO ES APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si resultaba aplicable o no la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), para determinar la actualización de una dilación excesiva, como caso de excepción para la procedencia del amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no resulta aplicable para analizar si se ha configurado o no una dilación excesiva que haga procedente el amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Justificación: Esto es así, ya que a través de dicha jurisprudencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente se limitó a complementar el alcance de la diversa jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la cual había dejado a la interpretación judicial analizar, en cada caso, si existía o no una abierta dilación procesal o paralización total del procedimiento, como una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra los actos previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, contra los "actos en juicio" cuyos efectos son de imposible reparación, para lo cual estableció un parámetro mínimo objetivo para emprender la acción constitucional en contra de las dilaciones presuntamente excesivas de la autoridad responsable en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Dicho parámetro se fijó en función del lapso máximo que preveía la Ley Federal del Trabajo para que el juicio laboral permaneciera inmóvil, so pena de que operara la caducidad de la instancia, lo que evidentemente no aplica con relación a las dilaciones procesales ocurridas en la fase de ejecución de sentencia, al tratarse de una etapa procesal diferente a la del juicio, en la que la Ley Federal del Trabajo establece procedimientos y plazos específicos para el cumplimiento de un laudo, los cuales, incluso, en un momento dado pudieran abonar para determinar la actualización de una dilación procesal para esa etapa; además de que la propia Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio, establece reglas específicas de procedencia diferentes a la analizada en la jurisprudencia en comento, es decir, a la prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, a juicio de esta Segunda Sala, corresponde al juzgador, en cada caso, ponderar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto, para lo cual deberá considerar, además de la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada; que un plazo razonable en la etapa de ejecución de sentencia pudiera ser aquel que permita el desahogo de dicha fase en un tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales". Permite al juzgador analizar en cada caso si existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, atendiendo a la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada. De ahí que este juzgador estima que para que se dé la abierta dilación en la etapa de ejecución de sentencia, debe mediar un tiempo considerable a partir de que surgió la obligación de la autoridad para emitir su acuerdo; lo que en el caso no acontece, puesto que sólo han transcurrido a la presentación de la demanda de amparo dieciséis días hábiles desde la promoción de su escrito ante la responsable, siendo que debe otorgarse un tiempo prudente superior al que estipula la ley antes mencionada, para que se emita el acuerdo de ejecución. Lo anterior se considera así, puesto que no puede existir una abierta dilación, enseguida de que se presente el escrito en que solicite la ejecución del laudo, ya que ello equivaldría a la promoción interminable de juicios de amparo al no acordarse de inmediato las solicitudes de las partes, lo que no conseguiría la finalidad del juicio de amparo que es reparar violaciones a derechos sustantivos. Entonces, para este juzgador, en el caso concreto, el plazo prudente que debe mediar como máximo para que exista una abierta dilación para que la autoridad responsable provea la petición formulada por el ahora quejoso el once de enero de dos mil veintitrés, es el de treinta días hábiles, si se tiene en cuenta que el precepto 252 bis de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, señala que una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un término no mayor de quince días, lo cual ocurre dentro del trámite del expediente antes de su culminación con el dictado de la resolución correspondiente; de ahí que para efectos de la etapa de ejecución del laudo, se estima conducente duplicar ese plazo a treinta días hábiles, para que ante la omisión de la autoridad responsable se consume la dilación excesiva que haga procedente el juicio de amparo. De ahí que si a la fecha de la promoción de la demanda no había transcurrido el plazo en comento, debe desecharse la demanda de amparo al no actualizarse una abierta dilación. Lo anterior no deja en estado de indefensión al quejoso, ya que si la autoridad persiste en su actitud omisa y se actualiza la abierta dilación, tiene expedito su derecho para promover el medio de defensa conducente. En ese orden de ideas, el admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el principio de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. En adición a lo anterior, debe indicarse que no puede considerarse como una abierta dilación la omisión de no acordar la promoción que presentó la parte quejosa, toda vez que desde la fecha en que se dictó el laudo en el juicio laboral SAE/2163/2009, a la data en que se solicitó su ejecución (once de enero del año en curso), no se advierte que el justiciable haya solicitado ante la autoridad responsable de manera reiterada durante ese lapso, mediante diversas solicitudes la ejecución del laudo y que ésta haya sido omisa al respecto, en cuyo caso sí podría actualizarse una abierta dilación en perjuicio de la impetrante de amparo; sin embargo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra la quejosa en su escrito de demanda de derechos fundamentales, no se desprende que previamente a la omisión reclamada hubiera instado la ejecución del laudo, para que a partir de ese presupuesto se calificara la existencia de una abierta dilación. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes mencionada, SE DESECHA la demanda en estudio por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Como lo solicita, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo al usuario "********************"; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Se autoriza a las personas que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que desee presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, la remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Erik Juárez Olvera, Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, quien actúa asistido de la Secretaria Rosario Verónica Ramírez Cárdenas, que da fe. EXPEDIENTE PRINCIPAL 122/2023-IV PROMOCIÓN: 1646. En ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez con la demanda que antecede. Conste.Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de febrero de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 122/2023-IV, la demanda promovida por Nicolás Cárdenas Juárez, por derecho propio. DESECHAMIENTO En el caso se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es procedente contra la última resolución de tribunales del trabajo realizada fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, cuando se trata de una omisión de la autoridad responsable en ejecución de sentencia, la cual, impacta en el derecho sustantivo establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la acción de amparo procede cuando exista una abierta dilación o una paralización del proceso jurisdiccional, pues de lo contrario no puede hablarse de una afectación a derechos sustantivos. Ahora, al analizarse la demanda de amparo, este juzgado de distrito advierte que la parte quejosa reclama: "La omisión de la autoridad responsable de acordar lo solicitado en la promoción de once de enero de dos mil veintitrés, consistente en llevar a cabo la ejecución correspondiente en el juicio laboral SAE/2163/2009". En el caso, el acto reclamado constituye un acto después de concluido el juicio, pues de los antecedentes que la propia parte quejosa refiere en su demanda de amparo, se advierte que el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se dictó laudo en el expediente laboral SAE/2163/2009. Por su parte, el artículo 252 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, señala que en caso de incumplimiento del laudo o convenio, el Tribunal o Sala, a petición de la parte interesada, dictará auto de requerimiento de pago y embargo, estableciendo los medios de apremio que podrán ser empleados para su cumplimiento y realizará las diligencias necesarias para su ejecución. Entonces, la autoridad después de que se presentó el escrito en cita, debía emitir inmediatamente el acuerdo correspondiente, esto es, el doce de enero del año en curso, y si bien se advierte que ya transcurrió el plazo para que se proveyera lo conducente; lo cierto es que el acto reclamado no queda comprendido en el supuesto de procedencia establecido en el citado artículo 107, fracción IV, porque no es un acto de imposible reparación, ya que no transgrede ni afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se llega a la anterior determinación, dado que la omisión reclamada no afecta directa e inmediatamente el derecho sustantivo fundamental relativo a la impartición de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se da la excepción que haga procedente el amparo; es decir, que exista una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total, ya que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dos de febrero de dos mil veintitrés), sólo habían transcurrido dieciséis días hábiles desde la presentación de su escrito ante la responsable, por lo que este Juzgador considera que no hay un detrimento en los derechos humanos de la parte quejosa, en virtud que es necesario conceder debida oportunidad a la autoridad a fin de realizar la tramitación correspondiente, y con ello dar una respuesta congruente a la petición ante ella presentada y se le haga de su conocimiento. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086. "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Sin que con la presente determinación se deje en estado de indefensión a la parte quejosa, quien es actora en el juicio de origen, ya que en términos de la jurisprudencia 2a./J. 12/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, visible en la página 1927, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo III, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto: "DILACIÓN EXCESIVA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA LABORAL. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE UN AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, NO ES APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si resultaba aplicable o no la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), para determinar la actualización de una dilación excesiva, como caso de excepción para la procedencia del amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no resulta aplicable para analizar si se ha configurado o no una dilación excesiva que haga procedente el amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Justificación: Esto es así, ya que a través de dicha jurisprudencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente se limitó a complementar el alcance de la diversa jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la cual había dejado a la interpretación judicial analizar, en cada caso, si existía o no una abierta dilación procesal o paralización total del procedimiento, como una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra los actos previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, contra los "actos en juicio" cuyos efectos son de imposible reparación, para lo cual estableció un parámetro mínimo objetivo para emprender la acción constitucional en contra de las dilaciones presuntamente excesivas de la autoridad responsable en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Dicho parámetro se fijó en función del lapso máximo que preveía la Ley Federal del Trabajo para que el juicio laboral permaneciera inmóvil, so pena de que operara la caducidad de la instancia, lo que evidentemente no aplica con relación a las dilaciones procesales ocurridas en la fase de ejecución de sentencia, al tratarse de una etapa procesal diferente a la del juicio, en la que la Ley Federal del Trabajo establece procedimientos y plazos específicos para el cumplimiento de un laudo, los cuales, incluso, en un momento dado pudieran abonar para determinar la actualización de una dilación procesal para esa etapa; además de que la propia Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio, establece reglas específicas de procedencia diferentes a la analizada en la jurisprudencia en comento, es decir, a la prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, a juicio de esta Segunda Sala, corresponde al juzgador, en cada caso, ponderar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto, para lo cual deberá considerar, además de la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada; que un plazo razonable en la etapa de ejecución de sentencia pudiera ser aquel que permita el desahogo de dicha fase en un tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales". Permite al juzgador analizar en cada caso si existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, atendiendo a la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada. De ahí que este juzgador estima que para que se dé la abierta dilación en la etapa de ejecución de sentencia, debe mediar un tiempo considerable a partir de que surgió la obligación de la autoridad para emitir su acuerdo; lo que en el caso no acontece, puesto que sólo han transcurrido a la presentación de la demanda de amparo dieciséis días hábiles desde la promoción de su escrito ante la responsable, siendo que debe otorgarse un tiempo prudente superior al que estipula la ley antes mencionada, para que se emita el acuerdo de ejecución. Lo anterior se considera así, puesto que no puede existir una abierta dilación, enseguida de que se presente el escrito en que solicite la ejecución del laudo, ya que ello equivaldría a la promoción interminable de juicios de amparo al no acordarse de inmediato las solicitudes de las partes, lo que no conseguiría la finalidad del juicio de amparo que es reparar violaciones a derechos sustantivos. Entonces, para este juzgador, en el caso concreto, el plazo prudente que debe mediar como máximo para que exista una abierta dilación para que la autoridad responsable provea la petición formulada por el ahora quejoso el once de enero de dos mil veintitrés, es el de treinta días hábiles, si se tiene en cuenta que el precepto 252 bis de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, señala que una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un término no mayor de quince días, lo cual ocurre dentro del trámite del expediente antes de su culminación con el dictado de la resolución correspondiente; de ahí que para efectos de la etapa de ejecución del laudo, se estima conducente duplicar ese plazo a treinta días hábiles, para que ante la omisión de la autoridad responsable se consume la dilación excesiva que haga procedente el juicio de amparo. De ahí que si a la fecha de la promoción de la demanda no había transcurrido el plazo en comento, debe desecharse la demanda de amparo al no actualizarse una abierta dilación. Lo anterior no deja en estado de indefensión al quejoso, ya que si la autoridad persiste en su actitud omisa y se actualiza la abierta dilación, tiene expedito su derecho para promover el medio de defensa conducente. En ese orden de ideas, el admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el principio de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. En adición a lo anterior, debe indicarse que no puede considerarse como una abierta dilación la omisión de no acordar la promoción que presentó la parte quejosa, toda vez que desde la fecha en que se dictó el laudo en el juicio laboral SAE/2163/2009, a la data en que se solicitó su ejecución (once de enero del año en curso), no se advierte que el justiciable haya solicitado ante la autoridad responsable de manera reiterada durante ese lapso, mediante diversas solicitudes la ejecución del laudo y que ésta haya sido omisa al respecto, en cuyo caso sí podría actualizarse una abierta dilación en perjuicio de la impetrante de amparo; sin embargo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra la quejosa en su escrito de demanda de derechos fundamentales, no se desprende que previamente a la omisión reclamada hubiera instado la ejecución del laudo, para que a partir de ese presupuesto se calificara la existencia de una abierta dilación. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes mencionada, SE DESECHA la demanda en estudio por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Como lo solicita, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo al usuario "********************"; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Se autoriza a las personas que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que desee presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, la remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c de la Ley de Amparo vigente procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica al quejoso Nicolás..., el auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, misma PUBLICACIÓN que aparecerá en la lista que se coloca en los estrados del juzgado de mi adscripción el día hábil siguiente al de la fecha en que se levanta la presente, y que se fija a las nueve horas del quince de febrero de dos mil veintitrés. Doy fe. SÍNTESIS DEL AUTO DE OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS: "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de febrero de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 122/2023-IV, la demanda promovida por Nicolás..., por derecho propio. DESECHAMIENTO En el caso se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es procedente contra la última resolución de tribunales del trabajo realizada fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, cuando se trata de una omisión de la autoridad responsable en ejecución de sentencia, la cual, impacta en el derecho sustantivo establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la acción de amparo procede cuando exista una abierta dilación o una paralización del proceso jurisdiccional, pues de lo contrario no puede hablarse de una afectación a derechos sustantivos. Ahora, al analizarse la demanda de amparo, este juzgado de distrito advierte que la parte quejosa reclama: "La omisión de la autoridad responsable de acordar lo solicitado en la promoción de once de enero de dos mil veintitrés, consistente en llevar a cabo la ejecución correspondiente en el juicio laboral SAE/2163/2009". En el caso, el acto reclamado constituye un acto después de concluido el juicio, pues de los antecedentes que la propia parte quejosa refiere en su demanda de amparo, se advierte que el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se dictó laudo en el expediente laboral SAE/2163/2009. Por su parte, el artículo 252 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, señala que en caso de incumplimiento del laudo o convenio, el Tribunal o Sala, a petición de la parte interesada, dictará auto de requerimiento de pago y embargo, estableciendo los medios de apremio que podrán ser empleados para su cumplimiento y realizará las diligencias necesarias para su ejecución. Entonces, la autoridad después de que se presentó el escrito en cita, debía emitir inmediatamente el acuerdo correspondiente, esto es, el doce de enero del año en curso, y si bien se advierte que ya transcurrió el plazo para que se proveyera lo conducente; lo cierto es que el acto reclamado no queda comprendido en el supuesto de procedencia establecido en el citado artículo 107, fracción IV, porque no es un acto de imposible reparación, ya que no transgrede ni afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se llega a la anterior determinación, dado que la omisión reclamada no afecta directa e inmediatamente el derecho sustantivo fundamental relativo a la impartición de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se da la excepción que haga procedente el amparo; es decir, que exista una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total, ya que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dos de febrero de dos mil veintitrés), sólo habían transcurrido dieciséis días hábiles desde la presentación de su escrito ante la responsable, por lo que este Juzgador considera que no hay un detrimento en los derechos humanos de la parte quejosa, en virtud que es necesario conceder debida oportunidad a la autoridad a fin de realizar la tramitación correspondiente, y con ello dar una respuesta congruente a la petición ante ella presentada y se le haga de su conocimiento. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086. "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Sin que con la presente determinación se deje en estado de indefensión a la parte quejosa, quien es actora en el juicio de origen, ya que en términos de la jurisprudencia 2a./J. 12/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, visible en la página 1927, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo III, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto: "DILACIÓN EXCESIVA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA LABORAL. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE UN AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, NO ES APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si resultaba aplicable o no la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), para determinar la actualización de una dilación excesiva, como caso de excepción para la procedencia del amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no resulta aplicable para analizar si se ha configurado o no una dilación excesiva que haga procedente el amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Justificación: Esto es así, ya que a través de dicha jurisprudencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente se limitó a complementar el alcance de la diversa jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la cual había dejado a la interpretación judicial analizar, en cada caso, si existía o no una abierta dilación procesal o paralización total del procedimiento, como una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra los actos previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, contra los "actos en juicio" cuyos efectos son de imposible reparación, para lo cual estableció un parámetro mínimo objetivo para emprender la acción constitucional en contra de las dilaciones presuntamente excesivas de la autoridad responsable en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Dicho parámetro se fijó en función del lapso máximo que preveía la Ley Federal del Trabajo para que el juicio laboral permaneciera inmóvil, so pena de que operara la caducidad de la instancia, lo que evidentemente no aplica con relación a las dilaciones procesales ocurridas en la fase de ejecución de sentencia, al tratarse de una etapa procesal diferente a la del juicio, en la que la Ley Federal del Trabajo establece procedimientos y plazos específicos para el cumplimiento de un laudo, los cuales, incluso, en un momento dado pudieran abonar para determinar la actualización de una dilación procesal para esa etapa; además de que la propia Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio, establece reglas específicas de procedencia diferentes a la analizada en la jurisprudencia en comento, es decir, a la prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, a juicio de esta Segunda Sala, corresponde al juzgador, en cada caso, ponderar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto, para lo cual deberá considerar, además de la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada; que un plazo razonable en la etapa de ejecución de sentencia pudiera ser aquel que permita el desahogo de dicha fase en un tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales". Permite al juzgador analizar en cada caso si existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, atendiendo a la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada. De ahí que este juzgador estima que para que se dé la abierta dilación en la etapa de ejecución de sentencia, debe mediar un tiempo considerable a partir de que surgió la obligación de la autoridad para emitir su acuerdo; lo que en el caso no acontece, puesto que sólo han transcurrido a la presentación de la demanda de amparo dieciséis días hábiles desde la promoción de su escrito ante la responsable, siendo que debe otorgarse un tiempo prudente superior al que estipula la ley antes mencionada, para que se emita el acuerdo de ejecución. Lo anterior se considera así, puesto que no puede existir una abierta dilación, enseguida de que se presente el escrito en que solicite la ejecución del laudo, ya que ello equivaldría a la promoción interminable de juicios de amparo al no acordarse de inmediato las solicitudes de las partes, lo que no conseguiría la finalidad del juicio de amparo que es reparar violaciones a derechos sustantivos. Entonces, para este juzgador, en el caso concreto, el plazo prudente que debe mediar como máximo para que exista una abierta dilación para que la autoridad responsable provea la petición formulada por el ahora quejoso el once de enero de dos mil veintitrés, es el de treinta días hábiles, si se tiene en cuenta que el precepto 252 bis de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, señala que una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un término no mayor de quince días, lo cual ocurre dentro del trámite del expediente antes de su culminación con el dictado de la resolución correspondiente; de ahí que para efectos de la etapa de ejecución del laudo, se estima conducente duplicar ese plazo a treinta días hábiles, para que ante la omisión de la autoridad responsable se consume la dilación excesiva que haga procedente el juicio de amparo. De ahí que si a la fecha de la promoción de la demanda no había transcurrido el plazo en comento, debe desecharse la demanda de amparo al no actualizarse una abierta dilación. Lo anterior no deja en estado de indefensión al quejoso, ya que si la autoridad persiste en su actitud omisa y se actualiza la abierta dilación, tiene expedito su derecho para promover el medio de defensa conducente. En ese orden de ideas, el admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el principio de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. En adición a lo anterior, debe indicarse que no puede considerarse como una abierta dilación la omisión de no acordar la promoción que presentó la parte quejosa, toda vez que desde la fecha en que se dictó el laudo en el juicio laboral SAE/2163/2009, a la data en que se solicitó su ejecución (once de enero del año en curso), no se advierte que el justiciable haya solicitado ante la autoridad responsable de manera reiterada durante ese lapso, mediante diversas solicitudes la ejecución del laudo y que ésta haya sido omisa al respecto, en cuyo caso sí podría actualizarse una abierta dilación en perjuicio de la impetrante de amparo; sin embargo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra la quejosa en su escrito de demanda de derechos fundamentales, no se desprende que previamente a la omisión reclamada hubiera instado la ejecución del laudo, para que a partir de ese presupuesto se calificara la existencia de una abierta dilación. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes mencionada, SE DESECHA la demanda en estudio por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Como lo solicita, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo al usuario "********************"; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Se autoriza a las personas que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que desee presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, la remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional..."
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