Nicolás Arturo Florez Bayona y Otros.
Expediente 767/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 767/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/09/2021
Partes del expediente
- Nicolás Arturo Florez Bayona y Otros.
- Nicolás Arturo Florez Bayona
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en el precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto que fue desechada la demanda de amparo. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir del presente auto; dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Promoción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo que promueve Nicolás Arturo Flores Bayona, contra actos de la Fiscalía de Distrito Selva Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, con sede en Playas de Catazajá, Chiapas, y otra autoridad. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 767/2021, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está Tonatiuh Salazar Herrera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c4.6d 04/06/22 10:21:27 obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Novena Época, registro I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890). Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal contra la autoridad y acto siguientes: Autoridad Responsable: Fiscalía de Distrito Selva Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, con sede en Playas de Catazajá, Chiapas y Procurador de Justicia del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. Acto Reclamado: Del análisis integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: Tonatiuh Salazar Herrera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c4.6d 04/06/22 10:21:27 J.A. 767/2021-IP-E a)El no haber judicializado la carpeta de investigación 0008-016-0907-2021; y, b)El no ejercicio de la acción penal en contra de Rosario García Pérez, por hechos delictuosos que la ley señala como delito de homicidio en accidente de tránsito y daños culposos. Desechamiento. Lo anterior permite establecer que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.] En ese sentido, se tiene que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece un recurso o medio de defensa contra omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación desformalizada, al disponer lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Tonatiuh Salazar Herrera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c4.6d 04/06/22 10:21:27 En ese contexto y del análisis de la demanda de amparo, se llega al convencimiento que contra los actos reclamados procede medio de impugnación mediante el cual pueden ser modificados, revocados o nulificados; en virtud de que las partes pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, así como las resoluciones de no ejercicio de la acción penal, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es, que el juez de control revise las decisiones u omisiones del ministerio público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; sin embargo, el accionante de esta instancia constitucional, no lo agotó previamente, por ello se considera que no se colmó el principio de definitividad que rige el procedimiento constitucional. Luego, el promovente debió agotar el medio o recurso ordinario de defensa previsto en la legislación ordinaria, pues en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la abstención u omisión por parte de la responsable, es impugnable; sin embargo, al no haber agotado el medio ordinario de defensa se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Esto es, la parte quejosa estuvo en aptitud legal de combatir el acto reclamado, pues en contra del mismo, debió agotar el recurso o medio de defensa que la ley le otorga, para estar en aptitud de acudir al juicio de garantías, previsto por el numeral señalado en líneas anteriores, pues el Legislador Constituyente estableció el principio de definitividad para el juicio de amparo en el artículo 107 Constitucional, para limitar los juicios constitucionales, obligando al promovente al agotamiento previo de los recursos o medios de defensa antes de acudir al amparo, para dar a la autoridad la oportunidad de enmendar a través de los recursos o medios de defensa que señala la ley, las violaciones en que pudiera haber incurrido, pues notorio es, que el legislador al establecer el juicio de amparo, no tuvo el propósito de Tonatiuh Salazar Herrera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c4.6d 04/06/22 10:21:27 J.A. 767/2021-IP-E crear un recurso ordinario más, sino una institución de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Tienen aplicación al caso las siguientes Jurisprudencias: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." (1a./J. 28/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro 2017640, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia Común, Penal, página 943). Tonatiuh Salazar Herrera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c4.6d 04/06/22 10:21:27 "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DETERMINA DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, EL RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. La reforma constitucional en materia penal publicada en el Diario Oficial de 18 de junio de 2018, debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos publicada en el medio de difusión oficial indicado el 10 de junio de 2011 y armonizar la protección de éstos con los principios del nuevo procedimiento penal. En ese sentido, los artículos 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, deben interpretarse de acuerdo a los principios constitucionales que rigen el sistema acusatorio, especialmente el de contradicción y el de continuidad que constituyen los pilares en que se sustenta el referido sistema, motivo por el cual, aun cuando el recurso innominado previsto en el artículo 258 del código citado, no prevé la suspensión del acto reclamado en los términos descritos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, esa circunstancia obedece a la fase procesal en que se emite el no ejercicio de la acción penal, cuya vigilancia recae en el Juez de Control, a quien está encomendado vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en esa etapa, a fin de preservar el respeto a los derechos humanos y brindar una solución rápida a ese tipo de decisiones, con lo que se garantiza que el juicio de amparo conserve su naturaleza: erigirse como un medio extraordinario que debe agotarse sólo en casos excepcionales. Es por lo anterior que, cuando se está frente a una resolución dictada por el Ministerio Público donde se decrete el no ejercicio de la acción penal, debe agotarse previamente al juicio de amparo, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no actualizándose así, la excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61 citado." Registro digital: 2021659. Instancia: Plenos de Circuito. Décima Época. Materias(s): Común, Penal. Tesis: PC.I.P. J/68 P (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo II, página 1433. Tipo: Jurisprudencia. Tonatiuh Salazar Herrera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c4.6d 04/06/22 10:21:27 J.A. 767/2021-IP-E Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Primera Sur Poniente, número 2051-A, Colonia Francisco I. Madero, en esta ciudad. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Wenceslao Pascasio Gómez Hernández, debido a que de la consulta realizada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia indexAvanzada.action/) se encontró que dicho profesionista cuenta con la cedula profesional registrada con el número 4707109; y, en términos restringidos del precitado numeral a las demás personas que indica en su escrito inicial de demanda. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. Reproducción electrónica. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita.
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