NICOLAS AMARO ROY MARTINEZ y Otros.

Expediente 594/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
594/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
10/06/2021

Partes del expediente

  • NICOLAS AMARO ROY MARTINEZ y Otros.
  • Nicolas Amaro Roy Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de junio de dos mil veintiuno. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Anotaciones carátula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Razón actuarial Vista la diligencia de notificación que antecede, de veintinueve de mayo del año en curso, practicada en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se advierte que al momento de notificarle al quejoso "..........""", el auto de veintiséis de mayo del actual, desistió de la demanda de amparo origen de este juicio; sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento al respecto en virtud de que en párrafos precedentes, causó estado el auto por el que se desechó la demanda de amparo, promovida por el citado quejoso. Notifíquese personalmente al quejoso en su centro de reclusión y a su asesora jurídica"..........""".

  2. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA DEFENSORA PUBLICA FEDERAL DE LA PARTE QUEJOSA MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de junio de dos mil veintiuno. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Anotaciones carátula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Razón actuarial Vista la diligencia de notificación que antecede, de veintinueve de mayo del año en curso, practicada en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se advierte que al momento de notificarle al quejoso "..........""", el auto de veintiséis de mayo del actual, desistió de la demanda de amparo origen de este juicio; sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento al respecto en virtud de que en párrafos precedentes, causó estado el auto por el que se desechó la demanda de amparo, promovida por el citado quejoso. Notifíquese personalmente al quejoso en su centro de reclusión y a su asesora jurídica"..........""".

  3. Principal

    MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, por el que remite el oficio de la Titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Oaxaca, respecto se provee: Glósese el oficio firmado electrónicamente por la Titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Oaxaca; por el que, en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiséis de mayo del actual, manifiesta que designó a".........""", Defensora Pública Federal adscrita al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, para que asuma la asesoría jurídica del quejoso "........""", en la tramitación de este juicio de amparo, y una vez que sea posible, se practicará visita carcelaria al quejoso en el centro de su reclusión. Asimismo, intégrese la copia del oficio electrónico suscrito por la referida titular, dirigido a dicha defensora, del que se advierte, le solicitó cumpla con lo antes precisado. Por lo anterior, gírese oficio a la referida asesora jurídica Sofía Martínez Sánchez a fin de que comunique a este órgano de control constitucional la fecha que tiene prevista para entrevistarse con el quejoso de mérito, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para brindarle la asesoría jurídica necesaria para el trámite del presente asunto. En el entendido de que, una vez que informe lo anterior, este órgano jurisdiccional proveerá lo relativo para que se le brinden las facilidades y seguridad necesarias para que efectué dicha entrevista; ello, dada la actual contingencia sanitaria que actualmente enfrenta el país. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo promovida por "........."", fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 594/2021. Acto reclamado y autoridad En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama de las autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaria de Gobernación, Coordinador de los Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, ambos con sede en la Ciudad de México; el traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número 2, "OCCIDENTE" Puente Grande Jalisco, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", sin que dicha determinación haya sido ordenada o autorizada por autoridad judicial. Desechamiento En ese tenor, contra el citado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa no agotó el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, mediante el que se podía revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo -principio de definitividad-. Dicho principio consiste en que el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa, que son aquellos que se encuentran establecidos dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, y que tienen por objeto modificar, revocar o nulificar dicho acto. De esa manera, el juicio constitucional sólo se ocupará de analizar resoluciones que ya no admitan medios de defensa que puedan modificarlos. Cabe destacar que del citado numeral se desprende como excepciones al principio de definitividad; es decir, que se puede acudir al juicio "............"" constitucional sin necesidad de agotar previamente lo medios de defensa ordinarios: a) Cuando las leyes ordinarias no suspendan los efectos del acto reclamado, y se oficiosamente o a través de los juicios, recursos o medios de defensa que en las mismas establecen; los alcances de esa suspensión, no sean los mismos que prevé la Ley de Amparo, o exija mayores requisitos que los que se consignan en la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión definitiva, o un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto reclamado en sí mismo, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. b) Y Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; se aleguen violaciones directas a la Constitución; o el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la Ley aplicable contemple su existencia. En el caso, se toma en consideración que no existe constancia de que el quejoso hubiera agotado algún medio ordinario de defensa en contra del traslado aducido, sino que acudió directamente al juicio de amparo. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, explicó que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho1, así como al citado artículo 18 y 1º Constitucional, publicada el diez de junio de dos mil once, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de penas. Tales modificaciones introdujeron un verdadero control judicial en el sistema penitenciario, pues se delimitó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones, mientras que al Poder Judicial se le confirió la potestad de ejecutar lo juzgado a través de los "jueces de ejecución de sentencias". De esta forma, con el nuevo sistema penitenciario, corresponde a las autoridades judiciales en materia penal y en especial a los jueces de ejecución ?tanto en el ámbito federal como local?, supervisar, conocer y resolver todas las cuestiones de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena2, las controversias que se produzcan en los centros de 1 Y que entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once. 2 En aplicación de la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIII, octubre de 2012, tomo 1, página 18, registro 2001988, de rubro: "PENAS. SU ".............""reinserción social, así como controlar las decisiones que adopte la administración penitenciaria sobre la ejecución. Lo anterior, para velar que en todo momento se garanticen y efectivicen los derechos humanos. Precisamente, dichas atribuciones contribuyen para lograr los objetivos de las reformas constitucionales de referencia, consistentes en: terminar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en la ejecución de las sanciones, que el Poder Judicial vigile el cumplimiento estricto de la pena, evitar el rompimiento de la secuencia derivada de la propia sentencia, así como la consolidación de las bases sobre las que se organiza el sistema penitenciario nacional ?el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte?. En ese orden de ideas, la Primera Sala consideró que para lograr la consolidación del nuevo sistema, se hizo patente la necesidad de crear una ley única y de aplicación en toda la República, que unificara los procedimientos y criterios correspondientes. Esto, para dotar de certeza y seguridad jurídica en condiciones de igualdad a los justiciables, así como para garantizar un procedimiento de ejecución de sanciones expedito, eficaz y eficiente. En adición a que la ley debía contribuir: i) al cumplimiento de las medidas dictadas por un juez calificado; ii) a que los centros de reclusión contaran con medios de prevención, seguridad y de adecuado funcionamiento; y iii) a la necesidad de que el Estado respetara y cumpliera los medios de reinserción social en beneficio de las personas privadas de su libertad, evitando que vuelvan a delinquir. Metas que solo se lograrían con una normativa que auxiliara a concretar la figura del juez de ejecución al señalar expresamente las cuestiones que serían competencia exclusiva de la autoridad judicial ?como la imposición de las penas, su modificación, su duración, entre otras?, y que de igual forma delimitara las funciones de las autoridades que intervienen en la ejecución de las sanciones y el internamiento preventivo. Entonces, se propuso la creación de una ley que reglamentara los derechos establecidos en los preceptos constitucionales 18 y 21, en la parte relativa a la judicialización de la ejecución penal y al régimen de reinserción social, siendo una de sus bases la protección de los derechos humanos de los internos. Así, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis se publicó en el Diario EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011". "............"" Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual entró en vigor al día siguiente. Por lo que a partir de su vigencia y de acuerdo a su artículo 23, la norma aludida es de observancia general en todo el territorio nacional ?en el fuero federal o local?, respecto de los actos relativos a cuestiones de internamiento o de ejecución de sentencias privativas de la libertad, con las excepciones y reglas previstas en su segundo transitorio. Aunado a que el transitorio tercero de la Ley Nacional de Ejecución Penal4, estableció que con su entrada en vigor, quedarían abrogadas las normas que regularan la ejecución de las sanciones penales en las entidades federativas y la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados. Sumado a que los procedimientos que aún se encontraran en trámite, debían sustanciarse conforme a la legislación aplicable a su inicio, pero con la aplicación de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la nueva ley, de acuerdo con el principio pro persona. En ese contexto, según el artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal5, su objeto es establecer las normas e implementar los mecanismos para resolver las controversias que se susciten, en relación con el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en un marco irrestricto de derechos humanos. De modo que la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, determinó que: 97. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema procesal acusatorio y tiene como propósito el lograr un 3 Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales. 4 Tercero. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, quedarán abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas. Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente ordenamiento, continuarán con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, debiendo aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la presente Ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. Constitucional. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan todas las disposiciones normativas que contravengan la misma. 5 Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y III. Regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. "............"" sistema jurídico uniforme, sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, que evite espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social. 98. En suma, la finalidad de la citada ley es la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos eficientes que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. [Lo destacado es propio] Las anteriores consideraciones, dieron origen a la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 79/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de aplicación obligatoria de acuerdo al primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo. Criterio que establece lo siguiente: OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". En el caso, la parte quejosa reclamó una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, atribuida a autoridades administrativas y señaló que no siguieron las formalidades de ley. Ahora, conforme al régimen penitenciario las autoridades administrativas ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de "........."" internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Esa facultad corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos garanticen y efectivicen. En ese orden de ideas, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciaria, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal6, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo precepto legal también se desprende una facultad legal y expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria, para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. No obstante ello, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida 6 Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. "..........."" ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las específicas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Empero, en ese caso, el artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal7, permite advertir que ahora cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa pueda ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de traslado urgente o excepcional. Lo que significa que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Incluso, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que proceda de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución 7 Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. "............"" Penal8, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Lo que conlleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. Es aplicable al caso, la tesis número 1a. XXI/2021 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Penal, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2023063, que dice: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la 8 Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) VII. Traslados; (.) "..........."" legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento. En el caso a estudio, se estima que en contra de la orden de traslado emitida por la autoridad judicial, procede el recurso de apelación previsto por el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, medio de impugnación ordinario que tiene la posibilidad de modificar o revocar lo resuelto por el citado juez, en términos del artículo 131 de la Ley Nacional de Ejecución, disposiciones legales que, en lo que interesa, establecen: Artículo 52. [.] En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. Artículo 131. Apelación. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla.". Ahora bien, resulta dable destacar que la fracción II del artículo 1° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece los procedimientos para ".............."" resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva legislación creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión; de ahí que las personas privadas de su libertad tengan la posibilidad de instar cualquiera de esos procedimientos para la resolución de dichos litigios. Asimismo, el arábigo 2° de la citada ley, como ámbito de aplicación, señala en general a todas las personas privadas de la libertad; es decir, ya sea que se encuentren en prisión preventiva o que estén compurgando una pena o medida de seguridad. Bajo ese contexto, en el particular por tratarse de situaciones relacionadas a la reclusión de la parte quejosa, se estima que al acto reclamado, como se vio, le resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Además, en relación con lo anterior, se tiene que el artículo 18 (al que se alude en la resolución aquí reclamada), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, establece, en lo que interesa, que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Es por ello que, si en el caso, el recurso de apelación a que se aludió, se encuentra contenido en la Ley Nacional de Ejecución Penal y constituye un instrumento legal en sentido formal y material de aplicación en todo el territorio nacional, con ello se estima satisfecho el requisito consistente en que la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por tanto, como se adelantó dicho medio ordinario de defensa lo es el recurso de apelación, contemplado en el citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Con base en lo anterior, se estima que previo a la promoción del presente juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad, esto es, en su caso, hacer valer el citado medio ordinario de defensa. En ese sentido, toda vez que la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla expresamente contra el referido acto reclamado el recurso de apelación, por tanto, como ya se dijo, debe agotarse éste. "..........."" Por último, este órgano jurisdiccional considera que con lo determinado en la presente resolución, no se viola en perjuicio de la parte quejosa alguno de los Derechos Humanos protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales en que México es parte, dado que los requisitos de procedencia del juicio de amparo no vulneran el derecho humano de acceso a la justicia, precisamente porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha interpretado el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que el derecho humano de acceso a la justicia también comprende dichas formalidades, previo al estudio del fondo. Lo anterior, dado que las causas de improcedencia no configuran una denegación de justicia; pues no pueden calificarse de irracionales, ni son de tal naturaleza que despoje al derecho de su esencia, ni tampoco son discriminatorias, pues no existe ninguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del gobernado de que se trate. Es de citarse, en apoyo a lo expuesto la tesis 1a. CXCVIII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 541, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL". Tal pronunciamiento también encuentra respaldo, por sus razonamientos en la tesis XVI.1º.A.T2K (10ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, el libro IV, tomo 2, marzo de 2012, página 1167, de rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74, DE LA LEY DE LA MATERIA RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". De ahí que previamente a la promoción del juicio del amparo indirecto, el quejoso debe agotar los medios ordinarios de defensa que el propio ordenamiento legal prevé para ese supuesto. De no hacerlo así, se actualiza de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, por no agotar el principio de definitividad. "............"" En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Se solicita Asesor Jurídico Por otra parte, en términos del numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con copia de la demanda de amparo, requiérase a la Titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública en Oaxaca, para que en el plazo de tres días, designe a favor del quejoso"..........."", un defensor, asesor, representante, asistente jurídico, -sin importar la denominación formal de la figura-, a fin de que lo asista en este juicio de amparo. Atención a puntos petitorios Ahora, en cuanto a los puntos petitorios que formula el quejoso en su escrito de demanda, por lo que hace al punto petitorio primero y sexto, se desprende que su demanda ha sido desechada en líneas precedentes; respecto al punto segundo, se le precisa que aun cuando es procedente suplir al deficiencia de la queja, lo cierto es que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia invocada en el presente acuerdo de manera manifiesta e indudable por lo que es procedente desechada la demanda de amparo; en cuanto al punto tercero, relativo a que se le otorgue copia simple de todos los acuerdos recaídos a la presente demanda, por conducto del actuario se le hará entrega de copia autorizada del presente proveído, así como de todos los subsecuentes que sean de carácter personal; respecto al punto cuarto, en el que solicita de manera urgente una video conferencia con la Jueza Elizabeth Franco Cervantes, dígasele que la citada funcionaria ya no es titular de este órgano jurisdiccional, por lo que dicha petición debe realizarla directamente al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en el cual ella se encuentra adscrita; referente al punto quinto, en párrafos precedentes se solicitó a la Titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública en Oaxaca le designe un defensor que lo asista. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, "..........."" a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notificación a la parte quejosa Por otro lado, toda vez que el quejoso se encuentra internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele personalmente este proveído, por conducto del Actuario adscrito conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria, a fin de agilizar el procedimiento, y los subsecuentes que sean de carácter personal. Notifíquese, personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano