Nicolás Aguilar Medina
Expediente 510/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 510/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Nicolás Aguilar Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que a la parte quejosa le ha transcurrido el término que para promover el recurso de revisión en contra de la sentencia, establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara ejecutoriada en sus términos; en su oportunidad archívense los autos.
- Principal
V I S T O, para dictar sentencia, el juicio de amparo 510/2022, promovido por Nicolás Aguilar Medina, a través de su endosatario en procuración ***, contra un acto del Juez Segundo de lo Mercantil de esta ciudad de Durango, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintidós en el buzón automatizado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este Estado de Durango, Nicolás Aguilar Medina demandó a través de su endosatario en procuración el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que enseguida se precisan "II.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Lo son El C. Juez Segundo de lo Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, con domicilio... IV.- ACTO RECLAMADO. Reclamo la última resolución del juicio ejecutivo mercantil 273/2014 de fecha TREINTA Y UNO DEL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO dictada por el Juez Segundo de lo Mercantil, la cual me fue notificada el día PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, señalando de forma particular que los días 11 al 15 de abril del 2022 fueron días inhábiles". SEGUNDO. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, que se admitió en auto cuatro de mayo veintidós bajo el número 510/2022, en el que se solicitó a las autoridad señalada como responsable su informe con justificación; se ordenó emplazar a los terceros interesados; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación; se previno a las partes en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que se reclaman actos provenientes de una autoridad cuya residencia está comprendida dentro del territorio en que ejerce jurisdicción conforme al artículo cuatro, fracción XXV, del Acuerdo General 3/2013, reformado por su similar 35/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; .". Este precepto establece que la sentencia en el juicio de garantías debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, por lo que el juzgador debe interpretar integralmente el escrito de demanda con un sentido de liberalidad y no restrictivo, en armonía con la información contenida en el expediente, para determinar la real intención del amparista, sin cambiar su alcance y contenido; esto es, al fijar los actos reclamados el juzgador de amparo debe atender a lo que el quejoso quiere manifestar y no únicamente a lo que en apariencia señaló, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al respecto ilustra, por no oponerse a la actual Ley de Amparo en términos de su artículo sexto transitorio, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, de ese propio Alto Tribunal, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por no oponerse a la actual Ley de Amparo en términos de su artículo sexto transitorio, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Acorde con esta premisa legal, el estudio integral de la demanda de amparo, en armonía con la información contenida en este expediente, pone en conocimiento que el quejoso Nicolás Aguilar Medina reclama a través de su endosatario en procuración Fermín Alonso Flores del Juez Segundo de lo Mercantil de esta ciudad de Durango, la determinación que emitió el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós en el juicio ejecutivo mercantil 273/2014, por la que declaró improcedente el recurso de revocación que interpuso el veinticinco de enero de anterior. TERCERO. En su informe justificado el Juez Segundo de lo Mercantil de esta ciudad de Durango reconoció la determinación que reclama el aquí quejoso Nicolás Aguilar Medina, lo que se corrobora con las constancias que aportó como complemento, a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo que disponen los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que basta para tener por acreditada su existencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". También es aplicable la diversa jurisprudencia 278, visible en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, que es de la siguiente literalidad: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. El artículo 62 de la Ley de Amparo establece que las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser examinadas de oficio, en tanto señala: "ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Tiene exacta aplicación la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". El numeral 61, fracción XIV, primer párrafo, de la propia Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. .". Por su parte, los dispositivos 17 y 18 del propio cuerpo de ley, estatuyen: "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De este ordinal se aprecia que el término general para la interposición de la demanda de amparo debe ser de quince días, que se contarán desde el día siguiente: a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el agraviado haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que el impetrante se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Es ilustrativa sobre el particular, por identidad de razones, la tesis XXI.2o.P.A.25 K, publicada en la página 1890, del Tomo XXII, Agosto de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". De tal suerte que si el inconforme no intenta esa vía dentro del lapso de mérito, debe reputarse como consentido tácitamente el acto que se reclame para los efectos del juicio de garantías, puesto que en la especie no se está en ninguno de los casos de excepción a que se refiere el propio cardinal 17 transcrito. Sirve de cimiento al particular la tesis de jurisprudencia VI.2º. J/21, consultable bajo el registro IUS 204,707, o bien en la página 291, del Tomo II, Agostos de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Por su parte, el artículo 1075, párrafos primero y segundo del Código de Comercio, dispone: "ARTÍCULO. 1,075. Todos los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificaciones y se contará en ellos el día de vencimiento. Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado, y las demás surten al día siguiente, de aquel en que se hubieren hecho por boletín, gaceta o periódico judicial, o fijado en los estrados de los tribunales, al igual que las que se practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la constancia de haberse entregado al interesado, y la de edictos al día siguiente de haberse hecho la última en el periódico oficial del Estado o del Distrito Federal. ...". De este precepto se obtiene, en lo interesante, que los términos empezarán a computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación, que en caso de ser personales lo es el día siguiente en que se practican. Ahora bien, el impetrante Nicolás Aguilar Medina reclama a través de su endosatario en procuración Fermín Alonso Flores al Juez Segundo de lo Mercantil de esta ciudad de Durango la determinación que emitió el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós en el juicio ejecutivo mercantil 273/2014. De las constancias que remitió el juzgador responsable como complemento de su informe justificado, a las que ya se concedió valor probatorio pleno, se aprecia que en esa determinación se declaró "...improcedente el recurso de revocación, interpuesto por el C. LICENCIADO FERMÍN ALONSO FLORES AYALA, en contra del auto de fecha veinticinco de enero de dos mil veintidós...", y de las documentales ofrecidas como pruebas por el propio promovente se advierte que se enteró de dicha determinación el uno de abril dos mil veintidós en que se le notificó por medio de cédula, lo que incluso reconoce en su demanda de amparo al señalar que "...me fue notificada el día PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO...". Por lo que a partir de esa data (uno de abril) quedó sujeto al término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que comprendía del cinco al veintiocho de abril de dos mil veintiuno, sin contar los días nueve, diez, dieciséis y diecisiete del propio mes y año, por ser inhábiles conforme a lo dispuesto en el numeral 19 de la propia ley reglamentaria y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ni los diversos trece, catorce y quince, toda vez que se declararon inhábiles en la Circular 5/2022, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el treinta de marzo de dos mil veintidós. Luego, si la demanda de garantías se presentó hasta el dos de mayo de dos mil veintidós en el buzón automatizado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, es evidente que el la determinación que se reclama debe reputarse como tácitamente consentida por no haberse intentado esta vía dentro del término legal Sin que pase desapercibido que en la jurisprudencia 1a./J. 5/2006, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. TRATÁNDOSE DE TERCERO EXTRAÑO A JUICIO DEBE DESCONTARSE DEL CÓMPUTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, EL PERIODO DE VACACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE (APLICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL 3a./J. 42 30/89)", en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que al tercero extraño al juicio debe descontarse del cómputo para presentar la demanda de amparo el periodo en que estuvo de vacaciones la autoridad responsable, pero en su ejecutoria se estableció lo siguiente: "QUINTO. Para resolver la problemática planteada, se estima que en primer lugar será conveniente determinar lo que se entiende por tercero extraño a juicio. Este Alto Tribunal ha definido a la persona extraña a juicio en las siguientes tesis: "Novena Época "Instancia: Pleno "Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "Tomo: VII, enero de 1998 "Tesis: P./J. 7/98 "Página: 56 "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." "Quinta Época "Instancia: Segunda Sala "Fuente: Semanario Judicial de la Federación "Tomo: LXXXIII "Página: 394 "TERCEROS, AMPARO PEDIDO POR LOS. De conformidad con lo dispuesto por la fracción IX del artículo 107 constitucional, cuando se trata de terceros, es procedente el amparo ante los Jueces de Distrito, contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, o que afecten a personas extrañas al juicio, sin que la propia disposición imponga restricción alguna para la promoción del amparo, tratándose de esas personas y en tal virtud, no existe fundamento, de acuerdo con el artículo 73 citado, para sobreseer en el juicio de garantías promovido por una persona extraña al procedimiento, aun cuando tenga a su alcance algún medio de defensa en la vía ordinaria, independientemente de que éste sea o no el juicio de tercerías." De lo anterior, se concluye que la persona extraña a juicio es aquella que no ha figurado en el proceso judicial o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber sido oída y vencida en juicio, quedando incluida en este concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Indudablemente, la persona extraña a juicio tiene derecho de acudir al juicio de amparo, con la finalidad de que se le restituya en el goce de la garantía de audiencia violada. Así lo confirma el artículo 107, fracciones III, inciso c) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: "... "III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: "... "c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio; "... "VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Por su parte, el artículo 114, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece claramente la procedencia del juicio de amparo indirecto que se tramite ante el Juez de Distrito: "Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "... "V. Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería." Ahora bien, las reglas para el cómputo del término para promover el juicio de amparo, se encuentran previstas en los artículos 21 y 23 de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos." "Artículo 23. Son días hábiles para la promoción, sustanciación y resolución de los juicios de amparo, todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 1o. y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre y 20 de noviembre. "Puede promoverse en cualquier día y a cualquiera hora del día o de la noche, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército o armada nacionales, y cualquiera hora del día o de la noche será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. "Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas de correos y telégrafos estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados ni para el gobierno, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como los mensajes y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, aun fuera de las horas del despacho y aun cuando existan disposiciones en contrario de las autoridades administrativas. La infracción de lo prevenido en este párrafo se castigará con la sanción que el Código Penal aplicable en materia federal señala para el delito de resistencia de particulares y desobediencia. "La presentación de demandas o promociones de término podrá hacerse el día en que éste concluya, fuera del horario de labores de los tribunales, ante el secretario, y en casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, los Jueces podrán habilitar los días y las horas inhábiles, para la admisión de la demanda y la tramitación de los incidentes de suspensión no comprendidos en el segundo párrafo del presente artículo." De la lectura de los artículos precedentes se obtienen las siguientes premisas: 1. La Ley de Amparo en su artículo 21 dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. 2. Ahora bien, según la doctrina, en condiciones ordinarias, ese "conocimiento" del acto reclamado al que alude el precepto 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, deberá ser directo, exacto y completo, esto es, debe abarcar: (I) la fecha de la decisión gubernativa, (II) la autoridad que la emitió, (III) los preceptos legales que la misma invocó para fundarla; y, (IV) las consideraciones jurídicas en que se apoyó. Si no se acredita que todos esos extremos eran conocidos por el inconforme, la doctrina sostiene que no puede correr aquel término. 3. Por otra parte, el artículo 23 de la Ley de Amparo dispone que son hábiles para la promoción de los juicios de amparo todos los días del año. En este aspecto, el Pleno de este Alto Tribunal ha considerado que para efectos del cómputo del término para la interposición de la demanda de amparo, sólo se deberán tomar como días inhábiles los que como tales señalan los artículos 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 23 de la Ley de Amparo. Este criterio se contiene en la siguiente tesis, cuyos datos de identificación y contenido se transcriben a continuación: "Novena Época "Instancia: Pleno "Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "Tomo: V, febrero de 1997 "Tesis: P. XXV/97 "Página: 122 "DÍAS INHÁBILES PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS EN JUICIO DE AMPARO. DADA LA CONFUSIÓN QUE PRODUCEN LOS ARTÍCULOS 160, 163 Y NOVENO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEBEN TOMARSE COMO DÍAS INHÁBILES LOS SEÑALADOS EN DICHO ARTÍCULO 163 Y TAMBIÉN LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE AMPARO.-Produce confusión la incongruencia existente entre los artículos noveno transitorio y 160 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del 27 de mayo de mil novecientos noventa y cinco, pues mientras el primero de esos preceptos dispone que a partir de su entrada en vigor, los días inhábiles a que se refiere el primer párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo serán los que señala el numeral 160, este precepto nada dispone acerca de los días hábiles o inhábiles; en cambio, el artículo 163 de la misma ley orgánica establece como días inhábiles los sábados y domingos, el primero de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, primero de mayo, dieciséis de septiembre y veinte de noviembre, en los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, '... salvo en los casos expresamente consignados en la ley', remisión que incrementa la duda, pues el artículo 23 de la Ley de Amparo señala como días hábiles para la promoción, sustanciación y resolución de los juicios de amparo todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, primero de enero, cinco de febrero, primero y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre y veinte de noviembre. Por tanto, dada esta situación confusa que induce a error, debe estarse a lo más favorable al promovente del amparo o de los recursos correspondientes y, en su caso, tomar como inhábiles los días que como tales señalan ambos artículos -163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 23 de la Ley de Amparo-, para efectos del cómputo a que este último precepto se refiere." Con base en el marco jurídico antes expuesto, es preciso analizar el caso específico del tercero extraño a juicio: 1. En efecto, la persona extraña a juicio puede válidamente promover el juicio de garantías, a partir de que advierta la afectación a su interés jurídico, de donde se infiere que el término del plazo impugnativo a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, se contará a partir de que tenga conocimiento de ese acto que le causa un agravio personal, actual y directo. 2. Ahora bien, es preciso cuestionarse lo siguiente: ¿qué tan "directo, exacto y completo" debe ser ese conocimiento del acto de autoridad que afecta las garantías individuales del tercero extraño a juicio? En primer lugar, es preciso puntualizar que el acto reclamado en un juicio de amparo que promueva un tercero extraño, será precisamente la omisión de haberlo llamado a juicio, en detrimento de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal. En el referido juicio de amparo se dilucidará, básicamente, si el quejoso tiene algún interés que lo legitime a ser oído y vencido en el procedimiento seguido ante la responsable, por lo que en ese tenor, es indispensable que para preparar su demanda de amparo debe conocer de manera directa, exacta y completa la información jurídica relacionada con el proceso judicial o procedimiento de origen que se siguió a sus espaldas. En este caso, el amplio conocimiento del proceso de origen y las consideraciones que lo sustentaron lo obtendrá de la consulta de las constancias que obren en poder de la autoridad responsable. Por las consideraciones expuestas, sí resulta trascendente que el tercero extraño cuente con las copias necesarias del procedimiento seguido ante la autoridad responsable, del cual no fue parte, por lo que en estos casos sí debe descontarse del cómputo el plazo para promover su correspondiente demanda de garantías, el periodo vacacional de las responsables. Ahora conviene hacer referencia al criterio emitido por la Tercera Sala de este Alto Tribunal, misma que citan los Tribunales Colegiados de Circuito y que para mayor claridad se transcribe de nueva cuenta: "Octava Época "Instancia: Tercera Sala "Fuente: Semanario Judicial de la Federación "Tomo: IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989 "Tesis: 3a./J. 42 30/89 "Página: 279 "AMPARO. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA NO DEBEN COMPUTARSE LOS DÍAS INHÁBILES POR VACACIONES DE LA AUTORIDAD.-De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I a V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto deberá promoverse directamente ante el Juez de Distrito y los quince días a que se refiere el artículo 21 de la invocada ley para la promoción de la demanda de garantías, son hábiles, naturales y completos. Por su parte el periodo vacacional del que semestralmente disfrutan los tribunales civiles, administrativos o del trabajo, es un lapso en que éstos se encuentran cerrados al público y las partes no tienen oportunidad de imponerse de los autos de los que emana el acto reclamado; en consecuencia, no pueden preparar el material para la elaboración de la demanda de garantías con los datos indispensables para tal efecto, por ello no son computables para el término de la interposición de la petición de amparo. Por tanto, la sentencia del Juez de Distrito que considera extemporánea la demanda de garantías computando entre los días hábiles naturales y completos, alguno de los vacacionales, resulta incorrecta y de conformidad con el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, debe levantarse el sobreseimiento decretado y entrar al estudio de los conceptos de violación relativos. "Contradicción de tesis 9/89. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de noviembre de 1989. Cinco votos. Ponente: Jorge Carpizo Mac Gregor. Secretario: José Juan Trejo Orduña." De la lectura de la mencionada jurisprudencia se desprende que esta última se refiere a una hipótesis especial, consistente en la interposición del juicio de amparo indirecto por aquellas personas que fueron "partes" en el juicio de origen, sin abordar de manera expresa el caso específico y las particularidades que rodean al tercero extraño a juicio. No obstante la redacción tan genérica de la jurisprudencia de mérito, esta Primera Sala estima que dicho criterio jurisprudencial sí resulta aplicable a la problemática planteada en la presente contradicción, no sólo porque se sustenta en las mismas consideraciones que las ya expresadas en esta ejecutoria, sino porque al pronunciarse sobre la problemática de descontar o no del plazo para la presentación de la demanda de amparo, los días de vacaciones de la responsable, tomó en consideración el caso del tercero extraño a juicio. En efecto, de la lectura de las ejecutorias que dieron lugar a la contradicción de tesis 9/89, de la cual derivó la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte citada con anterioridad, se advierte que uno de los dos tribunales contendientes, esto es, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, resolvió el amparo en revisión 104/86, en el cual se aborda el caso de una quejosa que fue parte en un embargo precautorio; en cambio, el otro tribunal contendiente, esto es, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, resolvió el amparo en revisión 1152/88, tomando en cuenta que se trataba de un quejoso que promovió su demanda de amparo como tercero extraño a juicio. Lo anterior se corrobora con la transcripción, en lo conducente, de la referida resolución 1152/88, localizable a foja 14 de la ejecutoria recaída a la citada contradicción de tesis 9/89: "Con mayor razón si se considera en forma esencial que la quejosa promovió su demanda de amparo como tercero extraña al juicio de donde emanan los actos reclamados y en consecuencia no le favorecen los días de vacaciones de la autoridad responsable, ya que para que así fuera se necesitaría que la quejosa fuera parte en el juicio referido." Por tal motivo, es válido sostener que la jurisprudencia de la anterior Tercera Sala resulta ampliamente aplicable al caso en estudio, es decir, que tratándose de terceros extraños a juicio, se deben excluir para efectos del cómputo del término a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, los días en que está de vacaciones la autoridad responsable. Además, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que si se le diera un tratamiento diverso al tercero extraño a juicio de aquel que no lo es, se atentaría contra el principio de igualdad procesal entre las partes, pues cualquier quejoso, por el solo hecho de serlo, merece ser sujeto de las mismas disposiciones procesales, trátese o no de tercero extraño a juicio. En mérito de lo anteriormente expuesto, deberá prevalecer el criterio que sustenta esta Primera Sala: Del artículo 21 de la Ley de Amparo se advierte que el término para promover la demanda en el juicio de garantías se computará, entre otros supuestos, a partir de que el quejoso tenga conocimiento del acto reclamado. Ahora bien, si se atiende a que por disposición expresa de la ley los terceros extraños a juicio tienen derecho de acudir al juicio de garantías a partir de que adviertan la afectación a su interés jurídico, es decir, cuando se percaten de que en un proceso judicial o procedimiento seguido en forma de juicio no han sido escuchados previamente, resulta indudable que, a fin de preparar su demanda, deben conocer directa, exacta y completamente las consideraciones y fundamentos legales sustentados por la autoridad responsable, de lo que se sigue que tratándose de tercero extraño a juicio sí debe descontarse del cómputo del término para presentar su demanda de amparo el periodo de vacaciones de la autoridad responsable, pues si a aquél se le diera un tratamiento diverso, se atentaría contra el principio de igualdad procesal entre las partes, ya que cualquier quejoso, por el solo hecho de serlo, debe estar sujeto a las mismas disposiciones procesales. En tal virtud, resulta aplicable al caso la tesis jurisprudencial de la anterior Tercera Sala, identificable bajo el rubro: "AMPARO. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA NO DEBEN COMPUTARSE LOS DÍAS INHÁBILES POR VACACIONES DE LA AUTORIDAD.", que aparece publicada con el número 3a./J. 42 30/89 en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 279; máxime, que uno de los criterios en contradicción de los cuales derivó la citada jurisprudencia emanó de un amparo seguido por un tercero extraño a juicio". Estas consideraciones ponen en conocimiento que si bien es cierto que para el cómputo de la interposición del juicio biinstancial se deben descontar los días en que la autoridad responsable disfrutó de su periodo vacacional, lo interesante es que esos supuestos se refieren a quienes tengan el carácter de tercero extraño al juicio (ajenos a la contienda), y que además no hayan tenido oportunidad de conocer la totalidad de las constancias emitidas por la responsable. Lo que definitivamente no acontece en este juicio de amparo puesto que la parte que lo promovió es Nicolás Aguilar Medina, a través de su endosatario en procuración Fermín Alonso Flores, quien figura como parte actora en el juicio ejecutivo mercantil 273/2014, del Juzgado Segundo de lo Mercantil de esta ciudad de Durango, lo que definitivamente se aparta del criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sin que tampoco sea aplicable la jurisprudencia P./J. 5/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "DÍAS INHÁBILES. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN EXCLUIRSE TANTO LOS QUE CONTEMPLA LA LEY DE AMPARO AUNQUE HAYAN SIDO LABORABLES PARA LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, COMO LOS CONTEMPLADOS COMO HÁBILES POR LA PROPIA LEGISLACIÓN CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SUSPENDIERON SUS LABORES", puesto que ahí se estableció que ese supuesto acontece únicamente cuando ".hubiesen suspendido las labores el juzgado o tribunal en el que deba hacerse la promoción.", lo que implica que la presentación de la demanda se realiza directamente ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa de Durango, y no en el lugar en que se ubica la responsable. De manera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, relacionado con el 17 y 18, ibídem, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías con apoyo en el numeral 63, fracción V, ibídem. Sin que importe para resolver en este sentido el hecho de haberse admitido a trámite la demanda de garantías, pues en esa actuación sólo se establece el cumplimiento de ciertos requisitos, conforme a la tesis VI.2o.T.5 K, consultable en la página 1247, del Tomo XV, Abril de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE LA ADMITE, SIN QUE EL JUEZ DE DISTRITO SE PERCATE O SEÑALE LA EXTEMPORANEIDAD DE LA MISMA, NO CAUSA AGRAVIO. Cuando del auto admisorio se desprende que el Juez de Distrito no se pronunció en relación con la presentación extemporánea de la demanda de garantías, tal proceder no agravia al inconforme ni soslaya la obligación legal del estudio preferente de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, toda vez que en el auto admisorio se deja establecido el haber dado cumplimiento a determinados requisitos de forma, dándose oportunidad a las partes de aportar las pruebas y formular alegatos convenientes a su favor; de tal manera que los medios de convicción aportados al juicio y las constancias remitidas por la responsable, pueden corroborar la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha o proporcionar al Juez otro dato cierto sobre tal circunstancia, que conlleve a la convicción de la demostración plena en autos, de la causa notoria e indudable de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo que evidentemente dará pauta al juzgador para sobreseer en la audiencia constitucional". Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE:ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por a través de su endosatario en procuración Fermín Alonso Flores, contra el acto que reclamó de la autoridad que señaló como responsable. Notifíquese
- Principal
Durango, Durango, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Con vista a las partes, para que surta sus efectos legales y con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado y anexo con que se da cuenta.
- Principal
Se admite la demanda en sus términos. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de control número uno. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio.
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