Niceforo Santiago Francisco

Expediente 439/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
439/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
29/04/2022

Partes del expediente

  • Niceforo Santiago Francisco

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha concluido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, en contra del auto dictado el diecinueve de abril del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha determinación. Por otro lado, las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo depositada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en este municipio, promovida por*****, contra actos del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 439/2022. Expediente Electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Análisis de la demanda y desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De los citados artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, con registro digital 221353, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Delegado y Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca, a quienes les reclama lo siguiente: ".En el ámbito de sus facultades les reclamo la omisión del registro correcto de mis ****** o ********, con número de C.U.R.P. *********, con Registro Federal de Contribuyentes *******o *********, obligación establecida en los artículos 15 fracción I, y último párrafo de la Ley del Seguro Social, 1, 3, 4 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de noviembre de 2002." Ahora, es pertinente precisar que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, manifiesta que: ".3. Resulta que el 08 de abril de 2022 acudí ante las autoridades responsable a efecto de que me expidieran una constancia de semanas cotizadas en el IMSS con los diversos números de seguridad social que he mencionado que pertenecen a mi nombre; sin embargo, me dijeron que no tenían registrado esos números de seguridad social, solo el número 8494590590 3. Además, me indicaron que debía realizar la unificación de cuentas o números de seguridad social antes mencionados, requiriéndome por lo menos un original del aviso de inscripción del trabajador de cada número de seguridad social, lo que es ilegal ya que no estoy obligado a tener y conservar dicha documentación." De lo anterior se deduce que el quejoso efectuó una solicitud verbal para la expedición de su constancia de semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en el acto, de manera verbal, le señalaron qué trámite debía realizar y los requisitos que debía satisfacer para ello. Siendo que con motivo de ello, la parte quejosa reclama la omisión en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley del Seguro Social y en el Reglamento de esa ley, al no registrar sus semanas de cotización con los números de seguridad que indicó en su demanda de amparo. Lo anterior evidencia la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 1. El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.).". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.).". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (....) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Numerales de los cuales, se observa que la acción de amparo únicamente es procedente contra actos de autoridad; por lo cual, interpretando en sentido contrario la regla contenida en el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, se puede establecer que cuando el acto reclamado no le es atribuible a una autoridad, el juicio de amparo resulta improcedente. En ese sentido se tiene que autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 1o., último párrafo, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación, lo que deberá valorarse por el tribunal de amparo. De acuerdo a lo anterior, partiendo de que el acto reclamado se hizo consistir en la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente asegurador, de registrar las semanas cotizadas del quejoso, con base en sus cuatro números de seguridad social, se considera que al Delegado y Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, no les reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque la relación que tienen con la parte quejosa se encuentra en un mismo plano esto es, de coordinación y no de supra a subordinación. Es así, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social, es parte integrante de la administración pública paraestatal, al ser un organismo descentralizado, en términos del artículo 5 de la Ley del Seguro Social, el cual prevé: "Artículo 5. La organización y administración del Seguro Social, en los términos consignados en esta Ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo.". Numeral del cual se advierte que el Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene reconocido un doble carácter: 1. Como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación. 2. Como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y patrón, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero, al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. En relación a esta última hipótesis, el Instituto Mexicano del Seguro Social, no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados, como serían las prestaciones de seguridad social, por tanto, esos actos no son actos de autoridad para efectos del amparo, ya que en esos casos no existe una relación de supra a subordinación, sino de coordinación. De ahí que, si lo que reclama es la omisión del registro correcto de las semanas de cotización, con motivo de la respuesta a la solicitud verbal realizada por el quejoso para la expedición de una constancia de sus semanas de cotización, con los cuatro números de seguridad social que detalló, es evidente que no se trata de actos de autoridad para efectos del amparo. Así es, pues se refiere a un aspecto en una relación en la cual el citado instituto carece de imperio, ya que actúa como ente asegurador, respecto de una prestación de seguridad social, de la cual, el legislador consideró que las controversias que se susciten entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus asegurados o los beneficiarios de éstos corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República y el diverso numeral 295 de la Ley del Seguro Social. Criterio que además se desprende de la contradicción de tesis 341/2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, junio de 2016, Tomo II, página 898, Materias Común, Décima Época, registro digital 2011948, que establece: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." (El énfasis no es de origen). Conforme a todo lo cual, a nada práctico conduciría admitir la demanda de amparo y substanciar el procedimiento si aun con las pruebas o constancias que pudieran allegarse no cambiaría el sentido de la resolución. Sin que sea obstáculo para concluir lo anterior, la manifestación del quejoso en el apartado de conceptos de violación de su demanda de amparo, en el que destacó que no está reclamando el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie a que se refiere el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, en relación con el artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo. Toda vez que dentro de las reglas establecidas por el legislador, se destaca que en el artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo, se estableció cuál es la finalidad de ese tipo de procedimiento especial, al precisar que los conflictos individuales de seguridad social: ".son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones (.) ... en dinero... ... o en especie..." Por lo que, sobre esa base, es posible afirmar que en el procedimiento especial relativo a los conflictos individuales de seguridad social, es factible reclamar el reconocimiento, e incluso la expedición de la constancia relativa, de semanas cotizadas en el régimen obligatorio establecido en el Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, tal pretensión necesariamente deberá perseguir, en términos de lo dispuesto en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie; petición que deberá vincularse con alguna otra pretensión que concrete algún derecho o beneficio de seguridad social, pues, pensar de otra manera significaría, por una parte, la posibilidad de emitir una resolución meramente declarativa, por derivar de una pretensión carente de un propósito real y efectivo; y, por otra parte, porque de esa manera se soslayaría que entre las razones que motivaron al creador de la norma destacó la carga de trabajo que representan esos asuntos -60.4%-, para la Junta Federal. Esto último fue sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 149/2017, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2018 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo II, página 1371, con registro digital 2016319, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL RECONOCIMIENTO DE SEMANAS COTIZADAS EN ÉSTE NO PUEDE DEMANDARSE EN FORMA AISLADA, SINO EN TODO CASO DEBE VINCULARSE CON OTRA PRETENSIÓN QUE CONCRETE ALGÚN DERECHO O BENEFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL". En esas condiciones, al quedar actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda origen de este juicio, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Es aplicable, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX del Septiembre de 2004, página 1631, Materia(s): Común, con registro digital 180663, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de lasfracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis aislada 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 324, Materia(s): Común, con registro digital 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Domicilio, autorizados y acceso expediente electrónico. Por otra parte, téngasele por autorizado en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Otilio Bautista López, en tanto que las diversas personas que menciona se les autoriza únicamanete para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así haberlo solicitado expresamente. Ahora, por lo que hace a su petición de que se autorice el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo al usuario "BAULOPDAG", dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Con fundamento en los artículos 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se autoriza el acceso a este expediente electrónico con el referido usuario, a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. Asimismo, en términos de los artículos 26, fracción IV, 30 fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, y del capítulo Sexto "De las notificaciones" del Acuerdo General mencionado, se autoriza se realicen las notificaciones personales de forma electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por así haberlo solicitado la parte quejosa. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A", para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en párrafos precedentes. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, aun cuando la parte quejosa no lo solicitó expresamente, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Cabe precisar, que en caso de solicitar copiar solo una parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará en cualquier hora dentro del horario de atención al público. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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