Nicasio Flores Solis

Expediente 41/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
41/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
05/04/2022

Partes del expediente

  • Nicasio Flores Solis
  • Director de Seseguridad Pública, Transito Y Vialidad Y Protección Civil

Actuaciones

  1. Principal

    A las nueve horas del seis de abril de dos mil veintidós, y por no haberse presentado a oír notificación personal, se tiene por hecha al quejoso CELMIRA TRINIDAD PAREDES VALENZUELA, la notificación a través de lista de la determinación de uno de abril del año en curso, de conformidad con los artículos 27, inciso c) y 29 de la nueva Ley de Amparo.

  2. Principal

    YA QUE EL QUEJOSO NO DIO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL ACTUARIO EN AVISO, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE AUTO POR LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO....

  3. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veintisiete de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso Nicasio Flores Solís, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado por este este órgano jurisdiccional en proveído de diecisiete de enero de dos mil veintidós, refiere lo siguiente: A) Que el acto reclamado reclamado consiste en la omisión a la solicitud de fecha 05 de enero del año en curso, presentada ante el Consejo Técnico de Carrera Policial y de Honor y justicia del Ayuntamiento de Xalisco, Nayarit. En el cual se requiere se emita la resolución correspondiente al procedimiento disciplinario 02/2021 instaurado en mi contra. La cual tiene el carácter de autoridad ejecutora" B Del Director de Seguridad Pública, Tránsito Vialidad y Protección Civil del Ayuntamiento de Xalisco, Nayarit; reclamo y cabe señalar que mediante escrito fue quien solicitó ante el Consejo Técnico de Carrera Policial y de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Xalisco, Nayarit; se diera inicio al procedimiento identificado 02/2021 instaurado en mi contra para efectos de que fuera suspendido. Lo cual tiene el carácter de autoridad ordenadora. Cabe precisar que por error involuntario se presentaron como autoridades responsables el Síndico y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Xalisco Nayarit. (.)" Por lo anterior, se le tiene a la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención efectuada mediante acuerdo citado. Vista la demanda de amparo promovida por Nicasio Flores Solís, por propio derecho, contra actos de la Consejo Técnico de Carrera Policial y de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Xalisco, Nayarit y otra autoridad. Aspectos Generales Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete. Juicio en línea Se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", en términos de lo establecido en el artículo 3o., de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto por esta vía reclamado se hace consistir en: La omisión a la solicitud de cinco de enero del año en curso, presentada ante el Consejo Técnico de Carrera Policial y de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Xalisco, Nayarit. en el cual se requiere emita la resolución correspondiente al procedimiento disciplinario 02/2021. Tal acto se lo atribuye a la autoridad responsable: Consejo Técnico de Carrera Policial y de Honor y Justicia, en Xalisco, Nayarit. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XXIII y 107 fracción V de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, en relación al diverso 8o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así las cosas, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indica lo que debe entenderse por "motivo manifiesto e indudable", a través de la tesis jurisprudencial de registro digital 188643, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de dos mil uno, Materia Constitucional, página 803, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso Nicasio Flores Solís, señala como acto reclamado la omisión a la solicitud de cinco de enero del año en curso, presentada ante el Consejo Técnico de Carrera Policial y de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Xalisco, Nayarit. Ahora, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el ordinal 8o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Conviene precisar que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la propia legislación, solo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Carta Magna y de la propia ley de la materia. En esa línea de pensamiento, tenemos que, el derecho de petición consignado en el artículo 8o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito y congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en "breve término". De esta forma, el derecho de petición es la potestad que tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente; por tanto, el titular del derecho subjetivo público individual de petición consagrado en el artículo 8o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el gobernado en general, es decir, todo individuo que habite en territorio nacional, aunque está limitado en materia política a los ciudadanos de la República. La petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada, además de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta; por su parte, la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, misma que tiene que ser congruente con lo solicitado, ello sin perjuicio de que la respuesta sea contraria a sus intereses, pues el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formula, a proveer necesariamente de conformidad lo solicitado, sino que está en libertad de resolver acorde con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; asimismo, dicha resolución debe notificarse en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 79, sustentada por la Segunda Sala de la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de la Quinta Época, con registro electrónico 911012, de título, subtítulo y texto siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8° constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario." Así como, la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Novena Época, Registro electrónico 162603, de contenido siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa". Ahora, si bien es cierto que el artículo 8o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no precisa el número de días en que debe darse contestación a todo ocursante o peticionario, la expresión usada por el constituyente "en breve término" debe entenderse como el plazo que racionalmente se requiera para estudiar la petición, acordarla y notificarla. Por lo que, resulta improcedente la demanda de amparo pues se estima que no ha transcurrido un plazo razonable para efectos de emitir la respuesta respectiva, considerando la fecha de la presentación del escrito de la petición y la promoción del amparo. Resulta conveniente destacar que el artículo 8o., constitucional, en el cual se reconoce el derecho fundamental de petición, no establece un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados. En su segundo párrafo se limita a señalar que, el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un "breve término", sin que se haya establecido un referente temporal definido. Ante tal indefinición, los Tribunales de la Federación han emitido diversos criterios en los que han sostenido que el plazo con que cuentan las autoridades para emitir una respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados es aquel en que racionalmente pueden estudiarse y acordarse, atendiendo a las particularidades del caso concreto y a la naturaleza de la petición. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro electrónico 268307, correspondiente a la Sexta Época, de título, subtítulo y texto siguiente: "PETICION, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse.". De conformidad con lo anterior, se estima que el hecho de que en el ámbito jurídico se haya aceptado con cierta uniformidad que el "breve término" a que se refiere el artículo 8o., constitucional no debe exceder de cuatro meses, no constituye una habilitación irrestricta para que en cualquier caso las autoridades puedan extender la falta de respuesta a las peticiones dirigidas por los gobernados hasta la conclusión de dicho plazo. En cambio, la regularidad constitucional del silencio de las autoridades se encontrará determinada por la razonabilidad de las condiciones que, en su caso, hayan originado la dilación en la respuesta de la solicitud, para lo cual resulta útil atender al concepto de "plazo razonable". Se afirma lo anterior, pues la situación que regula el artículo 8o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en un breve término, guarda una relación de similaridad con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que deben atenderse las circunstancias específicas de cada caso. Además, la interpretación del contenido de los derechos humanos debe ir a la par de la evolución de los tiempos y las condiciones actuales de vida, por lo que sus alcances no se limitan al texto expreso de la norma en que se reconozcan aquéllos, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que hagan los tribunales de constitucionalidad nacionales, como intérpretes últimos de sus normas fundamentales, así como con la interpretación que hagan los organismos internacionales, intérpretes autorizados en relación con tratados específicos, en una relación dialéctica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, registro electrónico 2009511, Décima Época, de título, subtítulo y texto siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR SU ALCANCE Y CONTENIDO, PUEDE ATENDERSE AL CONCEPTO DE "PLAZO RAZONABLE" DESARROLLADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. En la tesis 1a. CDV/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 714, de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio consistente en que el contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso de las normas que los reconocen, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que al respecto realicen tanto los tribunales de constitucionalidad nacionales, como los organismos internacionales autorizados en la materia. Así, en nuestro sistema jurídico, el derecho fundamental de petición se reconoce en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto no dispone un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados, pues su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en "breve término", sin que establezca un referente temporal concreto. Ante esa indefinición, en aplicación del principio de progresividad previsto en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal, válidamente puede atenderse al concepto de "plazo razonable" desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de determinar el alcance y contenido del derecho mencionado.". Entonces, por los razonamientos vertidos, como se adelantó, de una interpretación progresiva, el silencio de la autoridad se encontrará determinado por la razonabilidad de las condiciones que, en su caso, hayan originado la dilación en la respuesta de la solicitud, para lo cual resulta útil atender al concepto de "plazo razonable". Precisado lo anterior, si la parte quejosa presentó su petición ante la autoridad responsable el cinco de enero de dos mil veintidós, en tanto que la demanda de amparo fue recibida el trece de los actuales, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Nayarit, es evidente que no ha transcurrido un término razonable a efecto de que las autoridades den contestación a su escrito de petición, pues únicamente habían acontecido ocho días naturales desde que el impetrante elevó su petición a la responsable; por tanto, se considera que el breve término a que alude el artículo 8o., constitucional, aun no transcurre, ello en razón de que para establecer la omisión a dicho derecho humano, deben tomarse en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que la autoridad haya llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" antes descrito. Se cita al caso y se comparte el contenido de la tesis I.1°.A.E.64 A, emitida por los Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y Jurisdicción en toda la República, con número de registro electrónico 2009510, correspondiente a la Décima Época, de título, subtítulo y texto siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LOS PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES AL "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, consistentemente, que la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, en términos de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está determinada por: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una decisión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate. Por su parte, la situación que regula el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en "breve término", guarda similitud con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial. Consecuentemente, las condiciones que determinan la razonabilidad indicada le son aplicables, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable descrito.". De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XXIII en el artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 8o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ambos interpretados en sentido contrario; por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo, promovida por Nicasio Flores Solís. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa a través del correo electrónico Juridicoestrategialegal@gmail.com. Así lo proveyó y firma

  4. Principal

    En diecisiete de enero de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez con el estado procesal que guarda el presente juicio. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que, mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se requirió a la DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos que haya realizado para ese efecto; sin que a la fecha se tenga información al respecto. En virtud de lo anterior, se requiere a la citada autoridad responsable para que en el término de veinticuatro horas, informe sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos que haya realizado para ese efecto. Es importante destacar que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la responsable, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo (artículo 193 de la Ley de Amparo). Apercibimientos A la autoridad responsable, en caso de incumplimiento: ? Se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil Juicio de amparo indirecto 177/2021-II-C Mesa cumplimiento Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.e1.d4 05/11/23 08:28:11 ??????????????? dieciséis, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. ? Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de Circuito para continuar con el trámite para lograr el eficaz cumplimiento de la sentencia de amparo. Lo anterior, bajo la precisión de que dicho trámite puede concluir con la separación de su puesto y su posterior consignación. (artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo). Debe mencionarse que conforme a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año dos mil veintiuno, la unidad de Medida y Actualización equivale a ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos 62/100 moneda nacional ($89.62); por lo que de la operación aritmética respectiva se determina que el monto de la multa con la que se le apercibe asciende a la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y uno pesos 00/100 moneda nacional), el cual resulta de multiplicar el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) por cincuenta veces, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Roberto Díaz Villarreal, Secretario que autoriza y da fe.

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