Nibleth Amairany Alvarado Molina
Expediente 627/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Nibleth Amairany Alvarado Molina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Atento a los presentes autos y certificación levantada el día de hoy, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme el artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos sus efectos legales; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. En consecuencia, previas las anotaciones de estilo en el libro de gobierno, en su oportunidad, envíese este expediente al archivo.
- Principal
PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Nibleth Amairany Alvarado Molina, por conducto de su Defensor Público Roberto Cruz Escobedo, contra los actos y por las autoridades precisadas en el considerando tercero y por las razones expuestas en el diverso cuarto, de esta sentencia. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de esta ejecutoria, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la substitución de datos correspondiente para la generación automática de la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
- Principal
Se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa, la sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil veinte.
- Principal
Vista la razón secretarial de cuenta, de la que se desprende que a las once horas con treinta minutos del tres de diciembre de dos mil veinte, se celebró la audiencia constitucional dentro del juicio de amparo número 627/2020; por tanto, fórmese expedientillo y agréguense los oficios signados por el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial Dentro de la Primera Región de Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual con fundamento en el artículo 2, fracción I, y 4 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y Acuerdo General 32/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura de esta misma entidad federal, rinden vía electrónica informe respecto a la situación jurídica de la parte quejosa. En tales circunstancias, si bien no existe un convenio para otorgar validez a la promoción presentada con firma electrónica por parte del titular del órgano jurisdiccional de esta entidad federativa; sin embargo, la evidencia criptográfica impresa en el informe de cuenta, evidencia que la firma electrónica del Juez oficiante señalado como responsables, se encuentra vigente, por lo que se colige que cumplen con las disposiciones legales invocadas para tal efecto, esto es, autentificar la firma electrónica de dicha autoridad; de no considerarlo así, se postergaría el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita, en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal. Apoya lo anterior por identidad de razón, la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 19/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Página 623, Materia Común, Décima Época, Registro 2016520, que dice: "FIRMA ELECTRÓNICA. ES VÁLIDA LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO QUE LA CONTIENE, PRESENTADA MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, AUN CUANDO NO EXISTA CONVENIO DE COORDINACIÓN CON EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En atención a los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3o. de la Ley de Amparo, al Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, al Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se prevé la posibilidad de que a través de las tecnologías de la información se presente demanda de amparo directo utilizando la firma electrónica, para lo cual, se celebrará el convenio de coordinación con la unidad correspondiente del Poder Judicial de la Federación para el reconocimiento de los certificados digitales homologados emitidos por otros órganos del Estado. Ahora, la omisión de celebrar ese convenio no impide otorgar validez a la demanda de amparo directo presentada con firma electrónica, porque la autentificación de la autoridad es suficiente para garantizar la seguridad electrónica a los justiciables y otorgarles interconexión confiable, pues en la certificación constará que la firma está inscrita o registrada y vigente ante ella, y que cumple con las disposiciones legales; de ahí que al estimar lo contrario, se limite indebidamente el derecho de acceso a la justicia." En consecuencia, se tienen por recibidos los oficios de cuenta, mediante los cuales informa que se dictó fallo absolutorio en contra de la aquí quejosa Nibleth Amairany Alvarado Molina, ordenandos el levantamiento de la medida cautelar y en consecuencia la inmediata libertad de la referida quejosa, dentro de la carpeta procesal CP/105/2018; por tanto, tómese en consideración, toda vez que, es necesario para dictar una resolución apegada a derecho en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 25/2012 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el veintidós de febrero de dos mil doce, pendiente de publicarse, cuyo rubro y texto señalan: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia."
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