Nguyen Le Truc Dao

Expediente 178/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 13 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
178/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
31/07/2023

Partes del expediente

  • Nguyen Le Truc Dao
  • Titular de la Oficina de Representacion del Instituto Nacional de Migracion En Mexicali Baja California
  • To Thi Kieu Oanh

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de trece de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Christian Benjamín Hirales Gómez, en representación de To Thi Kieu Oanh, por su propio derecho; por tanto, se declara que el referido auto QUEDA FIRME, causando estado con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 97 del mismo ordenamiento legal. Orden de archivo En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno; y, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se tiene que de las constancias agregadas en auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, consistentes en el exhorto ******************** del índice de este órgano, se advierte que el seis de febrero de dos mil veintitrés ******************** ratificó la demanda de amparo promovida en su favor. II. Decisión sobre la instancia constitucional 1. Desechamiento Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que esta instancia es notoriamente improcedente, lo que da lugar a que se deba desechar como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las hipótesis de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 (9a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, con registro digital 193379, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio invocado, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En el presente juicio, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ello, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 9/98 (9a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De esta manera, si en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, en proveído de cinco de febrero de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo presentada por ********************, en representación de 1) ********************; y, 2) ********************; destacando como actos reclamados 1) privación de la libertad; 2) detención; 3) incomunicación; 4) alojamiento en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración; y, 5) fijación de medida económica, sobre los cuales se decretó la suspensión de plano. Asimismo, se comisionó al Actuario de la adscripción, a fin de que se constituyera en las instalaciones de las autoridades responsables, a efecto de que procediera a la búsqueda y localización de la parte quejosa, y de ser ubicada, la requiriera para que en el acto de la notificación, o dentro del término de tres días hábiles siguientes, se realizara la manifestación si ratifica o no la demanda de amparo presentada en su favor, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no presentada, quedando sin efecto las providencias dictadas, según lo ordena el artículo 15 de la Ley de Amparo, sin que hubieran sido localizado en esta ciudad. Por auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por agregado el exhorto parcialmente diligenciado por el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, del que se advirtió que al constituirse el Actuario de su adscripción en las instalaciones correspondientes, el seis de febrero de dos mil veintitrés, sí se encontraba en tales instalaciones el quejoso ********************, mismo que ratificó la demanda interpuesta a su favor; por lo que se requirió a la autoridad migratoria de aquella ciudad, a fin de que informara si éste fue liberado y el motivo de dicha liberación, así como para que remitiera copia certificada del expediente administrativo migratorio de éste. Así, de las constancias agregadas en auto de diez de julio de dos mil veintitrés, a las que se les concede valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, según lo prevén los artículos 93, fracción II, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se advierte que en siete de febrero de dos mil veintitrés, le fue otorgada la libertad a ******************** mediante la emisión del documento provisional para efecto de que prosiguiera con la regularización de su situación migratoria en libertad; razón por la cual en esa propia fecha egresó de la estación en la que se encontraba en calidad de alojado. En tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados, en virtud de que como se estableció, la esencia de lo que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo fue subsanada con la expedición del documento provisional referido. Es orientadora para lo anterior al caso concreto la tesis de rubro "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Asimismo, resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Por tanto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es desechar de plano la demanda de amparo de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que no se interpuso recurso de queja en contra del auto veintitrés de junio de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ********************; por tanto, se declara que queda firme, causando estado con fundamento en la fracción II del artículo 977 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y se reserva la remisión de los autos al archivo definitivo, en tanto se obtengan las constancias requeridas respecto del diverso quejoso ********************. Requerimiento a autoridad En distinto orden, vista la certificación de cuenta, se advierte que al realizar una revisión en el sitio web https://www.estafeta.com/herramientas/rastreo.aspx, el oficio 14448/2023-III fue notificado al Titular del Instituto Nacional de Migración en Baja California el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, por lo que ha transcurrido el término otorgado para dar cumplimiento a lo requerido. Atento a lo anterior, requiérase al Titular del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en Tijuana, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de su legal notificación, remita copia certificada del procedimiento administrativo migratorio instaurado al quejoso ********************, así como que informe si fue liberado y el motivo de dicha liberación. Apercibimiento Apercibida que de ser omisa a lo aquí solicitado en el término que para tal efecto se le concede, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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