Neydi Román Flores
Expediente 842/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 842/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Neydi Román Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 842/2017-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia terminada de engrosar el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/3595/2017 de fecha once de julio de dos mil diecisiete, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, nueve de agosto de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial que antecede, suscrita por el Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, en la que manifiesta su imposibilidad de notificar a la parte quejosa, la sentencia de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, por las razones que en ella expone, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a dicha parte la sentencia de referencia, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado y los subsecuentes autos, aún los de carácter personal, para todos los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe...SENTENCIA QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: ...PRIMERO. SE SOBRESEE...
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Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 842/2017-IV-B, promovido por Neydi Román Flores, por derecho propio, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, turnada y recibida ese día, Neydi Román Flores, por derecho propio, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de uno de junio actual; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguida la secuela procesal, por acuerdo de treinta de junio se fijaron las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del once de julio del año en curso, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, este es el acto reclamado del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: La omisión de dictar laudo en el juicio 01/710/16. TERCERO. Certeza del(los) acto(s) reclamado(s). Es cierto el acto reclamado. Así lo manifestó el presidente del Tribunal al rendir el informe justificado (fojas 19 y 20). CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. El juicio de amparo es improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, del propio ordenamiento. Tales artículos dicen en lo conducente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Debe decirse que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que permite que la improcedencia del juicio de amparo derive de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, diversa de las fracciones I a XXII de esta última, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio, tengan la posibilidad de enlazar armónicamente los preceptos de la Constitución y de la Ley de Amparo, para obtener una variedad de causas de improcedencia que eviten el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa restricción a la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, redunda en la verificación de presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Al respecto, resulta aplicable esta tesis: Tesis: 2a. XCI/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009938 1 de 1 Segunda Sala Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I Pag. 690 Tesis Aislada(Constitucional, Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Ahora, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden de ideas, en la jurisprudencia P./J.1/2016 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explica qué debe entenderse por "irreparabilidad", para efecto de determinar si un acto dentro del juicio, reclamado en amparo indirecto, causa una afectación de esa naturaleza. Así, para que un acto sea susceptible de calificarse como irreparable, necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no que sólo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Otra peculiaridad, es que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Entonces, un acto será de imposible reparación, cuando converjan estas características: Primera. Que afecte materialmente derechos. Esto se traduce en que el acto impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Segunda. Que los derechos afectados materialmente por el acto, sean derechos sustantivos, cuya naturaleza es antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, que surgen con motivo de un juicio y no con independencia de que éste exista o no, cuya afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva y permiten determinar si el acto afectó o no al quejoso. La jurisprudencia P./J.1/2016 (10a.), dice a la letra: Tesis: P./J. 1/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011428 1 de 1 Pleno Libro 29, Abril de 2016, Tomo I Pag. 15 Jurisprudencia(Común) CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Las características que un acto debe reunir para poder calificarse como de imposible reparación, consistentes en que debe causar una afectación material y ésta ha de recaer sobre derechos sustantivos, fueron consideradas por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, cuya materia fue determinar si la violación al derecho de petición o prosecución jurisdiccional, reclamada por una de las partes dentro de un procedimiento laboral, actualizaba una causal de improcedencia notoria y manifiesta, suficiente para sustentar el desechamiento de la demanda de amparo. La resolución de la contradicción de tesis 325/2015, originó la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.): Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011580 1 de 1 Segunda Sala Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Pag. 1086 Jurisprudencia(Constitucional, Común) AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. En dicho criterio jurisprudencial, la Segunda Sala determinó que por regla general, el amparo indirecto es notoriamente improcedente contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, por tratarse de violaciones intraprocesales inocuas de derechos sustantivos. La excepción a esa regla y, por ende, la irreparabilidad de la omisión o dilación reclamada, tendrá lugar cuando ésta implique una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; porque en estos supuestos sí impedirá el ejercicio del derecho a la administración de justicia de forma actual, provocando así, una afectación material a ese derecho. La quejosa reclama la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de dictar laudo en el juicio 01/710/16. El presidente del Tribunal aportó como prueba, copia certificada de la actuación de once de mayo de dos mil diecisiete, relativa al juicio 01/710/16 (fojas 22 y 23); la que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Conforme a la documental señalada en el párrafo que antecede, el once de mayo de dos mil diecisiete, el Tribunal declaró cerrada la instrucción y turnó el juicio 01/710/16, a proyecto de resolución en forma de laudo (foja 22). El cierre de instrucción no está previsto como un acto procesal en el juicio burocrático; sin embargo, no se examina la legalidad o ilegalidad de su decreto por la autoridad responsable, porque no forma parte de la litis; antes, para efectos de esta sentencia, únicamente interesa que el once de mayo de dos mil diecisiete, la autoridad turnó el juicio para dictado de laudo. La exclusión de estudio del cierre de instrucción, no constituye inobservancia a la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consignada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se fundamenta en la jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), por la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el órgano de amparo no puede ocuparse de examinar un acto distinto del señalado como reclamado, pues de hacerlo, modificaría la litis constitucional y afectaría los principios que rigen el juicio de amparo, entre éstos, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos, como son los afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. La jurisprudencia P./J.5/2016 (10ª.), es del tenor literal siguiente: Tesis: P./J. 5/2016 (10ª.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2012228 1 de 1 Pleno Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I Pag. 11 Jurisprudencia(Constitucional, Común) DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos. El acto reclamado emana de un juicio burocrático seguido ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por lo que es necesario precisar cuáles son sus fases; las que se desprenden del artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que lo rige en primer lugar y a la letra dice: "Artículo 115.- El procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores." Conforme al precepto transcrito, por regla general, el procedimiento laboral se limita a una única audiencia, que a su vez, tiene estas etapas: 1) De conciliación; 2) De contestación a la demanda; 3) De admisión [o desechamiento] de pruebas; 4) De desahogo de pruebas; 5) De formulación de alegatos; y 6) De dictado de laudo. Se dice por "regla general" en virtud que el propio artículo 115 prevé como caso de excepción, la necesidad de "diligencias posteriores". De acuerdo con el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, agotada la etapa de conciliación sin resultado favorable, se desahogarán las etapas de contestación a la demanda, admisión [o desechamiento] de pruebas, desahogo de pruebas, formulación de alegatos y, entonces, el Tribunal procederá a dictar laudo para resolver el litigio. La etapa de dictado del laudo en el juicio burocrático, no está subdividida ni la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establece plazo para su emisión. Cierto. La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no concede al Tribunal un plazo para formular un proyecto de laudo, examinarlo, discutirlo, votarlo y aprobarlo, antes, el artículo 115 de tal ordenamiento, se entiende en el sentido que llegada la etapa de dictado de laudo, el Tribunal lo emitirá sin mayor dilación. En efecto, por regla general, el juicio burocrático debe desahogarse de forma ininterrumpida en la audiencia que prevé el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en cuyo supuesto, acto seguido que las partes formulen alegatos, o bien, en caso que renuncien a ello, el Tribunal procederá a dictar el laudo o turnar el juicio para tal fin. Por excepción, como se verá más adelante, el laudo puede dictarse no necesariamente acto seguido del turno del juicio para tal efecto. El artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, autoriza aplicar expresamente de forma supletoria al juicio burocrático, dos ordenamientos legales: en primer lugar, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional; y en segundo lugar, la Ley Federal del Trabajo. A continuación, se cita el artículo 127 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado: "ARTICULO 127.- El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se reducirá: a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; a la contestación, que se hará en igual forma; y a una sola audiencia en la que se recibirán las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del propio Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo, y, una vez desahogadas, se dictará laudo." De acuerdo con dicha porción legal, el procedimiento para la resolución de controversias ordinarias ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se reduce, por regla general, a estas fases: Presentación de demanda. Contestación de demanda. Audiencia de recepción, admisión y desahogo de pruebas; formulación de alegatos y dictado de laudo. La excepción a la regla surge cuando a juicio del Tribunal, es necesario practicar otras diligencias, en cuyo caso se llevarán a cabo y, una vez desahogadas, se dictará laudo. Luego, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tratándose de los procedimientos ordinarios, no secciona la fase de dictado de laudo ni fija plazo para que el Tribunal lo dicte, por lo que a juicio de quien resuelve, se emitirá sin demora tan pronto el estado del juicio lo permita. No obstante, en el procedimiento especial para resolver las controversias relativas a la terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores, la citada legislación federal sí fija términos para que el Tribunal dicte el laudo. En efecto, el artículo 127 Bis de la propia Ley, que regula el aludido procedimiento especial, establece en su fracción III dos términos para la emisión del laudo, uno por regla general y otro por excepción. Por regla general, desahogada la audiencia de pruebas y alegatos, el Tribunal dictará los puntos resolutivos del laudo y lo engrosará dentro de los cinco días siguientes a la celebración de la audiencia. Por excepción, si desahogada la audiencia resulta necesaria la práctica de diligencias para mejor proveer, el Tribunal ordenará que se lleven a cabo y desahogadas que sean, el laudo será dictado dentro de quince días. La Ley Federal del Trabajo, aplicable de forma supletoria en segundo lugar al juicio burocrático en Morelos, tratándose de los procedimientos ordinarios, sí establece un plazo para que la Junta dicte el laudo. El plazo para la emisión de laudo en el juicio ordinario regulado por la Ley Federal del Trabajo, se desprende principalmente de sus artículos 885, 886 y 887. Salvo que medie el desahogo de las diligencias a que alude el segundo párrafo del artículo 886, el plazo para dictar laudo es de veinticinco días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente al cierre de instrucción y turno para emisión de proyecto de laudo. No obstante, aun cuando la Ley Federal del Trabajo sí divide la etapa de dictado de laudo en las fases de elaboración de proyecto de laudo, examen del proyecto por parte de los integrantes de la Junta y discusión y votación; no resulta aplicable al juicio burocrático en Morelos, porque el legislador no lo consideró así, antes, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que rige ese juicio en primer lugar, define los términos en que se substanciará y resolverá; los cuales, como se dijo, están establecidos en el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y son, desahogo de las etapas de conciliación, de contestación a la demanda, de admisión [o desechamiento de pruebas], de desahogo de pruebas, de formulación de alegatos y de dictado de laudo. En consecuencia, no procede la aplicación supletoria al juicio de origen, de los términos y plazos que la Ley Federal del Trabajo establece para el dictado del laudo, porque la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, sí contempla la realización de ese acto y en estricto sentido debe entenderse que llegada la etapa de dictado del laudo, el Tribunal procederá a emitirlo, ya que considerar lo contrario implicaría integrar a la ley burocrática local, aspectos que el legislador no tuvo intención de incorporar, como la formulación de proyecto de laudo, su revisión, discusión, votación y aprobación. Lo argumentado en el párrafo que antecede encuentra apoyo, por analogía, en la jurisprudencia 2a./J.52/2005: Tesis: 2a./J. 52/2005 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 178282 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXI, Mayo de 2005 Pag. 526 Jurisprudencia(Laboral) TRABAJADORES BUROCRÁTICOS LOCALES. LOS ARTÍCULOS 885 A 889 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE CUANDO LA LEY LOCAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECE QUE SE CONSTREÑIRÁ A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN Y CELEBRACIÓN DE UNA SOLA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN (LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y TAMAULIPAS). Para que proceda la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo tratándose de procedimientos burocráticos locales, es menester que la ley que los regula contemple la institución respecto de la cual se pretende tal aplicación y que aquélla no esté reglamentada, o bien que su reglamentación sea deficiente. Por tanto, si la ley burocrática local prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, y en su caso se dictará el laudo respectivo, es incuestionable que no procede la aplicación supletoria de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución, ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél, por lo que de estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer; además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del Tribunal o de la Junta de que se trate, al ser jurídicamente válido que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia. Como se dijo, en estricto sentido debe entenderse que llegada la etapa de dictado del laudo en el juicio burocrático, el Tribunal ha de emitirlo sin demora; para así cumplir su obligación constitucional de pronta impartición de justicia. Sin embargo, en la tesis 2a./J.52/2005, la Segunda Sala del Alto Tribunal del País admitió como jurídicamente válido, que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la audiencia de ley. A lo anterior se suma el criterio de la propia Segunda Sala sustentado en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), conforme al cual, una omisión o dilación en el procedimiento jurisdiccional, tendrá la calidad de acto de imposible reparación que lesione de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, cuando implique una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. La resolución cuya falta de dictado reclama la quejosa, es el laudo. El laudo debe cumplir con el imperativo constitucional de fundamentación y motivación de todo acto de autoridad, impuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es una resolución de mero trámite, por el contrario, resuelve el fondo del litigio, de modo que su elaboración y dictado definitivo precisa tiempo, incluso más del que la ley prevé para su emisión, pues el Tribunal debe examinar profusamente los hechos y lo que resuelva debe ser congruente y exhaustivo, fundado y motivado, a lo que se suma el hecho que algunos asuntos son más complejos que otros y, por consiguiente, su examen requiere mayor inversión de horas-hombre; máxime que al decidir el fondo del negocio se constituye en un acto privativo, por lo que indefectiblemente debe ser estudiado y elaborado a conciencia. El acto reclamado se analiza conforme a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Tal consideración se sustenta en estas tesis: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Tesis: 1a./J. 36/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196072 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 5 Jurisprudencia(Común, Penal) ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. El juicio burocrático fue turnado para laudo el once de mayo de dos mil diecisiete. La parte quejosa presentó la demanda de amparo el treinta y uno de mayo actual. Entre el turno del juicio 01/710/16 para laudo y la presentación de la demanda de amparo, hay 13 días hábiles de demora en su emisión. En el conteo no se incluyen sábados y domingos, por inhábiles. La demora de 13 días hábiles en la emisión del laudo, a la luz de la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede considerarse como causante de una afectación material al derecho sustantivo de la quejosa a la administración de justicia. Tal conclusión se funda en el hecho que la demora no ha excedido ninguno de los dos plazos tomados como parámetros para el dictado del laudo, previstos por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo. La primera de las citadas legislaciones, tratándose de procedimientos especiales de terminación de los efectos de nombramiento de trabajadores, fija para tal efecto, el término de quince días siguientes al desahogo de las diligencias que se practiquen para mejor proveer después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. La Ley Federal del Trabajo, establece que el laudo debe dictarse, por regla general, dentro de veinticinco días hábiles siguientes al cierre de instrucción y turno para proyecto de laudo. Por tanto, aun cuando el acto reclamado incide en el derecho sustantivo a la administración de justicia, que implica entre otras cosas, que la autoridad decida el fondo de la controversia mediante el dictado de laudo o sentencia definitiva; el acto reclamado, a la presentación de la demanda de amparo, no puede calificarse como "irreparable", pues no afecta materialmente el derecho, en virtud de que no impide su ejercicio de forma actual; máxime que el laudo requiere tiempo, por tratarse de la resolución de fondo y, además, por constituirse en acto privativo; asimismo, no puede dejar de considerarse la carga de trabajo de la autoridad y su recurso humano encargado de esa tarea. La conclusión también se apoya en la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, al resolver el recurso de revisión 87/2017, derivado de la impugnación de la sentencia de sobreseimiento emitida en el amparo 247/2017, del índice de este juzgado. En ese amparo indirecto, el acto reclamado consistió en la falta de dictado de laudo en un juicio burocrático iniciado en dos mil dieciséis, seguido ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. La sentencia decretó el sobreseimiento del juicio porque la omisión del tribunal de dictar laudo, no afectaba de forma material el derecho de la parte quejosa a la administración de justicia, ya que entre el turno del juicio para laudo y la presentación de la demanda de amparo, solo había una demora de doce días hábiles en su emisión. El tribunal revisor confirmó la sentencia de sobreseimiento. No está por demás decir que no consideró que el juicio datara de dos mil dieciséis. La invocación de la ejecutoria dictada por el tribunal revisor, no precisa agregar copia de ella a los autos, esto con base en la jurisprudencia 2a./J.103/2007: Tesis: 2a./J. 103/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 172215 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXV, Junio de 2007 Pag. 285 Jurisprudencia(Común) HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. En conclusión, al no impedir a la quejosa el ejercicio del derecho a la administración de justicia de forma actual, la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de dictar laudo en el juicio 01/710/16, no es de imposible reparación, de tal suerte que el amparo en su contra resulta improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede decretar el sobreseimiento con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la propia ley. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y las manifestaciones en torno al acto reclamado, aun de las que planteen la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior en virtud de que el sobreseimiento no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo y porque resulta irrelevante constatar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido del fallo. Los referidos efectos del sobreseimiento se sustentan en las siguientes jurisprudencias: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. SEXTO. Vacaciones de la(s) autoridad(es) responsable(s). Se instruye al actuario para que, en el supuesto que la(s) autoridad(es) responsable(s) se encuentre(n) gozando de su periodo vacacional y, por ende, no pueda notificarle(s) esta sentencia, lo haga tan pronto aquélla(s) reanude(n) labores. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Neydi Román Flores, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. TERCERO. Vacaciones de la(s) autoridad(es) responsable(s). Se instruye al actuario para que, en el supuesto que la(s) autoridad(es) responsable(s) se encuentre(n) gozando de su periodo vacacional y, por ende, no pueda notificarle(s) esta sentencia, lo haga tan pronto aquélla(s) reanude(n) labores. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe, hoy diecisiete de julio de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del que se advierte que mediante auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes con el informe justificado remitido por TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS; acuerdo que fue notificado a las partes el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, de conformidad con el artículo 27 de la ley de amparo; por lo tanto, a fin de que las partes tengan oportunidad de conocer el contenido de informe de referencia con la anticipación debida, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. Apoya a la anterior consideración la Jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Marzo de 2008, Pagina 151, Novena Época . Cabe destacar que la jurisprudencia antes citada, resulta aplicable al presente asunto, en virtud de que no se opone a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril siguiente, según el Artículo Sexto Transitorio de dicha Ley, que dice: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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