Neydi Guadalupe Cupuil Tun

Expediente 453/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 44 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
453/2021
Año
2021
Actuaciones
44
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • Neydi Guadalupe Cupuil Tun y Otros.
  • Neydi Guadalupe Cupuil Tun
  • José Isabel Diego Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se decretó el archivo en este asunto sin que se hubiera ordenado enviar a la autoridad responsable Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo, la documental que se ordenó agregar en acuerdos de catorce de octubre y veintiuno de diciembre, ambos de dos mil veintiuno con la que se formó el tomo I de pruebas, para resolver el presente asunto; luego, se advierte que esa documental ya no es necesaria, en consecuencia se ordena su envío a la citada autoridad a fin de darle uso eficiente a la misma ya que corresponde a un expediente de su índice. Luego, devuélvanse los presentes autos al archivo de este juzgado de distrito.

  2. Principal

    Visto el estado que guarda el presente asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese el original del incidente de suspensión, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que el presente expediente se sobreseyó en el juicio, como consecuencia de lo anterior es susceptible su destrucción una vez transcurrido el plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En lo que respecta al original del incidente de suspensión, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, es destruible una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que se negó la medida cautelar. Finalmente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses.

  3. Incidental

    En Cancún, Quintana Roo, siendo las nueve horas con quince minutos del siete de marzo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia incidental relativa al juicio de amparo indirecto 453/2021-I, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Alex Humberto Ramírez Guerrero, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y las demás constancias de autos, y certifica que obran los informes previos rendidos por las autoridades responsables que siguen, y en el sentido que se indica: Autoridad responsable Sentido 1 Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo Niega Chetumal, Quintana Roo 2 Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo, por conducto del Síndico Municipal Niega 3 Presidente del Municipio de Tulum, Quintana Roo Conviene 4 Director General de Ordenamiento Ambiental Urbano y Cambio Climático del Municipio de Tulum Niega Tulum, Quintana Roo 5 Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Solidaridad, Quintana Roo Niega Playa del Carmen, Quintana Roo Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa ofreció pruebas documentales; al igual en acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó agregar fotocopia certificada del informe justificado rendido por el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Solidaridad, Quintana Roo, así como de las documentales que adjuntó al mismo, lo cual obra en el cuaderno principal del que deriva esta incidencia como hecho notorio; asimismo, la parte quejosa ofreció como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, sin que las demás partes ofrecieran algún medio de prueba; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 143 y 144 de la Ley de la Amparo, ténganse por admitidas las pruebas documentales exhibidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Finalmente, téngase por terminada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes realizó manifestaciones a manera de alegatos; luego, el Juez acuerda: se da por concluida esta etapa de la audiencia incidental. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: téngase por celebrada la presente audiencia incidental y al encontrarse integrado el incidente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 453/2021-I, promovido por i] José Isabel Diego Romero y ii] Neydi Guadalupe Cupil Tun, ambos por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. Mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó por duplicado el incidente de suspensión solicitado por i] José Isabel Diego Romero y ii] Neydi Guadalupe Cupil Tun, ambos por propio derecho, contra actos de las autoridades responsables siguientes: 1 Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo Chetumal, Quintana Roo 2 Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo 3 Director General de Ordenamiento Ambiental Urbano y Cambio Climático del Municipio de Tulum Tulum, Quintana Roo 4 Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Solidaridad, Quintana Roo Solidaridad, Quintana Roo Ello, por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 3°, 5°, 14, 16, 73 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Se reserva audiencia incidental. Por auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se reservó resolver la audiencia incidental en razón que no obraban los informes previos de las autoridades responsables ni los acuses de los oficios por los cuales se les solicitó dicha información. TERCERO. Suspensión provisional por ampliación de demanda de amparo. Por acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó por duplicado el incidente de suspensión solicitado por i] José Isabel Diego Romero y ii] Neydi Guadalupe Cupil Tun, ambos por propio derecho, contra actos reclamados atribuidos a la nueva autoridad responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo. CUARTO. Se levanta reserva. Por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se levantó la reserva decretada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se verifica al dictarse esta interlocutoria; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se fijarán de manera clara y precisa la materia del reclamo; por ende, de un análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias, se advierte que los actos reclamados materia de esta incidencia son los siguientes: Del 1] Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo, 2] Ayuntamiento, 3] Presidente, ambos del Municipio de Tulum, Quintana Roo, y 4] Director General de Ordenamiento Ambiental Urbano y Cambio Climático del Municipio de Tulum: a) En el ámbito de sus facultades la emisión y promulgación del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Tulum, Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. Del 5] Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Solidaridad, Quintana Roo: b) La inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Tulum, Quintana Roo. Ahora, la parte quejosa, en el escrito inicial de la demanda solicita la suspensión para los siguientes efectos y consecuencias: "(.) se pide la suspensión provisional y en su momento la definitiva para el efecto que de inmediato y de manera definitiva se ORDENE al Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo, que NO EMITA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN al amparo de los actos reclamados y en caso de que ya las haya emitido, que de la misma forma, ORDENE LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS MISMAS hasta en tanto no se resuelva el fondo del presente amparo (.)". Por lo tanto, con fundamento en los artículos 128, fracción I, y 147, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se atenderá a lo solicitado, fijando la situación en la que habrán de quedar las cosas y las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo en caso de ser procedente la suspensión, lo cual puede implicar que este órgano jurisdiccional se aparte de los efectos propuestos por la parte quejosa, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, sin que se llegue al extremo de ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de datos, rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2019200 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 01 de febrero de 2019 10:03 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: P./J. 4/2019 (10a.) SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." SEGUNDO. Requisitos para la procedencia de la suspensión. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que la parte promovente debe cumplir para que sea procedente la suspensión del(los) acto(s) reclamado(s), los cuales son: a) Que lo solicite el quejoso; b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido dada su naturaleza; y, d) Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable 5] Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Solidaridad, Quintana Roo, al rendir informe previo, negó la existencia del acto precisado en el inciso b), del considerando primero de esta interlocutoria. Por su parte, las autoridades responsables 1] Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo y 3] Director General de Ordenamiento Ambiental Urbano y Cambio Climático del Municipio de Tulum, al rendir su informe previo negaron categóricamente su participación en la emisión del acto que se les atribuye precisado en el considerando primero, inciso a). Sin que pase inadvertido que los quejosos ofrecieron como pruebas las siguientes documentales:  Fotocopia certificada de la credencial para votar de José Isabel Diego Romero, expedida en su favor por el Instituto Nacional Electoral.  Fotocopia certificada de la credencial para votar de Neydi Guadalupe Cupil Tun, expedida en su favor por el Instituto Nacional Electoral. Documentales a las que se otorga valor probatorio peno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con las cuales acreditan que se encuentran inscritos en el padrón electoral de la ciudad de Tulum, Quintana Roo.  Fotocopia sin certificar del acta de nacimiento Neydi Guadalupe Cupil Tun, con folio 7292927, con Clave Única de Registro de Población CUTN001120MYNPNYA3, expedida por la Dirección del Registro Civil en Ticul, Yucatán.  Fotocopia sin certificar de la hoja de evaluación de Servicios Estatales de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo emitida a favor de Neydi Guadalupe Cupil Tun, el nueve de enero de dos mil veinte.  Fotocopia sin certificar del certificado de discapacidad permanente de dos de julio de dos mil veinte, expedido a favor de José Isabel Diego Romero, por la Dirección de Salud Municipal del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo. Dichas documentales que al haberse presentado en fotocopia simple, únicamente cuentan con valor indiciario para demostrar que probablemente sea una reproducción de su original en términos de los artículos 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y carecen de diverso valor probatorio, toda vez que son documentos que podrían ser susceptibles de alteración, al no contar con alguna certificación en relación con el original. Sin embargo, tales documentales no se acredita la existencia de los actos reclamados. Ahora, respecto a las diversas probanzas que ofrece la parte quejosa, por cuanto a la instrumental de actuaciones relativa a las actuaciones que integran este expediente, mismas que cuentan con valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser un documento público, no arrojan dato alguno que demuestre la existencia de los actos que atribuyen a las autoridades citadas. Asimismo, en términos de los artículos 190 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no existe presunción legal o humana en favor de la quejosa que acredite la existencia de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables en comento. Por tanto, toda vez que la quejosa no aportó prueba idónea que desvirtúe la afirmación de la citada autoridad responsable, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia del acto atribuido a la autoridad responsable 5] Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Solidaridad, Quintana Roo, precisado en el inciso b), del considerando primero, y del 3] Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo, 4] Director General de Ordenamiento Ambiental Urbano y Cambio Climático del Municipio de Tulum, señalado en el considerando citado inciso a). Resulta aplicable, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable 3] Presidente, del Municipio de Tulum, Quintana Roo, al rendir su informe previo convino en la existencia del acto que se le atribuye precisado en el inciso a), del considerando primero. Por su parte, la autoridad responsable 2] Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo, por conducto del Síndico Municipal, al rendir su informe previo negó la existencia del acto que se les atribuye precisado en el considerando primero, inciso a); sin embargo, esa afirmación se desvirtúa con sus propias manifestaciones en las que defiende la constitucionalidad del acuerdo reclamado. En efecto, la notoria existencia de los actos atribuidos a dichas autoridades responsables respecto a la intervención en el proceso de creación del acuerdo impugnado, respectivamente, no está sujeta a prueba, con fundamento en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de normas generales publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. Sustenta lo anterior, por analogía la jurisprudencia siguiente: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." En ese contexto, son ciertos los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, precisados en el inciso a), del considerando primero de esta interlocutoria. QUINTO. Negativa de la suspensión. Ahora, en relación a los actos precisados en el inciso a), del considerando primero de esta interlocutoria reclamado a las autoridades 1] Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo, y 3] Presidente, del Municipio de Tulum, Quintana Roo, consistentes en el ámbito de sus facultades la emisión y promulgación del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Tulum, Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 128, y 146, fracción III de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada, en razón que la parte quejosa no acredita en este cuaderno incidental, aunque sea de manera indiciaria, el interés que tiene en que se suspendan las consecuencias del acto reclamado. En efecto, si bien es cierto que atendiendo a las manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, se debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, también lo es que se debe constatar si, aunque sea presuntivamente tales actos la agravian, lo que en el caso particular no sucede, pues la parte quejosa no exhibió en este cuaderno incidental prueba idónea que corrobore la afectación que le causan los efectos y consecuencias de los actos reclamados, ni la suspensión tiene el efecto de constituir derechos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Se afirma lo anterior, toda vez que la parte quejosa a fin de acreditar el interés suspensional que le asiste, ofrece los siguientes medios probatorios:  Fotocopia certificada de la credencial para votar de José Isabel Diego Romero, expedida en su favor por el Instituto Nacional Electoral.  Fotocopia certificada de la credencial para votar de Neydi Guadalupe Cupil Tun, expedida en su favor por el Instituto Nacional Electoral. Documentales a las que se valoraron en el considerando tercero que antecede, con las cuales acreditan que se encuentran inscritos en el padrón electoral de la ciudad de Tulum, Quintana Roo.  Fotocopia sin certificar del acta de nacimiento Neydi Guadalupe Cupil Tun, con folio 7292927, con Clave Única de Registro de Población CUTN001120MYNPNYA3, expedida por la Dirección del Registro Civil en Ticul, Yucatán.  Fotocopia sin certificar de la hoja de evaluación de Servicios Estatales de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo emitida a favor de Neydi Guadalupe Cupil Tun, el nueve de enero de dos mil veinte.  Fotocopia sin certificar del certificado de discapacidad permanente de dos de julio de dos mil veinte, expedido a favor de José Isabel Diego Romero, por la Dirección de Salud Municipal del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo. Documentales que se valoraron en el considerando tercero que antecede, que al haberse presentado en fotocopia simple, únicamente cuentan con valor indiciario para demostrar que probablemente sea una reproducción de su original y carecen de diverso valor probatorio, toda vez que son documentos que podrían ser susceptibles de alteración, al no contar con alguna certificación en relación con el original. Por tanto, se concluye que no existe en el cuaderno incidental prueba alguna que corrobore la afectación que le causan los efectos y consecuencias de la emisión y promulgación del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Tulum, Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. Apoyan lo anterior por identidad de razones jurídicas, las jurisprudencias cuyos datos de localización, rubro y texto son: Época: Novena Época Registro: 167346 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Abril de 2009 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 4/2009 Página: 515 SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." Época: Décima Época Registro: 2005049 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 98/2013 (10a.) Página: 430 SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 124 DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, DEBE DEMOSTRARSE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO AGRAVIA AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Aun cuando el juicio de amparo es una institución de buena fe, no se pueden soslayar los requisitos que la propia ley establece para la procedencia de la suspensión del acto reclamado. Además, son dos situaciones distintas: una, la existencia de actos y otra, acreditar los elementos contemplados en la ley. Por ello, el hecho de que en términos del párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, opere la presunción de existencia del acto reclamado respecto del cual se solicite la suspensión definitiva, es inconducente para tener por demostrado el interés del quejoso a fin de obtener dicha medida cautelar y, por tanto, para tener por colmados los requisitos establecidos en las fracciones I y III del artículo 124 del mismo ordenamiento. Por ende, el otorgamiento de tal medida se encuentra condicionado a que exista en los cuadernos del incidente de suspensión, por lo menos, algún elemento de convicción que pueda demostrar, aunque sea de manera indiciaria, que tal acto agravia al quejoso, pues no debe pasarse por alto que al resolverse sobre el particular, debe decidirse si procede suspender algún acto que cause o pueda causar daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. Esto, en el entendido de que tal demostración indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además de que se pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación." La presente determinación subsiste hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que puso fin al juicio de donde deriva esta incidencia. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por i] José Isabel Diego Romero y ii] Neydi Guadalupe Cupil Tun, ambos todos por propio derecho, contra los actos reclamados de las autoridades responsables precisados en el considerando primero, de conformidad con lo expuesto en los diversos considerandos tercero y quinto de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Alex Humberto Ramírez Guerrero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    En Cancún, Quintana Roo, siendo las nueve horas con diez minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 453/2021-I, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Alex Humberto Ramírez Guerrero, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentra el informe justificado rendido por las autoridades responsables; en consecuencia, el Juez, acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa y las autoridades responsables i] Presidente Municipal y ii] Ayuntamiento, a través del Síndico Municipal, ambos de Tulum, Quintana Roo, iii] Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Solidaridad, Quintana Roo y iv] Director General de Ordenamiento Ambiental, Urbano y Cambio Climático del Estado ofrecieron pruebas documentales; al igual en acuerdos de catorce de octubre y veintiuno de diciembre, ambos de dos mil veintiuno (tomo de pruebas), se ordenaron agregar diversas constancias como hecho notorio, relacionadas con Acta de la Primera Sesión Pública y Solemne del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, Administración 2018-2021 de treinta de septiembre de dos mil veintiuno que forma parte del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Tulum, Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno; asimismo, la parte quejosa ofreció como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, sin que las demás partes ofrecieran algún medio de prueba; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; luego, téngase por concluido el periodo probatorio de esta audiencia. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes realizó manifestaciones a manera de alegatos, ni existe pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional; luego, el Juez acuerda: se da por terminada esta etapa de la audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: toda vez que no hay promoción pendiente de acuerdo, téngase por celebrada la presente audiencia y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procédase al dictado de la resolución correspondiente. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 453/2021-I, promovido por i] José Isabel Diego Romero y ii] Neydi Guadalupe Cupil Tun, ambos por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, y otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veintiuno (fojas 2 a 35), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, remitido por razón de turno el veintitrés siguiente a este juzgado de distrito, i] José Isabel Diego Romero y ii] Neydi Guadalupe Cupil Tun, ambos por propio derecho, solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1 Secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo 2 Director del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo 3 Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo Chetumal, Quintana Roo 4 Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo 5 Delegado General de Ordenamiento Ambiental Urbano y Cambio Climático del Municipio de Tulum Tulum, Quintana Roo 6 Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Solidaridad, Quintana Roo Solidaridad, Quintana Roo Ello, por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 3°, 5°, 14, 16, 73 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; actos que hace consistir en los siguientes: ACTOS RECLAMADOS: - - - A.- De las autoridades señaladas como (1) (2) (3) (4) (5) y (6) - - - I. La publicación del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, Número 50 Extraordinario, publicado el día 31 de Marzo de 2021, la TRIGÉSIMA TERCERA SESSIÓN EXTRAORDINARIA de fecha 31 de marzo de 2021 celebrada por el H. Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo que contiene: - - -I.a. EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA MUNICIPAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ECOLOGICO Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO (Página 128 de dicha publicación), así como los efectos y consecuencias de dicho acuerdo implica; EXCLUYENDO Y/O IMPIDIENDO NUESTRA PARTICIPACIÓN PLENA Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD, EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE EL RESTO DE LA SOCIEDAD TULUMNENSE. - - - B.- De las autoridades señaladas como (1) y (6) I.- La ilegal e inconstitucional FALTA DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA a favor de los quejosos, POR LA OMISÓN DE LA REALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES QUE LAS REPRESENTAN, en la elaboración, dictaminación, aprobación y expedición el Programa de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano de Tulum, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el 31 de marzo de 2021; ASI COMO, LA EXCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ORGANIZACIONES QUE LAS REPRESENTAN, EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES, CON LO CUAL, SE IMPIDIÓ QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD, EJERCIERAMOS NUESTRA PARTICPACION PLENA Y EFECTIVA DE (sic) EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE EL RESTO DE LA SOCIEDAD TULUMNENSE. SEGUNDO. Radicación de demanda y returno. Recibida que fue la demanda de amparo el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, ante este juzgado de distrito, por auto de veintiséis siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 453/2021-I, y se returnó al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, por tener conocimiento previo en relación a los actos que se reclamaban. TERCERO. No se acepta returno, devuelven autos y prevención. En acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno (fojas 56 a 65), se tuvieron por recibidos los autos originales del presente juicio y el oficio 1404-III suscrito por la secretaria adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, en el que informaba que la titular del citado órgano jurisdiccional no aceptó el returno, por las razones que exponía, motivo por el cual este órgano jurisdiccional no insistió más respecto al cambio de turno y previno a la parte quejosa. CUARTO. Cumplimiento de prevención, desechamiento parcial y admisión de demanda. En acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno (foja 102 a 118) se tuvo por cumplida la prevención realizada a la parte impetrante, se desechó parcialmente la demanda de amparo por lo que hace a las autoridades responsables i) Secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo y ii) Director del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, se admitió a trámite la demanda respecto de las diversas autoridades; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. Ampliación de demanda. En acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno (fojas 173 a 177), se tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo en relación a la autoridad responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, se admitió a trámite dicha adición a la litis constitucional, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se solicitó a la nueva autoridad responsable su informe con justificación y la audiencia constitucional se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se reclaman actos de naturaleza administrativa en materia de constitucionalidad de normas generales que según la demanda de amparo sus efectos tendrían verificativo dentro del ámbito de competencia territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, escrito aclaratorio y demás constancias, se hacen consistir en los siguientes: Del 1] Ayuntamiento, 2] Presidente, ambos del Municipio de Tulum, Quintana Roo, 3] Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo y 4] Director General de Ordenamiento Ambiental Urbano y Cambio Climático del Municipio de Tulum: a) En el ámbito de sus facultades la emisión y promulgación del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Tulum, Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. Del 5] Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Solidaridad, Quintana Roo: b) La inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Tulum, Quintana Roo. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto que se transcriben a continuación: Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Toda vez que se han precisado los actos reclamados en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable 5] Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Solidaridad, Quintana Roo, al rendir informe justificado (foja 164), negó la existencia del actos precisado en el inciso b), del considerando tercero de esta sentencia. Además, tal afirmación se corrobora con las constancias que remitió anexas a su informe, las cuales cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las cuales se desprende lo siguiente: 1. Por oficio SGR/0136/2021 de cinco de abril de dos mil veintiuno, el Secretario General del Ayuntamiento de Municipio de Tulum, Quintana Roo, solicitó la inscripción del acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, mismo oficio que fue recibido en dicha delegación el cinco de abril de dos mil veintiuno. 2. Así, por oficio EGOB/DGRPPC/DRPPCS/0625IV/2021 de quince de abril siguiente, el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Solidaridad, Quintana Roo informó al Secretario General del Ayuntamiento mencionado que se había negado la inscripción solicitada, tal y como se desprendía de la boleta de rechazo con el número de prelación 516646. 3. De la boleta de rechazo 516646 de cinco de abril de dos mil veintiuno, se desprende que el motivo de la devolución por la cual se negó la inscripción solicitada, era porque el documento no cumplía con las formalidades exigidas por la ley de la materia; esto es, que la petición de su registro debía ser por conducto del titular del Poder Ejecutivo del Estado según se refería en el Reglamento del Registro Público de la Propiedad en el capítulo correspondiente. Luego, como se ve la autoridad responsable no tuvo participación en la emisión del acto reclamado que se analiza en este considerando. Por su parte, las autoridades responsables 3] Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo (foja 519) y 4] Director General de Ordenamiento Ambiental Urbano y Cambio Climático del Municipio de Tulum (fojas 199 a 252), al rendir su informe justificado negaron categóricamente su participación en la emisión del acto que se les atribuye precisado en el considerando tercero, inciso a)Sin que pase inadvertido que los quejosos ofrecieron como pruebas en esta instancia constitucional, las siguientes documentales: Fotocopia certificada de la credencial para votar de José Isabel Diego Romero, expedida en su favor por el Instituto Nacional Electoral. Fotocopia certificada de la credencial para votar de Neydi Guadalupe Cupil Tun, expedida en su favor por el Instituto Nacional Electoral. Documentales a las que se otorga valor probatorio peno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con las cuales acreditan que se encuentran inscritos en el padrón electoral de la ciudad de Tulum, Quintana Roo. Fotocopia sin certificar del acta de nacimiento Neydi Guadalupe Cupil Tun, con folio 7292927, con Clave Única de Registro de Población CUTN001120MYNPNYA3, expedida por la Dirección del Registro Civil en Ticul, Yucatán. Fotocopia sin certificar de la hoja de evaluación de Servicios Estatales de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo emitida a favor de Neydi Guadalupe Cupil Tun, el nueve de enero de dos mil veinte. Fotocopia sin certificar del certificado de discapacidad permanente de dos de julio de dos mil veinte, expedido a favor de José Isabel Diego Romero, por la Dirección de Salud Municipal del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo. Dichas documentales que al haberse presentado en fotocopia simple, únicamente cuentan con valor indiciario para demostrar que probablemente sea una reproducción de su original en términos de los artículos 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y carecen de diverso valor probatorio, toda vez que son documentos que podrían ser susceptibles de alteración, al no contar con alguna certificación en relación con el original. Sin embargo, tales documentales no se acredita la existencia de los actos reclamados. Ahora, respecto a las diversas probanzas que ofrece la parte quejosa, por cuanto a la instrumental de actuaciones relativa a las actuaciones que integran este expediente, mismas que cuentan con valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser un documento público, no arrojan dato alguno que demuestre la existencia de los actos que atribuyen a las autoridades citadas. Asimismo, en términos de los artículos 190 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no existe presunción legal o humana en favor de la quejosa que acredite la existencia de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables en comento. Al respecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia. Por tanto, debido a que la parte quejosa no aportó prueba idónea que acredité la existencia del acto atribuido a la autoridad responsable 5] Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, precisado en el inciso b), del considerando tercero, y del 3] Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo, 4] Director General de Ordenamiento Ambiental Urbano y Cambio Climático del Municipio de Tulum, señalado en el considerando citado inciso a), procede sobreseer en el juicio de amparo, por ser inexistentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. QUINTO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable 2] Presidente, del Municipio de Tulum, Quintana Roo (fojas 449 a 490), al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto que se le atribuye precisado en el inciso a), del considerando tercero. Por su parte, las autoridades responsables 1] Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo, por conducto del Síndico Municipal (fojas 296 a 435), al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se les atribuye precisado en el considerando tercero, inciso a); sin embargo, esa afirmación se desvirtúa con sus propias manifestaciones en las que defiende la constitucionalidad del acuerdo reclamado. En efecto, la notoria existencia de los actos atribuidos a dichas autoridades responsables respecto a la intervención en el proceso de creación del acuerdo impugnado, respectivamente, no está sujeta a prueba, con fundamento en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de normas generales publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. Sustenta lo anterior, por analogía la jurisprudencia siguiente: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. En ese contexto, son ciertos los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, precisados en el inciso a), del considerando tercero de este fallo. SEXTO. Estudio de causa de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto que se citan: Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Estudio de improcedencia de oficio. En relación con el acto precisado en el inciso a), del considerando tercero de esta sentencia, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, que en su literalidad disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. [.]. De acuerdo con dicho marco legal, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5° de la ley de la materia. Es importante señalar que en términos del artículo 107, fracción l, constitucional, el acceso al juicio de amparo, tratándose de actos de autoridades administrativas, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica de la parte impetrante. En efecto, conforme al precepto constitucional citado, se amplió el concepto de interés de parte agraviada bajo el que se definía el interés jurídico para promover el juicio de amparo, incorporando en lo que interesa el concepto de interés legítimo, cuando se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Constitución Federal y, con ello, se afecte la esfera jurídica del ciudadano, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por interés legítimo, se entiende aquel interés individual o colectivo, de cualquier persona, pública o privada, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico, es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado, la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven. Por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo, pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra, resultando intrascendente que sea o no titular del respectivo derecho subjetivo. En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la distinción entre el interés simple y el interés legítimo, precisando que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige a la parte quejosa que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto, siguientes: Registro digital: 2012364 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 38/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 690 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo asentado en la jurisprudencia cobra relevancia, en virtud que al tenor de los preceptos anteriormente citados, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica de la parte agraviada. Así, resalta como requisito indispensable del interés legítimo, la existencia de una afectación indirecta en la esfera jurídica del individuo; por lo cual, el legislador empleó la frase "especial situación frente al orden jurídico", con un sentido de racionalidad, esto es, refiriéndose a situaciones concretas o excepcionales que guarden características diferentes a las generales en que pueden encontrarse los gobernados frente al orden jurídico, por lo que esa circunstancia es la que debe apreciarse en cada caso concreto, a fin de determinar si existe o no un interés legítimo, el cual exige, como requisito mínimo, que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le dé un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente. De modo que el interés legítimo para promover el juicio de amparo no llega al grado de requerir la afectación de un derecho subjetivo, pero tampoco es posible que toda persona pueda promoverlo, a pesar de no verse lesionada en su esfera jurídica. En el caso, la parte quejosa carece de interés jurídico y legítimo para impugnar el acto reclamado precisado en el inciso a), del considerando tercero de esta sentencia, consistente en el Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Tulum, Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. Se afirma lo anterior, toda vez que la elaboración de los planes de desarrollo urbano municipales, para constituir normas que tienen por objeto el ordenamiento y la regulación de los procesos de conservación, mejoramiento y crecimiento de los asentamientos humanos del territorio municipal, por regla general, no afectan por sí mismos los intereses jurídicos ni legítimos de los particulares, ya que no producen una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o por su especial situación frente al orden jurídico, para efecto de la procedencia del juicio de amparo, sino que requieren de una gestión urbana que materialice su contenido. Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia y tesis con datos de localización, rubro y texto siguientes: Registro digital: 2011456 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, administrativa Tesis: IV.2o.A.120 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2287 Tipo: Aislada DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE NUEVO LEÓN. POR REGLA GENERAL, LOS PLANES RELATIVOS NO AFECTAN, POR SÍ MISMOS, LOS INTERESES JURÍDICOS NI LEGÍTIMOS DE LOS PARTICULARES, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, TODA VEZ QUE REQUIEREN DE UNA GESTIÓN URBANA QUE MATERIALICE SU CONTENIDO. De la interpretación de los artículos 54 y 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, se advierte que los gobiernos municipales tienen la facultad constitucional y legal de llevar a cabo la aprobación de los planes de desarrollo municipal, los cuales tienen por objeto ordenar y regular los procesos de conservación, mejoramiento y crecimiento de los asentamientos humanos del territorio municipal. Además, de la fracción I del artículo 5 de la citada ley se aprecia que la acción urbana es el proceso de aprovechamiento y acondicionamiento del territorio para el asentamiento humano, mediante la introducción o mejoramiento de infraestructura, equipamiento o servicios, así como por la fusión, subdivisión, relotificación, parcelación, conjuntos urbanos y fraccionamientos de terrenos, la edificación o la construcción u otros tendientes a la transformación, uso o aprovechamiento del suelo; así como que las acciones urbanas pueden ser de conservación, mejoramiento y crecimiento. De lo que se sigue que los planes de desarrollo urbano municipal son normas que tienen por objeto el ordenamiento y la regulación de los procesos de conservación, mejoramiento y crecimiento de los asentamientos humanos del territorio municipal que, por regla general no afectan, por sí mismos, los intereses jurídicos ni legítimos de los particulares, en términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, ya que no producen una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o por su especial situación frente al orden jurídico, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que requieren de una gestión urbana que materialice su contenido. Registro digital: 195695 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VI.2o.82 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Agosto de 1998, página 823 Tipo: Aislada AMPARO. IMPROCEDENCIA DE. CONTRA EL DECRETO QUE APRUEBA EL PROGRAMA PARCIAL DEL CORREDOR INDUSTRIAL QUETZALCÓATL Y SU ZONA DE IMPACTO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA EL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. Cuando se reclama en un juicio de garantías el Decreto que aprueba el Programa Parcial del Corredor Industrial Quetzalcóatl y su Zona de Impacto, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, de fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, pues dicho programa es sólo un proyecto que establece la política integral de suelo urbano y reservas territoriales en el que se realizan la planeación de adquisiciones y la oferta de suelo para el desarrollo urbano y la vivienda, pero en el mismo no existe determinación específica de afectación a un área territorial, por lo que es inconcuso que el acto reclamado no lesiona el interés jurídico de los quejosos." Derivado de lo anterior, es dable concluir que -en todo caso- a cualquiera de los habitantes del Municipio de Tulum, Quintana Roo, interesa la legalidad de los actos realizados por el poder público municipal, pero ese objetivo o intención es insuficiente por sí mismo para acudir al juicio de amparo, pues al ser abstracto, se traduce en un interés simple que la ley reconoce a todo ciudadano o residente del Estado de Quintana Roo, pero no puede asimilarse al interés legítimo previsto en el precepto constitucional invocado, que es necesario para acudir al juicio de amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto, siguientes: Registro digital: 2019456 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. En efecto, los quejosos se ostentaron como residentes de la ciudad de Tulum, Quintana Roo y señalaron que el acto reclamado es contrario al interés público ya qué se impidió que las personas con discapacidad de esta municipalidad ejercieran su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones como el resto de la sociedad tolimense lo correspondiente a dicho programa en su calidad de norma municipal. Asimismo, aducen que al ser personas con discapacidad tenían el derecho subjetivo a ser consultadas respecto del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Tulum, ya que el espacio natural y el espacio construido sin enfoque inclusivo y de accesibilidad son situaciones especialmente graves, aunado a que es muy particular y específica la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras medioambientales. En ese contexto, a la fecha no existe un acto, o por lo menos prueba de su existencia, del cual sea posible advertir que se han concretizado materialmente los efectos del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Tulum, Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, en detrimento de los derechos fundamentales de la parte quejosa. Lo anterior, ya que el acto reclamado no produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o por su especial situación frente al orden jurídico, toda vez que se requiere de una gestión urbana que materialice su contenido; además de que a todos los habitantes del Municipio de Tulum, Quintana Roo, les interesa la legalidad de los actos realizados por el poder público municipal, lo cual no puede asimilarse al interés legítimo. Así, para que pueda considerarse un interés legítimo, éste debe ser personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, derivado de una afectación a la esfera jurídica de los quejosos en sentido amplio, donde éstos se encuentran en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. Aunado a que el hecho de que manifiesten que son personas con discapacidad resulta insuficiente para determinar que los impetrantes realmente cuenta con un agravio a su persona. Luego, la afectación que aducen los quejosos no se desprende de las pruebas que aportaron en el presente juicio de amparo, para acreditar el interés legítimo con el que acuden a esta instancia constitucional, consistentes en: Fotocopia certificada de la credencial para votar de José Isabel Diego Romero, expedida en su favor por el Instituto Nacional Electoral. Fotocopia certificada de la credencial para votar de Neydi Guadalupe Cupil Tun, expedida en su favor por el Instituto Nacional Electoral. Documentales a las que se otorgó valor probatorio previamente valoradas, con las cuales acreditan que se encuentran inscritos en el padrón electoral de la ciudad de Tulum, Quintana Roo. Fotocopia sin certificar del acta de nacimiento Neydi Guadalupe Cupil Tun, con folio 7292927, con Clave Única de Registro de Población CUTN001120MYNPNYA3, expedida por la Dirección del Registro Civil en Ticul, Yucatán. Fotocopia sin certificar de la hoja de evaluación de Servicios Estatales de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo emitida a favor de Neydi Guadalupe Cupil Tun, el nueve de enero de dos mil veinte. Fotocopia sin certificar del certificado de discapacidad permanente de dos de julio de dos mil veinte, expedido a favor de José Isabel Diego Romero, por la Dirección de Salud Municipal del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo Dichas documentales que al haberse presentado en fotocopia simple, únicamente cuentan con valor indiciario y solo acreditan que sean una reproducción de su original, no así para justificar que el Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Tulum, Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, incide en la esfera de los quejosos, ya sea de manera individual o colectiva, para acreditar su interés legítimo, pues como quedó destacado en líneas anteriores, se requiere de una gestión urbana que materialice el contenido de aquél y que produzca una afectación en la esfera de derechos fundamentales de la parte quejosa, entendida en sentido amplio, ya sea de manera directa o indirecta por la situación especial de los reclamantes frente al ordenamiento en cita. Sin embargo, en el presente caso no quedó acreditada la afectación en comento; de ahí que, como se anticipó, en el particular se actualiza la causa de improcedencia en estudio. A similares razonamientos llegó el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con residencia en esta ciudad, al resolver el recurso de queja 179/2021 de su índice. Conclusión del juzgado de distrito. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, de la propia ley de la materia, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por i] José Isabel Diego Romero y ii] Neydi Guadalupe Cupil Tun, ambos por propio derecho, respecto de los actos reclamados a las autoridades 1] Ayuntamiento, 2] Presidente, ambos del Municipio de Tulum, Quintana Roo, precisado en el considerando tercero, inciso a), de esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ii] José Isabel Diego Romero y ii] Neydi Guadalupe Cupil Tun, ambos todos por propio derecho, contra los actos reclamados de las autoridades responsables precisados en el considerando tercero, de conformidad con lo expuesto en el cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Alex Humberto Ramírez Guerrero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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