New Balance Athletics, Incorporation
Expediente 1808/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1808/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- New Balance Athletics, Incorporation
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Agréguese a los presentes autos la razón suscrita por el actuario judicial adscrito a este juzgado Iván César Barbosa Méndez, en la que asienta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por los motivos ahí expuestos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícese la citada notificación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 20/20081 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Notifíquese; y, por lista de acuerdos a la parte quejosa el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintiuno.
- Principal
Consideraciones previas. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal adoptó medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, así como acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo. Así, el Pleno del Consejo emitió los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020 y 18/2020, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En dichos acuerdos se decretó, en lo que interesa, la suspensión de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en su totalidad del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte y, como consecuencia de ello, se decretó que no transcurrirían plazos y términos procesales, no se celebrarían audiencias y tampoco se llevarían a cabo sesiones de los Plenos de Circuito. Posteriormente, el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. En el artículo 2° del referido Acuerdo General, se ordenó el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Sin embargo, en atención al incremento en los contagios por virus COVID-19, mediante sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad COVID-19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México", por el que adoptó medidas del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que fue extendiéndose a través de las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, hasta el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Dichas medidas, consistieron en regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1°, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; sin que se actualizara alguna de las hipótesis a las que se hizo referencia por cuanto a este juicio de amparo. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y en específico el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido en exceso el plazo establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se ordenó desechar de plano la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se desechó la demanda; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Por otra parte, téngase por realizada la certificación de cuenta en la que teniendo a la vista el presente expediente, se advierte que sí obran glosados documentos originales presentados por la parte quejosa; por lo que con fundamento en el segundo párrafo del artículo 11, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, mediante notificación personal hágase saber a la parte quejosa, que tiene el plazo de noventa días para recoger dichos documentos; apercibido de que, en caso de no hacerlo, tales documentos serán destruidos junto con el presente expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En esta fecha se publica por lista de acuerdos a la parte quejosa, el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, que dice: Consideraciones previas. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal adoptó medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, así como acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo. Así, el Pleno del Consejo emitió los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020 y 18/2020, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En dichos acuerdos se decretó, en lo que interesa, la suspensión de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en su totalidad del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte y, como consecuencia de ello, se decretó que no transcurrirían plazos y términos procesales, no se celebrarían audiencias y tampoco se llevarían a cabo sesiones de los Plenos de Circuito. Posteriormente, el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. En el artículo 2° del referido Acuerdo General, se ordenó el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Sin embargo, en atención al incremento en los contagios por virus COVID-19, mediante sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad COVID-19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México", por el que adoptó medidas del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que fue extendiéndose a través de las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, hasta el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Dichas medidas, consistieron en regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1°, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; sin que se actualizara alguna de las hipótesis a las que se hizo referencia por cuanto a este juicio de amparo. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y en específico el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido en exceso el plazo establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se ordenó desechar de plano la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se desechó la demanda; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Por otra parte, téngase por realizada la certificación de cuenta en la que teniendo a la vista el presente expediente, se advierte que sí obran glosados documentos originales presentados por la parte quejosa; por lo que con fundamento en el segundo párrafo del artículo 11, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, mediante notificación personal hágase saber a la parte quejosa, que tiene el plazo de noventa días para recoger dichos documentos; apercibido de que, en caso de no hacerlo, tales documentos serán destruidos junto con el presente expediente. Notifíquese
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que remite copia certificada del testimonio de la resolución dictada el cuatro de septiembre de dos mil veinte, la cual en su punto resolutivo establece: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja.". En dicha ejecutoria el tribunal sostuvo lo siguiente: "Así las cosas, al resultar sustancialmente fundado lo alegado por la recurrente, lo procedente es revocar el auto recurrido, para el efecto de que, de no existir un motivo diverso al aquí analizado o bien alguna otra causa de improcedencia que sea notoria e indudable, se admita a trámite la demanda". Sentido de la determinación. Acatando el fallo del Tribunal oficiante, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62 de la Ley de la Materia. En el caso, se señaló como acto reclamado en esta instancia constitucional el oficio 50605, de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual la autoridad responsable Supervisora Analista adscrita a la Coordinación Departamental de Cancelación y Caducidad, adscrita a la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dio respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, a través del cual solicitaba se decretara la declaración de caducidad del procedimiento de solicitud de declaración administrativa de nulidad de marca P.C. 300/2018 (N-77) 2587, del índice de la responsable. En el referido oficio, la autoridad responsable expuso que en el momento procesal oportuno resolvería lo que en derecho correspondiera. Lo cual, constituye el acto reclamado en la presente instancia. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Al respecto, se cita la jurisprudencia P./J.37/2014, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página treinta y nueve, Libro Siete, Tomo I, Junio de dos mil catorce, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Luego, si como se ha dicho, en la demanda de amparo la promovente se duele esencialmente del oficio 50605, de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual la autoridad responsable Supervisora Analista adscrita a la Coordinación Departamental de Cancelación y Caducidad, adscrita a la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dio respuesta a su escrito de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, por el que solicitó se decretara la declaración de caducidad en el procedimiento contencioso P.C. 300/2018 (N-77) 2587, y ésta a su vez adujo que en el momento procesal oportuno revolvería lo conducente, se estima que dicho oficio constituye un acto procesal cuyas consecuencias solo tienen efectos dentro del procedimiento de origen, mas no trastoca alguno de los derechos sustantivos en perjuicio de la parte quejosa, por lo que dada su naturaleza intraprocesal o intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte inconforme una ejecución de imposible reparación, toda vez que no se puede afirmar que ante la reserva de la autoridad responsable de pronunciarse sobre la caducidad del procedimiento de origen, ésta no acordará favorable su solicitud cuando así lo considere pertinente, por lo que no puede decirse que existe una violación directa a sus derechos sustantivos. Tiene aplicación al caso, por sus consideraciones, la tesis (VIII Región) 2o.3 C (10a), de la Décima Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, pagina 801, Diciembre de 2014, que dice: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA A DECRETARLA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 37/2014 (10a.)]. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", estableció que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el amparo indirecto, conforme a la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", al establecer que por estos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Así pues, se estima que aquel supuesto es análogo a la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad en juicios ordinarios, pues tiene también el efecto de continuar el trámite del juicio respectivo; y sus efectos son sólo intraprocesales; por lo que, el criterio en cita también debe aplicarse en dicho caso. En consecuencia, la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad de la instancia no es impugnable en amparo indirecto, pues no impide el libre ejercicio de algún derecho y, por otro lado, no afecta materialmente los derechos sustantivos del quejoso; por lo que, en su caso, sólo puede ser reclamada como violación procesal en la vía del amparo directo.". Así como la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, pagina 15, que dice: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo.". Por consiguiente, en virtud que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos, resulta incuestionable la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo en vigor, por lo que es procedente desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente
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