Nestor Sanchez Solorzano

Expediente 200/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
200/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Nestor Sanchez Solorzano

Actuaciones

  1. Principal

    la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de amparo... se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes... archívese este juicio como asunto concluido.

  2. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, catorce de abril de dos mil veintitrés. Recepción. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Néstor Sánchez Solorzano, por derecho propio, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. Radicación. Intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número de registro 200/2023. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad para la tramitación de este juicio la aplicación del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE; razón por la cual en términos del artículo 263 de dicho acuerdo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento de la demanda. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Conforme a esos lineamientos, a criterio de esta juzgadora, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, mismas que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación armónica de los citados artículos, debe precisarse que el primero refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. El segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De igual forma, de una interpretación en sentido contrario de los artículos referidos, permite establecer que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Entonces, para efectos de resolver la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario determinar cuándo se está ante un acto en juicio de ejecución irreparable. Por su parte, el artículo 172 de la Ley de Amparo, refiere que para la procedencia del juicio de amparo directo, es menester que las violaciones procesales trasciendan al resultado del fallo, es decir que si no son factor en la resolución final contra la que proceda el amparo, no se tendrán como violaciones a las leyes del procedimiento aun cuando se encuentren dentro de las hipótesis que enmarca el precepto en cuestión, puesto que es necesario que dichas violaciones tengan injerencia en el resultado del juicio para estar en aptitud de reclamarla. Estudio de los actos en juicio de ejecución irreparable. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que los actos en juicio de ejecución irreparable son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera; en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 24/92, que dice: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecuciónirreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales, está en condiciones de hacerlas valer como tales en el recurso que promueva o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al procedimiento. Es aplicable la jurisprudencia 3a. 43 que dice: EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Por tanto, siendo uno de los presupuestos del juicio de amparo es que el acto reclamado cause al inconforme un agravio directo a sus derechos fundamentales que no pueda repararse en sentencia definitiva. En ese sentido, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, ya que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales e incluso sería reparable, como ya se dijo, si el afectado obtiene sentencia favorable al resolverse el juicio civil de origen, con lo cual quedará intacta su esfera jurídica, al no haberse alterado ningún derecho sustantivo; de ahí que será hasta que se dicte la resolución en cuestión, cuando podrá saberse si la violación trascendió al resultado del fallo que ponga fin al juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 54/2011 (9a.), que a la letra dice: DEMANDA. EL PROVEÍDO QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO NO ES, POR REGLA GENERAL, UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA). El proveído que tiene por contestada en sentido negativo la demanda civil instaurada en el juicio original en contra del quejoso no constituye, por regla general, un acto dentro de juicio que ostente la naturaleza de imposible reparación y, en consecuencia, en contra del cual proceda el juicio de amparo biinstancial. Lo anterior es así, pues se considera que la naturaleza del citado proveído es eminentemente procesal y no tiene por vocación afectar directa e inmediatamente algún derecho sustantivo de aquellos que se encuentran protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo se concluye que tampoco se suele ocasionar afectación predominante o superior al demandado, pues el perjuicio únicamente se refiere a la imposibilidad de oponer excepciones, defensas, y en su caso reconvenir, pero no impide la participación procesal del sujeto demandado, ni implica que necesariamente dentro de ese juicio original se emitirá una sentencia contraria a los intereses del demandado. Sin embargo, pueden presentarse casos especiales en los cuales si bien se contesta la demanda, le recae el acuerdo de tenerla contestada en sentido negativo -generalmente por no haberse cubierto alguna carga o requisito procesal-. Si en dicha contestación se formuló una excepción respecto de la cual este Alto Tribunal ha dejado sentado que procede el amparo indirecto, entonces deberá atenderse a la naturaleza de la excepción hecha valer y, por lo tanto, sí será procedente el amparo indirecto. También se cita por su contenido, la jurisprudencia 3a.40, bajo el epígrafe: AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto. Estas jurisprudencias son aplicables porque evidencian el desarrollo jurisprudencial que se ha realizado para sostener la tesis consistente en que no es un acto de imposible reparación aquel que no implique necesariamente que dentro de ese juicio se emitirá una sentencia contraria a los intereses del accionante del amparo. Estudio de la demanda Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario 1487/2010, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en la que resuelve infundado el recurso de revocación interpuesto por la hoy quejosa, en contra del proveído de once de mayo de dos mil veintidós, que niega decretar la caducidad de la instancia en el citado juicio de origen. Asimismo, de la lectura de la demanda, se advierte en forma patente y absolutamente clara [manifiesto] que la parte quejosa señala [1] que es parte demandada en el juicio de origen, [2] que el juicio se encuentra en trámite, pues a la fecha obra aún pendiente el emplazamiento de diverso codemandado; [3] que dentro de ese controvertido la parte demandada [aquí quejoso] solicitó se decretara la caducidad de la instancia por inactividad procesal en el juicio natural; [4] que dicha solicitud fue denegada por la autoridad responsable, en auto de once de mayo de dos mil veintidós, por lo cual inconforme, interpuso recurso de revocación, en su contra; el que mediante resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, lo declaró infundado, lo que a su consideración, violenta las formalidades esenciales del procedimiento, en contravención a las disposiciones del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Veracruz, lo cual le causa un perjuicio. Bajo ese contexto, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque la improcedencia del acto reclamado es incuestionable desde este momento procesal; esto es, es innecesario recabar constancias para obtener mayor información a la que actualmente se tiene, pues es patente que los actos citados con antelación de los que la parte promovente se duele en esta vía constitucional, únicamente producen efectos intraprocesales; por tanto, no son actos de imposible reparación susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. Ciertamente, dada la propia naturaleza del acto reclamado, su efecto inmediato es continuar con la substanciación del procedimiento, en los términos ordenados por el juez responsable, esto es, proceder con el tramite respectivo y las etapas procesales correspondientes, lo cual, en su caso, únicamente incide en la postura litigiosa que al respecto tome la aquí quejosa; por tanto, dicho acto no repercute directa e inmediatamente en algún derecho sustantivo del promovente el amparo, como podrían ser sus posesiones o propiedades, ya que en todo caso, será hasta cuando se dicte la sentencia correspondiente, que pueda advertirse si se vulneraron las defensas del oferente. Además, el hecho de que en el juicio se continúe con las etapas procesales respectivas, no tiene como consecuencia indefectible que el promovente obtenga una sentencia adversa a sus intereses, pues ello depende, precisamente, de sí resulta benéfico o no el material probatorio que se tome en cuenta en el juicio, pues de resultarle favorable al aquí quejoso se repararía el derecho que considera violado y, en caso contrario, si dicha sentencia no le resultara favorable, eventualmente, podría hacer valer esas violaciones procesales a través del juicio de amparo directo. Se suma la circunstancia de que para combatir las violaciones procesales se deba esperar hasta que se dicte la sentencia en el asunto de origen, sin que ello implique que su impugnación se obstaculice; pues a efecto de lograr que la impartición de justicia sea expedita, es necesario restringir la posibilidad de combatir cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y permitir que todas ellas, en caso de que generen alguna afectación, puedan resolverse de manera simultánea. Resulta aplicable a lo anteriormente determinado el criterio jurisprudencial (VIII Región) 2°.3 C (10a.), que a la letra dice: CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA A DECRETARLA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 37/2014 (10a.)]. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", estableció que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el amparo indirecto, conforme a la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", al establecer que por estos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Así pues, se estima que aquel supuesto es análogo a la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad en juicios ordinarios, pues tiene también el efecto de continuar el trámite del juicio respectivo; y sus efectos son sólo intraprocesales; por lo que, el criterio en cita también debe aplicarse en dicho caso. En consecuencia, la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad de la instancia no es impugnable en amparo indirecto, pues no impide el libre ejercicio de algún derecho y, por otro lado, no afecta materialmente los derechos sustantivos del quejoso; por lo que, en su caso, sólo puede ser reclamada como violación procesal en la vía del amparo directo. Por lo tanto, esos actos procesales, son susceptibles de extinguirse al dictarse la sentencia respectiva, en caso de serle favorable al peticionario, y en el supuesto de no ser así, estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida, mediante el juicio de amparo directo que se promueva contra el referido fallo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Pues no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, ya que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales e incluso sería reparable, como ya se dijo, si el afectado obtiene sentencia favorable al resolverse el juicio civil de origen, con lo cual quedará intacta su esfera jurídica, al no haberse alterado ningún derecho sustantivo; de ahí que será hasta que se dicte la resolución en cuestión, cuando podrá saberse si la violación trascendió al resultado del fallo que ponga fin al juicio. Razón por la cual se estima que el acto aquí reclamado, no es de ejecución irreparable, al no afectar de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por los derechos contenidos en la Constitución. También por las razones que la invocan se estima aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, libro 29, Abril de 2016, tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2011428, que dispone: CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. En esas condiciones, con fundamento en los arábigos 112 y 113, del ordenamiento legal mencionado, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Néstor Sánchez Solorzano al reclamar actos en juicio que no son de ejecución irreparable. Notificación a la parte quejosa. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda. Consulta de expediente electrónico. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico, a través del usuario "japc2307". Se instruye a la Oficial Judicial "A" adscrita para que realice la habilitación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin perjuicio de que se pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia. Autorizados. Se tiene como facultado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Antonio Méndez Priego y Jorge Alberto Priego Chong; esto, dado que la parte quejosa omitió proporcionar la cédula para la práctica de la abogacía correspondiente, tal como lo prevé el mencionado numeral. Sirve de sustento a lo anterior, aplicada en sentido contrario, la tesis aislada 2a. VIII/2020, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4456, Tomo V, Agosto de 2020, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, con número de registro 2021840, de rubro: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. Asimismo, se instruye al actuario para que, en caso de que alguna autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, informarle que, no obstante dicha circunstancia, se tendrá por hecha la notificación correspondiente. Copias. Toda vez que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio, se hace del conocimiento de las partes autorizadas (con firma electrónica vigente) que podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el presente expediente ya que, cuando éstas incluyen la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión. Protección de datos personales. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente electrónico conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS, EL AUTO DE CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: uxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, catorce de abril de dos mil veintitrés. Recepción. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Néstor Sánchez Solorzano, por derecho propio, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. Radicación. Intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número de registro 200/2023. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad para la tramitación de este juicio la aplicación del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE; razón por la cual en términos del artículo 263 de dicho acuerdo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento de la demanda. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Conforme a esos lineamientos, a criterio de esta juzgadora, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, mismas que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación armónica de los citados artículos, debe precisarse que el primero refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. El segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De igual forma, de una interpretación en sentido contrario de los artículos referidos, permite establecer que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Entonces, para efectos de resolver la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario determinar cuándo se está ante un acto en juicio de ejecución irreparable. Por su parte, el artículo 172 de la Ley de Amparo, refiere que para la procedencia del juicio de amparo directo, es menester que las violaciones procesales trasciendan al resultado del fallo, es decir que si no son factor en la resolución final contra la que proceda el amparo, no se tendrán como violaciones a las leyes del procedimiento aun cuando se encuentren dentro de las hipótesis que enmarca el precepto en cuestión, puesto que es necesario que dichas violaciones tengan injerencia en el resultado del juicio para estar en aptitud de reclamarla. Estudio de los actos en juicio de ejecución irreparable. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que los actos en juicio de ejecución irreparable son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera; en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 24/92, que dice: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecuciónirreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales, está en condiciones de hacerlas valer como tales en el recurso que promueva o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al procedimiento. Es aplicable la jurisprudencia 3a. 43 que dice: EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Por tanto, siendo uno de los presupuestos del juicio de amparo es que el acto reclamado cause al inconforme un agravio directo a sus derechos fundamentales que no pueda repararse en sentencia definitiva. En ese sentido, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, ya que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales e incluso sería reparable, como ya se dijo, si el afectado obtiene sentencia favorable al resolverse el juicio civil de origen, con lo cual quedará intacta su esfera jurídica, al no haberse alterado ningún derecho sustantivo; de ahí que será hasta que se dicte la resolución en cuestión, cuando podrá saberse si la violación trascendió al resultado del fallo que ponga fin al juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 54/2011 (9a.), que a la letra dice: DEMANDA. EL PROVEÍDO QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO NO ES, POR REGLA GENERAL, UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA). El proveído que tiene por contestada en sentido negativo la demanda civil instaurada en el juicio original en contra del quejoso no constituye, por regla general, un acto dentro de juicio que ostente la naturaleza de imposible reparación y, en consecuencia, en contra del cual proceda el juicio de amparo biinstancial. Lo anterior es así, pues se considera que la naturaleza del citado proveído es eminentemente procesal y no tiene por vocación afectar directa e inmediatamente algún derecho sustantivo de aquellos que se encuentran protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo se concluye que tampoco se suele ocasionar afectación predominante o superior al demandado, pues el perjuicio únicamente se refiere a la imposibilidad de oponer excepciones, defensas, y en su caso reconvenir, pero no impide la participación procesal del sujeto demandado, ni implica que necesariamente dentro de ese juicio original se emitirá una sentencia contraria a los intereses del demandado. Sin embargo, pueden presentarse casos especiales en los cuales si bien se contesta la demanda, le recae el acuerdo de tenerla contestada en sentido negativo -generalmente por no haberse cubierto alguna carga o requisito procesal-. Si en dicha contestación se formuló una excepción respecto de la cual este Alto Tribunal ha dejado sentado que procede el amparo indirecto, entonces deberá atenderse a la naturaleza de la excepción hecha valer y, por lo tanto, sí será procedente el amparo indirecto. También se cita por su contenido, la jurisprudencia 3a.40, bajo el epígrafe: AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto. Estas jurisprudencias son aplicables porque evidencian el desarrollo jurisprudencial que se ha realizado para sostener la tesis consistente en que no es un acto de imposible reparación aquel que no implique necesariamente que dentro de ese juicio se emitirá una sentencia contraria a los intereses del accionante del amparo. Estudio de la demanda Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario 1487/2010, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en la que resuelve infundado el recurso de revocación interpuesto por la hoy quejosa, en contra del proveído de once de mayo de dos mil veintidós, que niega decretar la caducidad de la instancia en el citado juicio de origen. Asimismo, de la lectura de la demanda, se advierte en forma patente y absolutamente clara [manifiesto] que la parte quejosa señala [1] que es parte demandada en el juicio de origen, [2] que el juicio se encuentra en trámite, pues a la fecha obra aún pendiente el emplazamiento de diverso codemandado; [3] que dentro de ese controvertido la parte demandada [aquí quejoso] solicitó se decretara la caducidad de la instancia por inactividad procesal en el juicio natural; [4] que dicha solicitud fue denegada por la autoridad responsable, en auto de once de mayo de dos mil veintidós, por lo cual inconforme, interpuso recurso de revocación, en su contra; el que mediante resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, lo declaró infundado, lo que a su consideración, violenta las formalidades esenciales del procedimiento, en contravención a las disposiciones del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Veracruz, lo cual le causa un perjuicio. Bajo ese contexto, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque la improcedencia del acto reclamado es incuestionable desde este momento procesal; esto es, es innecesario recabar constancias para obtener mayor información a la que actualmente se tiene, pues es patente que los actos citados con antelación de los que la parte promovente se duele en esta vía constitucional, únicamente producen efectos intraprocesales; por tanto, no son actos de imposible reparación susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. Ciertamente, dada la propia naturaleza del acto reclamado, su efecto inmediato es continuar con la substanciación del procedimiento, en los términos ordenados por el juez responsable, esto es, proceder con el tramite respectivo y las etapas procesales correspondientes, lo cual, en su caso, únicamente incide en la postura litigiosa que al respecto tome la aquí quejosa; por tanto, dicho acto no repercute directa e inmediatamente en algún derecho sustantivo del promovente el amparo, como podrían ser sus posesiones o propiedades, ya que en todo caso, será hasta cuando se dicte la sentencia correspondiente, que pueda advertirse si se vulneraron las defensas del oferente. Además, el hecho de que en el juicio se continúe con las etapas procesales respectivas, no tiene como consecuencia indefectible que el promovente obtenga una sentencia adversa a sus intereses, pues ello depende, precisamente, de sí resulta benéfico o no el material probatorio que se tome en cuenta en el juicio, pues de resultarle favorable al aquí quejoso se repararía el derecho que considera violado y, en caso contrario, si dicha sentencia no le resultara favorable, eventualmente, podría hacer valer esas violaciones procesales a través del juicio de amparo directo. Se suma la circunstancia de que para combatir las violaciones procesales se deba esperar hasta que se dicte la sentencia en el asunto de origen, sin que ello implique que su impugnación se obstaculice; pues a efecto de lograr que la impartición de justicia sea expedita, es necesario restringir la posibilidad de combatir cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y permitir que todas ellas, en caso de que generen alguna afectación, puedan resolverse de manera simultánea. Resulta aplicable a lo anteriormente determinado el criterio jurisprudencial (VIII Región) 2°.3 C (10a.), que a la letra dice: CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA A DECRETARLA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 37/2014 (10a.)]. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", estableció que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el amparo indirecto, conforme a la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", al establecer que por estos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Así pues, se estima que aquel supuesto es análogo a la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad en juicios ordinarios, pues tiene también el efecto de continuar el trámite del juicio respectivo; y sus efectos son sólo intraprocesales; por lo que, el criterio en cita también debe aplicarse en dicho caso. En consecuencia, la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad de la instancia no es impugnable en amparo indirecto, pues no impide el libre ejercicio de algún derecho y, por otro lado, no afecta materialmente los derechos sustantivos del quejoso; por lo que, en su caso, sólo puede ser reclamada como violación procesal en la vía del amparo directo. Por lo tanto, esos actos procesales, son susceptibles de extinguirse al dictarse la sentencia respectiva, en caso de serle favorable al peticionario, y en el supuesto de no ser así, estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida, mediante el juicio de amparo directo que se promueva contra el referido fallo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Pues no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, ya que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales e incluso sería reparable, como ya se dijo, si el afectado obtiene sentencia favorable al resolverse el juicio civil de origen, con lo cual quedará intacta su esfera jurídica, al no haberse alterado ningún derecho sustantivo; de ahí que será hasta que se dicte la resolución en cuestión, cuando podrá saberse si la violación trascendió al resultado del fallo que ponga fin al juicio. Razón por la cual se estima que el acto aquí reclamado, no es de ejecución irreparable, al no afectar de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por los derechos contenidos en la Constitución. También por las razones que la invocan se estima aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, libro 29, Abril de 2016, tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2011428, que dispone: CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. En esas condiciones, con fundamento en los arábigos 112 y 113, del ordenamiento legal mencionado, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Néstor Sánchez Solorzano al reclamar actos en juicio que no son de ejecución irreparable. Notificación a la parte quejosa. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda. Consulta de expediente electrónico. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico, a través del usuario "japc2307". Se instruye a la Oficial Judicial "A" adscrita para que realice la habilitación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin perjuicio de que se pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia. Autorizados. Se tiene como facultado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Antonio Méndez Priego y Jorge Alberto Priego Chong; esto, dado que la parte quejosa omitió proporcionar la cédula para la práctica de la abogacía correspondiente, tal como lo prevé el mencionado numeral. Sirve de sustento a lo anterior, aplicada en sentido contrario, la tesis aislada 2a. VIII/2020, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4456, Tomo V, Agosto de 2020, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, con número de registro 2021840, de rubro: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. Asimismo, se instruye al actuario para que, en caso de que alguna autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, informarle que, no obstante dicha circunstancia, se tendrá por hecha la notificación correspondiente. Copias. Toda vez que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio, se hace del conocimiento de las partes autorizadas (con firma electrónica vigente) que podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el presente expediente ya que, cuando éstas incluyen la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión. Protección de datos personales. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente electrónico conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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