Néstor Sánchez Hernández

Expediente 760/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
760/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
12/09/2018

Partes del expediente

  • Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa
  • Néstor Sánchez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el promovente de amparo interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por no presentada la demanda interpuesta, transcurrió del treinta de agosto al cinco de septiembre de dos mil dieciocho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse tenido por no presentada la demanda de amparo y decretado la suspensión de plano, por lo que una vez TRANSCURRIDOS MÁS DE CINCO AÑOS, se procederá a la depuración del mismo; en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al DOCE DE SEPTIMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa, Veracruz, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que se le otorgara a los peticionarios del amparo mediante acuerdo de seis de agosto del año en curso, en virtud de que dicho término transcurrió del catorce al veinte de los cursantes, a fin de que cumpliera con la prevención efectuada en el precitado proveído, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, llevando adelante el apercibimiento decretado en el acuerdo de mérito, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, de la Ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda con que se formó este expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoprimer Distrito Judicial, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, a través del cual informa el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada a favor del aquí quejoso; por tanto, dése vista al quejoso para que manifieste los que a sus intereses legales convenga.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, seis de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo, promovida por Néstor Sánchez Hernández y/o Leonor Gerón Mora, en representación de Noé Jiménez Rodríguez, contra actos de la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 760/2018. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE PLANO. Ahora bien, vista la demanda promovida por Néstor Sánchez Hernández y/o Leonor Gerón Mora, en representación de Noé Jiménez Rodríguez, quien reclama de las autoridades responsables, entre otros actos, el siguiente: [.] He de hacer notar además, de que tal privación ilegal de la libertad del C. Noé Jiménez Rodríguez, le expone a ser objeto de actos tales como tortura, malos tratos, palos, azotes o cualesquiera otros prohibidos por el artículo 22 constitucional [.] En consecuencia, con fundamento los artículos 125 y 126 de la ley en cita, se decreta la suspensión de plano a favor de Noé Jiménez Rodríguez. Ello, porque el quejoso afirma el directo agraviado se encuentra sufriendo de los actos prohibidos en el artículo 22 Constitucional dentro de las instalaciones del Centro de Reinserción Social, con sede en Pacho Viejo, Veracruz. LOS EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN consisten en que: I. Cese de inmediato cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, que en su caso se esté ejecutando en perjuicio del agraviado Noé Jiménez Rodríguez. COMO MEDIDA ADICIONAL, dado que el aquí quejoso Noé Jiménez Rodríguez, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social Zona I Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, para que se constituya en las instalaciones de dicho centro penitenciario, y proceda a: a) Localizar a Noé Jiménez Rodríguez y solicitar su presencia. b) Hecho lo anterior, verifique el estado físico y condiciones en que se encuentra el quejoso, asentando en el acta respectiva los pormenores de la diligencia. LOS REQUERIMIENTOS A LAS RESPONSABLES con motivo de la suspensión, consisten: 1. En el término de veinticuatro horas comuniquen a este Juzgado, a través de oficio, de la forma y términos que hayan dado al cumplimiento de esta medida suspensional; debiendo agregar copia certificada de las constancias correspondientes. Es oportuno aclarar que el término citado transcurre de momento a momento, sin tomar en consideración días y horas inhábiles. LOS APERCIBIMIENTOS A LAS RESPONSABLES con motivo de la suspensión, consisten en: 1. La violación a esta suspensión entraña el delito establecido en la fracción III, del numeral 262 de la Ley de Amparo, relativo a que se desobedezca un auto de suspensión debidamente notificado. 2. El no informar sobre las medidas tendientes al cumplimiento de la suspensión, puede dar lugar a que se actualice la comisión de un delito en términos de lo dispuesto por el artículo 215 del Código Penal Federal, por cuanto hace a la desobediencia, independientemente de cualquier otro delito en que incurran. SOLICITUD DE LA LIBERTAD. En relación a la solicitud de los promoventes de amparo para que se le conceda la suspensión, ya sea de plano o provisional a fin de que se ponga en inmediata libertad al directo agraviado Noé Jiménez Rodríguez, dígasele a los impetrantes de amparo, que no ha lugar acordar de conformidad su solicitud, por los motivos que a continuación se expondrán. En efecto, acorde al actual sistema de justicia penal, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, basado en las directrices de acusatoriedad, adversarialidad y oralidad, así como en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, la viabilidad de las medidas cautelares autorizadas en la ley, incluyendo la solicitud de la libertad, es un tema que debe plantearse directamente ante el Juez de control para su análisis y decisión, no a través de la suspensión en el juicio de amparo, por no ser la vía procedimental para estudiar y determinar su procedencia. Esto, primordialmente, porque a partir de la reforma de junio de dos mil ocho, en el mencionado artículo 20 constitucional no se prevé más, entre otras, verbigracia, la figura de la libertad provisional bajo caución, de ahí que resulta inconcuso que el Juez de control es el competente para determinar, en cualquier etapa del proceso, sobre la procedencia de la referida medida cautelar. Además, en todo caso, la libertad que solicita será materia de análisis de la sentencia que se llegue a emitir del juicio de amparo, con base en las constancias que en su momento remitirá la autoridad responsable; y no con motivo de la suspensión en el juicio de amparo. OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE LA DEMANDA. Ahora bien, este Órgano Federal analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 112 y 114, fracción II, y 108, fracción V, que en lo referente establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;" Como se advierte del último de los dispositivos mencionados, es obligación del gobernado indicar de manera completa y cronológica los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; lo anterior, con la finalidad de reunir los requisitos que establece el numeral 108, fracción V, de la Ley de la Materia. Por otro lado, cabe acotar que los artículos 109 y 15, párrafo primero, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese: I. El acto reclamado; II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible; III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso. En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos. En este último caso no se requerirá de firma electrónica. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." De la interpretación armónica de los dos preceptos se desprende, en lo que interesa, que cuando se trate de actos que importen peligro de privación a la libertad personal fuera de procedimiento, bastara que en la demanda de amparo se exprese lo siguiente: el acto reclamado; la autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible; la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y en su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso. Sin embargo, el caso que se analiza no se encuentra en los supuestos que establecen los artículos 109 y 15, párrafo primero, de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado emana de un proceso penal, del cual es parte el aquí quejoso, en el que incluso ya se le había dictado un auto de vinculación a proceso. En esas condiciones, al examinar el escrito de demanda de amparo se advierte que el quejoso se limitó a señalar bajo protesta de decir verdad que por resolución de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, dictada dentro de los autos del juicio de amparo 113/2018, del índice de este juzgado, se concedió este para el efecto de que el Juez responsable dejara insubsistente tanto la determinación de imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, como el auto de vinculación a proceso de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, emitidos dentro del proceso penal de qué se trata, así como la audiencia inicial y continuación de esta, designando un nuevo juez que conociera del asunto; sin embargo, no precisó si este nuevo juzgador ya llevó a cabo la audiencia inicial y si en esta el Fiscal Investigador solicitó alguna medida cautelar, y si fue concedida. Por consiguiente, tomando en consideración que es obligación del impetrante de amparo indicar bajo protesta de decir verdad los antecedentes que constituyen el acto reclamado, y a fin de reunir los requisitos que establecen los mencionados numerales de la ley de la materia, previo a acordar sobre la admisión del escrito de demanda, es menester, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requerir al quejoso para que en el acto de la notificación de este proveído o dentro del plazo de cinco días, manifieste bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: PRIMERO. Deberá precisar si el nuevo juzgador designado para conocer del proceso penal 146/2015, ya llevó a cabo la audiencia inicial y si en esta el Fiscal Investigador solicitó alguna medida cautelar, y si fue concedida. SEGUNDO. Deberá señalar que se determinó en el proveído de treinta de julio de dos mil dieciocho, emitido en el proceso penal 146/2015-I. Hechos que resultan indispensables para el suscrito juzgador para poder estar en aptitud de tener datos complementarios suficientes para proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, por lo que, deberá aclarar tal circunstancia. No pasa inadvertido para quien esto provee, que de las constancias que se remitieron junto con el escrito inicial de demanda, en específico del proceso penal número 146/2015, del índice Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, se desprendan los antecedentes del acto que en esta vía se combate; sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª./J.64/2015 resuelta por contradicción de tesis, determinó que el artículos 108 de la Ley de Amparo, prevé los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, y la protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen el artículo 114 de la Ley de Amparo, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable. Aspectos que como se indicó, quedaron plasmados en la jurisprudencia 1ª./J.64/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE." La cual, se considera de aplicación obligatoria para este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, por haber sido establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado en párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Néstor Sánchez Hernández y Leonor Gerón Mora, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con sus registros 102704 y 102204. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional e incidental, se realicen en el presente asunto a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional e incidental no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Además, la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional e incidental, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de Internet. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional e incidental, la notificación de dichos autos a las autoridades responsables se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de Internet del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo acordó y firma el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y notificada mediante oficio CCJ/ST/3046/2018, de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, quien firma ante el licenciado Pablo Alberto Ochoa Blanco, Secretario de Juzgado, con que actúa y da fe.

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