Néstor Salgado Becerril

Expediente 1134/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1134/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
08/10/2019

Partes del expediente

  • Néstor Salgado Becerril

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinticinco de septiembre del año en curso (fojas 18), a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    UN ACUERDO NOTIFICACION PEROSNAL AL QUEJOSO

  3. Principal

    UN ACUERDOP NOTIFCACION PERSONAL AL QUEJOSO

  4. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIE NTO HECHO AL QUEJOSO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE TRES DE SEPTIEMBRE QUE DICE: Toluca, Estado de México; tres de septiembre de dos mil diecinueve. Por recibida la demanda de amparo promovida por Néstor Santiago Becerril, por propio derecho, mediante la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otras autoridades; fórmese cuaderno respectivo y regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito como juicio de amparo 1134/2019. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandarán a prevenir a los promoventes para que cumplan los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En ese tenor, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir al promovente para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, con copias suficientes para las partes y bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: PRIMERO. Deberá indicar de manera precisa el lugar en el que se pretende ejecutar el acto que señala como reclamado, a saber, la orden de detención y su ejecución. Lo anterior, tiene razón de ser pues en el escrito de demanda no se advierte con claridad tal circunstancia, pues en el capítulo relativo a los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, el promovente expresó "el día de hoy se presentaron en mi domicilio personas que dijeron ser elementos de la policía ministerial estatal, los cuales manifestaron que traían consigo una orden de detención girada por la autoridad responsable ordenadora y que en cuanto me localizarán la cumplirían.". En abundamiento, del contenido del ocurso de inicial no se advierte con precisión, la entidad, municipio o localidad en el que se pretende ejecutar el acto reclamado; sin que obste a lo anterior, el hecho de que el peticionario de amparo en el apartado de nombre y domicilio el ubicado en: Calles de Nicolás Bravo Sur, número 507 bis, Colonia Francisco Murguía y/ o Adolfo López Mateos, número cuatrocientos veintiocho, Barrio de Santa Ana, Metepec, Estado de México, pues dicho aspecto no da lugar a presumir que en ese domicilio se pretende ejecutar el acto reclamado; ya que debe existir manifestación expresa al respecto. Por ende el quejoso deberá precisar el lugar en que se pretende ejecutar el acto reclamado (orden de detención), esto es, la localidad, municipio y entidad federativa. Sirve de apoyo la tesis I.7o.A.100 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, Tomo XXIII, Abril de 2006, Materia Común, Registro 175345, Página 990, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Así como la diversa Jurisprudencia P./J. 127/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Materia Común, Registro 192843, Página 32, que establece: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." SEGUNDO. Superado lo anterior, la parte quejosa tiene la obligación de realizar una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que le constan y constituyen los antecedentes del acto que señala como reclamado, de los que se advierta la fecha exacta y forma en que tuvo cocimiento del acto que reclama en su escrito inicial de demanda. Tal requerimiento obedece a que de lo narrado en el escrito de demanda, por la parte quejosa, específicamente en el apartado relativo a los hechos que conforman los antecedentes del acto reclamado, no se advierte la fecha en que se tuvo conocimiento del acto que reclama el hoy quejoso, dado que sólo manifiesta que "el día de hoy se presentaron en mi domicilio personas que dijeron ser elementos de la policía ministerial estatal, los cuales manifestaron que traían consigo una orden de detención girada por la autoridad responsable ordenadora y que en cuanto me localizarán la cumplirían.", sin especificar la fecha en que ocurrió tal circunstancia, y por ende, tales manifestaciones resultan insuficientes para tener por colmado el requisito inserto en la fracción V del artículo 108, de la Ley de Amparo. Es aplicable por las razones que la informan la tesis publicada en la página 427 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con número de registro 212552, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. PROCEDENCIA CUANDO SE OMITE LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO (ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO). No señalar en la demanda de garantías el dato referente a la fecha de conocimiento de los actos reclamados, debe considerarse una irregularidad en el libelo que es suficiente para ordenar su aclaración, habida cuenta que, además de que el artículo 116, fracción IV, de dicha Ley, dispone que todo quejoso está obligado a manifestar, bajo protesta de decir verdad: "... cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado...", sin ese antecedente no sería posible efectuar el cómputo para saber si la demanda aludida se presentó o no en tiempo; de ahí que el incumplimiento de ese requisito quede comprendido entre aquellas deficiencias señaladas por el artículo 146 de la Ley invocada, que confiere facultades expresas al Juez de Distrito para prevenir al promovente y, en su caso, tener por no interpuesta la demanda, cuando no se hiciere la aclaración respectiva. En la inteligencia de que el último precepto citado no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración sólo cuando se omitan los requisitos que señala el referido artículo 116, sino que en forma amplia y discrecional le permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite a fin de que sea subsanado." Al respecto, se hace del conocimiento al quejoso las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: - - - I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y - - - II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." En este orden de ideas, se apercibe al quejoso que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley en cita, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Conforme a lo establecido en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa en el proemio de la demanda. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Natalio Vásquez Libien y Luis Ramírez Garduño, dado que se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, respecto a las restantes personas señaladas en la demanda de cuenta, se tienen autorizadas en términos restringidos del citado precepto legal, esto es, únicamente para recibir notificaciones, toda vez que carecen de registro en dicha base de datos. Luego, acorde con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Con fundamento en lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento a lo previsto en el diverso precepto 21 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, se hace la indicación a los Secretarios de Juzgado y Actuarios Judiciales adscritos a este Órgano de Control Constitucional, así como al Oficial Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y al Oficial de Partes que deberán de integrar debidamente el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto, en la inteligencia que no se digitalizaran las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales, a juicio de este Órgano de Control Constitucional deba guardarse sigilo con relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las que se conservaran sin digitalizarse; tampoco formaran parte las constancias que por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar; constancias todas las anteriores que quedarán a disposición de las parte en el expediente físico para su consulta; ello, sin que sea necesario notificarles dicha circunstancias, toda vez tienen conocimiento de las obligaciones que les impone la Ley de la materia. Asimismo, con apoyo en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada.

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