Nestor Ruíz Cruz

Expediente 440/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
440/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • Nestor Ruíz Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    se ordenó la devolución de los documentos que allegó. en el entendido de que para su obtención deberá generar una cita, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Documentos originales. Ahora, por lo que ve a los documentos originales exhibidos por el promovente, dígasele que cuenta con el plazo de noventa días hábiles, a partir de que le sea practicada la notificación correspondiente, para que acuda a las instalaciones de este órgano a recuperarlos; en caso de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos, sin necesidad de ulterior acuerdo. En el entendido de que para su obtención deberá generar una cita, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que dichos documentos le serán entregados personalmente, o a las personas que haya autorizado expresamente para tal efecto, previa firma que en razón de su recibo obre en autos.

  3. Principal

    agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito signado por el promovente Néstor Ruiz Cruz y, en atención a su contenido, indíquesele que una vez que quede firme el auto en el que desechó su demanda se estará en aptitud de acordar favorable la devolución de los documentos que exhibió.

  4. Principal

    SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Vista la demanda de amparo signada por Néstor Ruiz Cruz contra actos del agente comercial responsable del Centro de Atención a Clientes, adscrito a la Jefatura del Departamento Comercial de Zona Orizaba de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Orizaba, Veracruz y otra autoridad, se provee: Se advierte que el solicitante de amparo reclama en esta instancia constitucional, lo siguiente: El requerimiento de pago de dieciocho de abril del año en curso, con número de ajuste a la facturación 649/2021 número de orden J1302958417, S0N J1302982327, por la cantidad de $16,798.00 (dieciséis mil setecientos noventa y ocho pesos, cero centavos moneda nacional), así como el aviso de revisión al sistema de medición y a la instalación eléctrica mediante folio DJ-37786/20 de diecisiete de mayo del año de la presente anualidad, sin nombre del suscriptor así como la orden de corte de suministro eléctrico en su casa habitación. Actos respecto de los cuales se considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En ese contexto, este órgano de control constitucional considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De la exégesis de los numerales transcritos se desprende que el legislador ordinario determinó a qué entes debe considerarse como autoridades para efectos del juicio de amparo, para lo cual distinguió, en primer lugar, que con independencia de su naturaleza formal, es autoridad la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De igual manera, determinó que los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación, lo que deberá valorarse por el órgano jurisdiccional. A propósito de lo anterior, conviene acotar que a lo largo de los años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado un concepto de autoridad responsable para efectos del amparo, a partir de señalar que se trata de un órgano del Estado, sin destacar la cuestión relativa al uso de la fuerza pública como distintiva y ha insistido, como características de su actuar, la unilateralidad, las facultades de decisión y ejecución y, sobre todo el hecho de que incidan en la esfera jurídica del gobernado. Asimismo, se apartó de la tesis en la que inicialmente se señaló el imperio de la fuerza pública como elemento para determinar si se estaba en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo, lo cual se hizo con el propósito de incluir a quienes sin tener sustento en la ley para usar de la fuerza pública podían realizar actos que afectaran al gobernado en sus derechos. En otras palabras, lo que se sostuvo no fue que para ser autoridad para los efectos del amparo resultaba esencial contar con la fuerza pública o con el imperio, sino que quien contara, incluso por vías de hecho, con esa fuerza pública o imperio, debía considerarse como autoridad. La evolución de pensamiento dio origen a la tesis de datos de identificación y rubro: Registro digital: 199459 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997, página 118 Tipo: Aislada AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. En este orden, en la Novena Época, el Pleno de la Suprema Corte determinó ya no considerar como requisito del acto de autoridad "el uso de la fuerza pública" y, en consecuencia, aceptó la posibilidad de que los organismos descentralizados, y las universidades, en ocasiones, pueden emitir actos autoritarios susceptibles de impugnarse en amparo. En la inteligencia de que, por su propia naturaleza, ese tipo de órganos emiten, además, otros actos que no resultan impugnables en juicio constitucional. De lo antes dicho se desprende que el alto tribunal del país estimó que se trata de una autoridad para efectos del amparo la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Entonces, el juicio constitucional tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por actos de autoridad o de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, en los términos enunciados y que vulneren los derechos fundamentales del gobernado. En el caso concreto, el quejoso reclama el requerimiento de pago de dieciocho de abril del año en curso, con número de ajuste a la facturación 649/2021 número de orden J1302958417, S0N J1302982327, por la cantidad de dieciséis mil setecientos noventa y ocho pesos, cero centavos moneda nacional, el aviso de revisión al sistema de medición y a la instalación eléctrica mediante folio DJ-37786/20 de diecisiete de mayo del año de la presente anualidad, sin nombre del suscriptor, así como la orden de corte de suministro eléctrico en su casa habitación, por lo que es incuestionable que la paraestatal Comisión Federal de Electricidad, respecto a los actos que se le imputan, no puede ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que obra únicamente como proveedor y los ciudadanos como usuarios, bajo relaciones de coordinación como consecuencia del contrato de adhesión de prestación de servicio de energía eléctrica (por lo que no es una relación de supra a subordinación), actuando la primera como persona moral oficial en un acuerdo de voluntades; es decir, en este caso no figura como un ente del Estado con investidura de poder, sino como un particular prestador del servicio. Por ello, se afirma que la relación que existe entre el órgano descentralizado y la quejosa (particulares usuarios del servicio) es de coordinación, y no de supra a subordinación, por lo que los actos realizados por la Comisión Federal de Electricidad, en el presente caso, no corresponden a lo que supone el derecho consagrado por el artículo 14 constitucional, porque no se trata de una relación entre autoridad y gobernado, sino que, se insiste, deriva de un vínculo contractual ubicado en el orden de coordinación entre el interés del prestador del servicio y un particular. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: Registro digital: 164145 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 112/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 364 Tipo: Jurisprudencia COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Así como el criterio de rubro y texto siguientes: Registro digital: 2016656 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Administrativa, Civil Tesis: 2a./J. 30/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 532 Tipo: Jurisprudencia COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. En las relatadas condiciones, es incuestionable que en el caso cobra vigencia la causa de improcedencia contemplada en artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. En virtud de que el promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, realícensele aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley en cita, sin perjuicio que con posterioridad señale uno nuevo para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro siguiente: Época: Novena Época Registro: 195064 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Diciembre de 1998 Materia(s): Común Tesis: XXII.1o.22 K Página: 1067 NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el numeral 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados con facultades restringidas, exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos, a Néstor Ruiz Carrera, Óscar Antonio Tinoco Peña y Miguel Ángel Cebada Ramírez, por no tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito. SE REQUIERE CELULAR Y CORREO ELECTRÓNICO. En otra vertiente, se solicita a la parte quejosa para que proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo; ello, con fundamento en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, para establecer comunicación (no procesal) con ella. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". De conformidad con el artículo 28, último párrafo del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", siempre que sea posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo.

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