Néstor Román Matías
Expediente 578/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 578/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Néstor Román Matías
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio del Tribunal Colegiado de Apelación del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla; por medio del cual acusa recibo del diverso con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo indirecto al rubro citado; asimismo, se advierte que aceptó la INCOMPETENCIA DECLINADA, el cual quedó registrado bajo el número 64/2023-1, de su índice. Por otra parte, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE), para que habilite los permisos concernientes a la vinculación del presente asunto, en relación con el referido sumario constitucional, del índice del Tribunal oficiante, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", permanentemente, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo el diverso numeral 19, fracción I, del Acuerdo en cita, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en el presente asunto este Juzgado declinó competencia por grado para conocer del juicio biinstancial; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurran SEIS MESES, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, procédase a la DESTRUCCIÓN del expediente principal, en términos de los artículos 19, antepenúltimo párrafo, 21, 22 y 23 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza a la Secretaria y/o Actuario Judicial a que firmen el oficio que derive del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintitrés. Recepción de la Demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto, promovida por Néstor Román Matías, por propio derecho contra actos de los Magistrados Integrantes del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Tercer Circuito, y otra autoridad. En consecuencia regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 578/2023 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Incompetencia. Analizado el escrito inicial de demanda, se estima que este órgano jurisdiccional no es competente para conocer de los actos reclamados, pues se atribuyen al Tribunal Colegiado de Apelación del Decimotercer Circuito. En principio, es menester señalar que la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del juicio de amparo. Para ello, el Juez de Distrito debe atender al planteamiento hecho en la demanda de manera integral, para desprender los datos que, razonablemente, hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. En ese orden de ideas, los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo en vigor, señalan: "Artículo 36. Los tribunales colegiados de apelación sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado. Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". Del segundo precepto legal transcrito se advierte que, en principio, la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra actos de un juez de Distrito, corresponde a otro del mismo Distrito y especialización en su caso, y si no lo hubiera, recae en el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca; en los términos siguientes: a) La regla general atiende a la competencia para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un juez de Distrito, otro del mismo Distrito y especialización; y, b) La extensiva, que si no lo hubiera, lo será el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Asimismo, del numeral 36 transcrito se desprende que conocerá de un juicio de amparo promovido contra actos de un Tribunal Colegiado de apelación, otro Tribunal Colegiado de apelación del mismo circuito, si lo hubiera, o si no, el más próximo a la residencia de la autoridad responsable. Por otra parte, el artículo 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevé: "Artículo 35. Los tribunales colegiados de apelación conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales colegiados de apelación, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juzgados de distrito. En estos casos, el tribunal colegiado de apelación competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado; (.)". Lo resaltado es propio. En ese sentido, se tiene que los tribunales colegiados de apelación conocerán de los juicios de amparo promovidos en contra de actos de otros Tribunales colegiados de apelación que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo, respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de Distrito. Así, de la demanda de amparo se aprecia que el quejoso reclama lo siguiente: - La resolución de dieciocho de mayo del año en curso, emitida en el toca penal 137/2023 del índice del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad; en la cual se confirma el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, así como su ejecución. Actos que reclamó al Tribunal Colegiado de Apelación del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad. De esa manera, si se atribuyen los actos combatidos, entre otra autoridad al Tribunal Colegiado de Apelación del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad, el competente para conocer de la demanda contra actos de aquél, lo será otro Tribunal de la misma naturaleza, esto es, de igual jerarquía y grado, mas no un inferior (Juzgado de Distrito), pues así lo prevé el mencionado numeral 36 de la ley de la materia. En ese orden de ideas, dado que en el Decimotercer Circuito, solo existe un Tribunal Colegiado de apelación, y precisamente se encuentra señalado como autoridad responsable en el presente sumario constitucional, se estima que el Tribunal Colegiado de apelación competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. En ese tenor, el órgano de control constitucional competente para conocer del presente juicio de amparo, es el Tribunal Colegiado de apelación del Sexto Circuito, en el Estado de Puebla. Lo anterior, de conformidad con los Acuerdos Generales 26/2022 y 44/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y del Tribunal Colegiado de Apelación del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito, los tribunales colegiados de apelación y de los juzgados de distrito. Sirve de apoyo, por sus razones esenciales la jurisprudencia VIII.1o. J/5, consultable en la página 624, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER EN AMPARO INDIRECTO DE RESOLUCIONES DICTADAS POR UN TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO. CORRESPONDE A OTRO TRIBUNAL DE LA MISMA JERARQUÍA Y NO A UN JUEZ DE DISTRITO. Aun cuando existe discrepancia entre lo dispuesto por el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y lo que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, porque en el primero se previene que para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de un Tribunal Unitario de Circuito, es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a la residencia de aquél, y en el segundo, que la competencia corresponde al Tribunal Unitario de Circuito más próximo al que emitió el acto reclamado; sin embargo, atendiendo al principio de la supremacía constitucional, contenido en el artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia debe recaer en el Tribunal Unitario de Circuito, porque el artículo 107, fracción XII, de la propia Constitución, expresamente dispone que la competencia para conocer de resoluciones dictadas por un Tribunal Unitario de Circuito, corresponde al Tribunal Unitario de Circuito más próximo; y por tanto debe prevalecer la disposición constitucional, y la acorde con ésta, que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, porque dicho numeral tiene como base de sustentación, lo que expresamente dispone la Constitución". Asimismo, la jurisprudencia P./J.25/98, consultable en la página 17, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO. Con motivo de las reformas al artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. De acuerdo a una correcta interpretación de lo previsto en la parte final de la fracción I del artículo 29 de la ley orgánica en mención, que textualmente dice: "... En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado.", debe estimarse que la proximidad de la residencia a que se refiere el precepto en mención no excluye a un Tribunal Unitario del mismo circuito al que pertenece el señalado como autoridad responsable, lo que queda patente atendiendo a que con los preceptos antes señalados quedó superado lo estatuido en el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, referente a que es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a su residencia, pues dicha regla implicaba que el Juez de Distrito perteneciera a un distinto circuito al del Tribunal Unitario, para salvaguardar la independencia de aquél; pero ahora, como los actos de un Unitario son del conocimiento de otro tribunal igual en jerarquía y grado y ya no de un inferior, ninguna razón legal ni práctica subsiste para que, habiendo en el mismo circuito dos o más Tribunales Unitarios, queden mutuamente excluidos para conocer en amparo de sus actos; lo que queda patente atendiendo a la unidad lógica que se desprende del sistema de competencias establecido en la propia Ley de Amparo, ya que si el párrafo primero de su artículo 42 establece que un Juez de Distrito conoce en amparo de los actos de otro de su misma jurisdicción, por igualdad de razón un Tribunal Unitario puede conocer de los de otro Unitario de su misma circunscripción, a más de que, por identidad procesal sustancial, también se estima aplicable, para fincar la competencia del Tribunal Unitario del mismo circuito del responsable, la regla competencial del artículo 36 de la ley de la materia, consistente en que es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que se reclama". En atención a lo anterior, se estima procedente remitir el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado de Apelación del Sexto Circuito, en el Estado de Puebla, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito; en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, por lo que se solicita al referido tribunal, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Finalmente, se puntualiza que, este órgano jurisdiccional considera que no es jurídicamente factible estimar que respecto del acto de ejecución atribuido al Juez de Distrito responsable, el competente para conocer de él sea un Juzgado de Distrito y por el reclamado al Tribunal Colegiado de apelación, sea uno de la misma naturaleza, puesto que se debe resolver el asunto en su integridad, en atención al principio básico de derecho procesal de no dividir la continencia de la causa, con la finalidad de respetar la unidad del proceso, evitando el dictado de sentencias contradictorias, con perjuicio para las partes, así como para la pronta y expedita administración de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: II.2o.P.28 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en página 1022, Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época de rubro siguiente: "INDIVISIBILIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO APLICA TRATÁNDOSE DE ACTOS RECLAMADOS TOTALMENTE DESVINCULADOS ENTRE SÍ, POR LO QUE PROCEDE LA SEPARACIÓN DE ÉSTOS DE ACUERDO CON LACOMPETENCIA DE CADA UNA DE LAS AUTORIDADES QUE DEBEN CONOCER DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE DIVIDIR LA CONTINENCIA DE LA CAUSA". Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, ******************** y ******************** toda vez que sí tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública; y únicamente para oír y recibir notificaciones las personas restantes. Domicilio (notificaciones electrónicas). Como lo solicita, con fundamento en el artículo 3° y 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones a dicha parte se realicen por vía electrónica, para efecto de recibir cualquier notificación al usuario ********************" relacionado con el correo electrónico ********************@yahoo.com; en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo. Consulta de expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al usuario "********************" en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente.
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